logo
 

Rafael Harvey Valdés con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C6485-18

Consejo para la Transparencia, 12/09/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando entregar copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile, respecto de la denuncia efectuada por el solicitante en el sistema de intranet Institucional, con fecha 31 de agosto de 2018, salvo lo referido al reporte de operación sospechosa propiamente tal remitido a la Unidad de Análisis Financiero. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no alegó alguna causal de reserva que ponderar sobre la materia ni acreditó su entrega al reclamante. A su vez, se rechaza el amparo en relación al reporte de operación sospechosa propiamente tal remitido por el órgano reclamado a la Unidad de Análisis Financiero, por estimar que dicho órgano es el que está en mejor posición para pronunciarse sobre el requerimiento en este punto, razón por la cual por facilitación este Consejo derivará en este punto la solicitud de información, a fin de que dicho órgano se pronuncie respecto sobre dicho materia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6485-18

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Rafael Harvey Valdés

Ingreso Consejo: 21.12.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando entregar copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile, respecto de la denuncia efectuada por el solicitante en el sistema de intranet Institucional, con fecha 31 de agosto de 2018, salvo lo referido al reporte de operación sospechosa propiamente tal remitido a la Unidad de Análisis Financiero.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no alegó alguna causal de reserva que ponderar sobre la materia ni acreditó su entrega al reclamante.

A su vez, se rechaza el amparo en relación al reporte de operación sospechosa propiamente tal remitido por el órgano reclamado a la Unidad de Análisis Financiero, por estimar que dicho órgano es el que está en mejor posición para pronunciarse sobre el requerimiento en este punto, razón por la cual por facilitación este Consejo derivará en este punto la solicitud de información, a fin de que dicho órgano se pronuncie respecto sobre dicho materia.

En sesión ordinaria N° 1031 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de septiembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6485-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 13 de noviembre de 2018, don Rafael Harvey Valdés solicitó al Ejército de Chile, la siguiente información:

a) Copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile, respecto de la denuncia efectuada por el Capitán Rafael Harvey Valdés en el sistema de intranet Institucional, mediante el sistema de Sugerencia de Fiscalización N° 279, de fecha 31 de agosto de 2018.

b) Copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile, respecto de la denuncia efectuada por el Capitán Rafael Harvey Valdés en el sistema de intranet Institucional, mediante el sistema de Reporte de Operación Sospechosa, también de fecha 31 de agosto de 2018.

2) RESPUESTA: El Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/10851, de fecha 20 de diciembre de 2018, señalando, en síntesis, que:

a) En relación a lo pedido en la letra a), en forma paralela a la sugerencia de fiscalización N° 279, se ejecutaron acciones tendientes a recabar antecedentes, tanto a nivel del CGP y COP. En ese orden de ideas, señala que la COTRAE solicitó al COP se informara sobre las medidas adoptadas en caso de ser efectivas sus afirmaciones, mediante los oficios COTRAE ASJUR (R) N° 6120/809/COP, de 21 de noviembre de 2018 y COTRAE ASJUR (R) N° 6120/844/COP, de 29 de noviembre de 2018, cuyas copias autenticadas se adjuntan. Asimismo se hace presente que el Comando de Personal ha instruido una investigación sumaria administrativa tendiente a establecer las responsabilidades administrativas correspondientes, respecto de los ascensos de personal inhabilitado legalmente para hacerlo.

b) En cuanto al reporte de operación sospechosa a que se refiere el literal b), señala que de conformidad a lo señalado en el artículo 6° de la ley 19.913, de 2003, que "Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos", se prohíbe -entre otros- a los servicios y órganos públicos en el inciso 20 del artículo 10 de la ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, entre los cuales se encuentran las Fuerzas Armadas, informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

3) AMPARO: El 21 de diciembre de 2018, don Rafael Harvey Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ejército de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa respecto de lo pedido en la letra b) de su requerimiento, en circunstancia que es el autor de la denuncia que origina la reclamación y solicita su estado actual.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante oficio N° E1803, de fecha 11 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano, referirse a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

El órgano reclamado, a través de oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/2358/CPLT, de fecha 26 de febrero de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que reitera expresado en su respuesta al solicitante, en orden a que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 19.913, se le prohíbe informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Agrega, que el artículo 7 de la citada norma legal contempla una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales para aquellos funcionarios que infrinjan dicha prohibición.

Finalmente, sostiene que en todo caso debió haber declarado improcedente dicho reclamo, dentro de su análisis de admisibilidad, por infundado, en conformidad a las causales legales ya señaladas consagradas en el citado artículo 24 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto a lo alegado por el Ejército de Chile, en el sentido de que este amparo adolece de un vicio de inadmisibilidad, cabe tener presente que el fundamento del reclamo es la denegación de información, en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.

2) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información pedida en la letra b) de la solicitud, relativa a copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile respecto de la denuncia efectuada por el Capitán Rafael Harvey Valdés en el sistema de intranet Institucional, mediante el sistema de Reporte de Operación Sospechosa, también de fecha 31 de agosto de 2018. Al efecto, el órgano reclamado sostuvo que de conformidad al artículo 6 de la ley 19.913, no puede informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

4) Que, a modo de contexto, la ley N° 19.913, de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, prescribe en su artículo 3, que "Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a continuación, estarán obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades: (...)". Agrega, el inciso 6 del citado artículo 3 que "Las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, estas entidades no estarán sujetas a las obligaciones contenidas en el inciso cuarto de este artículo y a lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, así como tampoco a las sanciones y al procedimiento establecido en el Título II de la presente ley", quedando por tanto obligado el órgano reclamado a informar sobre operaciones sospechosas a que se refiere la referida ley.

5) Que, por su parte, el artículo 6 de la ley N° 19.913, prescribe que "Prohíbese a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3°, incisos primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto." Agrega el inciso 2° de dicha norma legal que "Igual prohibición regirá para quienes sean requeridos en conformidad a la letra b) del artículo 2°, y para las personas que presten servicios a cualquier título a las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan tenido conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero." Finalmente el artículo 7 del citado cuerpo legal expresa que "La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales", agregando en su inciso 2° que "La misma pena se aplicará a quienes, estando obligados de conformidad a esta ley a proporcionar información a la Unidad, maliciosamente destruyan, alteren u oculten los antecedentes o documentos que deban entregar, o entreguen antecedentes o documentos falsos.

6) Que, en primer lugar, en cuanto al deber de reserva dispuesto en el artículo 6 de la ley N° 19.913 señalado precedentemente y que fue invocado por el órgano reclamado, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo Rol N° C147-09 en esta materia, en orden que el deber de reserva previsto en las leyes orgánicas de los órganos del Estado no se aviene con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, toda vez que se trata de la explicitación de un deber funcionario que debe ser observado por el personal del respectivo organismo, en este caso la Unidad de Análisis Financiero, de modo que se desestimará la alegación expuesta sobre el particular.

7) Que, ahora bien, en el presente caso la información pedida es copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile, relativo a la denuncia formulada por el solicitante con fecha 31 de agosto de 2018, antecedentes respecto de los cuales el órgano reclamado no ha invocado causal de reserva alguna que justifique denegar la información pedida. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de la información pedida pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los bienes jurídicos protegidos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, máxime si se considera que se trata de un antecedentes que deben obrar en poder del órgano reclamado y que eventualmente han servido de fundamento de los actos administrativos que pudieren haberse dictado con ocasión de la denuncia sobre la cual versa la información reclamada.

8) Que, con todo, respecto del reporte de operación sospechosa propiamente que el Ejército de Chile haya formulado de conformidad a la ley N° 19.913, y por tanto que comprenda la información reclamada, cabe tener presente que el artículo 13 de la citada ley prescribe que cuando "el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante". Luego, a juicio de este Consejo ha sido posible advertir que en este punto es la Unidad de Análisis Financiero el órgano público que se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud de acceso a la información respecto del reporte de operación sospechosa propiamente tal que comprendiera la información reclamada, razón por la cual en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia y en concordancia con el artículo 13 de la misma ley, excepcionalmente este Consejo derivará directamente a la Unidad de Análisis Financiero, el requerimiento de información en lo referido a su literal b), para que dicho órgano se pronuncie sobre ella. Por consiguiente, se rechazará el presente amparo en esta parte, lo que no significa en caso alguno un pronunciamiento sobre el fondo de lo reclamado en este punto.

9) Que, en consecuencia, no habiéndose alegado ni acreditado alguna causal de reserva que justifique denegar la información reclamada, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando entregar la información pedida en la letra b) de la solicitud formulada, salvo lo que dice relación con el reporte de operación sospechosa propiamente tal que haya formulada el órgano reclamado a la Unidad de Análisis Financiero de conformidad a la ley N° 19.913, cuya derivación se ordenó precedentemente, y tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rafael Harvey Valdés en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, que:

a) Entregue al reclamante, copia simple de la resolución, directriz, providencia escrita, documento, estado de situación, orden o cualquier decisión escrita por parte del Señor Contralor del Ejército de Chile, respecto de la denuncia efectuada por el Capitán Rafael Harvey Valdés en el sistema de intranet Institucional, mediante el sistema de Reporte de Operación Sospechosa, con fecha 31 de agosto de 2018, salvo lo referido al reporte de operación sospechosa propiamente tal que haya remitido a la Unidad de Análisis Financiero de conformidad a la ley N° 19.913, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.

a) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, derivar la solicitud de acceso de la parte recurrente, a la Unidad de Análisis Financiero, según lo resuelto en el considerando 8°, a fin de que dicho órgano se pronuncie sobre ella en lo referido al reporte de operación sospechosa propiamente tal que comprenda la información pedida en su punto dos, en los términos que exige la Ley.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rafael Harvey Valdés y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.