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Tamara Mella Fierro con CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) Rol: C1892-19

Consejo para la Transparencia, 05/12/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF), ordenando la entrega a la solicitante, de variada información relativa al concurso público consultado en el cual participó, como su puntaje de la evaluación técnica, acta de entrevista psicológica, y los puntajes de los postulantes seleccionados en la terna, previa reserva de la identidad de aquellos que no resultaron designados en el referido certamen. Lo anterior, al tratarse de información pública, que obra poder del órgano y que no fue entregada con ocasión de la respuesta a la solicitud, debiendo tener presente que algunos antecedentes, dicen relación con datos personales de la misma solicitante. Se rechaza el amparo respecto de la información consistente en el puntaje obtenido por la solicitante en cada ítem de su evaluación curricular, al excederse del requerimiento original; y, en lo que concierne al puntaje de la entrevista sicológica de la requirente, al entregarse dicha información por el órgano en tiempo y forma. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante relativo a la naturaleza de los informes psicolaborales generados en el marco de un concurso para proveer un cargo público.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Concurrente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1892-19

Entidad pública: Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF).

Requirente: Tamara Mella Fierro.

Ingreso Consejo: 06.03.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF), ordenando la entrega a la solicitante, de variada información relativa al concurso público consultado en el cual participó, como su puntaje de la evaluación técnica, acta de entrevista psicológica, y los puntajes de los postulantes seleccionados en la terna, previa reserva de la identidad de aquellos que no resultaron designados en el referido certamen.

Lo anterior, al tratarse de información pública, que obra poder del órgano y que no fue entregada con ocasión de la respuesta a la solicitud, debiendo tener presente que algunos antecedentes, dicen relación con datos personales de la misma solicitante.

Se rechaza el amparo respecto de la información consistente en el puntaje obtenido por la solicitante en cada ítem de su evaluación curricular, al excederse del requerimiento original; y, en lo que concierne al puntaje de la entrevista sicológica de la requirente, al entregarse dicha información por el órgano en tiempo y forma.

Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante relativo a la naturaleza de los informes psicolaborales generados en el marco de un concurso para proveer un cargo público.

En sesión ordinaria N° 1055 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1892-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de febrero de 2019, doña Tamara Mella Fierro solicitó a la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables -CONAF-, la siguiente información: "Bajo mi postulación al concurso 432/2019 requiero:

a) Puntaje obtenido en mí evaluación curricular, psicológica y técnica o global (con cada evaluación de quienes conformaron el comité de evaluación).

b) Acta de entrevista psicológica;

c) Acta de entrevista técnica;

d) Puntajes de terna;

e) Perfil del cargo".

2) RESPUESTA: Por medio de carta N° 48/2019, de 5 de marzo de 2019, el órgano acompañó un documento, donde indicó, en resumen, lo siguiente:

a) Entregó los puntajes obtenidos por la solicitante en su evaluación curricular, evaluación psicológica y en su evaluación global.

b) Denegó la entrega de las actas de entrevista psicológica y acta de entrevista técnica, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por cuanto dichas actas cuentan con información de carácter sensible.

c) Respecto de la solicitud del perfil del cargo, accede a su entrega.

3) AMPARO: El 6 de marzo de 2019, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial.

Al efecto, sostuvo en resumen, que: "solicité información de mi persona, como las actas de mis entrevistas (no de los otros participantes). Sólo de los demás solicité el puntaje total de cada uno de la terna. No es información privada que sea personal ni sensible. Es información que me corresponde conocer".

Posteriormente, agregó que: "solicito información que me corresponde en la postulación en qué participé:

Puntaje obtenido en mi evaluación curricular, detallado por cada ítem.

Puntaje de entrevista sicológica

Puntaje de entrevista técnica, con la nota de cada evaluador que participó en la comisión.

Acta de mí entrevista sicológica

Acta de mi entrevista técnica

Puntaje de la terna (total de cada participante)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, mediante oficio N° E5779, de fecha 30 de abril de 2019, requiriendo que: (1°) teniendo presente la jurisprudencia de este Consejo en los amparos Roles C3218-15, C105-16 y C747-16, refiérase a las alegaciones de la recurrente respecto a la información cuya falta de entrega objeta ante esta instancia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos del tercero.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 118/2019, de 14 de mayo de 2019, el órgano señaló, en resumen, lo siguiente:

a) El régimen jurídico laboral aplicable al personal de CONAF es el Código del Trabajo, particularmente el artículo 154 bis.

b) En relación a los datos relativos a concursos, el anexo 14 del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de CONAF señala en lo pertinente, que: "Finalizado el proceso de selección, dichos informes psicológicos serán custodiados por la Gerencia de Desarrollo de las Personas pasando a formar parte de información reservada. No existe autorización para ser difundidos con ningún fin a cualquier instancia de la Corporación ni a entes externos, ni a los postulantes." (pág. 162).

c) Estos procedimientos apuntan a que los informes sean lo más ajustados a la realidad, y fundamentalmente relativos -como ocurre en este caso- a la idoneidad psicolaboral de la reclamante para ocupar un cargo tan relevante como una jefatura provincial. De ser públicos dichos antecedentes el profesional evaluador se vería inhibido de mencionar abiertamente las condiciones de los postulantes, lo que llevaría a que eventualmente personas no hábiles integren la administración, con el evidente perjuicio que ello involucra.

d) En relación a la jurisprudencia del Consejo contenida en los roles C3218-15, C105-16 y C747-16, aquella se refiere a órganos o servicios públicos, cuyo régimen jurídico es completamente diferente a CONAF -Código del Trabajo-.

e) Finalmente, refirió que publicar los: "informes psicolaborales de los participantes en el concurso, así como el de la propia solicitante, conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y, en consecuencia, procede rechazar el presente amparo respecto de dichos antecedentes por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a lo anotado en el numeral 3°, de lo expositivo, el presente amparo se circunscribe a la entrega de los antecedentes anotados en las letras a), b), c) y d), del requerimiento de información.

2) Que, en lo que atañe a lo solicitado en la letra a), referente a los puntajes obtenidos por la solicitante en cada evaluación, se debe señalar lo siguiente:

i. Puntaje de evaluación curricular: En cuanto a esta evaluación, la solicitante reclamó que no le entregaron los puntajes de cada ítem. Al efecto, se debe precisar que el tenor literal del requerimiento se circunscribe al puntaje de la evaluación en comento, el cual fue entregado por el órgano en su respuesta. No obstante lo anterior, la reclamante en su amparo extendió su requerimiento a un punto no solicitado originalmente, esto es, a los puntajes obtenidos en cada ítem de la evaluación solicitada. Por dicha razón, el amparo en esta parte será rechazado.

ii. Puntaje de evaluación sicológica: En este caso, la reclamante alegó que no le entregaron su puntaje. Con todo, de la respuesta del órgano se aprecia en forma clara que CONAF entregó lo solicitado. Por lo tanto, el amparo en esta parte será rechazado.

iii. Puntaje de evaluación técnica o global: La solicitante reclamó que no le entregaron la nota conferida por cada evaluador que participó en la comisión. En este contexto, la solicitud fue planteada en estos mismos términos, es decir, "nota con cada evaluación de quienes conformaron el comité de evaluación". Luego, al entregar el órgano en esta parte, sólo un puntaje total, sin el distingo solicitado expresamente por la solicitante, es que el amparo en esta parte será acogido, por cuanto CONAF no entregó la información en los términos solicitados.

3) Que, en cuanto a la entrega de lo solicitado en la letra b), esto es, el acta de la entrevista sicológica de la solicitante, se debe señalar que sobre la materia en análisis, este Consejo, por mayoría de sus miembros, a partir de la decisión de amparo C1594-15, ratificado posteriormente en las decisiones de amparo roles C3218-15, C105-16, C2646-17, y C2554-18, entre otras, ha razonado que "las pericias psicolaborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Luego, los datos contenidos en dicho informe son datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. (...) En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), del citado cuerpo legal, la información contenida en el informe psicológico queda comprendida dentro de la expresión "datos sensibles" toda vez que se refiere "características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (...) los estados de salud físicos o psíquicos (...)" según dispone el precepto aludido. Igualmente, debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa de la persona evaluada, quien al develar aspectos de la vida íntima permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta a favor de la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar la idoneidad del postulante en relación al cargo concursado" (énfasis agregado). A mayor abundamiento, se debe hacer presente que esta Corporación ha ordenado la entrega de este tipo de informes a su titular en las decisiones de amparos roles C2808-17 y C2809-17.

4) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal orden de ideas, la divulgación de informes psicolaborales procede sólo en aquellos casos en que el peticionario sea el titular de los mismos, pues en dicho caso la solicitud de acceso constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, o, en aquéllos casos en que el tercero titular de los datos haya consentido expresamente en su entrega. Se debe dejar establecido que, en este caso concreto, la reclamante es titular de dichos datos, atendido que el informe solicitado fue practicado respecto de su propia persona.

5) Que, el órgano alegó, asimismo, que no tenía el mismo régimen jurídico del resto de los órganos públicos, encontrándose sometido al Código del Trabajo, en particular al artículo 154 bis de dicho cuerpo normativo, que dispone que: "El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral". Además, indicó que su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, señala en lo pertinente, que: "Finalizado el proceso de selección, dichos informes psicológicos serán custodiados por la Gerencia de Desarrollo de las Personas pasando a formar parte de información reservada. No existe autorización para ser difundidos con ningún fin a cualquier instancia de la Corporación ni a entes externos, ni a los postulantes". Al respecto, se deben desestimar ambas alegaciones, en el primer caso, porque en este amparo se cuenta expresamente con la autorización de la titular de los datos que son solicitados, esto es, la misma solicitante, no existiendo de esta manera una infracción al mencionado precepto legal. Por otra parte, la prohibición establecida en un reglamento interno no puede admitirse en esta sede, por cuanto no ostenta la jerarquía normativa o rango legal requerido -ley de quorum calificado-, para fundar alguna de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega a la solicitante del acta de su entrevista sicológica, debiendo tener presente que, en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales de contexto relativos a personas naturales -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros, de terceros distintos a la solicitante- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

6) Que, respecto de lo solicitado en la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo, atingente al acta de entrevista técnica de la solicitante, el órgano alegó en su respuesta la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, sin invocar mayores argumentos. En este caso, se debe señalar que es la misma titular de la información quien pide su acta de evaluación, resultando plenamente aplicable lo referido en los considerandos anteriores, en orden a que la solicitud de acceso constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. A mayor abundamiento, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. En efecto, el órgano no fundó de manera alguna cómo la entrega de la información solicitada, y que es propia de la reclamante, puede configurar la causal de reserva alegada, razón por la cual, aquella será desestimada. Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido, ordenando la entrega de lo requerido, debiendo tarjar los datos personales de contexto, en los términos establecidos en el considerando precedente.

7) Que, en otro orden de ideas, en lo que concierne a lo requerido en la letra d), relativo al puntaje total de cada postulante integrante de la terna, se debe realizar un distingo. En efecto, en lo que atañe al ganador del concurso público, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de los puntajes de sus evaluaciones y demás antecedentes acompañados en su postulación y actas del certamen, bajo la premisa de que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. A lo anterior, se suma que se trata de un antecedente referido al desempeño del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la cual queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega del puntaje obtenido por el ganador del concurso en comento.

8) Que, por el contrario, tratándose de los demás postulantes no designados para el cargo, conforme ha resuelto este Consejo, a partir de la decisión rol C91-10, procede reservar los antecedentes de los candidatos que no resultaron seleccionados para el cargo "por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante". Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre de los postulantes que no fueron seleccionados para los cargos concursados distintos de la propia solicitante -y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público-, en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pudiendo únicamente, entregarse los puntajes o resultado de evaluación de dichos postulantes que quedaron a la terna, pero de manera anonimizada -siguiendo en este caso, lo resuelto en la decisión amparo rol C3228-18 y C3958-18, entre otros-, con la finalidad de poder comparar esas calificaciones con la del candidato seleccionado, facilitando el respectivo control social sobre el proceso de selección. Por lo tanto, se acogerá parcialmente el amparo en esta parte.

9) Que, finalmente, este Consejo hace presente al organismo que la información cuya entrega se ordena deberá efectuarse ajustándose a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, que indica: "[c]uando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880. En este caso, los solicitantes que concurran al respectivo órgano público a retirar la información requerida deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y quienes actúen como sus apoderados deberán, además, demostrar habérseles otorgado el respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario. En forma excepcional, procederá la entrega por medio electrónicos cuando el titular utilice firma electrónica avanzada, conforme lo dispuesto en la Ley N° 19.799".

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Tamara Mella Fierro en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF), conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, que:

a) Entregue a la solicitante la siguiente información, respecto a su postulación al concurso 432/2019:

i. Puntajes obtenidos en su evaluación técnica o global con cada evaluación de quienes conformaron el comité de evaluación.

ii. Acta de su entrevista psicológica;

iii. Acta de su entrevista técnica;

iv. Puntajes de la terna del concurso, previa reserva del nombre o identidad de aquellos postulantes que no resultaron designados en el cargo público, salvo aquella que corresponda a quien resultó ganador.

Lo anterior, ajustando su entrega a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la instrucción general N° 10 de este Consejo, y tarjando todos los datos personales de contexto de terceros incorporados distintos a la solicitante -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo, respecto de la información consistente en el puntaje obtenido por la requirente en su evaluación curricular, detallado por cada ítem y el puntaje de la entrevista sicológica de aquella, por los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Tamara Mella Fierro y al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables.

VOTO CONCURRENTE

La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quien respecto de la naturaleza de los informes psicolaborales elaborados en el marco de un concurso para proveer un cargo público, es menester hacer presente lo siguiente:

1) Que, un informe psicolaboral es la evaluación realizada respecto de las características, atributos y habilidades de una persona que le permitan proyectar su idoneidad en el desempeño de un determinado trabajo o cargo. Luego, si bien esta evaluación se basa en información que la persona entrevistada revela, las valoraciones que realiza el profesional y la conclusión a la que arriba constituyen una opinión subjetiva, no exacta ni científica, y que no necesariamente se ajusta a la realidad del sujeto entrevistado relativa a sus habilidades o competencias. En este contexto, podría ser discutible su naturaleza de dato personal.

2) Que, en tal orden de ideas, tratándose de un antecedente elaborado en el marco de un procedimiento administrativo que tiene por objeto dotar al organismo de personal idóneo para el ejercicio de un cargo público, se trata de información en principio pública, escrutable y sujeta a control social de la ciudadanía, salvo que se acredite fehacientemente, en cada caso, la concurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales, circunstancias que no concurren en la especie.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.