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Carlos Díaz con UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Rol: C1030-19

Consejo para la Transparencia, 26/11/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Magallanes, ordenando la entrega de los expedientes relativos a las investigaciones sumarias solicitadas y que se encuentran finalizadas, relativas a denuncias por acoso y maltrato, en la forma y por el medio señalado en la solicitud de acceso. Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo proceso, el interesado conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario. En virtud del principio de facilitación comprendido en la Ley de Transparencia, al obrar en poder de este Consejo copia de uno de estos expedientes, se remitirá aquel a las partes, previa reserva de los antecedentes ya referidos. Se rechaza el amparo respecto del procedimiento que se encuentra aún en tramitación, por cuanto no es posible su divulgación sino hasta que dicho proceso se encuentre totalmente concluido. Aplica el criterio adoptado en decisiones Roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10, C561-11 y C3324-18, entre otras. Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud del compromiso señalado por la recurrida, en orden a que hará entrega al peticionario del expediente aludido, una vez que el procedimiento que contiene se encuentre afinado, dicha entrega debe realizarse con sujeción estricta a las reservas ya anotadas. Finalmente, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1030-19

Entidad pública: Universidad de Magallanes.

Requirente: Carlos Díaz.

Ingreso Consejo: 01.02.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Magallanes, ordenando la entrega de los expedientes relativos a las investigaciones sumarias solicitadas y que se encuentran finalizadas, relativas a denuncias por acoso y maltrato, en la forma y por el medio señalado en la solicitud de acceso.

Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo proceso, el interesado conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario.

Aplica precedentes de los amparos Roles C3571-17, C1790-18, C1894-18, C2577-18, C5112-18 y C5861-18, entre otros.

En virtud del principio de facilitación comprendido en la Ley de Transparencia, al obrar en poder de este Consejo copia de uno de estos expedientes, se remitirá aquel a las partes, previa reserva de los antecedentes ya referidos.

Se rechaza el amparo respecto del procedimiento que se encuentra aún en tramitación, por cuanto no es posible su divulgación sino hasta que dicho proceso se encuentre totalmente concluido. Aplica el criterio adoptado en decisiones Roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10, C561-11 y C3324-18, entre otras. Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud del compromiso señalado por la recurrida, en orden a que hará entrega al peticionario del expediente aludido, una vez que el procedimiento que contiene se encuentre afinado, dicha entrega debe realizarse con sujeción estricta a las reservas ya anotadas.

Finalmente, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.

En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1030-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de enero de 2019, don Carlos Díaz solicitó a la Universidad de Magallanes, lo siguiente:"1) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 123/SU/2018 (...) 2) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 0736/VRAC/2018 (...) 3) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 125/SU/2018 (...) 4) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 124/SU/2018 (...) 5) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 0877/VRAC/2018 (...) 6) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 130/SU/2018(...) 7) Sumario o Investigación Sumaria iniciado por Resolución 1317 de la Secretaria de la Universidad de Magallanes, con fecha 3 de octubre de 2018 (...)".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 1 de febrero de 2019, don Carlos Díaz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Magallanes, fundado en la ausencia de respuesta.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Magallanes, mediante oficio N° E4173, de 31 de marzo de 2019.

Posteriormente, por medio de presentación ingresada ante este Consejo el pasado 4 de junio de 2019, el órgano reclamado, en síntesis, expresó lo siguiente:

- Durante la fecha de presentación de la solicitud, y el periodo de tramitación de la misma, incluida la etapa del reclamo, la Universidad de Magallanes inició el periodo de receso de verano, entre el 28 de enero a 2 de marzo del presente año. A su vez, refieren fallas en su sistema de correos institucional, lo que implicó contestar un requerimiento de la Contraloría Regional (se adjunta evidencia).

- Expresan que de los siete expediente solicitados, los requeridos en los puntos 1), 3), 4), 5) y 6) del requerimiento, se encuentran finalizados, por tanto acceden a su entrega, resguardando, previamente los datos personales de contexto. En concordancia con ello, aseveran anexar en sus descargos los solicitados en los numerales 3) y 4). No obstante, respecto a los expedientes pedidos en los puntos 1), 5) y 6), atendido su volumen (en total 600 páginas), informan que se encuentran disponibles -para revisión o retiro de sus copias- en la Secretaria de la Universidad o en la Dirección Jurídica.

- En lo que respecta a los procedimientos no finalizados -requeridos en los puntos 2 y 7-, proceden a denegar su entrega en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, aseguran, en virtud del principio de facilitación y divisibilidad, consagrados en el artículo 11, letras f) y e) de la Ley de Transparencia, una vez concluida la tramitación de estos procesos, se hará entrega de ellos al peticionario.

4) GESTIÓN OFICIOSA: De la revisión de los antecedentes proporcionados por el organismo en sus descargos, se advierte que únicamente fue adjunto el expediente iniciado por resolución N° 124/SU/2018 -pedido en el numeral 4) de la solicitud-, verificando que corresponde a una investigación sumaria, iniciada por denuncia por acoso, la cual atendida la naturaleza de los hechos investigados, no fueron debidamente resguardados ciertos datos, identidades, antecedentes y relatos que revisten la calidad de personales y sensibles conforme la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, no constando que la universidad recurrida haya consultado a los involucrados en los términos del artículo 20 de la Ley de Transparencia, o acredite contar con la autorización de éstos para su divulgación. A su vez, y respecto de los restantes expedientes, se desconocía sobre la materia que tratan, por cuanto no fue señalada por el reclamante ni por el organismo.

En razón de ello, por medio de correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2019, este Consejo solicitó a la Universidad de Magallanes complementar sus descargos, en orden a que informe la materia sobre la cual versan todas las investigaciones pedidas, anexando al efecto copia de sus resoluciones o diligencias que den cuenta del objeto indagado. Lo anterior, junto con indicar el estado en que se encuentran los procesos que a la fecha de los descargos estaban en trámite, y precisen las razones por las que no es factible hacer entrega de lo pedido en los términos solicitados, haciendo especial énfasis en los datos personales y sensibles que pueden estar involucrados con la entrega de lo solicitado, sin mediar autorización de sus titulares - circunstancia que igualmente se hizo presente al recurrente, por correo de fecha 4 de noviembre de 2019-. Dicha petición de complemento fue reiterada por medio de correo de fecha 4 de noviembre, orientando al órgano reclamado respecto a lo resuelto por este Consejo en las decisiones Roles C429-14 y C2049-15, C2371-15, C1834-17, C3571-17, C1790-18, C1894-18, C2577-18, C5112-18 y C5861-18, correspondientes a la entrega de expedientes relativos a investigaciones por denuncia de acoso.

En respuesta, la Universidad de Magallanes por correo electrónico de fecha 6 de noviembre de 2019, señaló que los procedimientos consultados tuvieron su origen en el movimiento feminista del año 2018, versando en su mayoría en denuncias por acoso sexual, hostigamiento y violencia, las cuales fueron gestionadas a través de un protocolo provisorio, encontrándose el definitivo próximo a su oficialización.

Hacen presente que en el manual vigente establece que en materias de investigación relacionadas con los funcionarios se deben utilizar las normas de la Ley N° 18.834 "Estatuto Administrativo", y en relación a los alumnos denunciados, se utilizan las normas del "Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes", aprobado por Decreto 05/SU/2019, de 29 de marzo de 2019, y el Reglamento de Sumarios de Alumnos, aprobado por Decreto 34/SU/2001, modificado por Reglamento N° 30/SU/2004. Es así que se crea al interior de la Universidad "La Dirección de Género, Equidad y Diversidad", de la cual depende la "Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de acoso y discriminación", recibiendo durante el año 2018 una serie de denuncias de partes de alumnos solicitando apoyo psicológico y legal, señalando haber vivido situaciones vulneradoras al interior de la Universidad por parte de sus compañeros y algunos académicos.

Reiteran que no existen inconvenientes en entregar los procedimientos finalizados, encontrándose a la fecha ya 6 concluidos, no obstante, atendido su volumen, más de 600 páginas, vuelven a afirmar que aquellos se encuentran a disposición del reclamante en la secretaría de la Universidad o en la Dirección Jurídica, para lo cual lo invitan a revisar o retirar las respectivas copias, aseverando que resguardarán en su entrega los datos personales y sensibles contenidos en éstos.

Expresan que a la fecha el único procedimiento pendiente, es la investigación sumaria iniciada por Resolución N° 1317/SU/2018 -pedida en el numeral 7-, cuya entrega se realizará sin ulterior trámite una vez que el proceso se encuentre afinado.

Al efecto remiten copia de las respectivas resoluciones que instruyeron los procedimientos.

Finalmente, y por medio de nueva solicitud realizada por este Consejo, por correo de fecha 7 de noviembre de 2019, la Universidad de Magallanes remite copia de los informes y resoluciones finales de los procesos afinados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del término legal indicado, ni tampoco se notificó oportunamente su prórroga. Es más, a la fecha del presente acuerdo no existe constancia del otorgamiento de respuesta al solicitante. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Rector de la Universidad de Magallanes, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. Al respecto, cabe tener presente que la circunstancia de que los funcionarios del órgano se encuentren haciendo uso de su derecho a feriado legal, no constituye una justificación válida o suficiente que faculte al órgano para responder las solicitudes de acceso a información pública, fuera de los plazos legales, teniendo en consideración, especialmente, lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el cual permite el órgano prorrogar, excepcionalmente, por diez días hábiles, el plazo para pronunciarse respecto de la solicitud.

2) Que, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos roles A47-09, A95-09, C7-10 y C561-11, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza.

3) Que, en el presente caso, el requerimiento versa en la entrega de 7 expedientes correspondientes a investigaciones sumarias y sumarios administrativos; en tal sentido, y conforme informa el organismo, a la fecha los solicitados en los numerales 1 al 6 del requerimiento se encuentran finalizados, razón por la cual se allanan a la entrega de sus expedientes en la forma que indican; a saber, a través de la remisión a este Consejo de uno éstos, -el iniciado por resolución N° 124/SU/2018-, e indicando que los 5 restantes, atendido su volumen, se encuentran disponibles en las dependencias del establecimiento educacional. Respecto al proceso no finalizado, informan que aquel está en etapa indagatoria, razón por la cual suspenden su entrega hasta su finalización, en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo.

4) Que, de la revisión de los documentos aportados por la recurrida en su descargos, se verifica lo siguiente:

- El expediente pedido en el numeral 1) de la solicitud, corresponde a una investigación sumaria, iniciada por Resolución N° 123/SU/2018, en virtud de denuncia por acoso sexual de parte de estudiante en contra de docente de la universidad. Dicho proceso finalizó por medio de Resolución Exenta N° 1492, de 12 de noviembre de 2018, aplicando a la parte denunciada la sanción de censura.

- El expediente pedido en el numeral 2) de la solicitud, corresponde a una investigación sumaria, iniciada por Resolución N° 0736/2018-VRAC, en virtud de denuncia por maltrato y agresión efectuada por docente -en calidad de testigo- en contra de estudiante de la universidad. La aludida investigación finalizó por medio de Resolución N° 1068/2019- VRAC, de 14 de agosto de 2019, aplicando a la parte denunciada la sanción de suspensión de un semestre académico respecto de la carrera que cursa. (Víctima no declaró en el proceso).

- El expediente pedido en el numeral 3) de la solicitud, corresponde a una investigación sumaria, iniciada por Resolución N° 125/SU/2018, en virtud de denuncia por amenaza y hostigamiento de parte de estudiante. Dicho proceso finalizó por Resolución Exenta N° 1363, de 12 de octubre de 2018, sobreseyendo la investigación.

- El expediente pedido en el numeral 4) de la solicitud, corresponde a una investigación sumaria, iniciada por Resolución N° 124/SU/2018, en virtud de denuncia por acoso sexual de parte de estudiante en contra de docente de la universidad. Dicho proceso finalizó por medio de Resolución Exenta N° 1600, de 30 de noviembre de 2018, sobreseyendo la investigación.

- El expediente pedido en el numeral 5) de la solicitud, corresponde a una investigación sumaria, iniciada por Resolución N° 877/VRAC/2018, en virtud de denuncia por acoso sexual de parte de dos estudiantes en contra de compañero de carrera de la universidad. Dicho proceso finalizó por medio de Resolución N° 1021/2018-VRAC, de 26 de septiembre de 2018, aplicando a la parte denunciada la sanción de amonestación escrita.

- El expediente pedido en el numeral 6) de la solicitud, corresponde a una investigación sumaria, iniciada por Resolución N° 130/SU/2018, con objeto de indagar, clarificar y determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos que dicen relación con la gestión académico administrativa de la carrera de derecho durante los años 2017-2018 (en virtud de denuncias realizadas por distintos estudiantes acusando irregularidades de parte de docentes en el trato y durante la realización de exámenes). Dicho proceso finalizó por medio de Resolución Exenta N° 145, de 25 de enero de 2019, sobreseyendo la investigación.

- El expediente pedido en el numeral 7) de la solicitud, corresponde a un sumario administrativo, iniciado por Resolución Exenta N° 1317 a Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y Directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, con el objeto de indagar, clarificar y determinar -durante el periodo 2010/2018- eventuales responsabilidades referidas a la gestión académico - administrativa de la carrera, en los procesos de autoevaluación para la acreditación de su calidad y de planificación de los procesos formativos; y los procedimientos aplicados tras recepción de denuncias de casos de acoso.

5) Que, conforme se deprende los expedientes solicitados recaen, ya sea directa o indirectamente, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos relativos a denuncias por acoso de diversa índole y maltrato, efectuadas tanto por estudiantes en contra del personal docente, del personal docente en contra de alumnos, y de estudiantes en contra de sus compañeros, y un sumario administrativo dirigido a la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y Directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, para efectos de determinar su eventual responsabilidad en la gestión desplegada, tanto en el proceso de acreditación y frente a las denuncias de acoso que fueron presentadas. En tal sentido, es menester consignar lo razonado por esta Corporación respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un organismo público. Al efecto, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 razonó que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".

6) Que, del mismo modo, en la decisión de amparo Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.

7) Que, en dicho contexto, divulgar íntegramente el expediente sumarial afinado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.

8) Que, sin embargo, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, a juicio de este Consejo es posible acoger parcialmente el presente amparo, -respecto de los expedientes pedidos en los numerales 1 a 6 de la solicitud, al versar en procesos finalizados- incluidas las pruebas testimoniales rendidas durante el proceso-, dando aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia de dichos procedimientos - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C3571-17, C1790-18, C1894-18, C2577-18, C5112-18 y C5861-18.

9) Que, en relación a lo anterior, siendo el solicitante un tercero que no acreditó ser parte en los procesos consultados, no constando la autorización expresa de los distintos partícipes de aquellas investigaciones, ya sea en calidad de denunciantes, denunciados o testigos, que habiliten proporcionar de forma íntegra la información contenida en los expedientes afinados, en los términos descritos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y artículos 4° y 10 de la Ley N° 19.628, se procederá a resolver el presente amparo, en los términos que se expondrán en los considerandos siguientes.

10) Que, respecto al expediente correspondiente a la investigación sumaria iniciada por resolución N° 124/SU/2018 -numeral 4) de la solicitud-, finalizada por sobreseimiento, a Consejo acoge parcialmente su entrega, debiendo ser reservada la identidad de la parte denunciante, su declaración, el escrito de denuncia, y ciertos relatos contenidos en las declaraciones prestadas por los testigos, y aquellos contenidos en los distintos documentos que componen dicho expediente, en los cuales se hace referencia a la vida personal y familiar de la parte denunciante; lo anterior se ordena en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, numeral 4) de la Constitución Política de la República, como por el artículo 2°, letras g), la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, y en virtud de la atribución conferida por el artículo 33, letra m), de la Ley de Trasparencia, el cual dispone que a este Consejo le corresponderá "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por parte de los órganos de la Administración del Estado." A su vez, y con base a las normas ya reseñadas, deberá tarjarse la identidad (incluido RUT) de los funcionarios y particulares que declararon en calidad de testigos en el proceso. En tal sentido, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, se reservará además cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá ser suprimida toda descripción o mención de cualquier situación o hecho -cargo, función que desempeñan, e inclusive, año de ingreso- que las haga identificables. En este Contexto, y atendido a que el órgano reclamado en sus descargos remitió el aludido expediente, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, este Consejo hará entrega de esta información al reclamante junto con la notificación de la presente decisión, previa gestión de reserva de los datos descritos precedentemente. A su vez, copia del aludido expediente con los resguardos aludidos, será enviada a la Universidad de Magallanes a modo ilustrativo y referencial.

11) Que, respecto a los restantes expedientes -pedidos en los numerales 1) a 3) y 5) a 6), recaídos en investigaciones finalizadas, su entrega deberá proceder tarjando previamente:

ii. La identidad de las personas denunciantes y de los particulares que declararon en el mismo, así como la de los funcionarios públicos y estudiantes que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, la reclamada deberá además reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas -incluyendo el año de ingreso-, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables. A su vez, y respecto de aquellos procesos en los cuales la parte denunciada es un estudiante de la Universidad requerida, deberá igualmente ser reservada su identidad y todo antecedente que permita deducirla.

iii. El órgano reclamado deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente en análisis, por constituir datos sensibles protegidos por la Ley N° 19.628.

iv. Para el caso que los expedientes contengan medios de prueba documental, tales como correos electrónicos, impresiones de conversaciones vía WhatsApp, mensajes de texto, relatos referidos a llamadas telefónicas, Facebook, y análogas, este Consejo estima que dicha información se encuentra protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, todo lo cual a su vez se encuentra en armonía con el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental que establece entre las causales de secreto o reserva, respecto de la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos o fundamentos de la actividad de los órganos del Estado, precisamente, a los derechos de las personas, los que en su mayoría se encuentran establecidos en el mencionado artículo 19 del texto constitucional.

v. En general, se reserven los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

12) Que, la entrega de los referidos expedientes deberá ser en la forma indicada por el requirente en su solicitud, esto es, por correo electrónico y en formato PDF, ello por cuanto la entidad recurrida, únicamente justificó su entrega presencial en el hecho que los expedientes exceden las 600 páginas, señalando que aquellos se encuentran disponibles para "su revisión o copias", sin justificar de modo fehaciente y concreto alguna dificultad que impida la digitalización de tal documentación. En este contexto, la entrega de lo requerido a través de los medios solicitados, permitirá verificar a este Consejo el cumplimiento por parte de la recurrida de las reservas ordenadas. Finalmente, y en relación al peso de dichos antecedentes, su envío puede ser por medio de distintos correos electrónicos, o bien a través de los sistemas de almacenamiento electrónicos existentes en la actualidad.

13) Que, finalmente de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado, el sumario requerido en el numeral 7) de la solicitud no ha finalizado, encontrándose en su etapa indagatoria. En dicho contexto, y atendido el estado procesal del proceso disciplinario, a juicio de este Consejo, se ajustó a derecho la respuesta de la Universidad de Magallanes en virtud de la regla de secreto contenida en el inciso 2° del artículo 137, del Estatuto Administrativo en relación con el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo respecto de este expediente. Aplica el criterio adoptado en decisiones Roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10, C561-11 y C3324-18, entre otras. Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud del compromiso señalado por la recurrida, en orden a que hará entrega al peticionario del expediente aludido, una vez que se encuentre afinado el procedimiento que contiene, dicha entrega debe realizarse con las reservas ya anotadas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Díaz, en contra de la Universidad de Magallanes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Magallanes:

a) Hacer entrega a la parte reclamante de los expedientes solicitados en los numerales 1) a 3) y 5) a 6) del requerimiento en el formato y por el medio indicados en la solicitud de acceso, reservando previamente los antecedentes señalados en el considerando 11).

En virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo remitirá copia a las partes del expediente solicitado en el numeral 4) del requerimiento, tarjando previamente los antecedentes descritos en el considerando 10).

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Rector de la Universidad de Magallanes: La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Rechazar el amparo respecto al expediente solicitado en el numeral 7) del requerimiento, en virtud de lo razonado en el considerando 13).

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Díaz, y al Sr. Rector de la Universidad de Magallanes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.