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Daniel Vásquez Medina con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C2733-19

Consejo para la Transparencia, 28/11/2019

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), ordenando la entrega de los antecedentes que justificaron el otorgamiento de la exención tributaria en relación al inmueble consultado. Lo anterior, por tratarse de información pública que sirvió de fundamento de un acto administrativo. Se desestiman las causales de reserva invocadas, por no acreditarse suficientemente la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que se trata de antecedentes referidos a una decisión administrativa adoptada con anterioridad al proceso de fiscalización que invoca el SII, y por no haberse acreditado que su divulgación pueda afectar los derechos del tercero propietario del inmueble respectivo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2733-19

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII).

Requirente: Daniel Vásquez Medina.

Ingreso Consejo: 11.04.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), ordenando la entrega de los antecedentes que justificaron el otorgamiento de la exención tributaria en relación al inmueble consultado. Lo anterior, por tratarse de información pública que sirvió de fundamento de un acto administrativo.

Se desestiman las causales de reserva invocadas, por no acreditarse suficientemente la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que se trata de antecedentes referidos a una decisión administrativa adoptada con anterioridad al proceso de fiscalización que invoca el SII, y por no haberse acreditado que su divulgación pueda afectar los derechos del tercero propietario del inmueble respectivo.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1052 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2733-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de marzo de 2019, Daniel Vásquez Medina solicitó al Servicio de Impuestos Internos -en adelante SII-, la siguiente información: "solicito se me informe si el inmueble ubicado en (...) de la comuna de Providencia, está afecto al pago de contribuciones. En caso que se encuentre exento, se me entreguen los antecedentes que permiten su liberación de dicho tributo".

2) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta N° 16065, de fecha 29 de marzo de 2019, el órgano dio respuesta a la solicitud, accediendo a la entrega de la información, indicando que "podrá ser retirada personalmente por quien tenga poder para representar al propietario del inmueble, previa acreditación de su identidad".

3) AMPARO: El 11 de abril de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, ya que la misma solo puede ser entregada a los representantes legales, o bien, a quien tenga poder.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante oficio N° E8060, de fecha 14 de junio de 2019, con el objeto de que formule sus descargos y observaciones, en particular: (1°) refiérase a las circunstancias alegadas por el reclamante al momento de interponer su amparo; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) remita copia de la solicitud de información que dio origen al presente amparo; y, (4°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la respuesta reclamada.

El Servicio, por medio de presentación ingresada con fecha 1 de julio de 2019, señaló, en síntesis, que el amparo sería inadmisible por la inexistencia de los presupuestos legales que lo hacen procedente, ello, ya que la reclamación no señala alguna infracción cometida, no invoca causal legal y no aporta antecedentes para sustentar el reclamo. Por otra parte, alega el hecho de que se accedió a la solicitud, por lo que no existió denegación, que sería presupuesto de la reclamación.

Señala que se accedió a la entrega de la información por ser de libre acceso, ya que se refiere a la calificación de exento o afecto de un inmueble en relación al pago del impuesto territorial, sin embargo, el solicitante además requiere los antecedentes que permiten la liberación del inmueble de dicho tributo, información que no puede ser entregada a un tercero distinto del propietario o de quien lo represente, toda vez que en la actualidad se está llevando a cabo una fiscalización a fin de verificar si se mantienen las condiciones para continuar gozando de la exención, por lo que se afectarían los derechos personales y comerciales del propietario, encontrándose prohibida para el Servicio la divulgación por las causales de reserva del artículo 21, N° 1, letra b), y N° 2 de la Ley de Transparencia.

Agrega que, en atención a que el peticionario no acreditó la representación del propietario del inmueble, se accedió a la entrega de la información, con retiro en oficina, a efectos de corroborar la identidad y facultades que le asisten, citando el artículo 22 de la Ley N° 19.880 y el numeral 1.2 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

Indica que el Cuadro Anexo de la Ley 17.235 "Sobre Impuesto Territorial", en el punto I, letra B, N° 2, señala que se encuentran exentas: "Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Ministerio de Educación, de carácter público o privado, respecto de los bienes raíces de su propiedad destinados a educación, investigación y siempre que no produzcan renta por actividades distintas a dichos objetos". Por ello, reunir todos los antecedentes que dicen relación con el cumplimiento de las condiciones para la exención de un inmueble implica necesariamente referirse a información comercial y personal de los propietarios. En ese contexto, se ha establecido un régimen legal de reserva de aquella información que obra en poder de los órganos de la Administración, a partir del deber de proteger el secreto de una labor de fiscalización, al menos durante el proceso de fiscalización y previo a la adopción de una resolución o medida, precisamente para garantizar el éxito y cumplimiento de la misma.

Reitera que los datos solicitados corresponden a los de un proceso de fiscalización que se encuentra actualmente vigente respecto al inmueble consultado, proceso que se inició formalmente mediante la Orden de Trabajo N° 2628755, de fecha 29 de marzo de 2019. Es precisamente en dicho proceso de fiscalización, en el cual se fundará la decisión o medida que finalmente resuelva adoptar en un futuro próximo este Servicio, por lo cual resulta imposible acceder a la entrega de dicha información en este momento, tal como ordena la debida protección del interés fiscal y la adecuada fiscalización del cumplimiento de las leyes tributarias, ya que, la divulgación a terceros, afectaría las funciones propias de este organismo, en particular, porque su conocimiento puede facilitar el despliegue de acciones por parte de los contribuyentes que dificulten las acciones fiscalizadoras o que les permitan burlar o sustraerse de los efectos de las mismas, información que se encuentra protegida de conformidad a la causal de reserva legal establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ÓRGANO: Mediante Oficio N° 1361, de 25 de julio de 2019, este Consejo solicitó al órgano complementar sus descargos, lo que fue realizado a través de presentación recepcionada con fecha 30 de julio de 2019, en la que, junto con reiterar lo ya señalado en sus descargos, en síntesis agrega que dentro del proceso de fiscalización, el SII requirió, con fecha 08 de julio de 2019, a través del Oficio Ord. N° 865, los antecedentes que fundamenten la exención tributaria, cuyo plazo de entrega recién venció el 29 de julio de 2019. En virtud de lo anterior, consultado el tasador a cargo del proceso de fiscalización, se creó la Orden de trabajo N° 2694645, de fecha 29 de julio de 2019, con el objeto de verificar los antecedentes existentes y la eventual necesidad de coordinar una visita al inmueble, por lo cual, la referida fiscalización se encuentra aún en estado de revisión de antecedentes y sin acto administrativo decisorio o de término, proceso que, conforme a lo indicado por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, debiera concluir dentro del mes de agosto de 2019.

Comunica que no se procedió conforme al artículo 20 de la Ley N° 20.285, por cuanto, al encontrarse el proceso de fiscalización pendiente, aun cuando el contribuyente manifestara su consentimiento en orden a entregar la información requerida, ello resultaba imposible para el SII debido al proceso de fiscalización vigente y cuyo acto decisorio o final dependerá de las actuaciones que se están realizando en dicho proceso, por lo cual, a fin de asegurar el éxito de dicha fiscalización resultaba imposible entregar la información requerida.

Finalmente, indica los datos del propietario del inmueble, en su condición de tercero involucrado, y manifiesta que no puede remitir a este Consejo, para ser tenida a la vista, la información requerida, por encontrarse en curso el proceso de fiscalización ya mencionado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los antecedentes que justifican la exención tributaria que goza un inmueble en específico, respecto de la cual el órgano accede a su entrega, en sus dependencias y previa acreditación de la identidad y facultades de representación que le asisten al solicitante en relación con quien está registrado como propietario del inmueble. Luego, en sus descargos, alega la configuración de las causales de reserva del artículo 21, N° 1, letra b), y N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, antes de resolver el fondo del asunto, cabe desestimar la alegación de inadmisibilidad planteada por el órgano reclamado, por cuanto el amparo en comento se presentó precisamente bajo los supuestos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, que al respecto dispone en su inciso 1° que: "Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información". En este contexto, si bien el Servicio de Impuestos Internos formalmente accede a la entrega de la información, en la práctica incorpora una condicionante que en definitiva impide al solicitante acceder a los antecedentes requeridos, resultando irrelevante si dicha limitante se ajusta o no a derecho, al menos al momento de efectuar el análisis de admisibilidad respectivo. Por lo tanto, al constituir un hecho patente la imposibilidad del solicitante de acceder a la información requerida, debido a la condicionante incorporada por el Servicio para su entrega, resulta admisible el amparo, debiendo este Consejo analizar el fondo de la controversia.

3) Que, dicho lo anterior, se debe partir señalando que la información solicitada constituye el fundamento de un acto administrativo, en particular de la resolución que, en su oportunidad, resolvió otorgar el beneficio de exención del impuesto territorial sobre el inmueble materia del presente caso, actuación que data del año 1982, como reconoce el órgano es sus descargos. En consecuencia, lo requerido en este amparo constituye información pública en los términos del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan alegarse en la especie.

4) Que, sentado lo anterior, se deben analizar las alegaciones del órgano que lo facultarían a denegar el acceso a información, en principio pública, las cuales, según se explica en sus descargos, se sustentan en el hecho de existir actualmente un proceso de fiscalización destinado a determinar si respecto del inmueble en cuestión se mantienen aún los presupuestos que permitieron en su momento otorgarle el beneficio de exención tributaria. Al respecto, se debe tener presente que a la fecha de la solicitud de acceso a la información pública, esto es, el 11 de marzo de 2019, no se encontraba abierto el proceso de fiscalización mencionado por el Servicio, el cual solo fue aperturado el día 29 del mismo mes y año, a través de la orden de trabajo N° 2628755, oportunidad en la cual además se da respuesta a la solicitud de acceso a la información. De lo anterior, se desprende que el presupuesto de hecho en el que el SII funda su alegación, se verificó con posterioridad a la solicitud de acceso a la información, por lo que resulta improcedente para entender configurada la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.

5) Que, a mayor abundamiento, se debe recalcar que los antecedentes solicitados por el requirente no se refieren a aquellos que podrían fundar la adopción de una resolución, medida o política, en base al proceso de fiscalización iniciado, sino que se trata de aquellos que en su oportunidad permitieron al SII conceder el beneficio de exención tributaria respecto del inmueble en cuestión.

6) Que, a su vez, los actos administrativos que conceden beneficios como el de exención tributaria, son públicos, por cuanto son pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades. En tal sentido, si dichos actos son públicos, de igual manera lo son los antecedentes que los fundan, por cuanto constituyen en conjunto, el cuerpo documental en virtud del cual se dictó la resolución respectiva, y que le sirvieron de fundamento, tal como lo establece el citado artículo 8°, inciso 2, de la Constitución Política de la República.

7) Que, luego, en relación con la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se configuraría al afectarse eventualmente los derechos del propietario del inmueble sobre el que versa el requerimiento de información, se debe señalar que este Consejo ha resuelto reiteradamente que para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que, en la especie, no se ha producido, ya que el SII solo ha mencionado que "reunir todos los antecedentes que dicen relación con el cumplimiento de las condiciones para la exención de un inmueble implica necesariamente referirse a información comercial y personal de los propietarios", sin explicar ni acreditar de qué manera se verificaría la supuesta afectación de los derechos del tercero, al cual además, no le confirió traslado, en los términos del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo expuesto, sumado a que en virtud del principio de divisibilidad puede asegurarse la reserva de los datos que resulte pertinente resguardar, lleva a desestimar esta alegación del Servicio.

8) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano y que ha servido de fundamento para la asignación de un beneficio, y habiéndose desestimado las alegaciones del Servicio de Impuestos Internos, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de los antecedentes que justificaron el otorgamiento de la exención tributaria en relación al inmueble consultado, debiendo de manera previa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° letra g) y 10 de la ley N° 19.628, tarjarse todos los datos personales de contexto, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del beneficio respectivo, tales como teléfono, correo electrónico u otros similares, que aparezcan en ellos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Daniel Vásquez Medina en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, que:

a) Entregue al solicitante copia de los antecedentes que justificaron el otorgamiento de la exención tributaria en relación al inmueble consultado.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Vásquez Medina y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.