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Javier Morales con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C2016-19

Consejo para la Transparencia, 26/11/2019

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida del ex funcionario consultado. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. De la revisión de la hoja de vida consultada, se desestiman las causales de reserva de afectación a los derechos de las personas y seguridad de la Nación, en lo que se refiere a la defensa nacional, por no haber sido acreditadas suficientemente por el tercero interesado ni el órgano reclamado, respectivamente. Previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en las información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como nombre de personas naturales que no ejerzan funciones públicas; el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2016-19

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 11.03.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida del ex funcionario consultado.

Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras.

De la revisión de la hoja de vida consultada, se desestiman las causales de reserva de afectación a los derechos de las personas y seguridad de la Nación, en lo que se refiere a la defensa nacional, por no haber sido acreditadas suficientemente por el tercero interesado ni el órgano reclamado, respectivamente.

Previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en las información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como nombre de personas naturales que no ejerzan funciones públicas; el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2016-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 27 de enero de 2019, don Javier Morales solicitó al Ejército de Chile lo siguiente: "Hoja de vida completa de Jorge Peña Leiva".

2) PRÓRROGA: Mediante Carta N° 3802, de 25 de febrero de 2019, el órgano comunicó al solicitante la prórroga para pronunciarse sobre la solicitud.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO: Mediante carta de 5 de marzo de 2019 el tercero interesado se opuso a la entrega de la información fundado, en síntesis, en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y las garantías fundamentales prescritas en el artículo 19 N° 3 (principio de inocencia), N° 4 (vida privada y honra), N° 7 (libertad personal y seguridad individual), N° 16 (libertad de trabajo) de la Constitución Política de la República.

4) RESPUESTA: Mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/2869, el órgano informó al reclamante que, atendida la oposición manifestada por el terceros, ha quedado impedido de entregar la información requerida. Además, invoca la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, señalando lo siguiente:

El citado Oficial General, podría ser considerado parte de la reserva institucional para efectos de movilización, quedando encuadrado dentro de la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, razón por la cual el divulgar su hoja de vida a un tercero significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, ya que de ellas se pueden desprender datos relevantes y a los cuales se les podría dar un mal uso, por ejemplo: preparación militar, competencias profesionales, cargos desempeñados, unidades a las cuales perteneció, habilidades físicas y habilidades básicas de combate, entre otros antecedentes. Información que de ser empleada por agencias de inteligencia extranjeras y de potenciales adversarios del Estado, otorgarían una ventaja táctica en la preparación y estrategia militar adversaria, causando un daño a la seguridad de la Nación.

Las hojas de vida, son una herramienta administrativa para evaluar la gestión del personal, no obstante, cuando el personal se encuentra activo o considerado en la reserva, este documento se interrelaciona con aspectos plenamente operativos, motivos, por lo que se justifica la reserva en los términos descritos.

A mayor abundamiento, con la entrega se pierde el resguardo necesario de ellas, y que el Ejército se encuentra impedido de conocer el motivo de su petición, así como el uso que se les puede dar. Agrega que la entrega de ellas a potenciales Agencias de Inteligencia adversarias, sumado al cruce de información, harían posible determinar los perfiles que se emplean para determinar quienes desempeñan ciertas funciones críticas, además de las designaciones en los cargos de Comandante de Unidad, Segundo Comandante, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y Personal de Planta, los que componen las distintas unidades de esta Institución, personal que además concurre para cada una de las labores propias del Ejército, y que su uso por potenciales adversarios, entrega una ventaja militar absoluta, dejando al Ejército en una posición vulnerable en un eventual conflicto bélico, debilitando con ello la Seguridad Nacional.

La entrega de las hojas de ida, podría significar exponer a la dotación y las capacidades que ésta tiene, reiterando solicitudes, de forma tal que de ella se desprendan a los calificadores directos y superiores, así como personal subalterno, reiterando el ejercicio de petición respecto de este personal, y potencialmente con cada una de las Hojas de Vida que pudiesen ser solicitadas, descifrando en todas sus partes la dotación de las Unidades.

Estos documentos son reservados para los integrantes de esta Institución, de modo tal que debiesen tratarse de igual forma para con personas ajenas a la Institución, debido a que ellas forman parte de un proceso reglado y reservado de calificaciones y selección, según lo dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y el artículo 79 del Decreto con Fuerza de Ley (G) N° 1, de 1997.

5) AMPARO: El 11 de marzo de 2019, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N° E6364, de 13 de mayo de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explicar cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañar todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación y de los documentos que acrediten su notificación y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que la oposición ingresó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcionar los datos de contacto - por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico -, del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (5°) detallar cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; y (6°) remitir copia íntegra de la información requerida, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/5935/CPLT, de 29 de mayo de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

La hoja de vida funcionaria, se confecciona de conformidad con la Cartilla CAP-01001, la cual contiene disposiciones que acorde con la dinámica institucional, permite entregar una visión completa del calificado, conteniendo antecedentes profesionales e incorporando información que corresponde a la vida privada de éste.

La ley define la "Hoja de Vida" como aquel documento en el cual se registra en forma cronológica el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro del Ejército, vale decir, ya el término "comportamiento" implica verter en la "Hoja de Vida" juicios de valor extra funcionarios que son propios de la profesión militar. Luego, la Cartilla expresa que las menciones que deben consignarse, registran las anotaciones de mérito y de demérito, la apreciación de conjunto y las correspondientes a la vida funcionaria del calificado (resoluciones de nombramiento y/o contrataciones, entrevistas, comisiones de servicio al extranjero, resoluciones por investigaciones sumarias, sentencias judiciales, constancias de entrevistas, recursos diversos y sus resultados, recursos de la junta de selección etc...). En ella además, se deja constancia de cualquier otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal.

Las entrevistas de evaluación, las cuales pueden ser requeridas por el calificador cuantas veces estime convenientes, consisten en una reunión formal entre el calificador y el calificado, orientadas a corregir y/o moderar determinadas conductas del personal y se debe aplicar - entre otros - en los siguientes casos: a. Calificados afectados por situaciones personales; b. Personal que presenta problemas socioeconómicos que estén afectando su desempeño personal y profesional; c. Cualquier otra situación que las autoridades calificadoras estimen necesario para una primera entrevista.

La "apreciación de conjunto" contenida en la hoja de vida, comprende las cualidades personales y el desempeño profesional. Dentro de las primeras, se establece que dichas anotaciones constituyen una síntesis identificando los aspectos conductuales del calificado, en el conjunto de los rasgos de personalidad, valores, capacidades y habilidades. Además en la hoja de vida se incluyen las licencias médicas (incluidas las psiquiátricas, sin mencionar la patología en tratamiento), el resultado de investigaciones sumarias administrativas y procesos judiciales, sin distinción de la materia.

Hace presente que el GDD. (R) Jorge Peña Leiva, tiene condición de oficial en retiro, por lo cual, conforma el Escalafón de Guerra que deriva en el Plan de Destinación de Emergencia. Además, se suma su condición de ex Contralor del Ejército, situación de especial sensibilidad.

La insatisfacción del reclamante emana de una decisión personal de un ex integrante del Ejército y no de una decisión institucional. De manera paralela, desde la mirada de la seguridad nacional e institucional, se desprende un riesgo potencial por la entrega de información sobre las capacidades y perfiles profesionales de aquellos integrantes del Ejército que deben acceder a los diversos mandos dentro de la orgánica institucional.

Se hace presente que, mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/5936/CPLT, de 29 de mayo de 2019, el órgano acompaña copia de la información requerida a este Consejo.

7) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Mediante Oficio N° E7848, de 11 de junio de 2019, esta Corporación confirió traslado al tercero involucrado, de conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, requiriéndole, especialmente, hacer mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieren verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Mediante documento ingresado con fecha 25 de junio de 2019, el tercero presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

El contenido con que son elaboradas y completadas algunos datos de las hojas de vida del Ejército, son antecedentes legalmente calificados como datos personales sensibles, ya que contienen apreciaciones sobre la moralidad y capacidad del calificado, como son los contenidos de las apreciaciones de conjunto, las entrevistas personales y aspectos que pueden llevar las anotaciones de mérito o demérito. De hecho, solo en tiempos cuando el personal se encuentra en servicio activo son conocidas por quien califica, por e! calificado y la Junta de Selección en su evaluación anual, las que por ello tienen de carácter reservado y restringido.

Tanto el contenido de las entrevistas de evaluación como las "apreciaciones de conjunto", incluidos en una hoja de vida, se enmarcan dentro del concepto de dato sensible consagrado en el artículo 2° literal g) de la Ley N° 19.628.

La entrega de toda la información que contiene la hoja de vida, amparado en que son de interés público, sin identificar aquellas partes de este mismo documento, colisionan con la protección a la vida privada (artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia). En efecto, aceptar que todo el contenido de las Hojas de Vida que lleva el Ejército para su personal es de interés público y que es obligatorio para sus funcionarios y para quienes ya no tienen la condición de tal, constituye una abierta discriminación que se encuentra prescrita tanto por la normativa constitucional chilena, como por los tratados internacionales de derechos humanos que regulan la garantía de igualdad de trato por parte de la autoridad pública.

Quien suscribe, no se desempeña en ningún cargo, por lo que las evaluaciones que sus superiores hayan podido hacer de él durante el tiempo que sirvió en el Ejército, carecen de todo interés, o por lo menos, no por sobre alguno que pudiere justificar pasar a llevar su derecho a la intimidad y reserva de datos sensibles. De hecho, las hojas de vida pierden toda relevancia de interés público una vez que el calificado deja de pertenecer a la institución que lo evaluó con fines de desempeño.

Por lo tanto, en subsidio de la negativa a entregar la citada hoja de vida, y en atención a que los datos que contengan juicios de valor sobre sus cualidades morales, como las apreciaciones de conjunto, entrevistas, anotaciones de mérito y demérito, datos de orden médico, constituyen claramente datos sensibles, solicita que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, solicita a este Consejo que cumpla con el deber legal que le asiste de proteger sus datos de carácter sensible y que de acuerdo a la propia jurisprudencia acerca de peticiones de hojas de vida en lo general, que en caso de resolverse dar acceso a dicho documento de evaluación personal, que el contenido de la anotaciones de anotaciones de mérito o demérito, las apreciaciones de conjunto y las entrevistas personales, y antecedentes sobre su estado de salud, sean tachados íntegramente y que su difusión afecta injustificadamente la debida protección de la vida privada y sus posibilidades de libertad de trabajo

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo, tiene por objeto la entrega de la hoja de vida de un funcionario en retiro del Ejército de Chile.

2) Que, en cuanto a las hojas de vidas de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18 y C5933-18, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del D.F.L. N° 1/1997, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate".

3) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8" de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

4) Que, en cuanto a las causales de reserva alegadas por el tercero interesado y el órgano reclamado, estos es, aquellas prescritas en el artículo 21 N° 2 y 3 de la Ley de Transparencia, respectivamente, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie el Ejército de Chile sólo ha realizado alegaciones genéricas sobre la materia, haciendo mención a un conjunto de situaciones hipotéticas que, eventualmente, podrían ocurrir o generarse a partir de la publicidad de la hoja de vida del funcionario consultado, y no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos pueda afectar el bien jurídico cautelados por la causal esgrimida.

5) Que, del mismo modo, las alegaciones del tercero, fundadas en las normas Constitucionales citadas en sus presentaciones, sólo se limita a enunciarlas, haciendo alegaciones genéricas y eventuales, y sin señalar en detalle, y específicamente, la forma en que la entrega de su hoja de vida afectaría dichos derechos

6) Que, a mayor abundamiento, de la revisión de la hoja de vida consultada, no se advierte que de conocerse pueda devenir un perjuicio al funcionario requerido que justifique su reserva en aplicación de alguna de las hipótesis de reserva previstas en la Ley de Transparencia, razón por la cual, se acogerá el presente amparo requiriendo su entrega. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales, de 11 de marzo de 2019, en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir el Comandante en Jefe del Ejército de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de copia del GDD. (R) Jorge Peña Leiva, previa reserva de los datos que se indican en el considerando 6° del presente acuerdo, de ser ello pertinente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales, al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.