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Valentín Vera Fuentes con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C1392-19

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenándose la entrega de copia de la prueba técnica de los concursos que se indican, con su pauta de corrección; copia del informe psicológico del solicitante y de los test psicológicos aplicados a éste; y, copia de la prueba de analista de control de recaudación, con su pauta de solución. Lo anterior, por cuanto en el caso de las pruebas técnicas y sus pautas, más los test psicológicos aplicados, no se acreditó suficientemente la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano; y, en el caso del informe psicológico del reclamante, aquel constituye información relativa a datos personales del mismo solicitante. HAY VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Disidente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Disidente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1392-19

Entidad pública: Tesorería General de la República.

Requirente: Valentín Vera Fuentes.

Ingreso Consejo: 14.02.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenándose la entrega de copia de la prueba técnica de los concursos que se indican, con su pauta de corrección; copia del informe psicológico del solicitante y de los test psicológicos aplicados a éste; y, copia de la prueba de analista de control de recaudación, con su pauta de solución.

Lo anterior, por cuanto en el caso de las pruebas técnicas y sus pautas, más los test psicológicos aplicados, no se acreditó suficientemente la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano; y, en el caso del informe psicológico del reclamante, aquel constituye información relativa a datos personales del mismo solicitante.

Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que el amparo debió rechazarse respecto del informe psicolaboral del solicitante, toda vez que el acceso a aquel (incluso del propio solicitante) conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y por tratarse de un instrumento que contiene la apreciación de un experto.

Asimismo, existe voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien fue partidario de rechazar el amparo respecto de las pruebas técnicas y sus pautas, por cuanto estima que respecto de la información pedida concurre la causal de reserva de afectación del debido funcionamiento del órgano.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1392-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de enero de 2019, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Tesorería General de la República, la siguiente información: "Postulé a Administrativo de cobranzas y Analista de Cartera, ambos de la Tesorería, donde aprobé la prueba técnica en un 1er lugar con 84% y 2do lugar con 24 puntos respectivamente en sendos concursos, pero según correos remitidos al suscrito no tengo el perfil buscado el cual fue hecho en 20 minutos por la psicóloga de la empresa Mando Medio, quien se limitó a preguntar dos referencias de últimos trabajos, mostrarme test de 3 manchas y preguntarme de estudios, donde he respondido lo que siempre he respondido, para determinar que no sirvo para el concurso en mención.

Consecuente con lo anterior, quiero pedir":

a) Copia de la prueba técnica de ambos concursos, con su pauta de corrección;

b) Copia del informe psicológico y de los test aplicados al suscrito;

c) Copia de la prueba de Analista de Control de Recaudación, con su pauta de solución.

2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 264 de 8 de febrero de 2019, el órgano en síntesis refirió lo siguiente:

a) En relación a la entrega de las pruebas técnicas y pautas de corrección de los tres concursos en análisis, se alega la causal de reserva prevista en el numeral 1° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por las razones que indica.

b) Por su parte, en lo que respecta a la copia del informe sicológico y de los test realizados, invoca la decisión de amparo Rol C1139-11.

3) AMPARO: El 14 de febrero de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante oficio N° E5841, de fecha 30 de abril de 2019, requiriéndole que al formular sus descargos se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que representa.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 805, de 15 de mayo de 2019, indicó que se deniega la entrega de la información solicitada, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, basada en síntesis, en lo siguiente:

a) La entrega de las pruebas y las pautas de corrección, posiciona al requirente con ventaja respecto de los demás postulantes en el evento que postule nuevamente a un concurso -ha participado en 16 procesos de selección-, de similares características.

b) La divulgación de los antecedentes afectaría la acreditación de la calidad de conocimientos requeridos en los diversos procesos de selección, como asimismo, se generarían altos costos en la confección de nuevas pruebas técnicas para cada concurso, con la dificultad de verse enfrentado a un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas. Por tal razón, la publicidad de los formatos de pruebas ya aplicados, permitiría a los futuros postulantes memorizar las preguntas y sus respectivas respuestas, impidiendo determinar el efectivo nivel de conocimiento que poseen respecto a las materias evaluadas.

c) Las pruebas no se aplican sólo en un único proceso de selección, sino en variados de ellos, toda vez que existe la necesidad de cubrir un número considerable de vacantes para un mismo cargo.

d) Traducido en tiempo estimativo para ello, se tarda aproximadamente una semana por prueba, en cuanto el referente técnico cuenta con disponibilidad para la preparación del documento.

e) A modo de cuantificar los gastos monetarios que implican efectuar una nueva evaluación, se indica lo siguiente:

i. Exigiría un total de cinco horas, lo cual en términos monetarios, significa que el costo de trabajo sería de $90.000 por instrumento, al considerar que los profesionales que ejecutan el trabajo se posicionan en un grado 8 en la EUS del Servicio de Tesorerías.

Se debe considerar el tiempo que los Analistas de la Unidad disponen, de este modo, si se calcula media jornada laboral de estos, se obtiene un promedio de $60.000 de gasto, por instrumento, al considerar que ellos poseen un grado 14 en la EUS del Servicio del Tesorerías.

ii. Se debe evaluar también el gasto que implica la fase de evaluación psicolaboral, ya que la unidad de concursos y selección, externaliza esta fase contratando consultoras que provean servicios de evaluación que permitan concretar entrevistas con los postulantes. Cada evaluación tiene un costo para la unidad de 3 UF.

iii. En el supuesto de que el requirente avance a la evaluación psicolaboral, él deberá ser evaluado constantemente en todos los procesos por la consultora, utilizando 3 UF continuamente que podrían ser aprovechadas por nuevos candidatos con competencias conductuales que se ajustan en mayor medida a los cargos provistos.

De esta manera, la entrega de la información requerida, tiene un costo aproximado de $233.000, por cada prueba técnica a confeccionar.

f) Finalmente, respecto a la entrega de los test psicolaborales a los que fue sometido y de los test realizados, invoca la decisión de amparo Rol C1139-11.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las pruebas técnicas con sus respectivas pautas de corrección, más el informe psicológico y de los test aplicados al requirente, todo de acuerdo a lo anotado en el numeral 1°, de lo expositivo. Al respecto, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia.

2) Que, en lo que concierne a las pruebas técnicas y sus respectivas pautas de corrección, este Consejo ha fijado como criterios de interpretación para resolver amparos en materias similares a la discutida en estos antecedentes, en cuanto podrían afectar el debido cumplimiento de las funciones de un órgano de la Administración del Estado, los siguientes: a) Necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente y de manera habitual el instrumento de medición o evaluación; b) Costos en términos de tiempo adicional utilizado para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación; c) Costos presupuestarios o económicos no previstos por la institución en el marco de su ejecución presupuestaria; d) Imposibilidad de cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos; e) Posibilidad concreta de alteración del porcentaje de aprobación de futuros procesos por conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas; f) Impedir acreditar la suficiencia de los conocimientos de los evaluados en los procesos respectivos y g) Existencia de un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas.

3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" (énfasis agregado); así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución (Considerando 8°).

4) Que, en un primer orden de cosas, en lo concerniente a los costos alegados por el órgano, los cuales se encontrarían asociados a la confección de nuevas pruebas, el servicio los calcula sobre la base del trabajo de sus funcionarios y sus respectivos grados jerárquicos -en sus descargos, el órgano se refiere a "costo de trabajo"-, lo cual no es admisible en tanto aquellos deben realizar dicha tarea en cumplimiento de sus propias funciones como empleados públicos, recibiendo como contraprestación por los servicios prestados sus respectivas remuneraciones mensuales. En otras palabras, el gasto informado por el órgano no corresponde a un costo real en que debería incurrir, sino a un monto teórico o hipotético representativo del trabajo de sus funcionarios, tomando como base de cálculo el grado de la escala de cada uno de ellos, que sólo le sirve para graficar económicamente lo que se debería realizar, pero que en la práctica, no se traduce en un desembolso de recursos como los señalados, por cuanto los respectivos funcionarios que participarían en la elaboración de nuevos test o pruebas, sólo recibirían sus remuneraciones correspondientes, independiente de las tareas que en concreto lleven a cabo. No se acreditó por otra parte, otra clase de gastos que los antes mencionados respecto a este punto.

5) Que, en cuanto a la alegación del organismo, en orden a que la entrega de lo pedido puede situar al recurrente en una posición de ventaja, dicha argumentación únicamente se basa en situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el debido funcionamiento del órgano, pero sin manifestar fundamento o justificación alguna, de manera concreta, suficiente e indubitada, que permita tener por configurada, efectivamente, la concurrencia de la causal de reserva alegada, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En tal sentido, es dable sostener que el debido cumplimiento de las funciones del órgano implica mantener vigente y actualizado, el marco de preguntas a realizar en sus respectivas evaluaciones de acreditación de cumplimiento de competencias y/o conocimientos técnicos que sean pertinentes al respectivo cargo.

6) Que, lo anterior, no se ve alterado por la circunstancia que el requirente de información haya postulado a distintos concursos ante el organismo, pues aquello constituye una alegación que no se aviene con el principio de la no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben entregar a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. En consecuencia, la motivación del solicitante para requerir la información o las expectativas de que aquél participe o no en futuros procesos de selección no pueden servir de argumentos para ponderar la publicidad o reserva de una determinada información. En razón de lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte.

7) Que, en lo que concierne al informe psicológico solicitado, este Consejo, por mayoría de sus miembros, a partir de la decisión de amparo C1594-15, ratificado posteriormente en las decisiones de amparo roles C3218-15, C105-16, C2646-17, y C2554-18, entre otras, ha razonado que "las pericias psicolaborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Luego, los datos contenidos en dicho informe son datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. (...) En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), del citado cuerpo legal, la información contenida en el informe psicológico queda comprendida dentro de la expresión "datos sensibles" toda vez que se refiere "características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (...) los estados de salud físicos o psíquicos (...)" según dispone el precepto aludido. Igualmente, debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa de la persona evaluada, quien al develar aspectos de la vida íntima permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta a favor de la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar la idoneidad del postulante en relación al cargo concursado" (énfasis agregado). A mayor abundamiento, se debe hacer presente que esta Corporación ha ordenado la entrega de este tipo de informes a su titular en las decisiones de amparos roles C2808-17 y C2809-17.

8) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal orden de ideas, la divulgación de informes psicolaborales procede sólo en aquellos casos en que el peticionario sea el titular de los mismos, pues en dicho caso la solicitud de acceso constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, o, en aquéllos casos en que el tercero titular de los datos haya consentido expresamente en su entrega. Se debe dejar establecido que, en este caso concreto, el reclamante es titular de dichos datos, atendido que el informe de idoneidad psicológica fue practicado respecto de su propia persona. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte.

9) Que, finalmente, en lo que atañe a la entrega de los test psicológicos aplicados al reclamante, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, indicando que cada evaluación tiene un costo económico, lo cual no es óbice para acceder a lo pedido en tanto constituye un servicio adquirido con recursos públicos. A su turno, no se advierte una afectación al entregar copia de los referidos test, por cuanto el órgano no ha acreditado en forma pormenorizada, cómo puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En este sentido, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. En efecto, el órgano indicó un costo económico, sin embargo, siempre se debe incurrir en aquellos gastos si se externalizan estos servicios en cada concurso; además, se debe tener en consideración que dichos test son generalmente conocidos y de común aplicación, tales como Test de Rorschach, Test de Luscher o del Test de Zulliger, entre otros, razón por lo cual no se advierte perjuicio en su publicidad. Por otra parte, conviene tener presente que, siguiendo lo razonado en la decisión C5159-18, la expresión "obre en poder de los órganos" del inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que el órgano mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición. En tal orden de ideas, tratándose el test solicitado de documentos adquiridos por el órgano con fondos públicos, corresponde a información pública, que se encuentra bajo su órbita de control, pudiendo ser fácilmente requerida al tercero que la detenta; específicamente, en lo que a los productos adquiridos se refiere, esto es, los test psicológicos aplicados al requirente. Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes en contra de la Tesorería General de la República, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, que:

a) Entregue al solicitante copia de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes y a la Sra. Tesorera General de la República.

VOTO DISIDENTE:

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 7° y 8° precedentes, estimando que el amparo debe rechazarse respecto del examen psicolaboral requerido en la letra b), del numeral 1°, de lo expositivo, por las siguientes razones:

1) Que, un informe psicolaboral es la evaluación que un psicólogo realiza respecto de las características y habilidades de una persona que le permiten proyectar su idoneidad para desempeñar un determinado trabajo o cargo. Si bien esta evaluación se basa en información que la propia persona entrevistada revela y que puede versar sobre aspectos de su vida íntima, las valoraciones que realiza el psicólogo y la conclusión a la que arriba no son datos personales del entrevistado sino una opinión subjetiva de aquél, sobre la habilidad o competencia que éste tendría para desenvolverse con éxito en ciertas tareas y circunstancias. En efecto, más allá de los parámetros objetivos que pueden haber arrojado los test aplicados, las entrevistas personales y la evaluación final tienen un componente subjetivo en correlato con la experiencia del entrevistador. En consecuencia, la información contenida en el informe psicológico no es de aquellas "que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como ( ... ) los estados de salud físicos o psíquicos (...)", que según el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configuran los datos personales sensibles, pues en ellos no se trata de evaluar el estado de salud psíquico de una persona, sino su idoneidad laboral a través de un juicio de un profesional experto.

2) Que, dicho lo anterior, respecto de los informes psicolaborales cuyo acceso se solicita, es aplicable el criterio desarrollado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1556-12, C419-14 y C1977-14, conforme a los cuales se ha resuelto reservar tal información tanto para la persona a la que se refiere como para terceros que la han solicitado. En efecto, todo aquello que el profesional informante predica en su informe psicolaboral respecto de la persona entrevistada, particularmente la evaluación psicológica y de atributos, y la conclusión, corresponden a opiniones emitidas sobre la base de atributos previamente definidos por un mandante que desea reclutar personal que posea ciertas habilidades. Estas opiniones constituyen un juicio de expertos, esencialmente subjetivos y, por ende, difícilmente objetivables, cuya difusión podrá generar cuestionamientos al sistema de selección que expresen la insatisfacción de quienes no han sido seleccionados y que serían difíciles de zanjar. Por otra parte, ante la eventual difusión de su informe, el profesional podría inhibirse de expresar opiniones claras y asertivas, que redundaría en un deterioro de la utilidad esperada de esta herramienta como mecanismo eficaz para reclutar personal.

3) Que, en consecuencia, el acceso a los informes psicolaborales de los participantes en un concurso público, conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y, en consecuencia, procedía rechazar el presente amparo por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

VOTO DISIDENTE:

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien no comparte lo razonado en los considerandos 4° a 6° precedentes, estimando que el amparo debe rechazarse, respecto de las pruebas técnicas requeridas en las letras a) y c), del numeral 1°, de lo expositivo, por las siguientes razones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que respecto de la información objeto del amparo se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que entregar la información solicitada afecta el debido funcionamiento del órgano reclamado.

2) Que, entregar la información pedida desvirtuaría los instrumentos de evaluación, implicaría construir permanentemente formatos diversos para medir los conocimientos de los postulantes y generaría costos no previstos para elaborar nuevos instrumentos, todo lo cual podría impedir o dificultar el cumplimiento de los objetivos de las evaluaciones concursales.

3) Que, a juicio de este disidente, el órgano reclamado explicó las razones por las que acceder a la entrega de la información pedida atenta contra la construcción del instrumento de evaluación, precisando que su difusión indiscriminada podría ocasionar perjuicios en futuros concursos para el mismo cargo, afectando la debida realización de los servicios. Por tal razón, la divulgación de la información solicitada, impediría al órgano reclamado determinar el efectivo nivel de conocimiento que poseen los postulantes respecto de las materias evaluadas, además de incurrir en mayores gastos para elaborar nuevos instrumentos de medición, lo que justifica la causal de reserva invocada.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.