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Gonzalo Zapata Verdugo con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) Rol: C6604-18

Consejo para la Transparencia, 06/08/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, respecto de la información relativa a los teléfonos, correos electrónicos, páginas de empresa y direcciones, de los productores y/o packings de frutas. Se rechaza respecto de las direcciones de dichos establecimientos, por haberse entregado la información oportunamente, y, en cuanto a los teléfonos y correos electrónicos, por tratarse de datos personales, configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios y de afectación al debido cumplimiento de las funciones del SAG. Finalmente, se rechaza respecto de la falta de información sobre los tipos de frutas que trabajan, por cuanto dicho requerimiento no se encuentra contenido en la solicitud que dio origen al presente amparo, así como tampoco resulta posible concluirlo del mismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6604-18

Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Requirente: Gonzalo Zapata Verdugo.

Ingreso Consejo: 27.12.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, respecto de la información relativa a los teléfonos, correos electrónicos, páginas de empresa y direcciones, de los productores y/o packings de frutas.

Se rechaza respecto de las direcciones de dichos establecimientos, por haberse entregado la información oportunamente, y, en cuanto a los teléfonos y correos electrónicos, por tratarse de datos personales, configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios y de afectación al debido cumplimiento de las funciones del SAG.

Finalmente, se rechaza respecto de la falta de información sobre los tipos de frutas que trabajan, por cuanto dicho requerimiento no se encuentra contenido en la solicitud que dio origen al presente amparo, así como tampoco resulta posible concluirlo del mismo.

En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C6604-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de octubre de 2018, don Gonzalo Zapata Verdugo solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero, la siguiente información: "si existe alguna base de datos con los teléfonos, correos, páginas de empresa y direcciones, con los productores y/o packings de frutas como palta, cerezas, kiwis, limones, chirimoyas, etc. Revisé la página del SAG y encontré el ORCHARD CODE (CSG), pero para esta numeración no he logrado encontrar la información que necesito".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 28 de noviembre de 2018, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 8656/2018, de fecha 12 de diciembre de 2018, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, señalando en síntesis, que "nuestra institución en su Sistema de Registro Agrícola dispone de un reporte de establecimientos y productores agrícolas que incluye sus direcciones, correos electrónicos y teléfonos. Sin perjuicio de lo anterior, revisada detenidamente la información disponible, se advierte que, en el caso de establecimientos agrícolas, la mayoría de los correos electrónicos y teléfonos corresponden a personal de las empresas que constituyen el punto de contacto con el Servicio y cuyos datos se han entregado precisamente con esa finalidad, por tanto, de entregarse dichos datos se afectaría el cumplimiento de las funciones del Servicio, ya que dichos establecimientos se inhibirían de entregar dicha información, datos que para esta institución resultan fundamentales para mantener una comunicación directa y fluida con los encargados y personal de los mismos", denegando la entrega de una parte de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.

Acto seguido, indicó que "respecto de los datos de contacto de personas naturales que figuran en dicho reporte, se trata de datos personales protegidos por la ley N° 19.628 (...) los que solo pueden proporcionarse con su expresa autorización, para lo cual necesariamente debería conferirse traslado, proceso que no es factible de realizar en atención al elevado número de terceros afectados, por tanto, también se excluirá de su entrega los datos correspondientes a personas naturales".

Del mismo modo, informó que "en relación a las direcciones de dichos establecimientos y productores, se dará acceso a la dirección asociada al desarrollo de su actividad (...) respecto a la información sobre páginas web de las empresas, cabe indicar el Servicio no dispone de dicha información", entregando al solicitante, finalmente, un listado de los establecimientos y productores agrícolas con los datos indicados.

3) AMPARO: El 27 de diciembre de 2018, don Gonzalo Zapata Verdugo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "falta indicar teléfonos, direcciones y correos electrónicos, además de poder indicar el tipo de fruta que trabajan".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante oficio N° E1867, de fecha 13 de febrero de 2019, notificándole el reclamo y solicitándole que evacuara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. N° 976/2019, de fecha 25 de febrero de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "el reporte de establecimientos y productores agrícolas contiene datos de 2.704 establecimientos agrícolas y de 16.070 productores, lo que totaliza 19.764 terceros a notificar, lo que representaría lo siguiente: a) Costos: $26.879.040 en despacho de cartas certificadas, sin considerar el costo de papel, sobres y etiquetas (costo $1.360 por carta de 2 hojas y sobre media carta); b) Jornadas laborales: 366 jornadas de trabajo para elaborar, imprimir y ensobrar las cartas, imprimir y pegar etiquetas respectivas a cada destinatario, así como para efectuar el despacho desde Oficina de Partes a la empresa de correos (a razón de 10 minutos por carta por todas estas actividades)".

Luego, indicó que "Estos cálculos no consideran el tiempo que representaría recibir, clasificar y consolidar las respuestas, como tampoco el hecho que un porcentaje importante de las direcciones son rurales, donde la empresa de correos no distribuye cartas certificadas, las que son devueltas varias semanas después. En estos casos, se instruye para que personal de la Oficina sectorial más cercana lleve la notificación personalmente, lo que agregaría un costo mucho mayor", señalando que la notificación de todos los terceros supondría un gasto elevado, tanto en recursos monetarios como humanos, distrayendo a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), y N°2 de la Ley de Transparencia, adjuntando copia de la planilla con la información de los terceros.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de una base de datos con los teléfonos, correos, páginas de empresa y direcciones, con los productores y/o packings de frutas. Al respecto, el SAG entregó un listado con alrededor de 20.000 productores y establecimientos agrícolas, reservando la información relativa a los teléfonos y correos electrónicos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y 21 N°2 de la Ley de Transparencia, y señalando que no dispone de la información relativa a la página web de dichos establecimientos. En virtud de lo anterior, en su amparo, el solicitante reclama que no se le entregó la información relativa a los teléfonos, direcciones y correos electrónicos de cada uno de los establecimientos consultados, además de poder indicar el tipo de fruta que trabajan.

2) Que, en primer lugar, con relación a las direcciones de los productores o establecimientos agrícolas, cabe tener presente que la información entregada por el SAG al solicitante, con ocasión de su respuesta, comprende una planilla Excel que incluye, en una pestaña, el nombre y la dirección de las empresas agrícolas, y en otra, el nombre, el predio y la dirección de los productores agrícolas. En razón de lo anterior, la información entregada por el órgano resulta consistente con la solicitada, motivo por el cual, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte.

3) Que, en segundo lugar, respecto de la información relativa a los teléfonos y correos electrónicos de los productores, en su calidad de persona natural, vale señalar que los antecedentes pedidos tienen relación con información de carácter personal, en los términos dispuestos en el artículo 2, letra f) de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el cual dispone que son "datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", motivo por el cual será reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado anteriormente se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que, tanto el constituyente como el legislador, han fijado en la Constitución Política de la República como así también en la Ley de Transparencia y en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de lo dispuesto en los citados cuerpos normativos, resulta improcedente.

5) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia sobre reclamación de ilegalidad Rol N° 6.531-2014, de 26 de enero de 2015, indicó que "la vida privada es un atributo del individuo en sociedad, que deriva precisamente de la concepción de la privacidad como un atributo de la personalidad. De este modo, el derecho a la vida privada se traduce en una materialización u objetivación de la privacidad sustancial, del derecho al yo, de la persona. (Por tal razón) si se entiende la privacidad como una manifestación jurídica de la dignidad y respeto que se debe a todo individuo de la especie humana, es posible considerar que se traduce en la reserva del yo - con todas sus connotaciones - a espacios reducidos, seleccionados por el sujeto. De allí que pueda definírsela como ‘la posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones’".

6) Que, por otro lado, con relación a la información reclamada, tanto respecto de los productores personas naturales, como de los establecimientos agrícolas, en su calidad de personas jurídicas, el órgano señaló que notificar a todos los terceros eventualmente afectados por la publicidad de la información solicitada, su derecho a oponerse a la entrega de la misma, generaría distracción indebida de sus funcionarios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

7) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

10) Que, en el presente caso, cabe tener presente lo señalado por el SAG, en el sentido de que para la entrega de la información solicitada, debería notificar a alrededor de 20.000 terceros, entre productores y establecimientos agrícolas, lo que implicaría un gasto de $26.879.040, en despacho de cartas certificadas, sin considerar el costo de papel, sobres y etiquetas, y un total aproximado de 366 jornadas de trabajo para elaborar, imprimir y ensobrar las cartas, imprimir y pegar etiquetas respectivas a cada destinatario, así como para efectuar el despacho desde Oficina de Partes a la empresa de correos, sin considerar el tiempo posterior destinado a la revisión de cada una de las respuestas que reciba, y la necesidad de efectuar notificaciones personales, en su caso, todo lo cual, permite tener por configurada la causal de reserva alegada por el SAG, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, motivo por el cual el presente amparo no podrá prosperar.

11) Que, a mayor abundamiento, a juicio de este Consejo, el correo electrónico constituye una forma de comunicación entre el Servicio y los terceros, constituyéndose en una herramienta indispensable para el cumplimiento de las funciones de dicho órgano, y cuyos datos se han entregado precisamente con esa finalidad, por tanto, de entregarse dichos datos podría afectarse el cumplimiento de las funciones del SAG, ya que los establecimientos se inhibirían de entregar dicha información, datos que resultan fundamentales para mantener una comunicación directa y fluida con los encargados y personal de los mismos. Por lo anterior, se torna aplicable la causal alegada por la reclamada consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al efecto, cabe reiterar que, en el caso de los correos concernientes a personas naturales, dichos antecedentes se encuentran protegidos por la reserva dispuesta en la Ley N° 19.628, por constituir éstos datos personales de sus titulares. Igual criterio puede ser aplicado respecto a la solicitud de los números telefónicos de los terceros, cuya recopilación por parte del órgano se realiza con los mismos fines y bajo las mismas condiciones que los correos electrónicos.

12) Que, en consecuencia, habiéndose configurado la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, y siendo la información pedida de aquellas protegidas por la Ley N° 19.628 precitada, así como por lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte.

13) Que, finalmente, con relación a la falta de información sobre el tipo de fruta que trabajan los productores o establecimientos agrícolas, cabe tener presente que, respecto del tenor literal de la solicitud objeto del presente amparo, dicho requerimiento no se encuentra contenido, ni tampoco resulta posible concluirlo del mismo. En efecto, en la solicitud solo se hace mención a algunos tipos de fruta a modo de ejemplo, al requerir información relativa a "los productores y/o packings de frutas como palta, cerezas, kiwis, limones, chirimoyas, etc.", pero en ningún caso se ha requerido la entrega de la información, indicando para cada caso, el tipo de fruta que produce, empaca o comercializa. En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Gonzalo Zapata Verdugo en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Zapata Verdugo y al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.