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Miguel Ángel Carrasco Arriagada con COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (COCHILCO) Rol: C192-19

Consejo para la Transparencia, 27/06/2019

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Comisión Chilena del Cobre, requiriendo entregar copia del "Informe Final Fiscalización acerca de la responsabilidad de la División El Teniente de CODELCO-CHILE en la aplicación de descuentos de seguros de cesantía realizados por el contratista Más Errázuriz Ltda. a su personal finiquitado DF/35/2018"; tarjando, previamente, los nombres de los trabajadores y personas naturales contenidos en éste, así como sus números de cédula nacional de identidad. Además, del finiquito y su liquidación, contenidos en el anexo del informe, pues no forma parte de los antecedentes que se requieren según lo señalado en el amparo por el reclamante. Lo anterior, en atención a que se desestimó que la divulgación de aquellos antecedentes afectaría los derechos económicos de las empresas involucradas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C192-19

Entidad pública: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)

Requirente: Miguel Ángel Carrasco Arriagada

Ingreso Consejo: 08.01.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Comisión Chilena del Cobre, requiriendo entregar copia del "Informe Final Fiscalización acerca de la responsabilidad de la División El Teniente de CODELCO-CHILE en la aplicación de descuentos de seguros de cesantía realizados por el contratista Más Errázuriz Ltda. a su personal finiquitado DF/35/2018"; tarjando, previamente, los nombres de los trabajadores y personas naturales contenidos en éste, así como sus números de cédula nacional de identidad. Además, del finiquito y su liquidación, contenidos en el anexo del informe, pues no forma parte de los antecedentes que se requieren según lo señalado en el amparo por el reclamante.

Lo anterior, en atención a que se desestimó que la divulgación de aquellos antecedentes afectaría los derechos económicos de las empresas involucradas.

En sesión ordinaria N° 1005 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C192-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de noviembre de 2018, don Miguel Ángel Carrasco Arriagada solicitó ante este Consejo, acceso al resultado de auditoría realizada por la Comisión Chilena del Cobre a la Comisión Nacional del Cobre de Chile - en adelante CODELCO-, División El Teniente, respecto de denuncia por descuento de seguro de cesantía a los trabajadores finiquitados por la empresa Más Errázuriz Ltda.

2) DERIVACIÓN: Este Consejo, por medio de oficio N° E10.137, de fecha 5 de diciembre de 2018, derivó la solicitud de acceso a la Comisión Chilena del Cobre - en adelante también COCHILCO-, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) TRASLADO A LOS TERCEROS INTERESADOS: La Comisión Chilena del Cobre, por medio de cartas N° 757 y N° 758, ambas de fecha 10 de diciembre de 2018, y, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a los terceros, la solicitud de acceso a la información del requirente.

Más Errázuriz Ltda., por medio de carta ME 011/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, se opone a la entrega de la información solicitada por considerar que tiene el carácter de privada, por lo que, está en principio excluida del conocimiento de terceros, porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares que el Estado está llamado a respetar y proteger. Así, estiman que la información privada, no pierde esa naturaleza por el sólo hecho de ser recibida por un órgano de la administración del Estado, de lo contrario se estaría contraviniendo la garantía dispuesta en el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República.

Por otro lado, alega que la información contenida en los finiquitos sobre los cuales se basó la auditoría contiene datos de carácter personal y sensibles de los trabajadores involucrados, en los términos dispuestos en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Razón por la cual, no procede su comunicación de acuerdo con la Ley de Transparencia, ya que dichos datos no pueden ser procesados sin el consentimiento expreso de su titular o de la ley, lo que no ha sido acreditado en este caso.

Finalmente, sostiene que lo pedido contiene información comercial de su propiedad, cuya divulgación afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial en los términos establecidos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, pues en el resultado de la auditoría requerida se revelan antecedentes contenidos en los finiquitos de los trabajadores desvinculados como, por ejemplo, remuneraciones, feriados, beneficios y otras contraprestaciones, lo que incide directamente en el valor de los servicios que ofertan a sus clientes, cuyo conocimiento podría ocasionarle perjuicios irremediables.

CODELCO, por medio de carta CJ-241/18, de fecha 14 de diciembre de 2018, se opone a la entrega de la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en atención a que los antecedentes contenidos en las auditorías realizadas, si bien han sido recopilados conforme las facultades de fiscalización propias de COCHILCO, constituyen el ejercicio mismo de su actividad empresarial, sujeta al derecho común y, en consecuencia, información de carácter privado.

De esta forma, sostiene que el informe cuya entrega se solicita corresponde a una revisión en detalle del ejercicio de su derecho de información a una de sus empresas contratistas sujeta a régimen de subcontratación, por lo que, contiene contratos de prestación de servicios, finiquitos de trabajadores, liquidación de remuneraciones y procedimientos internos que regulan el respectivo proceso de fiscalización, entre otros documentos. Dicha información no está disponible al público general ni menos en conocimiento de los competidores o proveedores de CODELCO, toda vez que refieren valores efectivos pagados por concepto de remuneraciones mensuales, bonos, indemnizaciones y otros similares en servicio de esta naturaleza, lo que constituye uno de los componentes centrales en la estructura de precios que ofertan las empresas en los respectivos procesos de contratación que realizan, particularmente, en aquellos intensivos en mano de obra. A su vez, atendido el carácter y finalidad de las fiscalizaciones que realiza COCHILCO, sus informes detallan también los riesgos operacionales, jurídicos y/o reputacionales del negocio, los que constituyen insumos esenciales para las decisiones estratégicas que permiten abordarlos, siendo en consecuencia información altamente sensible y estrictamente confidencial. Por cierto, en la medida que este tipo de información se mantiene en calidad de reservada, otorgan y sostienen la posición competitiva de la empresa, por lo que, adoptan a su respecto múltiples medidas de resguardo, ya sea de naturaleza tecnológica, física y/o contractual, con el objeto de preservar al carácter de secreto de la información propia del desarrollo de su actividad empresarial.

Finalmente, alega la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo segundo, inciso final del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1987, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 1.349, de 1976, que crea la Comisión Chilena del Cobre - en adelante D.L. N° 1.349-. Lo anterior, debido a que esta última norma establece una estricta confidencialidad de la información que se encuentra en poder de COCHILCO.

4) RESPUESTA: La Comisión Chilena del Cobre, mediante carta N° 809, de fecha 26 de diciembre de 2018, informó que si bien efectuó la fiscalización requerida, acerca de la responsabilidad de la División El Teniente de CODELCO en la aplicación de descuentos de seguros de cesantía realizados por el contratista Más Errázuriz Ltda. a su personal finiquitado, conforme los argumentos jurídicos expuestos en la resolución exenta N° 111, que adjunta, deniega el acceso a lo pedido, por concurrir la hipótesis dispuesta en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, tras la oposición manifestada, en tiempo y forma, por las empresas mencionadas, las que detallan.

Además, considera que concurren las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, ésta última en relación con lo dispuesto en el artículo 2, inciso final del D.L. N° 1.349-. Así, sostienen que este Consejo ha determinado que el artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política de la República, exige la afectación de los bienes jurídicos que indica para justificar que la ley pueda establecer hipótesis de reserva o secreto, dicha vinculación se daría en este caso en particular, por verse afectado el bien jurídico protegido "derechos de las personas", en cuanto a ambas empresas señaladas precedentemente, personas jurídicas que poseen derechos que pueden ser violentados por la publicidad de los actos de la administración, a saber, las auditorías realizadas. Lo anterior, al tratarse lo pedido de información que contiene antecedentes detallados sobre bienes económicos estratégicos o protegidos por el secreto empresarial, que plausiblemente son conocidos por las empresas y esa Comisión.

Finalmente, considera que la divulgación del contenido del informe pedido puede afectar la competitividad de las empresas en el mercado, toda vez que se trata de la información cuyo secreto le reporta beneficios en el mercado en que se desenvuelven. En este contexto, su competencia podría acceder a información esencial del negocio de aquellas, afectando su desenvolvimiento competitivo.

5) AMPARO: Con fecha 8 de enero de 2019, don Miguel Ángel Carrasco Arriagada dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Comisión Chilena del Cobre, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de un tercero. En particular, sostuvo que "Los datos que pido no son los datos personales de los trabajadores, ni los datos de los finiquitos (...) Quiero saber cuántos casos se encontraron con la auditoría, a qué montos ascienden, y qué período fue auditado, qué contratos fueron auditados, y cuáles fueron las medidas adoptadas en contra de la empresa Más Errázuriz, a fin de regularizar las retenciones indebidas y descontadas de los finiquitos. Todo lo anterior, sin entrega de información personal de los trabajadores afectados".

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, mediante oficio N° E2.599, de fecha 4 de marzo de 2019, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado, por medio de oficio N° 179, ingresado a este Consejo con fecha 19 de marzo de 2019, acompañó escrito mediante el cual presenta sus descargos y observaciones a este amparo, en el cual reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que en virtud de lo dispuesto en el artículo primero del D.L. N° 1.349, dentro de sus funciones principales se encuentra la de fiscalización, de conformidad con aquello las empresas productoras están obligadas a proporcionarle oportunamente todos los antecedentes e informaciones que les soliciten. El incumplimiento o atraso injustificado en su entrega puede ser sancionado con la multa establecida en el artículo 14 de la norma legal citada sosteniendo que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo segundo, inciso final de dicho cuerpo normativo, aquellos antecedentes poseen el carácter de confidenciales y obliga a su personal a guardar estricta reserva de aquellos. Por lo que, consideran que concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el D.L. N° 1.349 y en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, pues la información específicamente requerida contiene antecedentes sobre distintos bienes económicos estratégicos, respecto de los cuales existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarles una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Así, podrán desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores y respetar el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a Más Errázuriz Ltda. y CODELCO, mediante oficio N° E2229 y N° 2230, ambos de fecha 1° de marzo de 2019, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo. A la fecha de esta decisión, no se ha recibido presentación por parte de Más Errázuriz Ltda., en tal sentido.

CODELCO, por medio de carta CJ-51/19, de fecha 19 de marzo de 2019, reiteró lo señalado en la oposición presentada ante COCHILCO, agregando, respecto de la admisibilidad del presente amparo que el artículo 24 de la Ley de Transparencia faculta al requirente de acceso a la información para reclamación ante este Consejo, en el evento que su petición sea denegada, que "deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran...". En consecuencia, para su interposición no basta la simple denegatoria de acceso, sino que exige que se encuentre fundado en una infracción a las normas que regulan el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y/o los procedimientos para el ejercicio del derecho. Para admitir a trámite el amparo, pesa sobre el reclamante el deber de señalar en forma clara, la infracción que motiva su reclamo. De esta forma, en el presente caso no se satisface dicho estándar, toda vez que no se ha hecho referencia alguna a la supuesta infracción en que habrían incurrido que vulnere la normativa que regula el acceso a la información pública ni tampoco señala hechos que puedan estimarse como constitutivos de dicho incumplimiento. En consecuencia, solicitan que éste amparo sea desestimado.

En cuanto a la concurrencia de la causal de excepción establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, agregó a lo argumentado en su oposición que el principio de neutralidad competitiva garantizado por la Constitución importa su derecho a competir en igualdad de condiciones con las empresas mineras del sector privado, derecho económico de carácter estratégico y esencial para maximizar los beneficios que generan para el dueño. Así, en materia de fiscalización, las empresas mineras en general -al igual que Codelco-, están sujetas a un doble régimen, por un lado, aquella desarrollada por diversos órganos de la Administración del Estado con competencia respecto de la actividad empresarial que desarrollan, citando a modo meramente ejemplar, a la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Superintendencia del Medio Ambiente, etc. Y por otro lado, en el caso de las sociedades anónimas, es aquel impuesto por la ley en resguardo de los intereses del dueño y como ejercicio de su derecho de información y control de la buena marcha de la empresa, tales como el Comité del Directores y los auditores externos, sin perjuicio de otros mecanismos de control interno resueltos por los estatutos o la administración. Para todas las sociedades, de cualquier rubro o actividad económica, la información que se genera en virtud de estas actividades de control es reservada, salvo aquella que por expresa disposición legal deban ser informadas al público y/o a un determinado fiscalizador. Así, consideran que la competencia y funciones entregadas por el D.L. N° 1.349 a COCHILCO, naturalmente se enmarcan en este segundo ámbito, esto es, aquel que tiene por objeto velar por la correcta marcha del negocio en pos de resguardar los derechos del dueño. En este contexto, la estricta confidencialidad en el desarrollo de sus facultades importa la materialización del principio de neutralidad competitiva, en tanto configura su derecho a un trato igualitario en materia de reserva en la fiscalización de la que es objeto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previamente, en cuanto a la alegación de forma planteada por el tercero interesado - CODELCO-, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de aquél es la respuesta negativa otorgada por el órgano reclamado, por medio de la cual se denegó el acceso a la información solicitada, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, al señalarse claramente la infracción cometida por COCHILCO, los hechos que la configuran y acompañar los medios de prueba, este Consejo desechará la antedicha alegación de admisibilidad formulada, por improcedente.

2) Que en cuanto a la naturaleza de la información requerida, cabe hacer presente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 del D.L. N° 1.349, en orden a que "En el ejercicio de sus facultades, la Comisión ejercerá la fiscalización directa de las empresas del Estado productoras de cobre y de sus subproductos o en que el Estado tenga participación mayoritaria, para los cuales podrá revisar sus balances, como asimismo los antecedentes que han servido para su confección, conocer los procedimientos de control interno de las empresas, revisar sus contratos de ventas, de agencias y de adquisición, realizar análisis financieros y auditorías globales y de operaciones específicas, revisar los informes de las auditorías externas que contraten las empresas, y demás que les encomienda este decreto ley".

3) Que según lo prescrito en el inciso segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En tal contexto, el "Informe Final Fiscalización acerca de la responsabilidad de la División El Teniente de CODELCO-CHILE en la aplicación de descuentos de seguros de cesantía realizados por el contratista Más Errázuriz Ltda. a su personal finiquitado DF/35/2018", es un acto administrativo dictado por un órgano de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones, elaborado con presupuesto público y que obra en su poder. En consecuencia, y conforme, además, con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, aquel tiene el carácter de información pública, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.

4) Que, por una parte, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por la eventual afectación de los derechos las personas, en este caso, de los terceros involucrados en el presente amparo. En el mismo sentido, además, argumentó la concurrencia de la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la ley mencionada, en relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo segundo del D.L. N° 1.349, de 1976, que prescribe que "Para los efectos de lo establecido en el presente artículo, las empresas productoras estarán obligadas a proporcionar oportunamente todos los antecedentes e informaciones que les solicite la Comisión (...) Dichos antecedentes e informaciones tendrán el carácter de confidenciales y el personal de la Comisión estará obligado a guardar estricta reserva sobre ellos". Así, tratándose ésta de una disposición previa a la promulgación de la ley N° 20.050, de 2005, resulta igualmente aplicable la disposición 1° transitoria de la Ley de Transparencia. En tal sentido, este Consejo reiteradamente ha sostenido que no toda norma legal previa a la ley N° 20.050 que fije un caso de secreto o reserva se entenderá automáticamente vigente, sino que sólo aquéllas que puedan reconducirse a las causales del artículo 8 de la Constitución, inciso segundo.

5) Que, establecido lo anterior, la exigencia de afectación a que se refieren los artículos 21 N° 5 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, vía remisión a las causales consagradas en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, obliga a que se verifique, en el caso concreto, si la entrega de la información requerida afecta alguno de los bienes jurídicamente protegidos por ella, en este caso, el órgano reclamado alegó la afectación de los "derechos de las personas", en los términos dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

6) Que, en este punto, se debe hacer presente que la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. De este modo, los argumentos esgrimidos por la Comisión Chilena del Cobre para configurar las causales de reserva o secreto alegadas no serán considerados, por carecer, en este caso en particular, de la titularidad para esgrimirlas.

7) Que, los terceros alegan que la publicidad de la información solicitada afectaría sus derechos comerciales o económicos, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En este punto cabe hacer presente, que si bien CODELCO, también sostiene la concurrencia de la causal de excepción establecida en el artículo 21 N° 5 de la ley mencionada, en relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo segundo del D.L. N° 1.349, esta se basa, en definitiva, en la afectación a sus derechos comerciales, por lo que, se analizarán éstas conjuntamente.

8) Que, respecto a la causal alegada este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores para determinar si la entrega de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente la utilizan; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo).

9) Que, en este caso, Más Errázuriz Ltda., sólo ante el órgano reclamado alegó que lo pedido contiene información cuya divulgación afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, pues revela antecedentes relativos a las remuneraciones, feriados, beneficios y otras contraprestaciones que reciben sus trabajadores, lo que incide directamente en el valor de los servicios que ofertan a sus clientes, cuyo conocimiento podría ocasionarle perjuicios irremediables. Por su parte, CODELCO sostuvo que el informe cuya entrega se solicita da cuenta de los valores efectivos pagados por concepto de remuneraciones mensuales, bonos, indemnizaciones y otros similares en servicios contratados, lo que constituye uno de los componentes centrales en la estructura de precios que ofertan las empresas en los respectivos procesos de contratación que realizan, particularmente, en aquellos intensivos en mano de obra.

10) Que esta Corporación tuvo a la vista el informe solicitado, cuyo contenido dice relación con una situación puntual relativa a la procedencia del descuento del seguro de cesantía de los finiquitos de determinados trabajadores que fueron desvinculados de la empresa contratista y el rol supervisor en el cumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de CODELCO. Al efecto, no se contienen mayores detalles acerca del monto de las remuneraciones ni beneficios otorgados a dichos trabajadores, pues se trata más bien, en su mayoría, de antecedentes estadísticos, relativos a la cantidad de trabajadores desvinculados, por causal y si se le efectúo o no el descuento, así como también, el detalle de algunas situaciones puntales con respecto a alguno de las personas despedidas. En consecuencia, no versan sobre materias estratégicas ni confidenciales, no vislumbrándose cómo la divulgación de la fiscalización realizada podría develar el valor de los servicios o la estructura de precios ofertados, ni algún antecedente cuya publicidad pueda afectar los referidos bienes jurídicos de las empresas señaladas.

11) Que, por su parte, si bien el informe pedido contiene datos personales de los trabajadores de la empresa contratista, como sus nombres, sus números de cédula nacional de identidad, un finiquito y su liquidación que fue acompañado a la denuncia que dio origen a la fiscalización realizada, el reclamante en su amparo sostuvo expresamente que no requiere información personal de los trabajadores ni de los finiquitos. De esta forma, aquellos datos no forman parte de lo reclamado.

12) Que, por lo tanto, en mérito de lo expuesto, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva alegada, acogiendo el presente amparo, requiriendo la entrega de la información solicitada, tarjando de aquélla los nombres de los trabajadores y personas naturales contenidos en éste, así como sus números de cédula nacional de identidad. Además, del finiquito y su liquidación, contenida en el anexo del informe, pues no forma parte de los antecedentes que se requieren según lo señalado en su amparo por el reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Miguel Ángel Carrasco Arriagada en contra de la Comisión Chilena del Cobre, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia del "Informe Final Fiscalización acerca de la responsabilidad de la División El Teniente de CODELCO-CHILE en la aplicación de descuentos de seguros de cesantía realizados por el contratista Más Errázuriz Ltda. a su personal finiquitado DF/35/2018"; tarjando, previamente, los nombres de los trabajadores y personas naturales contenidos en éste, así como sus números de cédula nacional de identidad. Además, del finiquito y su liquidación, contenido en el anexo del informe, pues no forma parte de los antecedentes que se requieren según lo señalado en el amparo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Miguel Ángel Carrasco Arriagada, al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, a Más Errázuriz Ltda. y a CODELCO, éstos últimos en su calidad de terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.