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Pedro Sanzana Cuevas con SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL Rol: C3557-19

Consejo para la Transparencia, 05/12/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, ordenando entregar el modelo hidrogeológico numérico en la plataforma GroundWaterVistas relativo al estudio ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM. Lo anterior, por tratarse de información pública que se encuentra en poder del órgano, respecto de la cual se desestima la concurrencia de las causales de reserva de afectación de los derechos comerciales o económicos de terceros, y de afectación al interés nacional. En efecto, conforme a Ley de Bases Generales del Medio Ambiente toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración. Además, el tercero involucrado no acreditó suficientemente la afectación a sus derechos. Consultado el Ministerio de Relaciones Exteriores no estimó inconveniente en la publicidad de la información requerida por constituir el modelo hidrogeológico consultado un antecedente en desarrollo, cuyos alcances definitivos sólo se precisarán en la resolución que resuelve el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y porque en esta materia, la República de Chile debe actuar con apego a sus obligaciones internacionales y con la debida transparencia, acorde a la institucionalidad ambiental vigente. Se rechaza el amparo respecto de la entrega del modelo hidrogeológico 3D construido por el titular en la plataforma Leapfrog HydroGeo, por no existir antecedentes que acrediten que se trate de información que se encuentre en poder del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3557-19

Entidad pública: Servicio de Evaluación Ambiental.

Requirente: Pedro Sanzana Cuevas.

Ingreso Consejo: 17.05.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, ordenando entregar el modelo hidrogeológico numérico en la plataforma GroundWaterVistas relativo al estudio ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.

Lo anterior, por tratarse de información pública que se encuentra en poder del órgano, respecto de la cual se desestima la concurrencia de las causales de reserva de afectación de los derechos comerciales o económicos de terceros, y de afectación al interés nacional.

En efecto, conforme a Ley de Bases Generales del Medio Ambiente toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración. Además, el tercero involucrado no acreditó suficientemente la afectación a sus derechos.

Consultado el Ministerio de Relaciones Exteriores no estimó inconveniente en la publicidad de la información requerida por constituir el modelo hidrogeológico consultado un antecedente en desarrollo, cuyos alcances definitivos sólo se precisarán en la resolución que resuelve el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y porque en esta materia, la República de Chile debe actuar con apego a sus obligaciones internacionales y con la debida transparencia, acorde a la institucionalidad ambiental vigente.

Se rechaza el amparo respecto de la entrega del modelo hidrogeológico 3D construido por el titular en la plataforma Leapfrog HydroGeo, por no existir antecedentes que acrediten que se trate de información que se encuentre en poder del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1055 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3557-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de abril de 2019, don Pedro Sanzana Cuevas, solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la siguiente información referida al Estudio de Impacto Ambiental "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi", ingresado en enero del año 2019 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM:

"1. Modelo Hidrogeológico Numérico referido en el ítem 3.7.4.3 en la plataforma/software que fue construido por el titular (MODFLOW-USG, GroundWaterVistas). Archivos de respaldo de los distintos escenarios evaluados en el estudio.

2. Modelo hidrogeológico 3D referido en el ítem 3.7.5.2., y construido por el titular en la plataforma Leapfrog HydroGeo".

2) RESPUESTA: Por medio de correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2019, el Servicio de Evaluación Ambiental otorgó respuesta a la solicitud, señalando "que se envía la información de 3 cds que fueron enviados por el titular y que por su peso no fueron subidos al SEIA. Esta información fue subida a la nube del SEA y estará disponible para su descarga", señalando los respectivos enlaces.

3) AMPARO: El 17 de mayo de 2019, don Pedro Sanzana Cuevas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega de antecedentes que no corresponden a los solicitados. Detalla el reclamante que los tres links indicados por el órgano no contienen nada de información pertinente a lo solicitado, es decir, ni el modelo hidrogeológico numérico GroundWaterVistas, ni el modelo hidrogeológico 3D Leapfrog. Agrega, que cada enlace virtual, ofrece un archivo Excel, que no contienen los modelos solicitados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante Oficio N° E9604 del 19 de julio de 2019.

El órgano reclamado presentó sus descargos mediante Of. Ord. D.E N° 190862/19, de 5 de agosto de 2019, señalando, en síntesis, que si bien no se presentaron en la respuesta los modelos en los formatos requeridos, los archivos enviados si contienen información íntimamente relacionada con los mismos, como lo son, los datos de entrada, calibración y de salida de ciertas variables utilizadas para la aplicación del modelo hidrogeológico.

Describe que los modelos en cuestión son el medio utilizado para simular el comportamiento del recurso hídrico y así evaluarlo ambientalmente antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Son representaciones de la realidad, la que es descrita con un número determinado de variables que son ingresadas al programa computacional. Así, con los datos de entrada del modelo, enviados al solicitante, más la calibración de los mismos, y la determinación de otras variables, se predice el comportamiento de las aguas.

Agrega, que las variables consideradas en la aplicación del modelo, dado su alto número e interrelación, pueden conducir a distintos resultados en la medida en que ellas puedan ser manipuladas por terceras personas. Incluso la utilización de distintos equipos computacionales y software puede alterar tales resultados. En atención a ello, los titulares presentan al procedimiento de evaluación los datos específicos relacionados con el componente hídrico y las conclusiones adscritas del modelo.

Señala que la compañía minera no acompañó al EIA los modelos en los formatos GroundWaterVistas, ni Leapfrog HydroGeo. Incluso, el modelo hidrogeológico 3D, referido en el ítem 3.7.5.2. construido con la plataforma Leapfrog HydroGeo, no ha sido presentado, por lo que no se encuentra en poder del Servicio, ello, por cuanto dichos modelos no son obligatorios para la evaluación ambiental.

En cuanto al modelo en formato GroundWaterVistas, si fue presentado por el titular, de forma voluntaria y sin requerimiento del Servicio, pero no ha sido incorporado en el expediente, ni será considerado para efectos de la evaluación ambiental, por haber sido presentado fuera de la etapa administrativa dispuesta para ello, es decir, fuera del Estudio de Impacto Ambiental.

Estima que, respecto al modelo GroundWaterVistas, por las condiciones descritas, para proceder a su entrega se debe notificar al titular del proyecto, para que pueda ejercer su derecho de oposición, ello, por cuanto la publicidad podría afectar el derecho de propiedad intelectual de la compañía minera.

Añade, que también se debe considerar la sensibilidad de la información de la cual se trata, en el plano de la política internacional y las relaciones diplomáticas entre el Estado de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, ya que el modelo hidrogeológico numérico construido en la plataforma GroundWaterVistas, simula el comportamiento de las aguas que forman parte de una red hidrográfica compleja compartida por ambos países, que se ubica exactamente en el límite fronterizo, y que significa que las aguas que forman parte de esta red sean aprovechadas en territorio chileno, pudiendo verse afectado, eventualmente, su caudal. A esto, se suma la sensibilidad de las variables que pueden ser utilizadas y manipuladas en el modelo ejecutado en la plataforma mencionada, lo que puede acarrear una alteración significativa de los resultados presentados o datos de salida del mismo. Hace mención al actual conflicto por el uso de las aguas del rio Silala, por cuanto los hechos que sustentan ese litigio son análogos a los que son sometidos a su conocimiento, y cuya publicidad podría desencadenar, eventualmente, un conflicto de similares características.

Por lo anterior, concluye que, si el titular decide o no ejercer su derecho de oposición, se podría configurar, en primer lugar, la causal de secreto o reserva del número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, y, en caso de rechazarse, se configuraría la causal del número 4, de la norma citada, ya que la publicidad de la información, afecta el interés nacional, especialmente en lo referente a las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio N° E14487, de fecha 9 de octubre de 2019, esta Corporación confirió traslado al tercero interesado informado por la reclamada, esto es, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y en el artículo 47 del Reglamento de dicha ley.

Por medio de presentación de fecha 6 de noviembre de 2019, el tercero realizó descargos, en los que, en resumen, hace presente que la información contenida en el EIA es de carácter público y de libre acceso a través del expediente digital, por lo que no tiene objeción alguna respecto de su entrega al solicitante. Luego, en relación a la información adicional que no forma parte del expediente administrativo, señala que corresponde a información privada que Collahuasi ha elaborado para el desarrollo de su actividad económica y que no se encuentra dentro del alcance de la Ley de Transparencia.

6) TENGASE PRESENTE: Mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2019, el reclamante hizo presente, en síntesis, que el órgano ha reconocido tener en su poder los archivos que permiten correr las simulaciones del modelo hidrogeológico numérico utilizadas en el EIA, en el formato GroundWaterVistas, y que pese a no haber sido acompañado en la etapa administrativa dispuesta para ello, se aplica el artículo 5 de la Ley de Transparencia, procediendo su entrega. Agrega que resultaría inoportuna la notificación a la compañía minera, en calidad de tercero interesado, por cuanto debió realizarse al recepcionarse la solicitud de acceso a la información.

Añade que la entrega del modelo, ya sea durante el ingreso al EIA o con posterioridad, implica que la compañía minera ha permitido que sea utilizado en la revisión del proyecto, por lo que no sería información privada, desde el momento en que la administración debe examinarla dentro del marco de sus competencias. Señala que los modelos hidrogeológicos numéricos son una herramienta fundamental para cuantificar, predecir y evaluar los potenciales efectos de un determinado proyecto o actividad sobre un acuífero y sus ecosistemas asociados, lo que es reconocido por el propio SEA, quien además señaló que "los resultados que se obtienen pueden ser significativamente diferentes dependiendo de la forma en que se desarrolle la modelación". Para confirmar que el modelo está correctamente elaborado, es necesario que los Servicios con competencia ambiental puedan revisar, leer o correr el modelo, y que la ciudadanía también pueda hacerlo.

Señala que no hay problemas de propiedad intelectual, ya que el programa es comercializado por el dueño del software y, para leer el modelo, empleará el software que cuenta con la respectiva licencia en el computador de su oficina.

Explica que lo que aparece publicado en el e-SEIA es solo una descripción del modelo conceptual y otra del modelo numérico utilizado, pero en ningún caso se encuentran disponibles los archivos que permiten evaluar correctamente el modelo hidrogeológico numérico. De esa forma, se puede realizar una correcta evaluación de todas las condiciones de borde y datos de entrada que se describieron en el modelo conceptual y se puede verificar si fueron correctamente ingresadas y representan fielmente las condiciones físicas de los acuíferos simulados en el modelo numérico. Dado que los resultados del modelo numérico son utilizados para predecir impactos en el área de estudio, es absolutamente necesario poder revisar y verificar que está bien construido. Es por eso que la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas exigen la entrega de todos los modelos hidrogeológicos numéricos que se usan en los diferentes estudios que ellos realizan y posteriormente los facilitan a todos los interesados que los soliciten mediante ley de transparencia o los disponen para descarga directa en sus centros de documentación.

Respecto a la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, señala que estamos en presencia de la evaluación ambiental de un proyecto minero cuyo estudio es completamente público. La ubicación del proyecto, con más de dos décadas de funcionamiento, es información pública, así como la ubicación precisa de los pozos de extracción de agua subterránea. De hecho, todo lo relativo al componente hídrico, fue extensamente evaluado en 2005 y finalmente aprobado en la Resolución de Calificación Ambiental de 2006 (RCA 144/2006). Asimismo, los derechos de aguas de la Compañía es información también pública. En otras palabras, siendo público todo lo relacionado con la evaluación ambiental, información que además está disponible en Internet, no se comprende ni se encuentra debidamente fundada la causal de afectación al interés nacional.

Aclara que el modelo en sí mismo no puede comprometer el interés nacional, pues no tiene la aptitud para ello, por cuanto se trata de un instrumento técnico que debe ser revisado por el Estado para autorizar al titular del proyecto a utilizar aguas subterráneas, algunas de las cuales podrían estar relacionadas con aguas transfronterizas, y será el Estado quien, considerando los potenciales efectos del proyecto, establecerá las condiciones sobre el uso del agua subterránea velando por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional y la protección del medio ambiente.

7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio N° E16186, de fecha 8 de noviembre de 2019, referirse a la eventual afectación a los intereses generales de la Nación, especialmente, a las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia, respecto de los antecedentes solicitados por el reclamante.

El referido Ministerio, por medio de Of. Res. N° 5476, de fecha 26 de noviembre de 2019, informó, en lo pertinente, que el derecho internacional establece una serie de obligaciones de los Estados en relación con actividades que eventualmente podrían tener impactos más allá de los límites internacionales. Una de ella es evaluar los eventuales impactos transfronterizos. En este contexto, el SEA ha dictado el Instructivo respectivo, contenido en el Oficio Ordinario D.E. N° 181.275/18, de 31 de agosto de 2018, el que indica las acciones que se deben implementar dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de proyectos o actividades que se emplacen en zonas fronterizas, o en caso de que, encontrándose fuera de dichas zonas, sus áreas de influencia se extiendan a éstas, previendo que el SEA informará a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), órgano asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los referidos proyectos o actividades.

Precisa que corresponde a la DIFROL asesorar al Gobierno en todas las materias referidas a zonas fronterizas y a los límites internacionales del Estado, específicamente en las materias de recursos hidrológicos compartidos. Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 21.080, prescribe que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con S.E. el Presidente de la República en el diseño, planificación, prospección, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que éste formule, proponiendo y evaluando las políticas y planes orientadas a fortalecer la presencia internacional del país, y velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional.

En este orden de consideraciones, señala que las labores de coordinación de la mencionada Secretaría de Estado se extienden a las actividades de los distintos Ministerios y órganos del Estado, en todos aquellos asuntos que inciden en la política exterior, como también intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fronteras y límites del país, así como en todas las cuestiones que atañen a sus zonas fronterizas, recursos hídricos compartidos, a sus espacios aéreos y marítimos, y a la política antártica, en general.

Por lo anterior, y en concordancia con lo sostenido por este Consejo (Decisión de Amparo Rol C3555-17), afirma que resulta evidente que corresponde sólo al Ministerio de Relaciones Exteriores, calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional y/o las relaciones internacionales. Dado lo anterior, el SEA, previo a haber invocado las causales de secreto o reserva singularizadas, debió solicitar a dicho Ministerio un pronunciamiento sobre la eventual afectación a esos bienes jurídicos, atendiendo, esencialmente, al principio de coordinación entre los órganos de la administración del Estado.

Luego, acerca de la eventual afectación al interés general, especialmente, a las relaciones internacionales y a los intereses económicos o comerciales del país, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, que podría significar la publicidad, comunicación o conocimiento del modelo hidrogeológico incorporado en el EIA de la referencia, señala que se deben tener presentes dos consideraciones elementales:

a) No puede afirmarse, en términos genéricos, que una evaluación de impacto ambiental, per se, pueda afectar el interés nacional o las relaciones internacionales, sino, más bien, lo que debiese ser materia de escrutinio es el grado de afectación de esos bienes jurídicos por parte de esta Secretaría de Estado y sus órganos respecto de la evaluación de los impactos transfronterizos que el derecho internacional obliga realizar y, de esta manera, prevenir diligentemente los eventuales efectos dañosos que podrían existir en territorios de otros países y que se derivarían del ejercicio de una determinada actividad en esos sectores.

En el caso del agua subterránea, los modelos hidrogeológicos son las herramientas que permiten evaluar los efectos de un proyecto de extracción dentro del respectivo procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, a fin de que los órganos de la Administración del Estado, de resultar procedente, evacúen sus respectivos informes dentro del ámbito de su competencia, incluyendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la DIFROL.

b) Un modelo hidrogeológico es una representación simplificada de la realidad que permite analizar el comportamiento de un sistema hidrogeológico complejo, utilizando información disponible, la que es procesada mediante un cálculo computacional y el desarrollo de códigos y software. Su representatividad depende de la calidad y completitud de los datos que se incorporan en él, como de los parámetros y condiciones de borde del mismo. Es una herramienta orientativa para la toma de decisiones que es considerada por el Estado al evaluar el proyecto, y según los resultados obtenidos en conjunto con la documentación presentada, permitirá determinar los potenciales efectos, incluso los transfronterizos y, en su caso, ordenar que se adopten los cambios o acciones de mitigación pertinentes.

Agrega, que en el caso particular, el antecedente solicitado se enmarca dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva", perteneciente a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, que de acuerdo al procedimiento del SEIA, actualmente se encuentra suspendido con el objeto que el titular se haga cargo de las múltiples observaciones emitidas por los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA), en particular, la Dirección General de Aguas, la que emitió importantes observaciones en que se cuestionan aspectos relevantes de dicho modelo en relación a su consistencia, tales como valores estimados en parámetros hidráulicos, balance de masa obtenido, resultados de calibración, entre otros.

De lo anterior, se deduce que el modelo hidrogeológico en cuestión es un antecedente en desarrollo, cuyos alcances definitivos sólo se precisarán en la resolución que resuelve el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, dicho modelo -por si sólo-, el que tiene un carácter preliminar a la fecha de este pronunciamiento, no tiene el mérito de afectar el interés nacional o comprometer las relaciones internacionales ni los intereses económicos del país, porque no cumple con el criterio establecido reiteradamente por este Consejo (Decisiones de Amparo Roles C1202-13, A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11 y C929-11), en orden a que, para la procedencia de una causal de secreto o reserva, "es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella y [...] que tal afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva".

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que no ve inconveniente en que los antecedentes solicitados en el marco de presente amparo, estén disponibles al público, ya que en esta materia la República de Chile debe actuar con apego a sus obligaciones internacionales y con la debida transparencia, acorde a la institucionalidad ambiental vigente.

Sin perjuicio de ello, hace presente que, en el ámbito de la conducción de las relaciones internacionales en estas materias, esto es, las conversaciones, consultas, negociaciones y trabajos e informes técnicos que se lleven a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo aspectos relacionados a temas ambientales o referidos a recursos naturales compartidos, así como en lo relativo al ejercicio de las atribuciones de la DIFROL, la reserva o secreto de la información será determinada caso a caso en conformidad con la aludida Ley de Transparencia, en concordancia a lo previsto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República y con estricto apego a los criterios de especificidad que este Consejo ha fijado en su reiterada jurisprudencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información consistente en el modelo hidrogeológico numérico GroundWaterVistas y el modelo hidrogeológico 3D Leapfrog, a los que se hace referencia en el EIA denominado "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi", ingresado al SEIA. La negativa del órgano, se funda en el hecho de no contar con parte de la información requerida, y respecto de aquella que reconoce tener en su poder, entiende configuradas las causales de reserva o secreto de los numerales 2 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en relación a la primera de las alegaciones del órgano, se debe considerar que de la revisión del expediente disponible en el sistema e-SEIA, no se observa que el titular del proyecto haya acompañado a la solicitud de EIA los modelos en el formato requerido por el reclamante. Sin embargo, en sus descargos el órgano ha reconocido haber recibido, de parte de la compañía minera, el modelo hidrogeológico numérico construido en la plataforma GroundWaterVistas, sin embargo, por el hecho de no ser obligatorio adjuntarlo, lo que además se produjo en una etapa administrativa posterior, concluye el SEA que no resulta procedente su entrega. Al respecto, y sin perjuicio de las normas generales, el interés público involucrado en el acceso a la información ambiental ha sido recogido particularmente por el legislador en el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, conforme al cual "toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración", señalando expresamente la norma, en su letra g), que dentro de la información de dicho carácter se encuentra toda aquella que verse sobre el medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la Ley, entre ellos, la conservación del patrimonio ambiental, definido como el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente.

3) Que, en este contexto, no resulta acertado sostener que solo procedería la entrega de la información que se ponga en conocimiento del órgano en la etapa administrativa de EIA. La norma citada establece un criterio más flexible para la determinación del carácter público de la información, el que en este caso se satisface, pues el antecedente requerido dice relación con el procesamiento de información contenida en un EIA cuya aprobación se encuentra en trámite. Por estas razones, respecto del modelo hidrogeológico numérico construido en la plataforma GroundWaterVistas, se rechazará la alegación del SEA, concluyéndose el carácter público de dicha información.

4) Que, luego, en relación con la configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21, número 2, de la Ley de Transparencia, será desestimada, toda vez que el órgano solo ha señalado que la publicidad de la información podría afectar la propiedad intelectual de la compañía minera, mas no explicó, ni acompañó antecedentes que permitieran dar por acreditada la afectación de derechos. A juicio de este Consejo, no se vislumbra de qué forma se produciría la afectación alegada, toda vez que, no es posible verificar que en los antecedentes requeridos se contengan datos relevantes para el ejercicio de una actividad económica, cuyo conocimiento por parte de terceros reduzca las ventajas competitivas del tercero interesado, más aún, si se considera que puso voluntariamente a disposición del órgano el mencionado modelo, a sabiendas de las normas que regulan la publicidad de este tipo de antecedentes en materia ambiental. Del mismo modo, si bien el tercero interesado, al menos de manera tácita, manifestó su oposición a la entrega de la información, no invocó causal de secreto o reserva, ni menos explicó de qué manera la entrega de la información afectaría sus derechos.

5) Que, asimismo, este Consejo ha sostenido en decisiones anteriores, que el criterio aplicable en relación a la afectación a los derechos de propiedad intelectual, es aquél contenido en el considerando 17° de la decisión recaída en el amparo Rol C694-12, en cuanto a que la divulgación de material reconocido por el derecho de autor no constituiría impedimento para que, con posterioridad, el autor de la obra ejerza los derechos morales y patrimoniales que le reconoce la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, ni para el ejercicio de las acciones que consagra dicho cuerpo legal, en caso de utilización de su obra. En dicho razonamiento se precisó que "(...) conviene señalar que si bien en una decisión anterior, Rol C339-10, este Consejo entendió que Ley de Propiedad Intelectual establecía que solamente el autor o la persona que éste autorice puede utilizar una obra, como también que sólo corresponde al titular de éste decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra" (considerando 23°). Reclamada esta decisión de ilegalidad, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 6804-2010, de 24 de junio de 2011, resolvió en su considerando 8° que los propósitos de la Ley sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son radicalmente diferentes. La autorización prevista en la Ley de Propiedad Intelectual corresponde al permiso que otorga el titular del derecho de autor para que un tercero pueda "utilizar públicamente" una obra de su dominio privado, esto es, para que pueda publicarla por cualquier medio de comunicación al público, reproducirla a través de cualquier procedimiento, adaptarla o modificarla, ejecutarla públicamente, distribuirla o transferirla, sea en original o en ejemplares de la obra. En cambio, la autorización idónea para los efectos de la ley N° 20.285 tiene por única finalidad la de posibilitar el mero acceso a la información y, desde luego, en caso alguno importa un permiso para su aprovechamiento, ni menos comporta acto de disposición o de enajenación de la obra. Tanto es así que el legislador, conforme se ha visto, otorga al silencio el valor de una manifestación de voluntad positiva para hacerse de la información. Así, este Consejo estima que este es el criterio que debe observarse en esta materia, rechazando en consecuencia la alegación planteada por el órgano.

6) Que, tratándose de la causal de reserva o secreto del numeral 4, del artículo 21 de la Ley de Transparencia, a juicio del órgano se configuraría, por el hecho de que el modelo hidrogeológico numérico construido en la plataforma GroundWaterVistas, simula el comportamiento de las aguas que forman parte de una red hidrográfica compleja compartida por Chile y Bolivia, que se ubica exactamente en el límite fronterizo entre ambos países, y que significa que las aguas que forman parte de esta red sean aprovechadas en territorio chileno, pudiendo verse afectado, eventualmente, su caudal.

7) Que, primeramente, se debe tener presente, tal como fue explicado en la decisión Rol C6033-18, que el concepto de interés nacional no es unívoco, pues no se encuentra definido de manera precisa y clara por la doctrina. A propósito de los "intereses generales de la nación" que integran la función social de la propiedad (art. 19 N° 24, inc. 2°, de la Constitución Política) se ha dicho que "expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la Nación toda, entera, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden". Con todo, algunos autores matizan el punto y admiten que aunque el beneficio debe ser para el país en su conjunto, puede referirse "a sectores de su población, áreas de actividad o zonas geográficas específicas o determinadas dentro de él". Por lo expresado por el órgano en sus descargos, los antecedentes que fundarían la configuración de la causal de secreto o reserva, se encuentran recogidos en los conceptos citados, particularmente en el segundo de ellos, por cuanto se trata de información referida a recursos naturales ubicados en una zona geográfica estratégica, por su carácter de fronteriza.

8) Que, luego, se debe determinar si el riesgo que advierte la reclamada tiene la entidad suficiente para llegar a afectar el descrito interés nacional, haciendo procedente la denegación del acceso a la información. En este sentido, el SEA solo ha manifestado situaciones hipotéticas que podrían acaecer con ocasión del acceso a los modelos requeridos por el reclamante, las cuales, por si solas no ponen en evidencia una afectación al bien jurídico protegido. En efecto, en el primero de los casos, se argumenta que por incluir el proyecto plasmando en el EIA la utilización de aguas que que forman parte de una red hidrográfica compleja compartida por Chile y Bolivia, existe el riesgo potencial de generarse un conflicto diplomático entre ambos Estados, alegación improcedente, si se considera que la aprobación, y posterior implementación, de un proyecto como el de este caso, se debe siempre realizar con estricto apego al orden jurídico vigente, en el cual, por cierto, se incluyen las normas emanadas de tratados internacionales ratificados por nuestro país. Dicho ajuste al marco legal, debería descartar o a lo menos mitigar la eventualidad de generarse una disputa de carácter internacional. Lo anterior, como lo señala el reclamante, se ve reforzado por el hecho de que el EIA en cuyo marco se presentó en modelo requerido, dice relación con un proyecto minero de antigua data, respecto del cual lo relativo al componente hídrico, fue evaluado en el año 2005 y finalmente aprobado en la Resolución de Calificación Ambiental RCA 144/2006. Por otra parte, señala el órgano que la sensibilidad de las variables que pueden ser utilizadas y manipuladas en el modelo solicitado, puede acarrear una alteración significativa de los resultados presentados o datos de salida del mismo. Al respecto, se debe señalar que bajo esa premisa la entrega del modelo utilizado en el EIA podría evitar que la utilización de otro software genere dicho efecto no deseado, considerando además que cualquier otro resultado que pudiera arrojarse, no tendría el carácter de oficial, por cuanto no estaría aprobado ni validado por el SEA. Bajo estos mismos supuestos, se deben descartar las referencias a otro litigio de carácter internacional que actualmente mantiene vigente el país. Razones por las cuales este Consejo estima que no se configura respecto a la información solicitada, la causal de reserva o secreto del numeral 4, del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

9) Que, estas conclusiones se ven refrendadas por lo expuesto en el oficio remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en respuesta a la medida para mejor resolver descrita en el número 7 de la parte expositiva, en el cual se expresa que dicha Secretaría de Estado comparte la conclusión de que no ve inconveniente en que los antecedentes solicitados en el marco del presente amparo estén disponibles al público, principalmente, por constituir el modelo hidrogeológico en cuestión un antecedente en desarrollo, cuyos alcances definitivos sólo se precisarán en la resolución que resuelve el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y porque en esta materia, la República de Chile debe actuar con apego a sus obligaciones internacionales y con la debida transparencia, acorde a la institucionalidad ambiental vigente.

10) Que, por todo lo expuesto, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando a la recurrida hacer entrega del modelo hidrogeológico numérico, referido en el ítem 3.7.4.3 del EIA, en la plataforma/software que fue construido por el titular (MODFLOW-USG, GroundWaterVistas), rechazándose respecto de la entrega del modelo hidrogeológico 3D construido por el titular en la plataforma Leapfrog HydroGeo, por no obrar en poder del órgano reclamado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Pedro Sanzana Cuevas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:

a) Hacer entrega al reclamante del modelo hidrogeológico numérico referido en el ítem 3.7.4.3 en la plataforma/software que fue construido por el titular (MODFLOW-USG, GroundWaterVistas).

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Se rechaza el amparo respecto del modelo hidrogeológico 3D construido por el titular en la plataforma Leapfrog HydroGeo.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a don Pedro Sanzana Cuevas, al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Sres. Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM y Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.