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Javier Morales con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C1313-19 / C1360-19

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se acoge el presente amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriéndose la entrega del listado con nombres y apellidos de todos los internos que se encuentren cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, tanto en el penal Punta Peuco como en Colina 1 o en cualquier otro recinto penal, incluyendo aquellos que se encuentren hospitalizados. Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1313-19 y C1360-19

Entidad pública: Gendarmería de Chile.

Requirente: Javier Morales.

Ingreso Consejo: 12.02.2019 y 13.02.2019.

RESUMEN

Se acoge el presente amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriéndose la entrega del listado con nombres y apellidos de todos los internos que se encuentren cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, tanto en el penal Punta Peuco como en Colina 1 o en cualquier otro recinto penal, incluyendo aquellos que se encuentren hospitalizados.

Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento.

En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11, C1214-14, C3932-18, C4065-18 y C4086-18, respecto de información similar.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C1313-19 y C1360-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de diciembre de 2018, don Javier Morales, solicitó a Gendarmería de Chile, la siguiente información: "Listado con nombres y apellidos de todos los internos que se encuentren cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, tanto en el penal punta peuco como en colina 1 o en cualquier otro recinto penal, incluyendo aquellos que se encuentren hospitalizados".

2) RESPUESTA: Por medio de carta N° 520, de 12 de enero de 2019, el órgano señaló en resumen, lo siguiente:

a) De los 204 internos, se opusieron 198. Por lo tanto, se entregó el nombre de 6 personas.

b) Se alegaron las causales del artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia. En el primer caso, por provocarse un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada; y, respecto de la segunda causal, se le vinculó con los artículos 2°, 7°, 10, de la ley N° 19.628.

3) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Mediante sus respectivas declaraciones, 198 internos consultados, no aceptaron otorgar acceso a la información pedida, alegando en términos generales que se trataba de antecedentes de carácter personal, además de no conocer al solicitante ni los motivos de la solicitud.

4) AMPARO: El 12 y 13 de febrero de 2019, el solicitante dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E4733, de fecha 10 de abril de 2019, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; (4°) aclare el nombre del interno que no se pronunció respecto de la información solicitada; (5°) proporcione el nombre de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia íntegra de la nómina requerida, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia el Consejo Directivo, mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 649, de 8 de mayo de 2019, indicó en síntesis, lo siguiente:

a) Lo solicitado se denegó respecto de los 198 internos, por cuanto aquellos se opusieron a su entrega. Además, se configura la causal del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia a lo establecido en la ley N° 19.628.

b) Que, respecto a la causal establecida en el artículo 21 N° 2, si bien es cierto, deber ser alegada por el titular, Gendarmería estima que al entregar información respecto a la divulgación de la identidad de los internos, afectaría no solo a la vida privada y seguridad de ellos y de su familia, sino también su reinserción social.

c) Que, por su parte la causal de reserva o secreto consagrada el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia debe ser concordada a lo dispuesto en el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, siendo el Registro Civil el competente sobre dicho registro. Por su parte el artículo 6° del mismo cuerpo normativo señala: "Fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro (...)". De esta forma el artículo 6 de dicho decreto ley le entrega el carácter de secreto a dicho registro, autorizando el conocimiento de su contenido a Instituciones relacionadas, las cuales no por estar facultadas a conocer pueden divulgar dicho registro.

d) Que, respecto a la nómina, uno de los internos informados falleció, mientras que otros cumplieron la pena por la cual fueron informadas, incluso algunos de estos últimos pasando de calidad de condenado (por pena cumplida) a imputado por otras causas llevadas en su contra.

e) Que, respecto a los internos mencionados en el párrafo anterior, cuyas penas se encuentran cumplidas, es dable aplicar lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 19.628. Por su parte en relación al interno fallecido, refiere que no procede informar su nombre, citando lo resuelto por este Consejo amparo C2045-15.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, por medio de oficios N° 931 a 1127, todos de 24 de mayo de 2019.

Al respecto, los internos que evacuaron traslado, alegaron en síntesis, lo siguiente:

a) Se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, y que, al tratarse de datos personales, se afectan sus vidas privadas, honra y seguridad personal y familiar, agregando que se impide la reinserción del condenado. Para efecto de lo anterior, se invocan, entre otros, los artículos 2°, 7° y 10 de la ley N° 19.628, y artículos 19 N° 1°, 2°, y 4°, de la Constitución Política de la República.

b) Uno de los terceros, además de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, alegó que se encontraba desde octubre de 2018 cumpliendo su condena en libertad condicional, viviendo actualmente con su familia. En tal sentido, indicó que dada su situación, no se le debería incluir dentro de la solicitud de información atendido que aquella dice relación con condenados que se encuentren cumpliendo su sanción en penales u hospitales, mientras que él reside en su domicilio familiar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a que entre los amparos roles C1313-19 y C1360-19 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que el presente amparo tiene por objeto la entrega del listado con nombres y apellidos de todos los internos que se encuentren cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, tanto en el penal Punta Peuco como en Colina 1 o en cualquier otro recinto penal, incluyendo aquellos que se encuentren hospitalizados.

3) Que, al efecto, se debe comenzar señalando que la información solicitada es de naturaleza pública. En efecto, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 25 de marzo de 2019, en causa rol 605-2018, confirmando la decisión de este Consejo en orden a entregar la nómina actualizada de los internos del penal de Punta Peuco y de los reos condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en el penal Colina 1, incluyendo aquellos hospitalizados -amparo rol 4065-18-, razonó que: "El artículo 8° de la Constitución Política prescribe que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", consagrando de este modo -a nivel fundamental- los principios de transparencia de la función pública y de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. A su vez, el artículo 19 N° 7, letra d) del mismo texto fundamental señala expresamente que: "Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de la autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público" (...)" -considerando tercero-. Luego, inmediatamente la referida Corte, estableció que lo pedido: "(...) constan en un registro que debe existir en cada centro penitenciario. Consecuentemente, no resulta aplicable el régimen general de protección dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los datos relativos a condenas penales". En línea con lo anterior, la misma Corte, en sentencia de 25 de abril de 2019, en causal rol 604-2018, confirmando la decisión de este Consejo, en orden a entregar la nómina de internos por delitos contra los Derechos Humanos -amparo rol 3932-18-, consignó en su considerando décimo, que: "resulta evidente que el nombre, apellido y número de cédula de identidad de todo condenado consta en un registro público, sin perjuicio de que tales antecedentes también aparecen indicados en la sentencia judicial que les sanciona, la que asimismo es pública, de conformidad a lo previsto en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales".

4) Que, en razón de lo anterior, atendido el carácter público de lo pedido, resulta necesario analizar las causales de reserva alegadas en este caso, siendo la primera de ellas la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiendo señalar desde ya, que la afectación que se describe en esta norma no resulta aplicable en la especie, por cuanto los riesgos de perjuicio que se alegan en este caso constituyen únicamente eventuales daños remotos, cuyo curso causal no ha sido demostrado de manera alguna. Al respecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre.

5) Que, atendido que no se ha acreditado una afectación en los términos precisados anteriormente, en todo caso, debe desestimarse, por cuanto teniendo presente que lo pedido consta en un registro público y en sentencias judiciales -que por su naturaleza son públicas- el legislador en la ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, realizó una ponderación ex ante sobre la publicidad de las penas, considerándose que no existe perjuicio en publicar datos como los pedidos, en la medida que las condenas no se encuentren cumplidas o prescritas. En tal sentido, el artículo 21 inciso 1°, de la referida ley de datos personales, preceptúa que: "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". De ahí que, en sentido contrario, se concluye que los órganos como Gendarmería de Chile, que someten a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, podrán comunicarlos mientras no se encuentre cumplida o prescrita la pena; y, de acuerdo al tenor literal de la solicitud de información objeto de este amparo, lo pedido consiste precisamente en los nombres de los que: "(...) se encuentren cumpliendo condena (...). Luego, de haber ponderado el legislador una afectación con la comunicación de penas o condenas no cumplidas, lo habría establecido así en forma expresa, situación que no ocurre, restringiendo la prohibición únicamente a información referente a penas ya cumplidas. Lo anterior ya fue consignado por este Consejo en la decisión C4086-18, señalando que: "(...) debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras estas aún no se cumplen". Por todo lo anterior, la causal analizada en esta parte será desestimada.

6) Que, en otro orden de ideas, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, que es mantenido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Centra su fundamento en que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de dicho decreto, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el referido registro, con excepción de determinados órganos públicos que detalla.

7) Que, a juicio de este Consejo, en cuanto al referido decreto ley, éste no resulta aplicable en el presente caso, por cuanto en primer lugar, dicho registro lo mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras que Gendarmería de Chile realiza su propio tratamiento de datos personales respecto de personas condenadas, contando con su propio registro de acuerdo a lo establecido en la Carta Fundamental, en su artículo 19 N° 7, transcrito en el considerando 3°, precedente. En dicho contexto, en el amparo rol C4086-18, este Consejo habiéndole consultado a Gendarmería la forma en que da cumplimiento al mencionado precepto constitucional, informó que: "cumple con llevar un registro de toda persona que ingresa a un establecimiento penal, procedido de orden de autoridad competente, lo cual se ejecuta por medio de un sistema informático". Así, su sistema informático nacional en línea dispone, entre otros, de un módulo específico denominado "Recepción de Ingresados" en el cual se registran la fecha y hora de ingreso, nombres y apellidos, entre otros antecedentes. De este modo, al tratarse de dos registros diferentes, la prohibición que se menciona en el referido decreto ley, resulta aplicable naturalmente al responsable de dicho registro, esto es, al Servicio de Registro Civil e Identificación. En este caso, se debe tener presente, se requiere información que no se ha extraído de dicho registro, sino de antecedentes que obran en poder de Gendarmería de Chile, producto de un registro propio, distinto al regulado por el decreto ley en comento.

8) Que, en línea con lo anterior, además de tratarse de dos registros diferentes, mantenidos por dos órgano distintos, el carácter secreto del primero se encuentra contenido en un decreto ley, mientras que el carácter público del registro que lleva Gendarmería -en donde consta la información pedida en este amparo-, fue establecido por la propia Constitución Política de la República, norma de indudable superior jerarquía que el primero. Para ilustrar lo anterior, útil resulta reiterar lo prescrito por el artículo 19 N° 7 de la Carta Fundamental ya citado en el considerando 3°, que al efecto dispone que: "Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público".

9) Que, en otro orden de ideas, sobre el decreto ley en análisis, y su relación con el numeral 5°, del artículo 21 de la Ley de Transparencia, y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, aun cuando lo pedido se hubiera recolectado del registro que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación -cosa que no sucede en la especie-, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 6° del decreto ley N° 645, de 1925, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). Así, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional.

10) Que, en la especie el órgano reclamado sólo ha realizado alegaciones generales sobre la materia, y no ha acreditado de qué modo concreto y específico la entrega de lo pedido pueda afectar los bienes jurídicos cautelados por el referido artículo 8°, inciso 2°, máxime si se considera que información similar a la requerida se ha entregado a la ciudadanía por parte de Gendarmería de Chile, en reiteradas ocasiones, como en los amparos roles C1415-11, C1214-14, C3932-18, C4065-18 y C4086-18. Por lo tanto, se desestimará la causal de reserva en comento.

11) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo, acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, esto es, el "Listado con nombres y apellidos de todos los internos que se encuentren cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, tanto en el penal punta peuco como en colina 1 o en cualquier otro recinto penal, incluyendo aquellos que se encuentren hospitalizados".

12) Que, con todo, a fin de dar cumplimiento de lo anterior, el órgano reclamado deberá tener presente las siguientes cuestiones. La primera de ellas dice relación con que según lo informado por Gendarmería de Chile sus descargos señaló que uno de los internos había fallecido, razón por la cual no resultaría, según indica, procedente su comunicación. Al respecto, se debe indicar que la solicitud de información dice relación con el nombre de los internos que a la fecha del requerimiento, esto es, al 29 de diciembre de 2018, se encontraban cumpliendo condena. De aquello se desprende que si a esa fecha uno de los internos ya había fallecido, su nombre no debe informarse puesto que lógicamente aquel no se encontraba cumpliendo condena. Sin embargo, si el interno respectivo falleció en una fecha posterior a la solicitud de información su nombre debe ser informado, puesto que la presente decisión de amparo se debe situar en el contexto existente a la fecha de la solicitud de información, instancia en la cual dicha persona aún se encontraba con vida. Por otra parte, como segundo punto, el mismo razonamiento cabe aplicar respecto de las personas que a la fecha del requerimiento ya habían cumplido sus penas. En efecto, no debe comunicarse la identidad de aquellos que al 29 de diciembre de 2018, ya habían cumplido condena; y, desde luego, si alguno de ellos cumplió su condena posteriormente a la fecha del requerimiento, su nombre debe informarse por la misma razón expuesta precedentemente respecto de los internos fallecidos. Finalmente, cabe consignar que del tenor literal de la solicitud de información, se desprende que lo solicitado son los nombres de internos que estén cumpliendo condenas en recintos penales, debiéndose descartar en consecuencia, aquellos que a la fecha de la solicitud de información se encontraban cumpliendo su pena en libertad condicional.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos interpuestos por don Javier Morales en contra de Gendarmería de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, que:

a) Entregue al solicitante la información consistente en el listado con nombres y apellidos de todos los internos que se encuentren cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, tanto en el penal Punta Peuco como en Colina 1 o en cualquier otro recinto penal, incluyendo aquellos que se encuentren hospitalizados, según lo señalado en el considerando 12 del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, a don Javier Morales y a los terceros interesados en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.