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Javier Morales Valdés con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C309-19

Consejo para la Transparencia, 26/11/2019

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida del funcionario consultado. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Se desestima la causal de reserva por afectación de los derechos del tercero involucrado, por no haber sido acreditada suficientemente, como asimismo la relativa a que su divulgación afecte la seguridad de la Nación. Previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en las información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C309-19

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Javier Morales Valdés

Ingreso Consejo: 10.01.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida del funcionario consultado.

Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras.

Se desestima la causal de reserva por afectación de los derechos del tercero involucrado, por no haber sido acreditada suficientemente, como asimismo la relativa a que su divulgación afecte la seguridad de la Nación.

Previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en las información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C309-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 16 de diciembre de 2018, don Javier Morales solicitó al Ejército de Chile copia de la hoja de vida de don Claudio Gutiérrez Romero.

2) RESPUESTA: El Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/506, de fecha 09 de enero de 2019, señalando, en síntesis, que se deniega la información pedida fundado en la oposición formulada por el tercero, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

En efecto, don Claudio Gutiérrez Romero a través de presentación de fecha 02 de enero de 2019, manifestó su oposición a la entrega de la información pedida, señalando en síntesis, que en primer lugar la funda en el ámbito de la seguridad militar, por cuanto la información requerida es propia de la institución Ejército de Chile, el cual la emplea exclusivamente para su proceso de calificaciones y registro de antecedentes de carácter profesional, personal u otro antecedente, conforme lo establece la cartilla de la CAP 0100 I "Calificaciones" que la organización utiliza para estos fines y en la que establece perentoriamente que el trámite y administración de los citados documentos tendrán el carácter de "Reservado" y serán tramitados por "Conducto Regular", conforme lo establece el DNL 911 "Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas" en su artículo 4.

Por otra parte, señala que subsidiariamente funda su oposición en la lesión que la divulgación de lo reclamado generaría en su mi honra personal y al ascendiente de mando que va asociado al grado jerárquico que en la actualidad ostento, toda vez que le causaría un menoscabo irreparable en su Honor Militar, en los términos establecidos en el citado Reglamento de Disciplina. Agrega, que además se desconoce el destino que pretende darse a la información solicitada, lo que genera dudas razonables sobre este tema en particular por lo que su publicidad, comunicación o difusión parcial o total de su contenido a terceros afecta sus derechos de carácter personal como asimismo los intereses y regulaciones institucionales, en los términos que tutelan los artículos 20 y artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 3 de la Ley de Transparencia. Además, sostiene que la información pedida constituiría datos de carácter personal conforme a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Por lo expuesto solicita se deniegue la información solicitada, o en su defecto, se proceda a tachar la totalidad de anotaciones que contengan información personal del oficial afectado en los términos y formas que la ley estipula para ello.

3) AMPARO: El 10 de enero de 2019, don Javier Morales Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ejército de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante oficio N° E3068, de fecha 12 de marzo de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, remita copia íntegra de la hoja de vida requerida.

El órgano reclamado, a través de oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/3365/CPLT, de fecha 26 de marzo de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que en primer lugar estima que el reclamante al formular el amparo no cumple con el mandato del inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo que no debió ser admitido a trámite.

Sobre el fondo de lo reclamado, el órgano reclamado señaló que si bien denegó a la información pedido por la oposición formulada por tercero conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, agregó que a su parecer la eficacia de la hoja de vida como instrumento militar esencial en que se sustenta la disciplina y el respeto a la jerarquía, supone que las actuaciones que allí se registran son confidenciales, permitiendo que los superiores tengan plena libertad y autonomía, exento de toda presión, injerencia e influencia externa para registrar sus opiniones e imponer las felicitaciones, sugerir correcciones y aplicar castigos disciplinarios respecto de determinado calificado.

En este sentido, señala que es inconcebible la publicidad de la hoja de vida entre el personal militar, quebranta principios fundamentales de la profesión y de la función militar consagrados en el inciso 3° del artículo 101 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2° de la ley N° 18.948, como lo son el de ser esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizados y disciplinados.

Por otra parte, que un subordinado o un subalterno se entere del contenido de la hoja de vida de un superior, que la comente, que emita juicios, infringe gravemente la norma constitucional y legal antes citada, y el Decreto Supremo (G) N° 1.445, de 1951, "Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas", contempla disposiciones expresas sobre el particular tendientes a prevenir conductas como las que se reparan, como lo son los artículos 5°, 9° y 24.

Por lo expuesto, la entrega de la información pedida genera un grave perjuicio a la jerarquía, disciplina, obediencia y al carácter no deliberativo que caracteriza al personal de las Fuerzas Armadas y que debe observar en todo momento y circunstancia, y la sola posibilidad de que las hojas de vida de personal en servicio activo puedan quedar expuestas al escrutinio de sus subalternos o subordinados, afectaría el normal funcionamiento del Ejército de Chile y por consecuencia a la defensa nacional en los términos previstos por el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

Por lo tanto, el carácter reservado que las hojas de vida tienen para el personal en servicio activo, con mayor razón lo tiene para terceros ajenos a la Institución.

En dicho sentido, sostienen que la hoja de vida al ser una verdadera radiografía de un determinado personal militar, lo transforma en una fuente significativa de obtención de datos de inteligencia que se pueden extraerse de su contenido, y a partir de ella permite determinar la estructura orgánica de una Unidad a través de quienes han sido los superiores directos y superiores que intervienen en el proceso calificatorio que allí se plasma. Se puede establecer también los cambios que va experimentando esa estructura, permitiendo el conocer el arma, las especialidades, cursos y perfeccionamientos del calificado y de los superiores, extraer algunas de las características operacionales de la Unidad y su evolución. Agrega, que ello posibilita elaborar un perfil profesional y de la personalidad de determinado integrante de la Institución, desde sus inicios en la carrera militar y de este modo proyectar cuáles son sus actuales características, con las fortalezas y debilidades que ello representa, no solo como Oficial, en este caso, sino como Mando de una determinada Unidad o puesto en que actualmente se desempeña, información de especial interés para los organismos de inteligencia de potenciales adversarios. Por consiguiente, la entrega y/o publicidad de las Hojas de Vida, más aún fuera del ámbito institucional, sostiene que constituye un riesgo cierto de afectación a la seguridad nacional en el ámbito de la defensa nacional, con grave perjuicio para el Ejército de Chile, en los términos previstos por el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Este Consejo, mediante oficio N° E4329, de fecha 02 de abril de 2019, notificó en su calidad de tercero en este procedimiento de acceso a la información pública, a don Claudio Gutiérrez Romero, a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

A la fecha de la presente decisión este Consejo no recibió presentación alguna del tercero destinada a formular sus descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Ejército de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de la hoja de vida del personal militar que indica. Al respecto, el órgano denegó el acceso a dicho antecedente fundado en la oposición del tercero interesado, agregando que concurriría también la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, respecto de la alegación formulada por el órgano reclamado en orden a que el amparo debió ser declarado inadmisible, revisados los antecedentes del caso se ha podido determinar con claridad que el reclamante cumplió cabalmente los requisitos exigidos en el artículo 24 de la Ley de Transparencia para deducir el amparo a su derecho de acceso a la información pública, por lo que deberá desestimarse dicha alegación.

3) Que, en cuanto a las hojas de vidas de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate."

4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

5) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y han debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios del funcionario en cuestión, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, particularmente en sus artículos 5° y 10, se trata de información pública, salvo las excepciones previstas en la ley.

6) Que, en este sentido, respecto de la causal de excepción alegada por el Ejército de Chile, esto es, aquella dispuesta en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación, en este caso, a la seguridad de la Nación, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

7) Que, del examen de los antecedentes del presente caso, a juicio de este Consejo el órgano reclamado no ha aportado antecedentes concretos que permitan apreciar el modo concreto en que la entrega de la información de carácter pública, como son las hojas de vida de un funcionario público, efectivamente afecta la seguridad de la Nación, razón por la cual se estima que los argumentos esgrimidos para denegar la información pedida no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, y por consiguiente deberá ser desestimada.

8) Que, a mayor abundamiento, sobre el particular, Jorge Correa Sutil en informe evacuado a petición de esta Corporación, al razonar sobre la procedencia de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 3 y 4 de la Ley de Transparencia -que resguardan tanto la seguridad de la nación como el interés nacional-, señaló que por expreso mandato de la Constitución y de la ley, no basta con que el acto o resolución de que se trate concierna o se refiera a la seguridad de la Nación o al interés nacional, sino que resulta indispensable que estos valores o bienes resulten afectados por la publicidad, para poder legitimar el secreto de reserva. Agregó, que "El vocablo afectar contenido en ambos preceptos, exige un menoscabo o daño a los dos bienes jurídicos en comento, pues carecería de todo sentido argumentar que deban mantenerse en secreto o reserva documentos o actos cuya publicidad beneficiara o realizara el interés nacional o la seguridad de la Nación. Lo dicho, hace imposible sostener la vigencia de lo dispuesto en normas que determinan el secreto o reserva de documentos por referencia a la materia de que tratan y con entera prescindencia del daño que su publicidad pueda irrogar a la seguridad de la Nación o al interés nacional (...)", por ello, al no acreditarse la afectación sobre el bien jurídico protegido, procede rechazar la causal de reserva alegada.

9) Que, por otra parte, tratándose de la causal de reserva prevista por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, invocada por el funcionario cuya hoja de vida se consulta, cabe reiterar que la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y ha debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios del funcionario en cuestión, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. En consecuencia, en virtud de lo precedentemente señalado se desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada, quien por lo demás se limitó a indicar que la divulgación del documento requerido afectaba su honra y derechos de carácter personal, in acompañar antecedente alguno a fin de acreditar dicha circunstancia. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de la información pedida pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos del tercero, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de un antecedente -que como se señaló- es esencialmente público, por que igualmente se desechará dicha alegación.

10) Que, hace presente que desestimarán igualmente las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3 de la Ley de Transparencia, invocadas por el funcionario cuya hoja de vida se consulta, por carecer de legitimidad activa para esgrimir dichas causales de reserva, las que sólo pueden ser invocadas por el órgano requerido, sin perjuicio de lo que ya se resolvió precedentemente.

11) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de lo solicitado. No obstante, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en la documentación en análisis, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante copia de la hoja de vida de don Claudio Gutiérrez Romero, resguardando previamente los datos señalados en el considerando 11) del presente acuerdo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, y a don Claudio Gutiérrez Romero, éste último en su calidad de tercero en el presente procedimiento de acceso a la información pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.