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Alejandro Echeverría Jerez con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C1043-19

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Coquimbo, ordenando la entrega de información relativa al monto y antecedentes relevantes que le permitieron calificar para el subsidio habitacional, respecto de la persona que consulta, debiendo reservar las fotocopias de las cédulas de identidad tanto del solicitante como de su cónyuge, así como también habrá de tarjar aquellos datos personales de contexto, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio respectivo, como la fecha de nacimiento. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado las alegaciones del tercero, toda vez que se limitó a enunciar los derechos que podrían resultar afectados con la publicidad de la documentación solicitada, pero sin señalar detallada y fehacientemente de qué forma la entrega de dichos antecedentes podría generar el daño o afectación invocadas. Hay voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien también fue partidario de acoger el amparo de acceso a la información, por cuanto se ha verificado que en el expediente requerido no existen otros datos personales o datos sensibles que se deban reservar.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1043-19

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo.

Requirente: Alejandro Echeverría Jerez.

Ingreso Consejo: 01.02.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Coquimbo, ordenando la entrega de información relativa al monto y antecedentes relevantes que le permitieron calificar para el subsidio habitacional, respecto de la persona que consulta, debiendo reservar las fotocopias de las cédulas de identidad tanto del solicitante como de su cónyuge, así como también habrá de tarjar aquellos datos personales de contexto, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio respectivo, como la fecha de nacimiento.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado las alegaciones del tercero, toda vez que se limitó a enunciar los derechos que podrían resultar afectados con la publicidad de la documentación solicitada, pero sin señalar detallada y fehacientemente de qué forma la entrega de dichos antecedentes podría generar el daño o afectación invocadas.

Aplica criterio contenido en la decisión del amparo rol C446-09, C367-17 y C2438-18, en atención que los antecedentes acompañados por los postulantes que han sido beneficiados, constituyen parte de los fundamentos de la decisión que contiene el acto administrativo del SERVIU en orden al otorgamiento y pago del subsidio respectivo, incluida la transferencia de fondos públicos asociados a estos.

Hay voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien también fue partidario de acoger el amparo de acceso a la información, por cuanto se ha verificado que en el expediente requerido no existen otros datos personales o datos sensibles que se deban reservar.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C1043-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de enero de 2019, don Alejandro Echeverría Jerez solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SERVIU, la siguiente información: "Solicito en formato pdf a mi correo la siguiente información respecto de don (...): Si ha sido beneficiario o no de recursos por concepto de subsidio habitacional, en la afirmativa indicar monto; de haber sido beneficiario adjuntar o indicar información relevante que le permitió calificar para dicho subsidio, especialmente declaraciones del referido señor".

2) RESPUESTA: El 31 de enero de 2019, mediante correo electrónico, el SERVIU otorgó respuesta a la solicitud de acceso, señalando en síntesis, que "este Servicio se abstiene por mandato de la ley a otorgar la información solicitada, de acuerdo a lo estipulado en el art. 21 N°2 de la ley 20.285. Es importante tener en consideración que este caso fue sometido a consulta a tercero sobre derechos afectados y dentro del plazo que estipula la ley. El afectado se pronunció rechazando totalmente cualquier entrega de información respecto de su persona", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 1 de febrero de 2019, don Alejandro Echeverría Jerez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "la información solicitada guarda un interés prevalente, en efecto, los subsidios habitacionales son otorgados con recursos públicos y todos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos de vulnerabilidad necesarios para calificar, de haber entregado al señor (...) resultaría a lo menos extraño en su calidad de funcionario público con una renta alta, en tal sentido la oposición no es una justificación por si sola sino que debe haber un interés superior a la transparencia en juego que permita a la luz de las excusas taxativas y acotadas de la ley negar tal información (...)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E4314, de fecha 2 de abril de 2019, confirió traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio Ord. N° 2057, de fecha 23 de abril de 2019, el Servicio evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "este Servicio, por un error involuntario no señaló que dentro de la información requerida por el solicitante había, por un lado, información pública, y por otro, información con datos sensibles y personales. En relación al punto 1 de la solicitud, la información es pública y debió haberse señalado que se encuentra a disposición de todo el público a través de la página web del Servicio y de la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

Acto seguido, indicó que "En cambio, en relación con la segunda parte del requerimiento, efectivamente correspondía aplicar lo dispuesto en el artículo 20 inciso penúltimo de la Ley 20.285, notificando al tercero. Lo anterior, por cuanto los documentos que sirven de base para la obtención de un subsidio habitacional, si bien, en esencia son públicos, contienen información que puede afectar al tercero por su carácter de sensible, tales como composición del grupo familiar, caracterización socioeconómica del postulante y de su grupo familiar, datos bancarios, etc., y en ese sentido el tercero notificado (...) se opuso totalmente a la entrega de la información".

Asimismo, informó que "En ese sentido, erróneamente se rechazó la totalidad del requerimiento cuando correspondía haber entregado parcialmente la información, aplicándose para ello el ‘principio de divisibilidad a la solicitud’ y tarjar de manera previa a la entrega, los datos personales de contexto (...) y no entregar conforme a la oposición del tercero, los datos que sirvieron de base para el otorgamiento del subsidio habitacional que fueran considerados por el tercero como sensibles o perjudiciales para sus derechos", adjuntando la documentación relativa a la tramitación del procedimiento, y la información correspondiente al subsidio aludido.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E6494, de fecha 15 de mayo de 2019, confirió traslado y notificó al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2019, el tercero manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando en síntesis, que "vengo en solicitar respetuosamente al Honorable Consejo para la Transparencia, se sirva desestimar por improcedente el recurso de amparo deducido por el jurista señor Echeverría Jerez, por cuanto ha sido deducido fuera de plazo. No argumentó, ni fundamentó la finalidad de su requerimiento".

Acto seguido, indica que "La información que requiere el mismo reconoce ya la tiene, por lo que es improcedente y me opongo terminantemente a acceder a la entrega de documentación complementaria. El entregarle a este señor la información, lo único que acarrearía es dañar mi seguridad personal y más aún mi salud (...) (...) pretende además en forma injustificada e ilegal, adentrarse en la esfera de mi vida privada lo que afectaría, además, mis derechos de carácter comercial y económico", agregando las circunstancias laborales y judiciales vinculadas con su actual situación personal, reiterando los argumentos expuestos ante el órgano.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 1247, de fecha 3 de julio de 2019, solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, como medida para mejor resolver el presente amparo, remitir copia íntegra del expediente para la postulación al subsidio habitacional de la persona aludida en la solicitud.

Mediante Ord. N° 4100, de fecha 24 de julio de 2019, el órgano otorgó respuesta a la medida decretada por este Consejo, remitiendo copia de todos los antecedentes de postulación al subsidio habitacional requerido, señalando que "el contexto de esta postulación se enmarca en el programa Fondo Solidario de Vivienda regulado en ese entonces, por el Decreto Supremo 174 del año 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la modalidad de postulación colectiva en zona rural. Por lo tanto, los documentos acompañados son los que a esa fecha y en conformidad al decreto y modalidad ya señalada, solicitaba el Serviu para postular".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo del presente amparo, cabe tener presente la alegación del tercero en el sentido de que el reclamo ha sido interpuesto fuera de plazo. Al respecto, el inciso 3° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, dispone que "La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contados desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de información". En la especie, la respuesta que denegó la entrega de la información solicitada fue notificada con fecha 31 de enero de 2019, y el amparo fue interpuesto el 1 de febrero de 2019, esto es, estando vigente el plazo de 15 días consagrado en la norma transcrita. En consecuencia, habiéndose interpuesto el presente amparo, dentro del plazo legal, se desestimará dicha alegación por improcedente.

2) Que, del mismo modo, respecto de la alegación del tercero relativa a que no se argumentó ni se fundamentó la finalidad del requerimiento de información, o que la información ya la tiene el requirente, vale tener en consideración el Principio de la no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, en virtud del cual "los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". En dicho contexto, las alegaciones del tercero resultan del todo infundadas, motivo por el cual, igualmente serán desestimadas.

3) Que, con relación al fondo del reclamo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a que se le informe si la persona que indica ha sido beneficiario o no de recursos por concepto de subsidio habitacional, y en la afirmativa, indicar monto, y adjuntar o indicar información relevante que le permitió calificar para dicho subsidio, especialmente declaraciones del beneficiario. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de la información, por cuanto la persona requerida se opuso a la entrega de la documentación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en cuanto a la oposición del tercero a la entrega de su información, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

5) Que, asimismo, en virtud del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que, cuando la solicitud se refiera a antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros, la autoridad requerida deberá notificar a dichos terceros la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados y que "Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa. Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley".

6) Que, en la especie, si bien el tercero se opuso a la entrega de la documentación requerida, tanto ante el órgano reclamado como ante este Consejo, cabe tener presente que se limitó a enunciar los derechos que podrían resultar afectados con la publicidad de la documentación solicitada, y otras circunstancias que escapan al ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, pero sin señalar detallada y fehacientemente de qué forma la entrega de dichos antecedentes podría generar el daño o afectación alegadas, de conformidad al tenor del artículo mencionado en el considerando precedente. En dicho contexto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C367-17, vale tener en consideración que los antecedentes acompañados por los postulantes que han sido beneficiados, constituyen parte de los fundamentos de la decisión que contiene el acto administrativo del SERVIU en orden al otorgamiento y pago del subsidio respectivo, incluida la transferencia de fondos públicos asociados a estos. En efecto, tales antecedentes dan cuenta del cumplimiento de las exigencias legales o reglamentarias establecidas en las distintas etapas asociadas al procedimiento de otorgamiento de un subsidio por parte del órgano.

7) Que, en dicho contexto, el artículo 5 del Decreto Supremo 174, del año 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dispone que "Cada postulante deberá acreditar un ahorro mínimo de 10 unidades de fomento, el cual deberá ser enterado hasta el día anterior al del ingreso del proyecto al Banco. Si el proyecto contempla recursos del Fondo de Iniciativas, cada postulante deberá acreditar en la misma oportunidad, un ahorro adicional de 0,5 Unidad de Fomento", detallando los instrumentos para acreditar el ahorro, como Cuenta de Ahorro a Plazo para la Vivienda en Bancos o Instituciones Financieras, Cuenta de ahorro con fines habitacionales mantenida en algún Servicio de Bienestar Social, o una Cuenta de ahorro a plazo para la vivienda mantenida en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, entre otros. En virtud de lo anterior, el monto del ahorro previo es uno de los requisitos esenciales para la postulación al subsidio, y posterior asignación. Por su parte, el artículo 6 del mismo decreto, establece que "No podrán acceder a este subsidio las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1. Si el postulante, su cónyuge o conviviente, u otro miembro del núcleo familiar identificado en la Ficha CAS o en

el instrumento que la reemplace con la cual postula, se encuentra postulando a éste o a otro programa habitacional; 3. Si el postulante o su cónyuge fuesen propietarios o asignatarios de una vivienda o de una infraestructura sanitaria (...)", motivo por el cual la información relativa al cónyuge del postulante beneficiado también resulta esencial para la obtención del beneficio aludido.

8) Que, a su vez, los actos administrativos que conceden subsidios como el del presente amparo, son públicos, por cuanto se trata de actos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades. En tal sentido, si dichos actos son públicos, de igual manera lo son los expedientes en que éstos se contienen, por cuanto cada una de sus piezas constituyen en conjunto, el cuerpo documental en virtud del cual se dictó la resolución respectiva, y que le sirvieron de fundamento. Es justamente por ello, que la Constitución Política de la República, en su artículo 8°, inciso 2°, dispuso que no solo son públicos los actos y resoluciones, sino también, "sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Conforme a ello, la información en cuestión debe estimarse pública al tenor de lo prescrito en nuestra Carta Fundamental.

9) Que, asimismo, este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C446-09, en su considerando 12°, ha resuelto que "el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". En efecto, al verificar la información contenida en la página web del órgano reclamado, en el link http://rukan.minvu.cl/sipvi/cartolas/cartolas.htm, es posible corroborar que el tercero aludido en la solicitud, ha sido beneficiario de un subsidio otorgado por el Estado durante el año 2010.

10) Que, en virtud de la información entregada por el órgano en su respuesta a la medida para mejor resolver decretada por esta Corporación, consignada en el número 6) de la parte expositiva, y habiendo tenido a la vista el expediente de postulación al subsidio otorgado a la persona aludida en la solicitud de información, resulta plausible sostener que dicho expediente contiene los antecedentes necesarios para la obtención del beneficio requerido, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo citado precedentemente, tales como copia de formulario de incorporación de la familia; certificado de registro de la Ficha de Protección Social, carta compromiso plan de habilitación social; mandato para solicitar información al Banco; fotocopia de libreta de ahorro para la vivienda; impresión de pantalla de sistema RUKAN con la identificación del postulante, proyecto, diagnóstico, datos de la ficha de protección social, de la vivienda y el ahorro; y comprobante del Registro Nacional de Beneficiarios.

11) Que, en tal sentido, este Consejo ha señalado reiteradamente que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie, no ha ocurrido. Por lo tanto, se desestimarán las alegaciones manifestadas por el tercero.

12) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano y que ha servido de fundamento para la asignación de un subsidio o un beneficio, y habiéndose desestimado las alegaciones del tercero, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información requerida, no obstante lo cual, en la especie, el Servicio, previamente, deberá reservar las fotocopias de las cédulas de identidad tanto del solicitante como de su cónyuge, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra g), y 10 de la ley N° 19.628. Del mismo modo, habrá de tarjar aquellos datos personales de contexto, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio respectivo, como la fecha de nacimiento, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Alejandro Echeverría Jerez, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo lo siguiente:

a) Entregar al reclamante información relativa al monto y antecedentes relevantes que le permitieron calificar para el subsidio habitacional, respecto de la persona que consulta, no obstante lo cual, deberá reservar de manera previa a su entrega, las fotocopias de las cédulas de identidad tanto del solicitante como de su cónyuge, así como también habrá de tarjar aquellos datos personales de contexto, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio respectivo, como la fecha de nacimiento.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Echeverría Jerez, al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, y a la persona aludida en la solicitud de información, en su calidad de tercero.

VOTO CONCURRENTE.

La presente decisión es acordada con el voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien, sin perjuicio de concurrir en acoger el presente amparo respecto de la entrega de la información solicitada, estima que, además de los argumentos expuestos, también procede acoger el amparo por los siguientes fundamentos:

1) Que, a partir de la revisión del expediente aludido, es posible colegir que dicha carpeta no contiene más datos personales que los indicados, así como tampoco contiene datos sensibles que deban ser reservados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, letra h), de la ley N° 19.628, el cual establece que son "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual".

2) Que, en consecuencia, habiéndose verificado que en el expediente requerido no existen antecedentes relativos a circunstancias de la intimidad o vida privada del beneficiario o de su cónyuge, ni documentos vinculados con el origen racial, opinión política, creencias religiosas, o que se refiera a los estados de salud del mismo, o de su familia, este Consejero concurre en el acuerdo y acoge el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.