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Soledad Luttino Rojas con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1336-19

Consejo para la Transparencia, 26/11/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a diversos antecedentes relativos al procedimiento policial que consulta. Se ordena la entrega de una nómina de los funcionarios policiales, sólo respecto de aquellos que no formen parte del sistema de Inteligencia de la PDI, señalando cargos y funciones ejercidas cuando efectuaron el procedimiento que consulta; nómina de funcionarios y responsabilidades que asumieron en la PRI 319/2013; y horas de ingreso al sistema GEPOL el día 06 de marzo de 2014 y horas de ingreso al Sistema Biométrico del Registro Civil, en la misma fecha, por parte de la funcionaria que señala. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano respecto de la cual no se han alegado causales de reserva que ponderar, dado que sólo se hizo mención a decisiones en que el objeto de lo reclamado decía relación con situaciones diversas a lo requerido en el presente caso. Se rechaza el amparo respecto de la nómina de funcionarios de Inteligencia Policial por la naturaleza de sus funciones; y respecto de copia de las circulares, reglamentos u otros, relativos a las materias que indica, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder, por las razones que indica. Finalmente, se representa al órgano la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1336-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Soledad Luttino Rojas.

Ingreso Consejo: 13.02.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a diversos antecedentes relativos al procedimiento policial que consulta.

Se ordena la entrega de una nómina de los funcionarios policiales, sólo respecto de aquellos que no formen parte del sistema de Inteligencia de la PDI, señalando cargos y funciones ejercidas cuando efectuaron el procedimiento que consulta; nómina de funcionarios y responsabilidades que asumieron en la PRI 319/2013; y horas de ingreso al sistema GEPOL el día 06 de marzo de 2014 y horas de ingreso al Sistema Biométrico del Registro Civil, en la misma fecha, por parte de la funcionaria que señala.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano respecto de la cual no se han alegado causales de reserva que ponderar, dado que sólo se hizo mención a decisiones en que el objeto de lo reclamado decía relación con situaciones diversas a lo requerido en el presente caso.

Se rechaza el amparo respecto de la nómina de funcionarios de Inteligencia Policial por la naturaleza de sus funciones; y respecto de copia de las circulares, reglamentos u otros, relativos a las materias que indica, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder, por las razones que indica.

Finalmente, se representa al órgano la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.

En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1336-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de enero de 2019, doña Soledad Luttino Rojas solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante e indistintamente, la Policía o la PDI, la siguiente información:

a) "Nómina de funcionarios de Inteligencia Policial de Santiago y de la BIP de Valdivia y cargos que ocupaban, cuando efectuaron el procedimiento irregular en la ciudad de Santiago y Valdivia, contra la Srta. Patricia Cabrera, que hacía goce de licencia médica. Agregue funciones ejercidas en el procedimiento.

b) Nómina de funcionarios y responsabilidades que asumieron en la PRI 319/2013 que sancionó a la aludida ex funcionaria.

c) Horas de ingreso al sistema GEPOL de la Srta. Cabrera Solís, en el día 06 de marzo de 2014.

d) Horas de ingreso al sistema Copia del respaldo de la información consultada por la Subcomisario (R) Patricia Cabrera Solís en el Sistema Biométrico del Registro Civil, el día 06 de marzo de 2014.

e) Circular, reglamento (art., e inciso específico) u otro similar que EXIMA a funcionarios de la PDI, de dejar constancia de sus actuaciones VERBALES.

f) Al mismo tenor anterior, circular, reglamento (art., e inciso específico) u otro similar que instruya que actuaciones de funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones quedan escritas y cuáles están exentas de escritura. Fundamente las que están exentas".

2) RESPUESTA: El 12 de febrero de 2019, mediante carta de respuesta, la PDI otorgó respuesta al requerimiento, señalando en síntesis, respecto de lo pedido en la letra a), que "se le reitera y se da por reproducido lo informado mediante respuesta a solicitud (...) cuya copia nuevamente se adjunta". Asimismo, con relación a lo solicitado en el literal b), igualmente hizo mención a lo informado en una petición anterior.

Con relación a lo requerido en las letras c) y d), indicó que "sobre esa materia, se pronunció el Consejo para la Transparencia, mediante decisión de amparo rol C3039-16, la que se encuentra disponible para su consulta y estudio", señalando el link y los pasos a seguir para acceder a dicha información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Acto seguido, respecto de lo consultado en los literales e) y f), señaló que "no existe documentación en los términos por usted planteados". Finalmente, sobre una consulta que se habría efectuado en forma posterior, el órgano indicó que ya se había informado en reiteradas oportunidades sobre la materia.

3) AMPARO: El 13 de febrero de 2019, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, respecto de la respuesta a lo pedido en la letra a), alegó que "No se entrega nómina ni tampoco solicitud N° 3939 señalada". Acto seguido, con relación a la letra b), reclamó que "No se entrega información, aludiendo a la respuesta a solicitud N° 5738 (pero no señala dónde está la información), en la cual no se señala específicamente qué funcionario ejerció qué función en la misma".

Luego, respecto a lo entregado en la letra c), indicó que "Se alude a la resolución del CPLT 3039-2016, el cual se refiere a la información que fue revisada por la Srta. Cabrera Solís y no se aprecia de qué forma podría constituir alguna causal de reserva los horarios que ingresan los funcionarios a un programa del servicio". Del mismo modo, sobre lo pedido en la letra d), señaló que "Se alude a la resolución del CPLT 3039-2016, el cual efectivamente se alude a la negación de la información que revisó la ex funcionaria, pero no así la hora que lo hizo y no se aprecia de qué forma eso sería parte de alguna causal de secreto para la PDI ni afectar la ley de inteligencia".

Finalmente, con relación a las letras e) y f), reclamó que "Sin respuesta al tenor (...) señala que no existen documentos en la forma que se pide. Pero funcionarios de este servicio hicieron uso de recursos humanos y materiales en un procedimiento que aparentemente fue abusivo y no existe registro de las acciones en ninguna parte. Por lo cual deben señalar qué los exime de dejar registro de acciones en el ejercicio de sus funciones, o puede entenderse que pueden actuar al margen de la ley sin ningún registro institucional inmediato".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E4536, de fecha 7 de abril de 2019, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

No obstante lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte de la Policía de Investigaciones, no corresponde a la solicitada por la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes relativos al procedimiento policial que indica. Al respecto, el órgano se remitió a información entregada con anterioridad, a una decisión de este Consejo, y señaló que parte de la información no existe.

2) Que, en primer lugar, respecto de lo solicitado en la letra a), esto es, nómina de los funcionarios de Inteligencia Policial de Santiago y de la BIP de Valdivia, señalando los cargos que ocupaban y las funciones ejercidas, cuando efectuaron el procedimiento que indica, el órgano se remitió a lo informado en la respuesta a otra solicitud anterior. En dicha respuesta, de fecha 27 de marzo de 2017, el órgano se remitió, a su vez, a lo resuelto por este Consejo en la decisión del reclamo por infracción a la normas de Transparencia Activa rol C1319-16.

3) Que, en dicho contexto, en la decisión en comento, se rechazó un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa por no publicarse en el banner respectivo, la información relativa al personal y sus remuneraciones. En ese caso se razonó que, al tratarse de la dotación completa de la institución, su publicación supondría un nivel de exposición de sus funcionarios que podría poner en riesgo las labores de la institución, consagradas en su ley orgánica, consistentes entre otras, en investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público (artículo 4°, del decreto ley N° 2460); contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado (artículo 5°, del decreto ley N° 2460). En tal sentido, se razonó que se pondría en riesgo la investigación de delitos, incidiendo directamente en los resultados de éstas, concretamente por cuanto organizaciones criminales conocerían a sus oficiales que en cumplimiento de instrucciones y órdenes, procedieran a investigar. Esto se apreciaría más evidentemente en la etapa desformalizada de la investigación, por cuanto con el objeto de requerir mayores antecedentes para fundamentar una formalización, resultaría en muchas ocasiones necesario no revelar las identidades de los funcionarios de la PDI. Al respecto, el artículo 30, inciso 1° de la ley N° 20.000 que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial de 16 de febrero de 2005, señala que "(...) en cualquier etapa del procedimiento, cuando el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física de (...) un agente encubierto o revelador (...), como asimismo de su cónyuge, o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas / Para proteger la identidad de los que intervengan en el procedimiento".

4) Que, como se puede apreciar, y de conformidad a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1160-18, existe una gran diferencia entre el objeto del reclamo señalado precedentemente, en relación con la solicitud que dio origen al presente amparo, el cual se circunscribe a los funcionarios de la PDI que participaron en el procedimiento policial que detalla. En tal sentido, el órgano respecto a esta solicitud, no fundamentó pormenorizadamente las razones de aplicarse en este caso en particular, una causal de reserva, limitándose a invocar la decisión ya indicada, la cual versa sobre la totalidad de la dotación de la institución.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 33 letra j), de la Ley de Transparencia, que establece la facultad de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la Ley tengan carácter secreto o reservado, resulta ineludible tener presente lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre Inteligencia, el cual dispone que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

6) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

7) Que, en tal orden de ideas, puede concluirse que la información solicitada se refiere a antecedentes o actividades de inteligencia que, de divulgarse, tiene el potencial de afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, configurándose en tal sentido, la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 y N°5 de la Ley de Transparencia, ésta última, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974. No obstante lo anterior, el criterio señalado, respecto de los funcionarios que participaron en el procedimiento aludido por la reclamante y que no forman parte de servicios de inteligencia, no resulta aplicable. En dicho contexto, se debe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, lo cual en ese caso, no ocurre.

8) Que, en consecuencia, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de la información relativa a la nómina de los funcionarios que efectuaron el procedimiento consultado que no forman parte del sistema de Inteligencia del órgano, rechazándolo respecto de aquellos que sí reúnen esa condición.

9) Que, en segundo lugar, con relación a lo requerido en el literal b), esto es, nómina de funcionarios y responsabilidades que asumieron en la PRI 319/2013 que sancionó a la aludida ex funcionaria, el órgano, igualmente, se refirió a la respuesta entregada a otra solicitud anterior. En dicho documento, a la consulta final, la PDI indicó que "la individualización de los funcionarios corresponde a quien la suscribe, como asimismo en la notificación, quien la ejecuta, documentos todos que se encuentran en su poder". Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Transparencia, dispone que "La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional". En la especie, habiéndose dado una respuesta de forma distinta a la requerida por la solicitante, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de este punto, ordenando la entrega de la información solicitada.

10) Que, en tercer lugar, respecto de lo pedido en las letras c) y d), esto es, horas de ingreso al sistema GEPOL el día 06 de marzo de 2014 y horas de ingreso al Sistema Biométrico del Registro Civil, en la misma fecha, por parte de la funcionaria que indica, el órgano se limitó a señalar que sobre esa materia, ya se había pronunciado este Consejo, mediante decisión del amparo rol C3039-16. Al respecto, cabe tener presente que en los literales j) y k) de la solicitud que dio origen al citado amparo, el requerimiento se refería a "copia del respaldo de la información consultada por la Subcomisario", y si bien se reservó dicha documentación en atención a su contenido, dado que se trataba de informes de inteligencia, resulta sustancialmente distinto de lo solicitado en la especie, por cuanto en la presente, sólo se ha consultado los horarios de ingreso a los sistemas que indica, y en tal sentido, el órgano no explicó la forma en que la publicidad de dichos horarios podría generar alguna afectación, limitándose a invocar la decisión señalada, no obstante, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no ocurre en la especie. En consecuencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de estas letras, ordenando la entrega de la información solicitada.

11) Que, en cuarto lugar, con relación a lo consultado en las letras e) y f), esto es, circular, reglamento u otro similar que exima a los funcionarios de la PDI de dejar constancia de sus actuaciones verbales, y copia de circular, reglamento u otro similar que instruya qué actuaciones de funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones quedan escritas y cuáles están exentas de escritura, fundamentando las que están exentas, el órgano indicó que no existe documentación en los términos planteados. Lo anterior, resulta consistente con lo expuesto por el mismo órgano en respuesta a una solicitud anterior, de fecha 27 de marzo de 2017, en la cual se requirió información de igual tenor.

12) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte, por no obrar en poder de la Policía de Investigaciones de Chile, la información pedida por la reclamante.

13) Que, finalmente, cabe tener presente que el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme se le solicitó en el oficio individualizado en el número 4) de la parte expositiva, situación que se le representará al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, en la parte resolutiva de la presente decisión, por constituir una falta a la debida colaboración con este Consejo que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Soledad Luttino Rojas en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, rechazándolo respecto de lo requerido en la primera parte de la letra a), respecto de los funcionarios de inteligencia, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974; y respecto de lo pedido en las letras e) y f), por tratarse de información inexistente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante nómina de los funcionarios de la BIP de Valdivia, sólo respecto de aquellos que no formen parte del sistema de Inteligencia, señalando los cargos que ocupaban y las funciones ejercidas, cuando efectuaron el procedimiento que indica; nómina de funcionarios y responsabilidades que asumieron en la PRI 319/2013 que sancionó a la aludida ex funcionaria que señala; y horas de ingreso al sistema GEPOL el día 06 de marzo de 2014 y horas de ingreso al Sistema Biométrico del Registro Civil, en la misma fecha, por parte de la misma funcionaria.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la falta de colaboración en la tramitación de este amparo al no haber dado respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino Rojas y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.