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Carlos Roa Oppliger con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2102-19

Consejo para la Transparencia, 26/11/2019

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Superintendencia de Pensiones, relativo a la entrega de las Cartas de Información al Solicitante recepcionadas por el órgano desde el Instituto de Previsión Social, desde el año 1982 hasta la fecha de la solicitud. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, la cual solo es recibida por la Superintendencia eventualmente como antecedente fundante de algunas de las presentaciones de los usuarios, que al no estar debidamente sistematizados es razonable presumir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación de los documentos requeridos. Se representa al Sr. Superintendente de Pensiones el haber derivado la solicitud de información de manera inoficiosa, pues no se trata de antecedentes que no se encuentran dentro de las esferas de sus competencias o que no obren en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2102-19

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.

Requirente: Carlos Roa Oppliger.

Ingreso Consejo: 14.03.2019.

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Superintendencia de Pensiones, relativo a la entrega de las Cartas de Información al Solicitante recepcionadas por el órgano desde el Instituto de Previsión Social, desde el año 1982 hasta la fecha de la solicitud.

Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, la cual solo es recibida por la Superintendencia eventualmente como antecedente fundante de algunas de las presentaciones de los usuarios, que al no estar debidamente sistematizados es razonable presumir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación de los documentos requeridos.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios; ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia.

Se representa al Sr. Superintendente de Pensiones el haber derivado la solicitud de información de manera inoficiosa, pues no se trata de antecedentes que no se encuentran dentro de las esferas de sus competencias o que no obren en su poder.

En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2102-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de febrero de 2019, don Carlos Roa Oppliger solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: "cantidad de "carta de información al solicitante" enviadas a esa entidad no firmadas y no validadas, y firmadas y validadas por el IPS, en la cual indica que "no registra información como imponente". Dicha Informacion la requiero desde el año 1982 a la fecha de hoy 28/02/2019".

2) RESPUESTA: El 12 de marzo de 2019, la Superintendencia de Pensiones respondió al requerimiento de información, mediante Oficio Ordinario N° 6200, derivándolo al Instituto de Previsión Social (IPS), en conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 14 de marzo de 2019, don Carlos Roa Oppliger dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información, debido a la derivación a otra entidad.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° E6449, de fecha 14 de mayo de 2019, requiriendo que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante, aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) refiérase a las eventuales circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale las razones por las cuales el órgano que usted representa no sería competente para conocer de la solicitud de información; (4°) remita copia de la derivación efectuada y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado; y, (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

El órgano, por medio de presentación de fecha 30 de mayo de 2019, realizó descargos, en los que, en síntesis, argumentó que los documentos requeridos no se envían a esa Superintendencia, ya que se entregan a los afiliados que los solicitan, no existiendo registro alguno a su respecto, ni manual, ni digital en la Superintendencia. Al ser emitidos por el IPS, derivó la solicitud ante la eventualidad de que dicho servicio cuente con un registro referido a la emisión y envío a la Superintendencia.

Aclara que los afiliados pueden acompañar el documento como antecedente de los casos que someten a conocimiento de la Superintendencia, por lo que, para identificarlos sería necesario: a) revisar todos los casos en los que por su materia podría eventualmente haberse acompañado una Carta de Información al Solicitante; b) detectados los documentos, verificar si se trata de aquellos en los que se indica que la persona no registra información como imponente; y c) anonimizar los documentos. En principio, se deberían revisar los casos relacionados con los antiguos regímenes previsionales, entre ellos, las solicitudes de desafiliación.

Agrega, que en relación con la tramitación de las Solicitudes de Desafiliación reguladas por la Ley N° 18.225, una vez emitida la correspondiente Resolución u Oficio, que aprueba o rechaza la solicitud, la Superintendencia sólo conserva en archivo el informe emitido por el IPS que sirve de base para tal pronunciamiento. El expediente de desafiliación es remitido a la A.F.P. a la que se encuentra afiliado el interesado que es la entidad encargada de su archivo. La Carta de Información al Solicitante, en aquellos casos en que se haya acompañado, forma parte del expediente de desafiliación, razón por la que no se encuentra en poder del organismo.

Informa que respecto a los demás casos en los cuales hipotéticamente se pudo haber acompañado tal documento, sólo a modo de ejemplo, efectuada la búsqueda en el Sistema de Consultas y Reclamos de aquellos casos relativos a los antiguos regímenes previsionales, para el año 2018 y lo que va corrido del año 2019, se concluye que sería necesario revisar un total de 2.064 casos a objeto de verificar si en alguno de ellos se acompañó una Carta de Información al Solicitante.

Por lo anterior, concluye que en el caso de que se ordenara la entrega de los documentos solicitados, se configuraría la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, considerando que la solicitud se efectúa respecto de los documentos desde el año 1982.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de la información solicitada, negativa que, a juicio del órgano, se funda en que el requerimiento sería de competencia del IPS, entidad a la que se derivó la solicitud, y que sin perjuicio de ello, la búsqueda de la información además configuraría la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer término, tratándose de la derivación de la solicitud, se debe tener presente que el artículo 13 de la Ley de Transparencia dispone que «En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario». Como se desprende del tenor de la norma, existen dos hipótesis en las que el órgano requerido se encuentra facultado para realizar la derivación de la solicitud, esto es, cuando no sea competente para conocerla o en el caso de que no posea los documentos pedidos. En el presente caso, de la argumentación de la Superintendencia no se advierte la verificación de los presupuestos enunciados, por cuanto, si bien ha explicado no tener sistematizados o agrupados en registros específicos los documentos requeridos, si ha reconocido la posibilidad de haberlos recibido en algunos casos, pudiendo formar parte, por ejemplo, de los expedientes de las solicitudes de desafiliación, que la Superintendencia aprueba o rechaza, razones por las cuales no es posible afirmar que se trate de antecedentes que se encuentren fuera del ejercicio de sus competencias o que no posea. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, no resultaba procedente derivar la solicitud de acceso a la información, siendo inoficiosa dicha gestión, por reconocer el órgano que los documentos no le son remitidos desde el IPS. Esta infracción será representada al Sr. Superintendente de Pensiones, en lo resolutivo de la presente decisión.

3) Que, luego, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, para fundamentar la causal alegada, el órgano reclamado ha explicado que si bien no existe la obligación de recepcionar desde el IPS las Cartas de Información al Solicitante que emite dicho Servicio, si es posible que eventualmente sean recepcionadas en la Superintendencia como antecedente de las diversas presentaciones que efectúan los usuarios. De lo anterior, se desprende que, al no estar sistematizada específicamente la información, resultaría necesario identificar en cada una de las presentaciones, aquellas en las que se ha acompañado el documento en cuestión, labor que debería ser efectuada por funcionarios de la institución. Este antecedente, por sí solo, no tiene la entidad suficiente para justificar la configuración de la causal, sin embargo, se debe considerar que la solicitud de información se circunscribe al periodo comprendido entre el año 1982 y el mes de febrero de 2019, extensión que hace razonable presumir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de funcionarios de la institución en las labores de identificación de los documentos requeridos, distracción desproporcionada que permite tener por configurada la causal alegada por el órgano.

6) Que, por lo expuesto, este Consejo considera atendible lo alegado por el órgano reclamado, en el sentido de que otorgar acceso al reclamante a la información pedida conllevaría la distracción indebida de sus funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores, con el evidente perjuicio al normal quehacer institucional de Superintendencia de Pensiones. Razón por la cual, se rechazará el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

7) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual modo, por aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33 letra e) de este mismo cuerpo legal, se recomienda a la Superintendencia de Pensiones trabajar en la implementación de las mejoras correspondientes en sus procesos y sistemas de tratamiento de la información, que le permitan identificar y extraer registros como los requeridos en la solicitud que dio origen al presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Roa Oppliger en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al haber derivado la solicitud de información de manera inoficiosa. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

III. Recomendar al Sr. Superintendente de Pensiones avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Roa Oppliger y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.