logo
 

Sociedad Desarrollos Comerciales SA, representada por don Matías Cunill Blaida con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C5921-18

Consejo para la Transparencia, 06/08/2019

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuesto Internos (SII), ordenando la entrega del copia de la carpeta de fiscalización realizada por XV Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, a la empresa Desarrollos Comerciales S.A., en el marco del programa de fiscalización denominado "Auditoría de Pérdida de Arrastre AT 2015", especialmente, copia del informe de auditoría elaborado por el Segundo Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas. Lo anterior, por tratarse de un requerimiento vinculado a antecedentes tributarios del propio solicitante, respecto de los cuales el órgano no acreditó la configuración de la causal de secreto o reserva de afectación al debido cumplimiento de sus funciones, en relación a antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5921-18

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII).

Requirente: Sociedad Desarrollos Comerciales S.A, representada por don Matías Cunill Blaida.

Ingreso Consejo: 29.11.2018.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuesto Internos (SII), ordenando la entrega del copia de la carpeta de fiscalización realizada por XV Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, a la empresa Desarrollos Comerciales S.A., en el marco del programa de fiscalización denominado "Auditoría de Pérdida de Arrastre AT 2015", especialmente, copia del informe de auditoría elaborado por el Segundo Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas.

Lo anterior, por tratarse de un requerimiento vinculado a antecedentes tributarios del propio solicitante, respecto de los cuales el órgano no acreditó la configuración de la causal de secreto o reserva de afectación al debido cumplimiento de sus funciones, en relación a antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente acuerdo.

En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5921-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de octubre de 2018, la Sociedad Desarrollos Comerciales S.A, representada por don Matías Cunill Blaida, solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII):

a) "Copia de la carpeta de fiscalización realizada por XV Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos a Desarrollos Comerciales S.A., RUT N° 76.116.213-6, en el marco del programa de fiscalización denominado "Auditoría de Pérdida de Arrastre AT 2015", que se inició mediante notificación N° 138, de 30 de abril de 2018.

b) (...) especialmente, copia del informe de auditoría elaborado por el Segundo Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas que debe constar en la respectiva carpeta de fiscalización".

2) RESPUESTA: El 8 de noviembre de 2018, mediante Resolución exenta Nro.: LT Not 0015349, el Servicio respondió dicho requerimiento, señalando, en síntesis, que deniegan el acceso a la información en virtud del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia. Esto debido a que lo solicitado "influye y se encuentra en directa relación con la causa RUC N° 14-9-0000413-4, la cual corresponde a un reclamo tributario interpuesto contra la Resolución Exenta N° 315100000066, emitida con fecha 19.11.2013, AT 2013, por la referida Dirección Regional, reclamo que fue rechazado íntegramente en primera instancia, decisión contra la cual se interpuso un recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y que actualmente se encuentra pendiente su conocimiento y resolución en causa Rol ICA N° 159-2018, por lo cual, entregar la información requerida vía Ley de Transparencia, al menos en este momento, conlleva develar antecedentes necesariamente relacionados con la defensa jurídica y judicial en torno a la teoría del caso sustentada por este Servicio en un procedimiento cuya tramitación se encuentra pendiente, en el cual este organismo ha fundamentado sus alegaciones y argumentará sus defensas en la vista de la causa del referido recurso".

3) AMPARO: El 29 de noviembre de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al respecto, hizo presente, en resumen, lo siguiente:

a) En el marco de la referida auditoría tributaria respecto de la pérdida de arrastre declarada en el año tributario 2015 se practicó la Citación N°631 de fecha 30 de abril de 2018, instancia en la cual se nos solicitó aclarar una serie de operaciones que incidían en los resultados tributarios de pérdida de los años tributarios 2013 y 2014 (comerciales 2012 y 2013, respectivamente), que a su vez fueron "arrastrados" para el año 2015 de acuerdo al mecanismo consagrado en la ley.

b) Esta fiscalización culminó con un acuerdo entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos, el cual se materializó con la presentación de una declaración rectificatoria de la declaración de renta originalmente presentada respecto del año tributario 2015. Esta declaración rectificatoria, a la cual se le asignó el folio N° 52882335, fue aprobada por el Servicio. Acompaña copia de citación N° 631 y consulta de estado de declaración renta 2015.

c) La información pedida se vincula a antecedentes de la sociedad y respecto de un procedimiento que se encuentra terminado.

d) La denegación realizada por el SII, se funda en la existencia de un juicio entre las partes que dice relación con el año tributario 2013, mientras que el informe de antecedentes solicitados se refieren al año tributario 2015, es decir, un periodo tributario completamente diferente al que se discute en el citado procedimiento judicial.

e) En conclusión, "no hay nada estratégico en conocer la opinión del SII con respecto a esta documentación, máxime cuando, en los hechos, sabemos que a la fecha no presenta ninguna objeción con respecto a aquella, pues, de lo contrario, no habríamos podido culminar pacíficamente la fiscalización a la que nos referimos".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante Oficio N° E701, de fecha 18 de enero de 2019, notificó y confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que formulara sus descargos y observaciones.

Al efecto, mediante escrito ingresado ante este Consejo con fecha 05 de febrero de 2019, el órgano remitió sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó, en síntesis, que "la Resolución Exenta N°315100000066, emitida con fecha 19.11.2013, fue reclamada en causa RUC N° 14-9-0000413-4, ante el 4° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, cuya sentencia de primera instancia rechazó íntegramente el reclamo, luego el contribuyente interpuso un recurso de apelación contra dicho fallo adverso, impugnación que fue resuelta el pasado 25.01.2019, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago confirmando la sentencia apelada y encontrándose entonces actualmente pendiente el plazo para interponer un recurso de casación contra dicho fallo".

Acto seguido indica que, si bien, los antecedentes requeridos se refieren al AT 2015 y el reclamo en virtud del cual se fundó el rechazo de la solicitud de transparencia dice relación al AT 2013, "no es menos cierto que tales antecedentes tienen una íntima conexión y son necesarios para argumentar coherentemente el acto reclamado y las actuaciones de este Servicio, por cuanto tal como da cuenta el Informe Final de Auditoría N° 670, de fecha 31.08.2018, emitido por este Servicio, el período a revisar y fiscalizar corresponde al AT 2011 al AT 2015". Al respecto, hace presente que la misma parte en la tramitación del recurso de apelación que interpuso ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago contra la sentencia del reclamo causa RUC N° 14-9-0000413-4, presenta con fecha 28 de septiembre de 2018 un escrito en el cual reconoce expresamente conocer que la resolución reclamada se refiere a los años 2011, 2012 y 2013, respecto a una pérdida de arrastre, solicitando oficiar al Segundo Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas del SII, a fin de que, entre otras cosas, remita los antecedentes que son objeto del amparo.

En razón de lo anterior, a su juicio, la entrega de los antecedentes pedidos "afectaría necesariamente el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio en atención a que se encuentra pendiente que aún la posibilidad de impugnar el fallo y entregar la información requerida, en este momento, implicaría debilitar o anular las estrategias de defensa y de litigación en orden a la teoría del caso que sustenta este Servicio para mantener la procedencia de la Resolución reclamada, sumado a que entendemos la contraria busca acompañar los antecedentes requeridos al Tribunal, como parte de su prueba o argumento de sus alegaciones, al menos eso intentó ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y entendemos que intentará acompañarlo -si lo obtuviera- ante la Excma. Corte Suprema, pretendiendo alegar una supuesta indefensión de no contar con tales antecedentes, en circunstancias que siempre pudo acompañar sus propios medios de prueba contra la Resolución reclamada".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del SII a la solicitud de información del reclamante dirigido a obtener copia de la carpeta de fiscalización realizada por la Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente, a la reclamante, en el marco del programa de fiscalización denominado "Auditoría de Pérdida de Arrastre AT 2015", especialmente, copia del informe de auditoría elaborado por el Segundo Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas. Al respecto, el órgano denegó la entrega de parte de la información requerida, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) del mismo cuerpo legal, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

3) Que, ahora bien, en cuanto a la causal de reserva alegada por el SII, el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo (desde las decisiones de amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras) ha establecido que aquélla debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.

4) Que, en el presente caso, según consta en la citación N° 631, de 30 de abril de 2018 de SII, acompañada por la reclamada, la información pedida dice relación con un proceso de auditoria efectuado "en el marco de una fiscalización orientada a controlar el Impuesto a la Renta por el año tributario 2015, en el marco del Programa Regional de "Auditoria de Perdida de Arrastre AT2015", en virtud del cual el organismo, conforme a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 63 del Código Tributario, citó a la empresa Desarrollos Comerciales S.A., para que en el plazo de un mes desde su notificación, presentase una declaración, rectificación, aclaración, ampliación o confirmación de su declaración de impuesto para el periodo tributario 2015, en relación a los conceptos y montos señalados en el punto III.- "Partidas y Periodos Citados", de la aludida citación. Dicha actuación culminó con la rectificación de la declaración de impuestos (formulario 22) del contribuyente, con fecha 28 de agosto de 2018, y su posterior aprobación por parte del órgano tributario. En tal orden de ideas, la información pedida corresponde a antecedentes generados en el marco de un proceso de fiscalización en contra del contribuyente reclamante, que a la fecha de la solicitud se encontraba terminado o resuelto. Luego, tal como lo reconoce el SII, la controversia judicial a que hace alusión el organismo en su respuesta y descargos, dice relación con el periodo tributario 2013 y no 2015 -como es el caso de la información pedida-. Lo anterior, hace suponer que la información reclamada no es de aquellas que haya sido elaborada por el órgano con ocasión del litigio en que funda la causal de secreto sino a consecuencia de actuaciones de fiscalización distintas, pero respecto del mismo contribuyente, y que atendida su naturaleza, comprende perdidas de ejercicios anteriores (año 2011 a 2015), del articulo 31 N° 3 de la Ley de Renta.

5) Que, así las cosas, el SII no ha demostrado fehacientemente la forma en que la entrega de la carpeta de fiscalización e informe requerido, por una parte, se vinculan directamente con el litigo judicial invocado, ni cómo la divulgación de la misma afecta su estrategia jurídica o defensa judicial en dicha controversia, máxime si se considera que se trata de antecedentes que el organismo no aportó en las etapas probatorias pertinentes. Por el contrario, de acuerdo a los dichos del Servicio, la denegación de información se funda únicamente en su intención de inhibir que el peticionario sea quien los acompañe o incorpore en dicho proceso judicial. Esto último, no se aviene con la jurisprudencia de este Consejo, en orden a que los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio: son reservados de acreditarse la afectación a sus funciones (por ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la/s etapa/s probatorias, pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (así se reconoce en decisión de amparo roles A68-09 y A293-09); mientras que son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a). Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09).

6) Que, este Consejo no puede sino manifestar su desacuerdo con las alegaciones realizadas por el SII en esta sede, toda vez que no es posible admitir tutela jurídica de la pretensión de un órgano estatal de aprovechar en juicio, las asimetrías de acceso a información relevante respecto de los contribuyentes, pues ello no es compatible con el "debido" cumplimiento de sus funciones. El carácter normativo de lo "debido" se debe asociar, más bien, a la "igualdad de armas" frente a estrados y no a la desigualdad conseguida mediante la negación de información, que en este caso, le interesa al solicitante. En efecto, la solicitud de acceso objeto del presente amparo, ha sido efectuada en representación de quien detenta la calidad de interesado en el procedimiento de fiscalización en el cual la información reclamada fue producida, asistiéndole a dicho contribuyente conforme a los numerales 3° y 5° del artículo 8 bis del Código Tributario, respectivamente, el derecho a "recibir información, al inicio de todo acto de fiscalización, sobre la naturaleza y materia a revisar, y conocer en cualquier momento, por un medio expedito, su situación tributaria y el estado de tramitación del procedimiento" y a "obtener copias, a su costa, o certificación de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley"; lo anterior en concordancia con lo dispuesto en las letras a) y d) del artículo 17 de la ley N° 19.880, respectivamente, esto es, el derecho a: "(c)onocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, (...)" y "(a)cceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley".

7) Que, en virtud de la razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo, ordenándose a la reclamada entregar al solicitante copia de la carpeta de fiscalización realizada por XV Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, a la empresa Desarrollos Comerciales S.A., en el marco del programa de fiscalización denominado "Auditoría de Pérdida de Arrastre AT 2015", especialmente, copia del informe de auditoría elaborado por el Segundo Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas, por no configurase a su respecto la causal de reserva alegada. Se hace presente que la información deberá ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Sociedad Desarrollos Comerciales S.A, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de la carpeta de fiscalización realizada por XV Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, a la empresa Desarrollos Comerciales S.A., en el marco del programa de fiscalización denominado "Auditoría de Pérdida de Arrastre AT 2015", especialmente, copia del informe de auditoría elaborado por el Segundo Departamento de Fiscalización Medianas y Grandes Empresas.

Se hace presente que la información deberá ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Sociedad Desarrollos Comerciales S.A y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.