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Daniel Sepúlveda Vallejos con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C399-19

Consejo para la Transparencia, 06/08/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de información relativa a una lista con el nombre completo de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, en la Región Metropolitana. Lo anterior, por tratarse de datos sensibles, relativos a las características físicas de las personas, o los estados de salud físicos o psíquicos de las mismas, que no se encuentran contenidos en fuentes accesibles al público, y por afectar los derechos de las personas y la esfera de la vida privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C399-19

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Daniel Sepúlveda Vallejos.

Ingreso Consejo: 11.01.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de información relativa a una lista con el nombre completo de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, en la Región Metropolitana.

Lo anterior, por tratarse de datos sensibles, relativos a las características físicas de las personas, o los estados de salud físicos o psíquicos de las mismas, que no se encuentran contenidos en fuentes accesibles al público, y por afectar los derechos de las personas y la esfera de la vida privada.

Se aplica criterio contenido en la decisión del amparo rol C5580-18.

En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C399-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de diciembre de 2018, don Daniel Sepúlveda Vallejos solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SRCeI, la siguiente información: "Lista solo de nombres completos (nombres y apellidos) de personas inscritas en el registro nacional de la discapacidad en la región metropolitana", agregando asimismo, que "Se solicita solo nombre completo y no información personal o privada que transgreda su derecho a la privacidad".

2) RESPUESTA: El 9 de enero de 2019, mediante Carta R.E. N° 16, el órgano respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis, que "Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y en el Decreto N° 945 del año 2012, que contiene el Reglamento del Registro Nacional de la Discapacidad, el registro en referencia contiene datos que por su naturaleza son de carácter personal y/o sensibles para los titulares de cada inscripción, atendido que en ella constan los estados de salud de dicha persona, información que se encuentra alojada en una fuente que no es accesible al público y que solo puede tratarse al interior del Servicio y específicamente para los fines que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros por vías distintas a las establecidas por el legislador, el cual contempla el acceso a esta información mediante la entrega de certificados y credenciales de discapacidad únicamente a su titular o a su apoderado debidamente acreditado", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la Ley N° 19.628 y en relación con la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 11 de enero de 2019, don Daniel Sepúlveda Vallejos dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E3055, de fecha 12 de marzo de 2019, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio DN Ord. N° 0265, de fecha 25 de marzo de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "resulta importante aclarar que, a diferencia de lo que parece entender el reclamante, la protección de datos personales que se establece no solo en la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, sino también actualmente en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°4 que consagró el derecho fundamental a la protección de datos personales, alcanza a datos no solo estrictamente de salud de las personas, concebidos éstos como datos sensibles , sino que también se extiende precisamente al nombre de aquellas y, con mayor razón, si se considera que haciendo el cruce del dato del ‘nombre y apellido’ con el de ‘si está inscrita en el registro de discapacidad’, se puede evidenciar y determinar el estado de salud de personas precisas, determinadas y concretas", haciendo mención a lo dispuesto en las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre protección de datos personales.

Acto seguido, el órgano indicó que "Sin embargo, la denegatoria no solo se fundamenta en que la petición requiere acceso a datos personales, sino que además se trata efectivamente, de datos sensibles. En efecto, el dato de quienes se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad es información que da cuenta del estado de salud de las personas. Si la persona se encuentra inscrita en el citado Registro, ello da cuenta de una característica física que ella posee", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo rol C1290-14 y C1628-18, y en el decreto N° 211, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, según el cual "se entiende que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás", y en el artículo 31 de la Recopilación de datos y estadísticas del citado decreto.

Luego, informó que "el Decreto Supremo N°945, de 2010, del Ministerio de Justicia, que Aprueba el Reglamento del Registro Nacional de la Discapacidad da la posibilidad al Director Nacional del Servicio para celebrar convenios con los organismos públicos que administren programas, prestaciones, derechos u otros beneficios de los establecidos en la ley N° 20.422, a fin de permitir su acceso a la información contenida en el citado registro y para el exclusivo objeto de su otorgamiento o administración, estableciendo además, que ‘...los convenios estarán sujetos a las limitaciones que la ley establece en lo que se refiera a la seguridad y confidencialidad de los datos", explicando la forma en que opera el registro y la información que se registra, agregando que "el Registro Nacional de la Discapacidad, en ningún caso se trata de una fuente accesible al público, por cuanto el acceso a la información contenida en este, solo se produce por las vías que el legislador ha definido al efecto. En el caso que las solicitudes de acceso a la información la efectúen terceros, esta se entrega vía certificados, previo mandato que el titular de los datos, es decir, la persona que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad le otorga a dicho tercero, lo que representativo del consentimiento que en la materia la ley exige", haciendo mención a los conceptos de registro público y fuente accesible al público, a la ‘Teoría de la llave’, a las decisiones de este Consejo según las cuales las bases de datos que posee el Servicio no constituyen fuentes accesibles al público, a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, y a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 19.477 Orgánica del SRCeI sobre la obligación de guardar reserva de los documentos de los cuales tome conocimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a una lista con el nombre completo de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, en la Región Metropolitana. Al respecto, tanto en su respuesta, como en sus descargos, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 letra g), de la Ley N° 19.628 y en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, señala que constituyen datos personales "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Luego, en la letra g), del mismo artículo, se establece que son datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por su lado, el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su publicidad afecte los derechos de las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, su salud o la esfera de su vida privada.

3) Que, por su lado, el artículo 5° de la Ley N° 20.422 que estableció normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, dispone que "Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". En tal sentido, los artículos 55 y 56 de dicho cuerpo legal indican que existirá un registro nacional de discapacidad a cargo del Registro Civil, que tiene por objeto reunir y mantener antecedentes de las personas con discapacidad certificada por las respectivas Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Asimismo, el artículo 13 de la citada ley, establece que la certificación de la discapacidad sólo será de competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. La calificación y certificación de la discapacidad podrá efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de las personas o entidades que lo tengan a su cargo.

4) Que, asimismo, el artículo 5° del Reglamento del Registro Nacional de Discapacidad (Decreto N° 945, de 31 de marzo de 2012), señala que la inscripción de las personas, cuya discapacidad haya sido certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, contendrá las siguientes menciones: a) Número de inscripción, el que corresponderá al Rol Único Nacional del inscrito. b) Nombres y apellidos del inscrito. c) Fecha de nacimiento del inscrito. d) Sexo del inscrito. e) Domicilio del inscrito y dirección postal para el envío de la credencial, sino fuere el mismo. f) Actividad ocupacional del inscrito. g) Grado de la discapacidad de causa mental, sea de origen psíquico o intelectual, expresado en porcentaje. h) Grado de la discapacidad de causa sensorial, expresado en porcentaje. i) Grado de discapacidad de causa física, expresado en porcentaje. j) Número y fecha del último dictamen de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. k) Temporalidad de la discapacidad y fecha de la próxima reevaluación, cuando corresponda. l) Cancelación de la inscripción en el Registro, si procediere. Luego, el artículo 14 del citado Reglamento preceptúa que "El Servicio de Registro Civil e Identificación otorgará un certificado, en el cual constarán los hechos y anotaciones que aparecen registrados en el Registro Nacional de la Discapacidad (...) dicho certificado tendrá una vigencia de 180 días y podrá ser solicitado directamente al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la persona (...) a que se refiere la inscripción...".

5) Que, según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C5580-18, ante una solicitud de información similar a la que es objeto del presente amparo, del referido contexto normativo, se colige que la sola incorporación al registro nacional de discapacidad da cuenta de que el titular de dicha información padece algún tipo de condición que afecta su salud física o mental y por tal motivo, la Compin respectiva procedió a certificarla, para luego remitir los antecedentes que la justifican a la reclamada para su posterior incorporación al registro consultado. Asimismo, que el registro en análisis no es una fuente de acceso público. En efecto, el reglamento del registro nacional dispone el acceso exclusivo tanto a los titulares de la información como a aquellos que los representen. Luego, el acceso a terceros distintos de quien padece algún grado de discapacidad, se encuentra vedado. Lo anterior, a fin de proteger la inclusión de dichas personas de modo más pleno a la sociedad.

6) Que, asimismo, este Consejo ha razonado respecto de solicitudes de información en que se requiere conocer datos personales contenidos en un registro o banco de datos en los amparos rol A10-09, A126-09, C211-11 y C315-11, entre otros, ha declarado que los datos contenidos en una nómina -nombre, apellido, RUT, dirección, entre otros antecedentes- son datos personales, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2, letra f), de la Ley N° 19.628, agregando que divulgar los datos contenidos en el registro constituye una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de su titular, según preceptúa la letra c) del artículo 2° de la Ley N°19.628, siendo menester determinar si su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en la Ley N° 19.628.

7) Que, en efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública. Sin embargo, los datos solicitados por el reclamante han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "...tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". Finalmente, se ha señalado que al ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7 el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.

8) Que, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, según lo indicado por el órgano, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y se pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628. En consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados.

9) Que, desde la perspectiva de la protección de los datos personales, conforme mandata el artículo 9 de la citada ley N° 19.628 "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". A este respecto cabe hacer presente que el texto de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en su apartado 4.2 a. establece: "La referida finalidad en el caso de órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Por ejemplo, un órgano que tenga competencia para otorgar subsidios podrá tratar los datos personales de los postulantes y de los beneficiarios que digan relación con los requisitos necesarios para la obtención de dicho beneficio con ese único objetivo". Por su parte, el artículo 10 del cuerpo legal en análisis, previene que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

10) Que, en el presente caso, la información relativa a los nombres de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad tiene directa relación con las características físicas de las personas, o con los estados de salud físicos o psíquicos de las mismas, esto es, constituyen datos sensibles al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, por lo que su tratamiento sólo se puede efectuar cuando la ley lo autorice expresamente, el titular preste su consentimiento o se trate de información para el otorgamiento de beneficios de salud, circunstancias que, en la especie, no concurren.

11) Que, asimismo, cabe además señalar que este Consejo no advierte un interés público prevalente que justifique la revelación de la referida información y permita soslayar la reserva que el legislador le ha otorgado.

12) Que en consecuencia, conforme a lo razonado precedentemente, tratándose de información relativa a datos sensibles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la Ley N° 19.628, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Daniel Sepúlveda Vallejos en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Sepúlveda Vallejos, y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.