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Javiera Valdés Martínez con CORPORACIONES MUNICIPALES Rol: C3057-19

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, ordenando la entrega de los números de cuentas bancarias que maneja y todo otro dato necesario para realizar pagos. Lo anterior, por constituir información pública, desestimándose la causal de reserva invocada, al no acreditar el órgano reclamado cómo la entrega de lo requerido afectaría el debido cumplimiento sus funciones.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3057-19

Entidad pública: Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal

Requirente: Javiera Valdés Martínez

Ingreso Consejo: 26.04.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, ordenando la entrega de los números de cuentas bancarias que maneja y todo otro dato necesario para realizar pagos.

Lo anterior, por constituir información pública, desestimándose la causal de reserva invocada, al no acreditar el órgano reclamado cómo la entrega de lo requerido afectaría el debido cumplimiento sus funciones.

Aplica criterio contenido en la decisión Rol C618-14, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3057-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de marzo de 2019, doña Javiera Valdés Martínez solicitó a la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal -en adelante la Corporación- la siguiente información: "los números de cuenta bancarias que maneja la corporación y todo otro dato necesario para realizar pagos, estos datos no se encuentran disponibles en la página de la corporación".

2) RESPUESTA: El 4 de abril de 2019, la Corporación otorgó respuesta, rechazando la entrega de la información, alegando la causal de reserva del artículo 21, número 1, letra a), de la Ley de Transparencia, toda vez que, al ser una persona jurídica de derecho privado, no tiene la obligación de informar en su página web los números de cuentas bancarias de la Corporación, y que si eso se hiciera "afectaría el debido cumplimiento de las funciones de esta entidad, por cuanto es un antecedente relevante y necesario para una defensa jurídica ante la posibilidad de ser objeto de un embargo de los fondos de dichas cuentas corrientes, por eventuales demandas deducidas por acreedores".

3) AMPARO: El 26 de abril de 2019, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano, fundado en la falta de entrega de lo pedido.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, mediante Oficio N° E8712, de 1 de julio de 2019, requiriéndole: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada.

El órgano reclamado, por medio de presentación de 24 de julio de 2019, realizó descargos, reiterando su negativa a entregar la información, señalando, en resumen que:

a) Las corporaciones municipales son órganos creados para el cumplimiento de la función administrativa, pero no forman parte de la administración del estado, por lo que no tienen la obligación de publicar ni entregar información consistente en los números de cuentas bancarias, ya que dicha información no es de carácter público.

b) Se configura la causal de reserva del artículo 21, número 1, letra a), de la Ley de Transparencia, toda vez que la divulgación de la información afecta el normal desarrollo de la finalidad principal de la entidad, cual es administrar y operar los servicios de educación y salud traspasados, por el riesgo de ser objeto de embargo de fondos por parte de los acreedores, afectándose el derecho de propiedad. Agrega, que la información constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, en los distintos juicios en los que la Corporación tiene la calidad de parte demandada. Señala que la causal de encuentra debidamente fundada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, según se desprende de lo expuesto en el número 4 de lo expositivo, el objeto del presente amparo se circunscribe a los siguientes aspectos: a) la entrega a la solicitante de la información consistente en los números de cuentas bancarias que maneja la Corporación; y b) la configuración de la causal de reserva de la letra a), número 1, del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en relación con la información específica que ha sido solicitada al órgano, esto es, los números de sus cuentas bancarias, se debe tener presente que este Consejo ya se ha pronunciado sobre la divulgación de información idéntica a la requerida por la solicitante, concluyendo que el control social sobre la utilización de los recursos públicos justifica la divulgación de información que permita establecer el uso, destino y ejecución del presupuesto que proviene de fondos públicos. De la revisión del acta de constitución de la Corporación, se observa que su patrimonio está compuesto, en un primer ítem, por los fondos que reciba del Estado, de las Municipalidades o de otras entidades públicas o privadas, de lo que se desprende la existencia del mencionado interés público en el uso de dichos recursos. Debiendo rechazarle las alegaciones efectuadas por el órgano respecto a este punto.

3) Que, en relación con el segundo de los aspectos sobre los que versa el presente amparo, a saber, la configuración de la causal de reserva de la letra a), número 1, del artículo 21 de la Ley de Transparencia, el órgano lo sustenta en el hecho de que la entrega de los números de las cuentas bancarias de las cuales la Corporación es titular, afecta el normal desarrollo de la finalidad principal de la entidad, ya que la expone a eventuales embargos de fondos en el marco de procedimientos judiciales, lo que afecta su derecho de propiedad y convierte a la información en un antecedente necesario para su defensa jurídica y judicial.

4) Que, en relación con la configuración de la causal de reserva invocada, y para desestimar los presupuestos que el órgano manifiesta para su justificación, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que dicha causal debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.

5) Que, conforme ha resuelto reiterada y sistemáticamente este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C39-09, siendo la reserva de derecho estricto, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida, corresponde al órgano respectivo acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada. En la especie, lo requerido es el número de las cuentas corrientes bancarias que mantiene la Corporación para el cumplimiento de sus funciones, por lo que no se trata de estrategias jurídicas, minutas o medios de prueba u otros antecedentes necesarios para defensas jurídicas o judiciales. Si bien la reclamada hizo referencia a la existencia de juicios pendientes, la eventual afectación de su patrimonio provendría, en todo caso, del resultado de los litigios señalados y no de la publicidad de la información de que se trata. En ese contexto, la Corporación vincula el conocimiento de los números de cuentas corrientes bancarias con eventuales medidas precautorias que podrían decretarse en su contra afectando sus bienes, sin embargo, lo cierto es que tales medidas son decretadas por los tribunales de justicia en procedimientos judiciales, por lo que, la Corporación se encuentra sujeta al cumplimiento de dichas medidas, no pudiendo ocultar sus bienes del derecho de garantía general, mediante la reserva del número de identificación de las cuentas corrientes bancarias que mantiene para el cumplimiento de sus funciones. En el mismo sentido se resolvió en el amparo Rol C618-14, ordenando a la Municipalidad de Buin, la entrega de los números de sus cuentas corrientes bancarias.

6) Que, atendida la evidente falta de configuración de los requisitos detallados en los considerandos anteriores, este Consejo acogerá el amparo, ordenando se informe a la solicitante los números de cuenta bancarias que maneja la corporación y todo otro dato necesario para realizar pagos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Javiera Valdés Martínez en contra de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sra. Alcaldesa y presidenta de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal que:

a) Entregue a la solicitante los números de cuenta bancarias que maneja la Corporación y todo otro dato necesario para realizar pagos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal y a la requirente doña Javiera Valdés Martínez.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.