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Matías Rojas Medina con INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Rol: C5836-18

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se rechaza el amparo en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, referido a copia de la querella y de solicitudes de diligencias investigativas, presentadas por dicho organismo en el denominado "Caso Harex". Lo anterior, ya que la publicidad de los antecedentes requeridos -estando vigente y con secreto de sumario la causa criminal sobre la materia consultada- afectará el cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, particularmente en lo referido a la protección de los derechos humanos de las personas, cuestión que específicamente el INDH está cumpliendo mediante la presentación de la querella por desaparición forzada en la referida causa criminal, así como su intervención activa en el proceso, mediante la solicitud de diligencias concretas que tienen por objeto esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad de agentes del Estado respecto de los mismos. Además, ya que la publicidad de los antecedentes va en desmedro del éxito de la investigación vigente y en curso de un crimen o simple delito.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5836-18

Entidad pública: Instituto Nacional de Derechos Humanos

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 26.11.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, referido a copia de la querella y de solicitudes de diligencias investigativas, presentadas por dicho organismo en el denominado "Caso Harex".

Lo anterior, ya que la publicidad de los antecedentes requeridos -estando vigente y con secreto de sumario la causa criminal sobre la materia consultada- afectará el cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, particularmente en lo referido a la protección de los derechos humanos de las personas, cuestión que específicamente el INDH está cumpliendo mediante la presentación de la querella por desaparición forzada en la referida causa criminal, así como su intervención activa en el proceso, mediante la solicitud de diligencias concretas que tienen por objeto esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad de agentes del Estado respecto de los mismos. Además, ya que la publicidad de los antecedentes va en desmedro del éxito de la investigación vigente y en curso de un crimen o simple delito.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5836-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de octubre de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) "una copia digital de todos los documentos entregados por el INDH a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso de la desaparición de Ricardo Harex".

2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de 21 de noviembre de 2018, el órgano informa lo siguiente:

a) Con fecha 3 de octubre, concurren a la sesión de la comisión investigadora, el abogado Pablo Rivera y la abogada Tania Rojas, en representación de la Directora del INDH, para exponer sobre las acciones judiciales que el INDH, está realizando en esta causa.

b) En la oportunidad, se expuso sobre la pertinencia y las acciones jurídicas que el INDH está realizando en este proceso. Además, se hizo entrega a la Comisión Investigadora Harex del Oficio N° 47 del 27 de enero de 2017, dirigido a la Sra. Marta Pinto Salazar, Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el cual se solicita la colaboración para estudiar los antecedentes del proceso penal caratulado "Presunta desgracia de Ricardo Harex González", Rol N° 33.383- C, a fin de evaluar la intervención del Instituto, conforme a la competencia que la ley entrega al INDH. Además se hizo entrega de copia de la querella criminal presentada por el INDH, ante la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y copia de solicitudes de diligencias a la Ministra en Visita.

c) Respecto del requerimiento de información presentado, envía copia del oficio N° 47 de fecha 27 de enero de 2017. Sobre el resto de los documentos presentados a la Comisión Investigadora, esto es: copia de la querella presentada por el INDH y copia de solicitudes de diligencias investigativas, se indica que éstos constituyen documentos reservados, en consideración a que esta causa, que lleva la Ministra en Visita Extraordinaria de la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas ya individualizada, se tramita de acuerdo al antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo y con ello, bajo la modalidad de secreto del sumario, por lo que no es posible entregar dichos antecedentes.

3) AMPARO: El 26 de noviembre de 2018, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

El reclamante expone que, a su juicio, "no corresponde reservar documentos que han sido entregados a una comisión de la Cámara de Diputados de carácter público, en pleno ejercicio de sus facultades de fiscalización, relativas a indagar la forma en que han actuado diversos organismos del Estado frente a la desaparición del estudiante Ricardo Harex. Si bien es efectivo que existe secreto sumarial respecto al expediente judicial en comento, ello no puede ser extrapolado a información que ha sido entregada en sede administrativa. Lo anterior llevaría a asumir que el INDH vulneró el secreto ya referido con el solo hecho de entregar los documentos a la Cámara de Diputados. Además, la publicidad de la información proporcionada a la citada Comisión Investigadora, permite ejercer un debido control social externo respecto a la intervención como querellante que ha tenido el mentado organismo en un proceso de alto perfil público".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante Oficio N° E526, de 17 de enero de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señalar cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (3°) informar las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada.

Mediante ORD. N° 023, de 31 de enero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) El INDH tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad.

b) Dentro de sus funciones y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3°, de la Ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, le corresponde deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta atribución podrá deducir acciones penales respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas; así como deducir los recursos de protección y amparo consagrados en la Constitución Política de la República.

c) La solicitud de información presentada fue denegada parcialmente, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia. En efecto, la investigación, que actualmente sustancia la Ministra en Visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por los hechos que dieron lugar a la desaparición de Ricardo Harex, es una causa que está siendo conocida y tramitada de acuerdo a las normas del procedimiento penal antiguo, esto es, aquel en la que las actuaciones del sumario son secretas, por expresa disposición, señalada en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, el cual en su inciso primero dispone: "Las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley".

d) La entrega de la información requerida y que fuere denegada, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del INDH, dado que la publicidad, comunicación o conocimiento del contenido de los documentos solicitados constituye un riesgo cierto para la estrategia judicial y la investigación en curso, para lograr el esclarecimiento del caso, documentos que además forman parte de las actuaciones del proceso en etapa de sumario o de investigación, proceso que se encuentra en actual tramitación, bajo las normas de sistema del proceso penal inquisitivo, bajo los principios formativos de un procedimiento de carácter secreto, inquisitivo, unilateral y escrito, siendo resorte de la Ministra en Visita, que tiene a cargo la sustanciación de la causa, dada las facultades exclusivas y excluyentes para llevar adelante la investigación, procesar y dictar condena, sin que pueda en caso alguno intervenir alguna autoridad administrativa. Hacerlo iría en contra de lo dispuesto en el Articulo 78 del Código de Procedimiento Penal, norma de quórum calificado, la cual dispone textualmente lo siguiente: "Las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley. ( .... ) La infracción a lo anterior será sancionada conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 189".

e) Agrega que el acceso a dicha información iría "en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales", dado que, la finalidad de la reserva tiene que ver con la eficacia de las diligencias de investigación, por tratarse de una causa en la que el INDH ha interpuesto una querella por desaparición forzada de personas, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos, surgiendo para el Estado, la obligación de investigar, perseguir y condenar a los responsables, por lo cual la eficacia de la investigación resulta en armonía con los estándares de una debida investigación desde la arista de los derechos de la víctima.

f) En el Acta, de fecha 3 de octubre de 2018, de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión del denominado Caso Harex, correspondiente a la desaparición del joven Ricardo Harex González, acaecida en 2001 en la ciudad de Punta Arenas, consta expresamente la intervención del abogado del INDH Sr. Pablo Rivera, en que informa a los Honorables Diputados de la Comisión de qué se trata, señalando claramente la circunstancia de encontrarse afecta al secreto sumario la causa seguida en la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, específicamente relata: "la interposición de una querella, con fecha 30 de mayo del presente año, que fue declarada admisible por la ministra en visita y que actualmente sigue en tramitación, como indiqué, con secreto del sumario". Dicho funcionario reiteró esta circunstancia, a la comisión investigativa, al señalar posteriormente: "Por lo tanto, la investigación sigue vigente, sigue en estado de sumario, y aún se están recabando antecedentes, producto de las diligencias solicitadas por los diversos querellantes, siendo las más activas la última querella del padre de Ricardo Harex y la del INDH".

g) Además, para asegurar la reserva de los antecedentes, una vez entregada copia de la querella y demás antecedentes en la Sesión señalada, el INDH solicitó a la Comisión Investigativa de la Cámara de Diputados, declarar la reserva de los antecedentes que se entregaron. Hace presente que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara el Presidente de la Comisión tiene la facultad de declarar la confidencialidad de cierta información, y eso es lo que habría hecho respecto de los antecedentes entregados, atendido que estaba pendiente la investigación, considerando que la norma de secreto de sumario prima sobre el Reglamento de la Cámara de Diputados.

h) Hace presente lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que prescribe: "Los organismos de la Administración del Estado y las entidades en que el Estado participe o tenga representación en virtud de una ley que lo autoriza, que no formen parte de su Administración y no desarrollen actividades empresariales, deberán proporcionar los informes y antecedentes específicas que les sean solicitados por las comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala, o de comisión (...) dichos informes y antecedentes serán proporcionados por el servicio, organismo o entidad por medio del Ministro del que dependa o mediante el cual se encuentre vinculado con el Gobierno, manteniéndose los respectivos documentos en reserva o secreto".

i) Por otra parte, las Comisiones Especiales Investigadoras de la Cámara de Diputados tienen facultades expresas para recibir información secreta o reservada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 54 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso, que dispone: "Asimismo, dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la Comisión. Si aquéllos se refieren a asuntos que conforme a una ley de quórum calificado tengan el carácter de secretos o reservados, o a los asuntos referidos en el inciso tercero del artículo 90 A de la presente ley, sólo podrán ser proporcionados en sesión secreta por el Ministro de cuya cartera dependa o se relacione el organismo requerido o por el representante legal de la empresa en que labora la persona que deba entregarlos. Los antecedentes proporcionados deberán mantenerse en reserva o secreto".

j) La norma se sustenta en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República que dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

k) La información que el INDH entregó a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, se entiende comprendida dentro la categoría "asuntos que conforme a una ley de quórum calificado tengan el carácter de secretos o reservados", pues el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que establece el secreto de las actuaciones del sumario, es una norma de norma de quórum calificado. En consecuencia, el lNDH sólo podía entregar esa información a la Comisión Especial Investigadora, bajo la regla del artículo 54 inciso 7° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Así, la entrega de información a la Comisión, no transgrede el secreto del sumario, ya que se realizó dentro de dicho marco legal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación parcial de los antecedentes requeridos, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la hipótesis de secreto o reserva alegada por el órgano, esto es, la establecida en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Al efecto, este Consejo ha exigido que, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva alegada.

3) Que, la información denegada corresponde, específicamente, a copia de la querella presentada por el INDH y copia de solicitudes de diligencias investigativas específicas requeridas por el órgano reclamado en el procedimiento penal en curso, que se tramita ante la Ministra en Visita Extraordinaria de la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, doña Marta Jimena Pinto Salazar, en causa Rol N° 33.383-C. Lo anterior, en el contexto del denominado "Caso Harex".

4) Que, a modo de contexto, se debe indicar que el año 2018, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de 73 parlamentarios, para crear una Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión del denominado "caso Harex", correspondiente a la desaparición del joven de 17 años, Ricardo Harex González, acaecida el 19 de octubre de 2001, en Punta Arenas, en circunstancias que hasta la fecha no se han podido aclarar (Oficio N° 14.034, de 21 de junio de 2018). A su turno, según consta en el Acta de la Sesión 5ª, ordinaria, de 3 de octubre de 2018, la referida Comisión Investigadora, en cumplimiento de su mandato, recibió la versión de parte del INDH, organismo que se hizo parte en el proceso judicial que investiga la desaparición de la persona ya indicada. Cabe hacer presente que a dicha sesión concurrieron, en representación del INDH, el Coordinador Nacional de Litigios y la abogada encargada de seguimiento legislativo, con el objeto de informar a la Comisión sobre la intervención de la entidad en la investigación en curso, la querella presentada y -en general- las líneas de investigación que estudia el INDH. En efecto, en dicha oportunidad, se dejó copia ante la Comisión, y como antecedente de la misma, del Oficio N° 47, dirigido a la Sra. Ministra en Visita de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas (que fue entregado al solicitante de información); y, de la querella presentada por el INDH y de las solicitudes de diligencias investigativas (estos últimos, antecedentes que fueren denegados al reclamante).

5) Que, establecido lo anterior, resulta útil al presente análisis indicar que la Ley N° 20.405, de 2009, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, establece que dicha entidad "tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional" (artículo 2°). En su artículo 3°, agrega, que le corresponderá especialmente al Instituto: "N° 5.- Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. En ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución en el ámbito de su competencia" (énfasis agregado).

6) Que, del análisis de los antecedentes presentados, y particularmente, las alegaciones del INDH en esta sede, es dable concluir que los documentos reservados por parte de la entidad, -tanto la querella como la solicitud de diligencias investigativas precisas al Tribunal que lleva la causa- se vinculan directamente con las competencias específicas que le asigna la Ley sobre estas materias al INDH, especialmente, la persecución de la responsabilidad penal que pudieren tener agentes del Estado respecto de estos hechos, catalogados por ese órgano como desaparición forzada de personas. En efecto, el Instituto, en su calidad de querellante en el proceso, está solicitando diligencias para coadyuvar en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, por lo que los antecedentes requeridos deben contener -a lo menos- la teoría del caso presentada por la Institución; las líneas de investigación que persigue la entidad; la individualización de diligencias de investigación precisas (por ejemplo: solicitudes de nuevas tomas de declaración a determinados testigos; solicitud de diligencias concretas a las policías; solicitud de oficios a diversos organismos públicos con el fin de aportar nuevos antecedentes); entre otros.

7) Que, en razón de lo expuesto, dada la naturaleza de los documentos requeridos y, analizados los antecedentes denegados en su conjunto, y atendido que la causa criminal Rol N° 33.383-C, que lleva la Ministra en Visita Extraordinaria de la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se encuentra vigente y con secreto de sumario (por lo que resulta aplicable la regla de secreto consagrada en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal), esta Corporación concluye que la publicidad de los antecedentes requeridos -en este estado del proceso- afectará el cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, particularmente en lo referido a la protección de los derechos humanos de las personas, cuestión que específicamente el INDH está cumpliendo mediante la presentación de la querella por desaparición forzada en la causa criminal ya individualizada, así como su intervención activa en el proceso, mediante la solicitud de diligencias concretas que tienen por objeto esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad de agentes del Estado respecto de los mismos. Asimismo, atendido el rol de coadyuvante en la investigación en curso, se afectará el cumplimiento de sus funciones, en desmedro del éxito de la investigación vigente y en curso de un crimen o simple delito. Por último, y a mayor abundamiento, este Consejo observa que, la revelación de dichos antecedentes, podría además -eventualmente- inhibir a los familiares o terceros de aportar nuevos antecedentes al INDH, que pudieren tener por objeto colaborar en el esclarecimiento de los hechos, cuestión que también tiene el suficiente potencial de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

8) Que, por lo anteriormente razonado, a juicio de esta Corporación se configura en la especie la causal genérica de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y además, aquella del artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, de 26 de noviembre de 2018, en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, y a la Sra. Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.