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Matías Rojas Medina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C953-19

Consejo para la Transparencia, 29/08/2019

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega de información sobre diversos informes y anexos relativos al proceso judicial que indica, emitidos por las unidades que detalla, por cuanto no se ha acreditado la inexistencia de dicha información, ni se han alegado causales de reserva que ponderar, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C953-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 29.01.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega de información sobre diversos informes y anexos relativos al proceso judicial que indica, emitidos por las unidades que detalla, por cuanto no se ha acreditado la inexistencia de dicha información, ni se han alegado causales de reserva que ponderar, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C953-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de diciembre de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, la siguiente información:

a) "Copia digital de todos los informes policiales, diligencias, toma de declaraciones, peritajes y anexos de los mismos informes, emitidos por la Brigada de Investigación Criminal de Coyhaique, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile y otras unidades de la misma institución, en relación con las causas roles 17.311 y 17.710 del Segundo Juzgado del Crimen de Coyhaique, acumuladas, por el delito de incendio de los tribunales de Coyhaique, en la Región de Aysén, instruidas en el año 2002;

b) En específico, los informes N°212 del 11 de septiembre de 2002 de la Bicrim Coyhaique, N°216 del 13 de septiembre de 2002 de la Bicrim Coyhaique, N°224 del 25 de septiembre de la Bicrim Coyhaique, y otros emitidos por esa unidad y anexos;

c) Además de los informes policiales de la BH Metropolitana en comisión en Coyhaique, suscritos por los funcionarios Juan Sarmiento Luarte, Sergio Muñoz Yáñez y/u otros, N° 1962/00837 del 25 de septiembre de 2003, N° 2310/00837 del 20 de noviembre de 2003, N° 946/00837 del 17 de mayo de 2004, N° 1333/00837 del 6 de julio de 2004 y N° 1919/00837 del 24 de septiembre de 2004, y otros emitidos por la misma unidad y anexos;

d) Además de cualquier otro informe, con sus respectivos anexos, que hubiere sido emitido por unidades de la Policía de Investigaciones de Chile, de inteligencia policial u otras, en el cumplimiento de órdenes judiciales por la citada causa judicial, con sus respectivos anexos".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 8 de enero de 2019, el órgano notificó la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante carta de 10 de enero de 2019, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que "consultada a la Unidad correspondiente, nos señala que revisada la sala de archivos y cotejados con los datos que usted proporciona, éstos no coinciden con los informes, respecto a las fechas y al delito de incendio que usted señala en su requerimiento".

3) AMPARO: El 29 de enero de 2019, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "No acredita inexistencia de la información con certificado de búsqueda suscrito por algún funcionario responsable. El servicio además, refiere que solo una unidad fue consultada para la búsqueda de documentos, en circunstancias de que las diligencias de la causa judicial en comento implicaron la intervención de dos unidades detalladas en el requerimiento. Con todo, el suscrito estima que los datos entregados (delito de alta connotación pública, como fue la quema de tribunales de Coyhaique en las fechas referidas, y participación de los funcionarios en comento, cuyas comisiones de servicio deben estar inscritas en la hoja de vida) son suficientes para determinar el lugar en que se encuentran los informes. Cabe resaltar que el carácter público de éstos no está en duda, puesto que la causa judicial que se instruyó para aclarar los hechos se sobreseyó, no existiendo motivo para reservar los antecedentes".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, mediante Oficio N° E4105, de 31 de marzo de 2019, notificándole el reclamo y solicitándole que presentara sus descargos u observaciones.

No obstante lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, la solicitud se refiere a copia de diversos informes y anexos relativos al proceso judicial que indica, emitidos por las unidades que detalla. Al respecto, el órgano informó que revisada la sala de archivos y cotejados con los datos proporcionados, éstos no coinciden con los informes, respecto a las fechas y al delito señalados en el requerimiento.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, el órgano no ha señalado si la información existe o no, o si obra en su poder o no, limitándose únicamente a señalar que consultada una unidad -habiéndose consultado respecto de 2 unidades-, los datos no coinciden, sin detallar ni especificar la cantidad de antecedentes que no puede localizar, o cuáles de los informes solicitados no coincidirían con los almacenados, ni ninguna otra afirmación que permita tener claridad respecto de los documentos que el órgano podría entregar y cuáles no.

4) Que, cabe tener presente que los antecedentes requeridos están vinculados a un proceso judicial relacionado con el eventual delito de incendio de los tribunales de Coyhaique, y que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley".

5) Que, en consecuencia, tratándose de información respecto de la cual no se ha acreditado su inexistencia ni se han alegado causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

6) Que, finalmente, cabe tener presente que el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme se le solicitó en el oficio individualizado en el número 4) de la parte expositiva, situación que se le representará al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, en la parte resolutiva de la presente decisión, por constituir una falta a la debida colaboración con este Consejo que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Entregar al reclamante información de copia digital de todos los informes policiales, diligencias, toma de declaraciones, peritajes y anexos de los mismos informes, emitidos por la Brigada de Investigación Criminal de Coyhaique, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile y otras unidades de la misma institución, en relación con las causas roles 17.311 y 17.710 del Segundo Juzgado del Crimen de Coyhaique, acumuladas, por el delito de incendio de los tribunales de Coyhaique, en la Región de Aysén, instruidas en el año 2002; de los informes N°212 del 11 de septiembre de 2002 de la Bicrim Coyhaique, N°216 del 13 de septiembre de 2002 de la Bicrim Coyhaique, N°224 del 25 de septiembre de la Bicrim Coyhaique, y otros emitidos por esa unidad y anexos; de los informes policiales de la BH Metropolitana en comisión en Coyhaique, suscritos por los funcionarios Juan Sarmiento Luarte, Sergio Muñoz Yáñez y/u otros, N° 1962/00837 del 25 de septiembre de 2003, N° 2310/00837 del 20 de noviembre de 2003, N° 946/00837 del 17 de mayo de 2004, N° 1333/00837 del 6 de julio de 2004 y N° 1919/00837 del 24 de septiembre de 2004, y otros emitidos por la misma unidad y anexos; y de cualquier otro informe, con sus respectivos anexos, que hubiere sido emitido por unidades de la Policía de Investigaciones de Chile, de inteligencia policial u otras, en el cumplimiento de órdenes judiciales por la citada causa judicial, con sus respectivos anexos, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones la falta de colaboración en la tramitación de este amparo al no haber dado respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.