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Patricio Cuevas Rojas con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C1314-19

Consejo para la Transparencia, 17/10/2019

Por votación de mayoría se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándose la entrega de las copias de las boletas de honorarios del funcionario que consulta, en el período requerido. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa al secreto tributario. La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien el presente amparo debió ser rechazado por tratarse de información protegida por el secreto tributario, por cuanto se trata de datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas, que figuran en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, quedando cubierto por el deber de secreto que rige para los funcionarios del SII.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Dirimente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1314-19

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII).

Requirente: Patricio Cuevas Rojas.

Ingreso Consejo: 12.02.2019

RESUMEN

Por votación de mayoría se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándose la entrega de las copias de las boletas de honorarios del funcionario que consulta, en el período requerido.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa al secreto tributario.

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien el presente amparo debió ser rechazado por tratarse de información protegida por el secreto tributario, por cuanto se trata de datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas, que figuran en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, quedando cubierto por el deber de secreto que rige para los funcionarios del SII.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1042 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C1314-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de enero de 2019, don Patricio Cuevas Rojas solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SII, lo siguiente: "copia de todas y cada una de las boletas de honorarios emitidas durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 por Pablo Fuenzalida Vivanco, (...), a la Municipalidad de Buin (...) tarjando en dichas boletas todos los datos que constituya datos personales o sensibles del contribuyente emisor. Al efecto, cabe precisar que en conformidad a lo previsto en el artículo 7, letra d), de la Ley de Transparencia (...) que la información correspondiente a la identidad del personal contratado a honorarios por los órganos de la Administración Pública (como lo es la Municipalidad de Buin) y el monto de sus remuneraciones (u honorarios) es pública, de tal suerte que en la especie, en la forma que ha sido solicitada la información, no concurre ninguna causal de secreto o reserva que permita al SII denegar el acceso a la información requerida".

2) RESPUESTA: El 22 de enero de 2019, mediante Res.Ex.Nro. LTNot 0015798, el órgano respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, que "este organismo se encuentra imposibilitado de dar respuesta en los términos señalados, ya que la información requerida contempla develar las rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en declaraciones que son obligatorias de éstos y en sus libros contables, antecedentes todos que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario", denegando su entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, y haciendo mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 6333-2018 y N° 24.561-2018, y a que la información se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Activa de la Municipalidad aludida, en el link que indica.

3) AMPARO: El 12 de febrero de 2019, don Patricio Cuevas Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "En el presente caso no opera el secreto tributario en la forma invocada por el SII, lo que se requiere son copias de las boletas de honorarios presentadas por un servidor público a un servicio público, que por ley se encuentra obligado a informar el total de los honorarios pagados en un mes (...) Tampoco procede indicar que la información se encuentra disponible en el sitio electrónico del servicio público (...) toda vez que las boletas electrónicas requeridas obran en poder del SII (...) Asimismo, cabe hacer presente que la información solicitada en los términos requeridos permite efectuar un adecuado control social respecto de la administración y uso de fondos municipales (...)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E4601, de fecha 8 de abril de 2019, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos y observaciones.

Mediante escrito de descargos, ingresado en este Consejo con fecha 24 de abril de 2019, el órgano evacuó sus observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis que "la información requerida por el solicitante no constituye una simple revisión y cruce de datos, especialmente, si consideramos que la información solicitada contempla develar datos relativos a rentas de un contribuyente específico y determinado, la cual se contiene en las copias de las boletas de honorarios solicitadas, documentos tributarios obligatorios que, además, constan en su respectivo Formulario N°22, antecedentes todos resguardados por la reserva tributaria y cuya develación se encuentra expresamente prohibida para este Servicio, conforme al artículo 35 del Código Tributario (...) Lo anterior, debe ser analizado en concordancia, además, con la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, en cuanto acceder a la entrega de la información requerida contempla la publicidad que afecta los derechos de dicha persona, particularmente en este caso, la esfera de su vida privada, derechos de carácter comercial o económico, sumado a que dicha información no se obtuvo de una fuente accesible al público", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República y las causales de reserva del artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario y los artículos 2, letra f), 4, 7 y 9 de la Ley N° 19.628, y reiterando lo expuesto sobre lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en las causas rol 6333-2018 y 24561-2018.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de las boletas de honorarios del funcionario de la Municipalidad de Buin que individualiza, durante el período que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de dicha información fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, la ley N° 19.628 y el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en segundo lugar, el SII denegó la entrega de la información solicitada por cuanto dichos antecedentes se refieren a información relativa a documentación tributaria de un contribuyente, por lo que se configuraría la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 35 del Código Tributario, pues considera que la información requerida queda cubierta por el deber de secreto tributario. Sobre el particular, el inciso segundo del señalado artículo 35, prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".

4) Que, no obstante lo anterior, en tercer lugar, respecto de la información relativa al monto consignado en las boletas de honorarios, atendida la naturaleza de la información requerida, por tratarse de antecedentes referidos al desempeño del personal que trabaja o trabajó para la Administración del Estado y de los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, entre los cuales se encuentra la Municipalidad, queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, informes de gestión, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones de sueldo, hojas de vida, pago de asignaciones, viáticos o cometidos funcionarios y otros similares.

5) Que, sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos y de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Asimismo, se debe tener presente que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio público de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes laborales y profesionales.

6) Que, a mayor abundamiento, y reforzando el principio de publicidad que rige estas materias, se debe recordar que corresponde a una obligación de transparencia activa para los municipios publicar las personas naturales contratadas a honorarios, como asimismo, los datos de identificación relativos a las contrataciones para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas. Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 7, letra d), de la Ley de Transparencia, el cual establece que "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones". En dicho contexto, el propio órgano donde el funcionario consultado presta servicios, en el enlace a la página https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU014/PR/PHON/37320588, entre otros antecedentes, publica la información relativa a los honorarios que percibe dicha persona, lo que constituye una fuente accesible al público, por lo que, en la especie, la cuantía de dichas rentas es información pública, porque sobre el particular, nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia roles Números 1732 y 1800, señaló: "(...)Enseguida, por efecto de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, los datos de una persona que pueden ser procesados en una base de datos, requieren del consentimiento de su titular. Sin embargo, dicha ley establece en su artículo 4°, inciso quinto, que "no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial". Es decir, como la información de la remuneración a que se refiere la norma impugnada, debe estar en la página web (la norma habla de "sitios electrónicos"), es de "fuentes accesibles al público". Por lo mismo, su recopilación no requiere autorización de su titular.

Entonces, al unir lógicamente ambas disposiciones, cualquiera persona puede no sólo acceder a esta información, sino que emplearla para cualquier tratamiento de datos personales, sin autorización alguna de sus titulares" (considerando 21°).

7) Que, en este sentido, la publicidad de la información relativa al pago de honorarios de las personas naturales que hubieren emitido boletas de honorarios a un municipio permite ejercer control social a la ciudadanía, facilitando el contraste que pudiere realizarse entre aquella información publicada por el órgano, y la información oficial emitida por los contribuyentes y que es informada al SII, razones por las que procede la entrega de la información requerida. En síntesis, tratándose de materias de naturaleza esencialmente pública, que podrían ser requeridas por el solicitante al municipio aludido, y para facilitar el control social, corresponde que el órgano requerido en este amparo dé acceso a la información solicitada.

8) Que, en cuarto lugar, con relación al número de la boleta, nombre del emisor y fecha de emisión, tras el análisis del tenor de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, en relación con el criterio establecido por este Consejo, relativo a la precisión y alcance restrictivo que debe asignarse a dicha disposición, se concluye que dichos datos no revelan la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, ni tampoco se refieren a datos patrimoniales de los contribuyentes que hubieren extendido dichas boletas de honorarios. En definitiva, los datos referidos al número de boleta y fecha de emisión, corresponden más bien a información relativa al documento tributario en sí mismo que hubiere emitido el contribuyente, información que obra en poder del Servicio, y que no son alcanzados por el deber de reserva tributaria establecido en la citada disposición legal.

9) Que, en la especie, también se debe precisar que el nombre del emisor de la boleta, en el caso de contribuyentes personas naturales, corresponde a datos personales de éstos, de conformidad a la definición prescrita en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, es decir, aquéllos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo estima que, aun tratándose de un dato personal, igualmente rige a su respecto el principio de publicidad, toda vez que dichos datos se encuentran permanentemente a disposición del público en el sitio web del Municipio en el enlace antes indicado. Asimismo, sobre el particular cabe hacer presente que están obligados a emitir boletas de honorarios los profesionales liberales, técnicos profesionales no universitarios y aquellas personas que desempeñen cualquiera profesión u ocupación lucrativa en forma independiente, por los ingresos que perciban y que estén comprendidos en el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta (Resolución Exenta N° 1.414, de 1978, del SII). De lo anterior se desprende que la emisión de dicho documento tributario tiene por fundamento -en términos generales- la prestación de servicios y la realización de determinadas actividades lucrativas, en este caso, en favor de la Municipalidad de Buin.

10) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información pública que obra en poder del órgano requerido, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de copia de las boletas de honorarios emitidas a la Municipalidad de Buin por el funcionario aludido, desde el año 2016 hasta la fecha de la solicitud de información, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Patricio Cuevas Rojas en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de las boletas de honorarios emitidas por el funcionario aludido a la Municipalidad de Buin, desde el año 2016 hasta la fecha de la solicitud de información, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Cuevas Rojas y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 4) a 10), respecto de las boletas de honorarios reclamadas, estimando que el amparo debe ser rechazado, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09).

2) Que, en dicho contexto, en lo relativo a la copia de las boletas de honorarios requeridas, incluyendo el monto de dichos honorarios, tal información se refiere, expresa y directamente, a la cuantía o fuente de las rentas de un contribuyente. Así, el dato referido al monto consignado en las respectivas boletas, se circunscribe al aspecto tributario de dichos documentos, a través del cual se realiza el cálculo de impuestos, y además, se trata de información contenida en una declaración jurada obligatoria, como es el Formulario 22 sobre Impuesto a la Renta.

3) Que, la Excma. Corte Suprema, en Recurso de Queja rol N° 281-2019, estableció: "5°) Que, en este contexto, la información cuya publicidad se discute, se vincula con el acceso a todos los documentos que conforman el expediente a que dio lugar el proceso de recopilación de antecedentes y de fiscalización en contra del contribuyente Enel Generación Chile S.A. por la utilización, registro o contabilización de boletas o facturas falsas. Es, en consecuencia, información de carácter estrictamente tributario, vinculado a la declaración de impuestos del contribuyente y su posterior rectificación, razón por la que, efectivamente, está protegido en el artículo 35 del Código Tributario, que obliga a no revelar ‘la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas’. Tan cierto es lo anterior, que es en la propia solicitud de acceso a la información en la que se requiere copia digital de los documentos -boletas y facturas- que permitieron la rectificación de aquellas que se consideran ideológicamente falsas, entregando detallado análisis de la misma. Es en este aspecto que se debe precisar que en la especie, el secreto o reserva contemplado en la ley, no puede ser superado con la aplicación del principio de divisibilidad de la información contemplado en el artículo 11 de la LT, toda vez que, se trata de documentación que, por esencia, es secreta, sin que puedan tacharse, por ejemplo, datos numéricos o nombres de las facturas o boletas presentadas, pues aquello implicaría, tachar por completo el documento, desnaturalizando la información entregada. Así, reservarlo implica, en sí, no entregarlo", y "6°) Que, en concordancia con lo expuesto, forzoso es concluir que la información ordenada entregar está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N°5 de la Ley N°20.285, en relación a los artículos 8 bis N°7 y 35 del Código Tributario, en tanto se busca dar a conocer datos que se relacionan directamente con documentación incluida en la declaración de renta del contribuyente".

4) Que, en el mismo sentido, la misma Corte, en Recurso de Queja rol N° 15.406-2019, de reciente data, en su considerando 12°, estimó "Que, establecido que el artículo 35 del Código Tributario cumple con los requisitos exigidos por el artículo 21 N°5 para establecer el secreto de una información determinada, corresponde señalar que, en este caso, tal reserva ampara el contenido del Formulario N°2890, en atención a consideraciones de interés general, circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información. En efecto, la información solicitada, especialmente en aquello que dice relación con la individualización precisa del inmueble, comuna, precio de venta y fecha de transferencia, tiene incidencia directa tanto en la configuración de la base imponible del impuesto territorial, como también en el impuesto a la renta, de modo que la divulgación implicaría revelar indirectamente la fuente y cuantía de los ingresos, precisamente aquello que el artículo 35 del Código Tributario busca evitar. No se trata, entonces, de información inocua, sino de una que tiene directa relación con la actividad de fiscalización y recaudación propia del Servicio de que se trata, a la vez que incide en antecedentes cuya divulgación puede afectar los derechos de determinadas personas y revelar tanto fuentes como cuantía de las rentas".

5) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose la solicitud que dio origen al presente amparo -copia de boletas de honorarios- de información relativa a la cuantía y fuente de las rentas del funcionario aludido, y por ende, corresponde a datos patrimoniales de los contribuyentes, configurándose con ello la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, quedando cubierto por el deber de secreto tributario que rige para los funcionarios del SII, el presente amparo debió ser rechazado.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre.

Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.