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Germán Vásquez Ortega con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2009-19 / C2010-19

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se rechazan los amparos deducidos en contra de Carabineros de Chile, respecto de la información relativa a la cantidad de funcionarios de Carabineros que han sido jubilados por alguno de los trastornos que indica, entre el 1 de enero del 2013 y el 1 de enero del 2018, y que han sido jubilados por invalidez de segunda clase, entre el 1 de enero del 2000 y el 1 de enero de 2018, con el desglose que requiere. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios de la institución reclamada, y por no advertirse un interés público prevalente que justifique la recopilación y sistematización de la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROL C2009-19 y C2010-19

Entidad pública: Carabineros de Chile.

Requirente: Germán Vásquez Ortega.

Ingreso Consejo: 11.03.2019

RESUMEN

Se rechazan los amparos deducidos en contra de Carabineros de Chile, respecto de la información relativa a la cantidad de funcionarios de Carabineros que han sido jubilados por alguno de los trastornos que indica, entre el 1 de enero del 2013 y el 1 de enero del 2018, y que han sido jubilados por invalidez de segunda clase, entre el 1 de enero del 2000 y el 1 de enero de 2018, con el desglose que requiere.

Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios de la institución reclamada, y por no advertirse un interés público prevalente que justifique la recopilación y sistematización de la información requerida.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información, roles C2009-19 y C2010-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 7 de febrero de 2019 don Germán Vásquez Ortega solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información:

a) Solicitud que dio origen al amparo rol C2009-19: "Solicito se me informe cuántos funcionarios de Carabineros han sido jubilados con alguno de los siguientes diagnósticos: trastorno de personalidad, depresión, trastorno adaptativo o depresión. Dicha información a contar desde el 01 de enero del 2000 al 01 de enero del 2018. Favor hacerlo llegar en planilla Excel indicando fecha, diagnóstico, si está activo o en retiro y a quién le correspondió impetrar jubilación por invalidez".

b) Solicitud que dio origen al amparo rol C2010-19: "cantidad de ex funcionarios de Carabineros jubilados por invalidez de segunda clase, a contar del 01 de enero del 2000 al 01 de enero del 2018. Dicha información en planilla Excel indicando fecha, enfermedad y cantidad".

2) RESPUESTAS: Con relación a la solicitud que dio origen al amparo rol C2009-19, el 7 de marzo de 2019, mediante Oficio RSIP N° 45012, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis, que "la Comisión Médica Central solo mantiene información estadística desde el año 2013 a la fecha", adjuntando una tabla que contiene el número total de jubilaciones por año, desde 2013 a 2018.

Acto seguida, indicó que "Respecto a lo consultado, esto es ‘si está activo o en retiro y a quién le correspondió impetrar jubilación por invalidez’, el Departamento de Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de Datos Personales (P.7), indicó que no posee información respecto a los diagnósticos de trastorno de personalidad, depresión, trastorno adaptativo o depresión de personas que fueron dadas de baja de la institución por trastornos a la salud mental (...) cabe destacar que la ley N° 20.285 permite acceder a información que, al momento de la solicitud, se encuentre en el órgano de la administración requerido y contenida en algún soporte, sin importar cuál sea éste. En cualquier caso, la citada Ley no obliga a los órganos de la Administración del Estado a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible".

Con relación a la solicitud que dio origen al amparo rol C2010-19, mediante Oficio RSIP N° 45011, de igual fecha, Carabineros de Chile señaló en síntesis, que "se adjunta información por año y cantidad de funcionarios con declaración de invalidez de 2da clase, en el período indicado en su presentación. Respecto de la fecha y diagnóstico requeridos, se informa que dentro de los registros institucionales, no se cuenta con una estadística que contenga estos datos, no siendo posible entregar lo indicado, en los términos requeridos (...) En cualquier caso, la citada Ley no obliga a los Órganos de la Administración del Estado a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible dentro de los registros institucionales".

3) AMPAROS: El 11 de marzo de 2019, don Germán Vásquez Ortega dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundados en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Con relación al amparo rol C2009-19, alegó que "señalan cantidad pero no entregan separados por las enfermedades solicitadas". Asimismo, respecto de la solicitud que dio origen al amparo rol C2010-19, reclamó que "la tienen pero no quieren entregarla. Es más, en la respuesta a la solicitud (...) si me entregan los inválidos por enfermedades psiquiátricas".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E6281, de fecha 10 de mayo de 2019, y oficio N° E6368, de fecha 13 de mayo de 2019, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, notificando los reclamos y solicitando que presente sus descargos u observaciones.

Mediante Oficio N° 117, de fecha 24 de mayo de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo expuesto en su respuesta, agregó en síntesis, con relación al amparo rol C2009-19, que "Lo anterior, le da a la solicitud del recurrente el carácter de un requerimiento de carácter genérico, pues para su respuesta se debe revisar un alto número de documentos, carpetas de registros médicos personales, en forma manual, teniendo la Comisión Médica Central, a la fecha, un archivo con 39.769 casos clínicos; y cuya revisión requiere distraer el escaso personal de dotación de ese Estamento del cumplimiento regular de sus funciones habituales", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, detallando que "la revisión de 39.769 carpetas conteniendo fichas médicas, que por ley tienen el carácter de secretas, requiere un tratamiento reservado por parte de especialistas a fin de determinar si se está en presencia de una enfermedad de aquellas por las cuales consulta el señor Vásquez Ortega. Si una persona fuese capaz de revisar 20 carpetas diarias y se asignasen 10 funcionarios especialistas a tal tarea tardarían prácticamente 200 días laborales en obtener esta información".

Acto seguido, en el mismo oficio, con relación al amparo rol C2010-19, el órgano reiteró lo expuesto en su respuesta, denegando la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, detallando que "la revisión de 39.769 carpetas conteniendo fichas médicas, que por ley tienen el carácter de secretas, requiere un tratamiento reservado por parte de especialistas a fin de determinar si se está en presencia de una enfermedad de aquellas por las cuales consulta el señor Vásquez Ortega. Si una persona fuese capaz de revisar 20 carpetas diarias y se asignasen 10 funcionarios especialistas a tal tarea tardarían prácticamente 200 días laborales en obtener esta información".

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 1243, de fecha 2 de julio de 2019, solicitó a Carabineros de Chile, como medida para mejor resolver el presente amparo, señalar el funcionamiento del registro de fichas médicas y de la Comisión Médica, remitir copia de un expediente y señalar el número de funcionarios jubilados por invalidez de segunda clase, entre los años 2000 y 2018.

Mediante Oficio N° 167, de fecha 9 de julio de 2019, el órgano dio respuesta a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, acompañando copia de documento electrónico N° 98612645 con el informe de la Dirección de Salud sobre el funcionamiento del sistema de registro de fichas médicas, acompañando planilla Excel con el número de funcionarios por invalidez de segunda clase en los años requeridos, y adjuntando copia de 2 expedientes anonimizados sobre retiro y pensión por invalidez.

En el documento electrónico aludido, el órgano señaló la manera en que se tramita cada solicitud o requerimiento, los antecedentes que reúne tanto administrativos como médicos, su resolución, la cantidad de expedientes que tiene actualmente -más de 41.000-, la forma en que se mantiene la documentación, entre otros datos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C2009-19 y C2010-19 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información de similar contenido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los amparos se fundan en que la información entregada por parte de Carabineros de Chile, no corresponde a la solicitada por el reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la cantidad de funcionarios de Carabineros que han sido jubilados por alguno de los diagnósticos o trastornos que indica, en el período que señala; y a la cantidad de funcionarios de Carabineros que han sido jubilados por invalidez de segunda clase, en el período que detalla. Al respecto, en su respuesta, el órgano señaló que solo existe información estadística a partir del año 2013, y no se encuentra con el detalle de diagnósticos consultados; y que no cuenta con la información relativa a la fecha y diagnóstico requeridos respecto de la invalidez de segunda clase. En virtud de lo anterior, el solicitante limita sus amparos sólo respecto de aquella información que se entregó, pero sin el detalle o desglose requerido.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, con ocasión de sus descargos, el órgano señaló que la entrega de la información con el desglose solicitado, distraería a los funcionarios de sus labores habituales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

8) Que, en el presente caso, si bien el órgano reclamado señala que para la entrega de la información solicitada, con el desglose requerido, debe revisar más de 39.000 carpetas, lo que implicaría distraer a 10 funcionarios durante aproximadamente 200 días para recabar la documentación necesaria, cabe tener presente lo indicado en sus respuestas al solicitante, y a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, y de la documentación tenida a la vista, en el sentido de que la información consultada relativa a los funcionarios jubilados por trastornos de personalidad, depresión o trastorno adaptativo, corresponde solamente a 544 casos, y la información relativa a los funcionarios jubilados por invalidez de segunda clase corresponde a poco más de 1000 casos, lo que implica la revisión de más de 1.500 carpetas para poder dar respuesta a las materias consultadas.

9) Que, precisado lo anterior, resulta plausible sostener que la revisión de cada una de las más de 1.500 carpetas correspondientes a los funcionarios jubilados, con la finalidad de extraer la información relativa al diagnóstico médico que justificó su jubilación, la fecha a partir de la cual se consideró la medida, si el funcionario está actualmente activo o en retiro, y a quién le correspondió impetrar la jubilación por invalidez, y posteriormente traspasar los datos para efectos de generar una planilla Excel, implica, efectivamente, una distracción indebida de los funcionarios de la institución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo dichos servidores abandonar sus labores habituales, para dedicarse, exclusivamente, a la recopilación de información particular, como la requerida en la especie.

10) Que, asimismo, cabe además señalar que este Consejo no advierte un interés público prevalente que justifique la revelación de la referida información, con el desglose requerido, que permita soslayar la reserva que el legislador le otorga.

11) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, habiéndose configurado la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar los amparos deducidos por el reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos deducidos por don Germán Vásquez Ortega en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Germán Vásquez Ortega, y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.