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Wilson Rivas Vargas con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Rol: C6531-18

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Transportes, tanto respecto de lo reclamado relativo a la letra a) de la solicitud, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado, como asimismo respecto de lo pedido en la letra b), por cuanto se acreditó que se dio respuesta al requerimiento en los términos planteados en este punto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Transporte
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6531-18

Entidad pública: Subsecretaría de Transportes

Requirente: Wilson Rivas Vargas

Ingreso Consejo: 24.12.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Transportes, tanto respecto de lo reclamado relativo a la letra a) de la solicitud, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado, como asimismo respecto de lo pedido en la letra b), por cuanto se acreditó que se dio respuesta al requerimiento en los términos planteados en este punto.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6531-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 06 de noviembre de 2018, don Wilson Rivas Vargas solicitó a la Subsecretaría de Transportes la siguiente información en relación a la situación que atraviesa Expreso Rancagua con la competencia de los buses rurales de Machalí en el área urbana de Rancagua, y los reclamos y solicitudes de fiscalización que se ha realizado a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins:

a) "Informar si de parte de la Seremitt VI Región se solicitó alguna acción o pronunciamiento a la División Legal del Ministerio de Transportes sobre la situación de Buses Machalí que está trabajando con tarifa local en el área urbana de Rancagua, y tomando pasajeros en área urbana de Rancagua (de ser así enviar copia de documento)".

b) "En caso de existir algún pronunciamiento de la División Legal del Ministerio de Transportes, favor enviar copia."

2) RESPUESTA: La Subsecretaria de Transportes respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio GS N° 8109, de fecha 17 de diciembre de 2018, señalando, en síntesis, que adjunta copia de lo memorándums N° 379/2018 y N° 379/2018, ambos de fecha 30 de noviembre de 2018, que se refieren a su requerimiento.

Al respecto, informa que respecto de la Resolución Exenta N° 121/2017, Buses Machalí (servicio rural), tenía en su cuadro tarifario una tarifa "local - Rancagua". Además, la tarifa "local - Rancagua" era inferior a las tarifas que debe cobrar servicio urbano bajo condiciones de operación. Por lo anterior, el SEREMI de Transportes de la Región de O´Higgins advirtió esta situación irregular, instruyendo al encargado de Registros para que este informara al responsable del servicio Buses Machalí, solicitando rectificar la información tarifaria, la cual fue presentada con fecha 20 de noviembre de 2018, según consta el ingreso N° 3213 de Oficina de Partes. Agrega, que a raíz de dicho ingreso la resolución N° 121/2017 fue subsanada mediante Rex N° 1280, de 29 de noviembre de 2018, ya que según el DS 212/1992 un Transporte Rural no debe tomar pasajeros en zona urbana que esté bajo condiciones de operación.

Finalmente, y por otra parte, informa que no fue solicitado un pronunciamiento a la División Legal de la Subsecretaría de Transportes sobre la materia consultada.

3) AMPARO: El 24 de diciembre de 2018, don Wilson Rivas Vargas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, fundado en que recibió respuesta incompleta.

En este sentido, señala que respecto de lo pedido en la letra a), no se informa las medidas adoptadas por la toma de pasajeros en área urbana, lo que se genera al cobrar tarifa local urbana. A su parecer la rectificación de la resolución de inscripción no tiene impacto real en la operación irregular de Buses Machalí.

En relación a lo pedido en la letra b), no se habría respondido positiva o negativamente si se pidió pronunciamiento a la División Legal de la Subsecretaría de Transportes.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, de acuerdo al procedimiento del "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), y mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2019, se ofreció al órgano reclamado aceptar dicho procedimiento, sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de organismo, razón por la cual se dio por fracasado el referido procedimiento.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Transportes, mediante oficio N° E 1961, de fecha 14 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; señale si la información reclamada, referida a las medidas tomadas por la carga de pasajeros en áreas urbanas, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

El órgano reclamado, a través de oficio GS N° 2131, de fecha 11 de marzo de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que dio respuesta oportuna e íntegra a la solicitud de acceso a la información en los términos solicitados.

Además, explica sobre la materia consultada no existían acciones o solicitudes de pronunciamiento de la Secretaría Regional a la División Legal -lo que se señaló expresamente-, no obstante lo cual, se le informó algunas medidas que la misma SEREMI había adoptado, las que el recurrente estimó insuficientes, pero al no ser parte propiamente de lo requerido, no pueden dar origen a un amparo.

Sin perjuicio de lo anterior y señalando que entiende el interés del recurrente por el servicio de transportes por el cual consulta, adjunta memorándum del Encargado Regional del Programa Nacional de Fiscalización, de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, el que da cuenta de las fiscalizaciones que se ha realizado al servicio Transportes Machalí, para que, si lo estima a bien, sea puesto a disposición del recurrente.

Finalmente, hace presente que si el recurrente requería conocer las acciones que la SEREMI u otros Programas dependientes de la Subsecretaría habían efectuado, así debió señalarlo en su solicitud original, sin perjuicio que lo pueda requerir en una nueva solicitud de acceso a la información pública.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la Subsecretaría de Transportes habría dado respuesta incompleta a la solicitud formulada, en particular, que respecto de lo pedido en la letra a) no informó las medidas adoptadas por la toma de pasajeros en área urbana de Rancagua por parte de los buses rurales de Machalí, y que en relación a lo pedido en la letra b) no se habría respondido positiva o negativamente si se pidió pronunciamiento a la División Legal de la Subsecretaría de Transportes.

2) Que, en primer lugar, respecto que de lo reclamado en orden a que en relación a la letra a) de la solicitud formulada no se habría informado las medidas adoptadas por la toma de pasajeros en área urbana de Rancagua por parte de los buses rurales de Machalí, cabe tener presente que el tenor literal del requerimiento formulado en dicho punto es el siguiente: a) "Informar si de parte de la Seremitt VI Región se solicitó alguna acción o pronunciamiento a la División Legal del Ministerio de Transportes sobre la situación de Buses Machalí que está trabajando con tarifa local en el área urbana de Rancagua, y tomando pasajeros en área urbana de Rancagua (de ser así enviar copia de documento)".

3) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo el órgano reclamado en su respuesta informó al reclamante que no fue solicitado un pronunciamiento a la División Legal de la Subsecretaría de Transportes sobre la materia consultada, sin perjuicio de proporcionar los memorándums que reflejan las actuaciones adoptadas desde la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Ahora bien, en relación a los antecedentes reclamados por el solicitante en su amparo, referido a las medidas adoptadas por la toma de pasajeros en área urbana de Rancagua por parte de los buses rurales de Machalí, la reclamación en este punto excede la órbita de la solicitud de información que le dio origen, debiendo desestimarse dicha alegación, y por consiguiente rechazarse el amparo.

4) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, y atendido que el órgano reclamado adjuntó en sus descargos copia del memorándum de fecha 30 de noviembre de 2018, del Encargado Regional del Programa Nacional de Fiscalización, de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, el que da cuenta de las fiscalizaciones que se ha realizado al servicio Transportes Machalí, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, con la notificación de la presente decisión este Consejo remitirá al solicitante copia del referido memorándum.

5) Que, por otra parte, respecto lo reclamado de la letra b) de la solicitud, en orden a que no se habría respondido positiva o negativamente si se pidió pronunciamiento a la División Legal de la Subsecretaría de Transportes sobre la materia consultado, el órgano reclamado tanto en su respuesta al reclamante como en sus descargos, señaló expresamente que no fue solicitado al respecto un pronunciamiento a la División Legal de la Subsecretaría de Transportes.

6) Que, de los antecedentes examinados, particularmente la información proporcionada por el órgano requerido tanto en su respuesta como descargos, ha sido posible acreditar que se dio respuesta a la solicitud en esta parte, como se detalló en el considerando precedente. Por lo expuesto, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado dio respuesta en los términos en que fue formulada la solicitud, y por consiguiente, en cuanto al fondo de lo reclamado no se ha verificado infracción a las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia, razón por la cual este Consejo rechazará el presente amparo en este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Wilson Rivas Vargas en contra de la Subsecretaría de Transportes, respecto de lo reclamado relativo a la letra a) de la solicitud, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado, y respecto de lo pedido en la letra b), por cuanto se acreditó que se dio respuesta al requerimiento formulado en este punto en los términos planteados, en virtud de los razonamientos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Transportes y a don Wilson Rivas Vargas, remitiendo a este último por facilitación, copia del memorándum de fecha 30 de noviembre de 2018, del Encargado Regional del Programa Nacional de Fiscalización, de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, proporcionado por el órgano requerido en sus descargos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.