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Patricio Sánchez González con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C5626-18

Consejo para la Transparencia, 06/08/2019

Se acoge el amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega efectiva al solicitante de copia íntegra y foliada del sumario administrativo 309-2016, de la prefectura provincial de Valparaíso, remitido a la dirección postal informada por el solicitante en su oportunidad ante la PDI. Lo anterior, ya que el órgano no acreditó fehacientemente que se efectuó la entrega material al solicitante del sumario requerido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5626-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Patricio Sánchez González

Ingreso Consejo: 16.11.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega efectiva al solicitante de copia íntegra y foliada del sumario administrativo 309-2016, de la prefectura provincial de Valparaíso, remitido a la dirección postal informada por el solicitante en su oportunidad ante la PDI.

Lo anterior, ya que el órgano no acreditó fehacientemente que se efectuó la entrega material al solicitante del sumario requerido.

Con todo, en el evento que se hubiere materializado la entrega efectiva de la información, el órgano deberá acreditar dicha circunstancia, en sede de cumplimiento ante este Consejo, en los términos prescritos en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5626-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de octubre de 2018, don Patricio Sánchez González solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile "copia íntegra y foliada de sumario administrativo 309-2016, de la prefectura provincial de Valparaíso".

El solicitante indica en su requerimiento que la información fuera remitida vía correo electrónico, en formato PDF, a la dirección electrónica que indica en su presentación.

2) RESPUESTA: Mediante documento de 17 de octubre de 2018, el órgano accede a la entrega de la información, previo pago de los costos directos de reproducción. Se informa que el sumario se compone de 1.162 fojas, por lo cual, para acceder a su reproducción, se deberá pagar un total de $18.592.-, cantidad que debe ser depositada en la Cuenta Corriente del Banco Estado que indica, a nombre de la PDI, RUT: 60.506.000-5. Una vez efectuado el depósito, deberá escanear el comprobante de pago y remitir adjunto al correo electrónico: pdi.transparente@investigaciones.cl .

3) AMPARO: El 16 de noviembre de 2018, don Patricio Sánchez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud. El reclamante informa que pagó por la copia del expediente y reenvió el comprobante de pago a: pdi.transparente@investigaciones.cl, sin embargo, a esa fecha no le han entregado la información requerida.

4) SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° E11.106, de 31 de diciembre de 2018, este Consejo solicitó al reclamante subsanar su amparo en los siguientes términos: (1°) acreditar la forma y fecha de pago de los costos de reproducción de la información solicitada; en cuyo caso, se requiere remitir el comprobante de pago respectivo; (2°) acompañar copia del correo electrónico enviado al órgano, mediante el cual, informa sobre el pago de los costos de reproducción; y, (3°) acompañar copia del correo de recepción entregado por la Policía de Investigaciones.

Mediante correo electrónico de 3 de enero de 2019, el reclamante remitió a este Consejo copia del comprobante de transferencia electrónica de fondos del Banco Estado, acreditando el pago de los costos directos de reproducción de la información, realizado el 9 de noviembre de 2018. Además, acompañó copia del correo electrónico de misma fecha, mediante el cual se informó a la PDI sobre el pago realizado. Se hace presente que, en dicho correo electrónico, el reclamante informó al órgano que la información fuera remitida a la ciudad de Arica, a la dirección postal que se indicó. Además señaló un número telefónico de contacto. Con dichos antecedentes, este Consejo tuvo por subsanado el presente amparo.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E399, de 15 de enero de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) indicar las razones por las cuales no habría entregado la información solicitada oportunamente, tomando en cuenta que la parte reclamante pagó lo establecido por concepto de costos de reproducción, en los términos señalados, acreditando dicha situación; y, (2°) en caso de haber entregado la información solicitada, acreditar dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.2., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre la entrega efectiva de la información solicitada.

Mediante ORD. N° 104, de 28 de enero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Efectivamente el reclamante pagó por los costos de reproducción de la información solicitada, al cabo de lo cual, y en su calidad de funcionario de la PDI, éste habría tomado contacto telefónico directo con la abogada que indica, que se desempeña en la Sección de Acceso a la Información Pública de esta Institución y quien diligenció la solicitud de información del reclamante, para saber cuándo estarían listas sus copias.

b) En esas comunicaciones, dicha funcionaria habría acordado con el solicitante, que se entregaría personalmente la información el 9 de enero de 2019, puesto que el solicitante habría indicado que asistiría al Cuartel General, donde funciona la sección. No obstante ello, el reclamante no habría asistido.

c) Las copias están listas para retiro, por lo que no es efectivo que se le hubieren negado, simplemente el reclamante no reconoce que se contactó telefónicamente con la abogada para saber cuándo estarían listas sus copias, pactando su retiro.

d) Agrega que el solicitante, al momento de requerir información, no indicó que el formato de entrega fuera el digital y tampoco indicó dirección de correo postal para enviársela. Por lo anterior, y dado que éste tomó contacto telefónico con la abogada del Servicio para su retiro personal, quedaron a la espera de su asistencia para entregar lo solicitado.

e) Por otra parte, tras la revisión del reclamo presentado, recién se advierte que el solicitante designó una dirección de correo postal, por lo que informa que se enviará la información a aquella dirección postal que individualiza el propio reclamante con ocasión del amparo.

f) Finalmente, atendido que la Sección de Acceso a la Información Pública no cuenta con una dirección de correo postal del reclamante donde enviarle las copias, además, como se indicó, al presentar su solicitud de información el reclamante no designó ninguna dirección, resultaba imposible enviar las copias solicitadas. Por lo anterior, solicita a éste Consejo requerirle al reclamante una dirección de correo postal, para remitir copia de la información requerida en su oportunidad.

7) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Mediante Oficio N° E1.479, de 4 de febrero de 2019, este Consejo requirió al reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) indicar si se encuentra conforme con la información proporcionada por el órgano reclamado; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad, señalar la infracción cometida por el órgano recurrido, indicando si concurrió a retirar copia de la información que se accedió a proporcionar.

Mediante correo electrónico de 6 de febrero de 2019 el reclamante manifestó su disconformidad con los descargos presentados por el órgano, y luego, mediante correo de 14 de febrero de 2019, informó que a la fecha no ha recibido la información requerida.

8) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ÓRGANO: Por correo electrónico de 12 de febrero de 2019, y atendido lo expuesto por el reclamante, este Consejo requirió al órgano complementar sus descargos, en el sentido de acreditar la entrega de la información al reclamante con el respectivo comprobante de envío postal o electrónico. Mediante correo de 15 de febrero de 2019, la PDI informa que habría sido remitida vía correo postal la copia de la información requerida. Acompaña copia de libro de despacho de correspondencia, con un timbre de 15 de febrero de 2019, se la Secretaría General de Policía de Investigaciones de Chile.

9) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Mediante Oficio N° 742, de 11 de abril de 2019, este Consejo solicitó al reclamante pronunciarse en el sentido de indicar si lo expuesto por el órgano es efectivo, y en definitiva, si recibió materialmente la información requerida. A la fecha del presente acuerdo, el reclamante no se ha pronunciado al efecto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Al efecto, se debe hacer presente que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. Sobre el particular, consta que este requerimiento se presentó con fecha 6 de octubre de 2018, y que el órgano se pronunció sobre el requerimiento con fecha 17 de octubre de 2018, accediendo a la entrega de la información, previo pago de los costos directos de reproducción. Sobre la materia, cabe hacer presente que el artículo 17 de la citada Ley prescribe "La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado (...)", y, el inciso segundo del artículo 18 de la Ley de Transparencia dispone: "La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente".

2) Que, a su turno, el numeral 7 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo dispone: "El acto administrativo que disponga el valor total deberá ser notificado al solicitante. Desde la fecha de la notificación éste tendrá un plazo de 30 días para efectuar el pago de dicho precio, suspendiéndose el plazo de entrega de la información dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia o el que este Consejo disponga, en su caso. Si el interesado que solicita la información paga los costos notificados seguirá corriendo el plazo de entrega y el órgano o servicio estará obligado a reproducir la información en el soporte correspondiente, poniéndola a su disposición dentro del plazo establecido por la Ley o por el Consejo (...) Una vez pagados los costos señalados y puesta a disposición del solicitante la información por el medio indicado, éste tendrá un plazo de 30 días para retirarla, si se dispuso la entrega personalmente, y emitir su conformidad". Resulta útil indicar además que, conforme el numeral 4.4 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Se deja constancia que, cualquiera sea el medio dispuesto para la entrega de la información, será de cargo del órgano acreditar, en caso de que se presente un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que se efectuó la entrega material al solicitante dentro de los plazos dispuestos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia" (énfasis agregado).

3) Que, el reclamante acreditó en esta sede el pago de los costos directos de reproducción de la información, mediante comprobante de transferencia electrónica de fondos del Banco Estado, realizado el 9 de noviembre de 2018, a la PDI. Además, acompañó copia del correo electrónico de misma fecha, mediante el cual se informó a al órgano sobre el pago realizado. Por su parte, en dicho correo electrónico, el reclamante informó al órgano expresamente que la información fuera remitida a la ciudad de Arica, a la dirección postal que se indicó en su oportunidad, razón por la cual se desestimará la alegación de la PDI, referida a que la institución no contaba con una dirección a la cual remitir la información.

4) Que, a su turno, el órgano reclamado sólo acompañó en esta sede, copia de un libro de registro de correspondencia interna, con un timbre de 15 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Policía de Investigaciones de Chile, que sólo acredita, mediante un acto de declaración unilateral y nominal del propio Servicio, que se habría remitido en esa fecha -eventualmente- copia de la información requerida a la dirección postal consignada por el reclamante en este procedimiento de amparo (distinta de aquella que fuere expresamente informada por el reclamante en el procedimiento de acceso a la información pública ante el órgano), antecedente que, a juicio de este Consejo, no logra acreditar fehacientemente que se efectuó la entrega material al solicitante del sumario requerido. Por lo anteriormente expuesto, se acogerá el presente amparo, y se requerirá al órgano entregar al reclamante copia de la información solicitada, remitida a la dirección postal informada por el solicitante ante la PDI. Con todo, en el evento que se hubiere materializado la entrega efectiva de la información al solicitante, el órgano deberá acreditar dicha circunstancia, en sede de cumplimiento ante este Consejo, en los términos prescritos en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Patricio Sánchez González, de 16 de noviembre de 2018, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Hacer entrega efectiva al reclamante de copia íntegra y foliada del sumario administrativo 309-2016, de la prefectura provincial de Valparaíso, remitido a la dirección postal informada por el solicitante en su oportunidad ante la PDI.

Con todo, en el evento que se hubiere materializado la entrega efectiva de la información, el órgano deberá acreditar dicha circunstancia, en sede de cumplimiento ante este Consejo, en los términos prescritos en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Sánchez González, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.