logo
 

Gonzalo Sepúlveda Torrez con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C6392-18

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando informar al reclamante si respecto de los presuntos delitos por él denunciados a que se refiere el requerimiento, se dio cumplimiento a la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal, y en caso de respuesta afirmativa, entregar al reclamante copia de la denuncia u oficio remitido al Ministerio Público para tal efecto. Lo anterior, por cuanto la Policía de Investigaciones puede satisfacer la solicitud de información, a lo menos, con una respuesta afirmativa o negativa, y en el primer caso proporcionar los antecedentes respectivos, respecto de los cuales no se alegó ni acreditó alguna causal de reserva que justifique su denegación. Por otra parte, se rechaza el amparo, respecto a la información pedida en la letra a) del requerimiento, por cuanto se acreditó que el órgano reclamado entregó lo requerido en este punto. Asimismo, se rechaza también el amparo, en relación a lo solicitado en las letras c) y d) del requerimiento, por tratarse del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República y no constituir una solicitud de acceso en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6392-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Gonzalo Sepúlveda Torrez

Ingreso Consejo: 17.12.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando informar al reclamante si respecto de los presuntos delitos por él denunciados a que se refiere el requerimiento, se dio cumplimiento a la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal, y en caso de respuesta afirmativa, entregar al reclamante copia de la denuncia u oficio remitido al Ministerio Público para tal efecto.

Lo anterior, por cuanto la Policía de Investigaciones puede satisfacer la solicitud de información, a lo menos, con una respuesta afirmativa o negativa, y en el primer caso proporcionar los antecedentes respectivos, respecto de los cuales no se alegó ni acreditó alguna causal de reserva que justifique su denegación.

Por otra parte, se rechaza el amparo, respecto a la información pedida en la letra a) del requerimiento, por cuanto se acreditó que el órgano reclamado entregó lo requerido en este punto.

Asimismo, se rechaza también el amparo, en relación a lo solicitado en las letras c) y d) del requerimiento, por tratarse del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República y no constituir una solicitud de acceso en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6392-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 09 de octubre de 2018, don Gonzalo Sepúlveda Torrez solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información en relación al Sumario Administrativo N° 617-2012/03-2018:

a) "Etapa en la que se encuentra actualmente el Sumario Administrativo.

b) Si respecto de los presuntos delitos denunciados se dio cumplimiento a la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal. Para lo cual, solicito se me haga entrega de una copia de la denuncia u oficio remitiendo los antecedentes al Ministerio Público.

c) De no haberse realizado la denuncia respectiva, se me indique en forma detallada los motivos de no cumplir con "LA OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIA" al tomar conocimientos que revisten o puedan revestir carácter de delito.

d) De no haberse acogido el punto anterior, me indique en forma detallada las autoridades o jefaturas institucionales que tomaron conocimiento de los hechos y que no cumplieron la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal."

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de fecha 25 de noviembre de 2018, señalando, en síntesis, que el sumario administrativo N° 617-2012 se encuentra pendiente para redacción de resolución de término en la Región Policial de Los Ríos. Agrega, que respecto a los hechos que denuncia, al cabo de la obtención de la resolución de término se podrá acceder al contenido del sumario administrativo y con ello verificar lo sostenido en el requerimiento formulado.

Por consiguiente, por no encontrarse terminado el sumario administrativo a que se refiere la solicitud, no es posible responder sus consultas, sin perjuicio que al ser interviniente en dicho proceso administrativo, sus resultados le serán notificados.

3) AMPARO: El 17 de diciembre de 2018, don Gonzalo Sepúlveda Torrez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Hace presente que se le deniega la entrega de la información pedida, argumentando que el sumario aún se encuentra en etapa administrativa, e incluso se le deniega lo referido a que se le informe si se realizó la denuncia respectiva a que se refiere la letra b) de la solicitud formulada, y que a su juicio es distinto al sumario administrativo cuya etapa de tramitación se requirió información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E1793, de fecha 11 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: señale claramente cuáles son las circunstancias, legales o de hecho, por las cuales denegó parte de la información requerida; de fundar la denegación en una causal de hecho, indique si la información requerida en el punto 2) de la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; de fundar su respuesta en la aplicación de una reserva legal: a) señale específicamente las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, b) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, exponga si lo requerido en los puntos 3) y 4), corresponde a una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 221, de fecha 26 de febrero de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, en primer lugar que a su juicio no ha existido denegación de información, ni del total ni de parte de ella, por cuanto al solicitante se le informó en la respuesta la etapa en que se encuentra el sumario administrativo por el cual consulta y se le indica que los resultados de aquel aún no estarían disponibles, a pesar de que sus consecuencias le serían notificadas.

Por otra parte, en relación a los dos hechos negativos que denuncia y que según sus dichos serían parte de la información que mantendría el Fiscal del mismo, no existe posibilidad de señalar los resultados de aquello mientras el sumario no se encuentre afinado. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que el solicitante bien podría requerir copia del sumario administrativo en cuestión a través de otra solicitud de información.

Por lo anterior sostiene que no existe denegación de información propiamente tal, sino que sólo se le indicó al reclamante en qué momento sería informado de los pormenores del sumario administrativo, en el que se encontrarían incluidas las denuncias que él señala. En este sentido, agrega que no se ha aplicado ninguna causal de reserva que impida entregarle información al requirente.

Finalmente, señala que lo pedido en las letras b) y c) de la solicitud, no corresponde a una solicitud de acceso de información pública, debido a que él estaría denunciando un hecho negativo, una omisión que habrían cometido uno o más funcionarios policiales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega por parte de la Policía de Investigaciones de Chile de la información relativa al estado de tramitación del sumario administrativo y del cumplimiento de la obligación de denunciar a que se refiere la solicitud formulada, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, respecto de lo pedido en la letra a) del requerimiento, relativo a la etapa en que se encuentra actualmente el sumario administrativo N° 617-2012/03-2018, el órgano reclamado informó en su respuesta al reclamante que dicho proceso disciplinario se encuentra pendiente para redacción de resolución de término en la Región Policial de Los Ríos. Por consiguiente, de los antecedentes examinados, particularmente la información proporcionada por el órgano requerido tanto en su respuesta como descargos, ha sido posible acreditar que la Policía de Investigaciones de Chile entregó la información reclamada en este punto, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte.

4) Que, en relación a lo pedido en la letra b), esto es, si respecto de los presuntos delitos denunciados se dio cumplimiento a la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal, y en caso afirmativo, se entregue copia de la denuncia u oficio remitido al Ministerio Público, el órgano reclamado señaló que no ha existido denegación, sino que sólo se informó que no existe posibilidad de señalar los resultados de aquello mientras el sumario no se encuentre afinado, y en tal sentido hace presente que no se ha aplicado ninguna causal de reserva que impida entregarle información al requirente.

5) Que, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo en primer lugar cabe dejar establecido que lo pedido en este literal sí queda comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, por cuanto a lo menos puede ser satisfecha con una respuesta afirmativa o negativa respecto si se cumplió o no con la referida obligación de denunciar al Ministerio Público respecto de los hechos a que se refiere el requirente en su solicitud. Por otra parte, el propio órgano reclamado en sus descargos informó que no ha aplicado causal de reserva alguna para denegar lo pedido.

6) Que, por consiguiente, no existiendo controversia acerca que la información pedida obra en poder del órgano requerido, y no habiéndose alegado ni acreditado alguna causal de reserva que justifique su denegación, este Consejo acogerá el amparo en esta parte, ordenando informar al solicitante si respecto de los presuntos delitos denunciados a que se refiere el requerimiento, se dio cumplimiento a la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal, y en caso de respuesta afirmativa, entregar al reclamante copia de la denuncia u oficio remitido al Ministerio Público, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.

7) Que, respecto de la información pedida en las letras c) y d) del requerimiento, esto es respectivamente, c) "De no haberse realizado la denuncia respectiva, se me indique en forma detallada los motivos de no cumplir con "LA OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIA" al tomar conocimientos que revisten o puedan revestir carácter de delito"; y d) "De no haberse acogido el punto anterior, me indique en forma detallada las autoridades o jefaturas institucionales que tomaron conocimiento de los hechos y que no cumplieron la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal", el órgano reclamado junto con reiterar que no ha existido denegación, sino que sólo se informó que no existe posibilidad de señalar los resultados de aquello mientras el sumario no se encuentre afinado, haciendo presente que no se ha aplicado ninguna causal de reserva que impida entregarle información al requirente, agregó en sus descargos, que tampoco lo requerido tampoco correspondería a una solicitud de acceso de información pública.

8) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, en particular del tenor literal de las letras c) y d) del requerimiento formulado, a juicio de este Consejo en dichos literales la solicitud no se refiere a un acto, documento o antecedente determinado en poder de la Administración del Estado, que obre en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia y el artículo 3, letra e), del Reglamento de la misma ley, sino más bien al ejercicio del legítimo derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que realiza una petición para que informe detalladamente los motivos por los cuales no se habría procedido a cumplir con la obligación de denunciar establecida en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal, para el caso que ello no haya ocurrido, como asimismo se indique las autoridades o jefaturas institucionales que tomaron conocimiento de los hechos a que se refiere el requerimiento y que no habrían cumplido con la obligación de denuncia, todo lo cual excede el ámbito de competencia de esta Corporación. En virtud de lo anterior, tratándose del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, por no constituir una solicitud de acceso a información pública en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, no cabe pronunciarse a su respecto en esta sede, por lo que este Consejo procederá a rechazar el presente amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Gonzalo Sepúlveda Torrez en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo respecto de la letra b) de la solicitud formulada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Policía de Investigaciones de Chile:

a) Informar al solicitante si respecto de los presuntos delitos denunciados a que se refiere el requerimiento, se dio cumplimiento a la obligación de denuncia que asiste a los funcionarios públicos y que se encuentra consagrada en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo y en el artículo 175, del Código Procesal Penal. En caso de respuesta afirmativa, entregar al reclamante copia de la denuncia u oficio remitido al Ministerio Público, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento.

III. Rechazar el amparo deducido, tanto en relación a lo requerido en la letra a) de la solicitud, por acreditar la entrega de la información pedida en dicho literal, como respecto de lo solicitado en las letras c) y d) del requerimiento, por tratarse del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República y no constituir una solicitud de acceso en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Sepúlveda Torrez y al Sr. Director General de Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.