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Carlos Roa Oppliger con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C1364-19

Consejo para la Transparencia, 05/12/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega de los links de su banner de transparencia activa, donde se encuentren las resoluciones de desafiliaciones aprobadas, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud de información. Lo anterior, puesto que se trata de antecedentes que deben encontrarse a disposición del público como obligación de transparencia activa, por tal motivo, se descarta la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto sobre dicho periodo. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la información solicitada, anterior al mes de abril de 2009, por configurarse la causal de secreto de distracción indebida invocada por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1364-19

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP)

Requirente: Carlos Roa Oppliger

Ingreso Consejo: 14.02.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega de los links de su banner de transparencia activa, donde se encuentren las resoluciones de desafiliaciones aprobadas, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud de información.

Lo anterior, puesto que se trata de antecedentes que deben encontrarse a disposición del público como obligación de transparencia activa, por tal motivo, se descarta la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto sobre dicho periodo.

Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la información solicitada, anterior al mes de abril de 2009, por configurarse la causal de secreto de distracción indebida invocada por el órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1055 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1364-19.

VISTO:

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 16 de enero de 2019, don Carlos Roa Oppliger formuló ante la Superintendencia de Pensiones la siguiente solicitud de información: "Resoluciones de Desafiliaciones aprobadas desde el año 1983 a la fecha de hoy 11/01/2019, no indicando necesariamente los datos personales de las personas, solo necesito los motivos por la cual se dictaron dichas Resoluciones".

2) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 3904, de fecha 13 de febrero de 2019, señalando, en síntesis, que remite en una planilla Excel que contiene toda la información disponible sobre la materia que se solicita, actualizada al 14 de enero de 2019.

3) AMPARO: El 14 de febrero de 2019, don Carlos Roa Oppliger dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que lo entregado no corresponde a lo pedido, por cuanto no se le proporcionan las resoluciones requeridas.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones mediante oficio N° E4698, de fecha 10 de abril de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: refiérase a las alegaciones del reclamante, en el sentido que la información proporcionada no corresponde a la solicitada; señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, remita Excel proporcionada mediante respuesta.

El órgano reclamado a través de oficio N° 9347, de fecha 22 de abril de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que si lo pedido consiste en las resoluciones de desafiliación aprobadas por el periodo consultado, sostiene que corresponde denegar lo requerido por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

En este sentido señala que tales resoluciones corresponden a un formulario tipo en el cual sólo cambian los datos personales del requirente y la causal de aprobación respectiva, y luego de explicar la normativa aplicable para dictar dichas resoluciones, hace presente que el período que comprende el requerimiento, es decir del año 1983 al 11 de enero de 2019, implica un total de 59.789 resoluciones exentas emitidas por este organismo aprobando una solicitud de desafiliación de un trabajador.

Agrega, por otra parte, que de no agregar más información que la ya entregada al recurrente, dichos documentos se encuentran incluidos dentro de un total de 108.485 resoluciones emitidas en el período consultado, las que aceptan o rechazan la respectiva solicitud de desafiliación de los trabajadores. Del referido universo de resoluciones del período, un total de 59.789 corresponden a las que aprueban una solicitud de desafiliación.

Para obtener dichos antecedentes se debería realizar una revisión y clasificación individual para separar estas resoluciones del total de emitidas en el período consultado. Esta actividad demandaría, si se dispusiera de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión y clasificación a lo menos 900 horas de trabajo.

A su vez, señala que el total de 59.789 resoluciones que aprueban una desafiliación, contienen los datos personales de los trabajadores requirentes. En consecuencia, debe considerarse un proceso de anonimización de los antecedentes solicitados, lo que implicaría el proceso de disociación, removiendo identificadores directos, como el RUN, nombre de las personas, contenidos en los documentos. Si se dispusiera de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión, clasificación y tratamiento de datos, demandaría a lo menos 996 horas de trabajo.

Por lo anterior, sostiene que de atender la solicitud de información afecta el debido cumplimiento de sus funciones, por tratarse de un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales en los términos previstos en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

5) GESTIONES OFICIOSAS: Este Consejo con fecha 15 de noviembre de 2019 revisó el portal de transparencia activa del órgano reclamado, constatando que no se encuentra publicada en la información pedida en el ítem referido a las resoluciones con efectos sobre terceros.

Por lo anterior, este Consejo a través de correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2019, requirió al órgano reclamado informar las razones de disponer o no la publicación de la información pedida (resoluciones de desafiliaciones aprobadas) en su portal de transparencia activa, en particular en el ítem de los "actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros", de conformidad con el artículo 7 letra g) de la Ley de Transparencia, y el numeral 1.7 de la Instrucción General N° 11 del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa.

La Superintendencia de Pensiones mediante oficio Ordinario N° 24857, de fecha 20 de noviembre de 2019, cumplió lo solicitado, señalando en síntesis, que las resoluciones que aprueban o rechazan una solicitud de desafiliación emiten un pronunciamiento respecto a un caso particular sometido a la decisión de este organismo en virtud de las facultades que le confiere la Ley, por lo tanto, sólo tiene efectos respecto al caso particular para el que fue emitido.

Por otra parte, las resoluciones en cuestión son documentos tipo, que corresponden a un formato que es igual para todos los casos de acuerdo a la causal de rechazo, esto es si el solicitante tiene Bono de Reconocimiento con alternativa de cálculo N° 1 o si presenta alternativa de cálculo N° 3, sin reunir 60 meses de cotizaciones con anterioridad a julio de 1979. Adjunta copia de dichos documentos tipo.

De esta manera, sostiene que sólo varían los datos personales de los involucrados, dado lo cual, para ser publicadas habría que destinar funcionarios a anonimizar dichos datos, lo cual llevaría un total de 59.789 resoluciones que aprueban una desafiliación, periodo comprendido entre el año 1983 al 11 de enero de 2019, que contienen los datos personales de los trabajadores requirentes. Lo anterior, agrega, es sin perjuicio que las resoluciones que aprueban o rechazan la desafiliación -para el mismo periodo- corresponden a 108.485, y para separar dichas resoluciones del total emitidas en el periodo consultado, se necesitaría disponer de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión y clasificación, a lo menos se requeriría 900 horas de trabajo, o 20 días laborales. Además para realizar la anonimización respectiva, demandaría a lo menos 996 horas de trabajo o 22,1 días laborales si se destinara un funcionario para ello, solo para aquellas que aprobaron la desafiliación, de tal manera las resoluciones restantes suman 48.696, lo que correspondería 811 horas o 18 días laborales, dando un total de 60,1 días laborales.

Finalmente, solicita al Consejo la realización de una reunión para el Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, con la finalidad de plantear diversas inquietudes respecto de la materia consultada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte de la Superintendencia de Pensiones de copia de las resoluciones de desafiliaciones aprobadas desde el año 1983 a la fecha de la solicitud de información formulada. Al efecto, el órgano reclamado denegó la información pedida por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, los requisitos para la desafiliación del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que determinan las causales por las que eventualmente se aprueba dicho trámite, se encuentran contenidos en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.225. Dicha norma establece que pueden desafiliarse los trabajadores que por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4° transitorio del citado decreto ley, no tengan derecho a Bono de Reconocimiento, o que, teniendo derecho a éste sólo conforme al inciso cuarto del referido artículo, tengan a lo menos 60 meses de cotizaciones anteriores a julio de 1979. Conforme a la norma citada tienen derecho al Bono de Reconocimiento, denominado alternativa del cálculo 1, las personas que registren a lo menos doce cotizaciones mensuales en alguna institución de previsión del antiguo sistema, en el período comprendido entre el mes de noviembre de 1975 y el mes de octubre de 1980. Agrega, que también derecho a Bono de Reconocimiento denominado alternativa de cálculo 3, las personas que optando por el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo precedente, siempre que tengan cotizaciones por el período comprendido entre el 1° de julio de 1979, y la fecha en que optaron por incorporarse a una Administradora de Fondos de Pensiones. En todo caso para obtener su desafiliación, las personas que tengan derecho a este Bono de Reconocimiento deben registrar, a lo menos, 60 meses de cotizaciones anteriores a julio de 1979, en una institución de previsión del Antiguo Sistema Previsional, administrado por el Instituto de Previsión Social.

3) Que, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie respecto de una parte de los antecedentes requeridos, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado, al menos respecto de una parte de la información pedida.

6) Que, en efecto, con ocasión de sus descargos, la Superintendencia de Pensiones señaló que en total son 59.789 las resoluciones que aprueban una desafiliación en el periodo consultado, los que contienen datos personales de los trabajadores requirentes, razón por la cual debe considerarse un proceso de anonimización de los antecedentes solicitados, lo que implicaría el proceso de disociación, removiendo identificadores directos, como el RUN, nombre de las personas, contenidos en los documentos, y por ende, si se dispusiera de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión, clasificación y tratamiento de datos, demandaría a lo menos 996 horas de trabajo, sin considerar el tiempo que debe destinarse para recopilar las resoluciones reclamadas.

7) Que, en dicho contexto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en la especie -a lo menos parcialmente según como se dirá en el considerando siguiente-, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. En virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el amparo en esta parte.

8) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe indicar que parte de la información reclamada que data desde el mes de abril de 2009, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, hasta la época de la solicitud formulada, debería estar a disposición del público en el sitio web del órgano reclamado, por cuanto constituye una obligación de transparencia activa del órgano reclamado, específicamente, en el ítem Actos y resoluciones con efectos sobre terceros, cuestión que no se cumple conforme a la revisión de la página web respectiva, conforme se indicó en la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo. Luego, si bien dicha documentación no satisfaría íntegramente la pretensión del requirente, se debe tener presente que aquello resulta acorde con el Principio de Máxima Divulgación, consagrado en el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles". A su turno, se debe tener presente también, que a partir de la decisión de amparo Rol A321-09, que al encontrarse la información en un sitio web de acceso público debe entenderse cumplida la obligación de entrega con el hecho de indicar la fuente y el modo de acceder a ella, no siendo responsabilidad del órgano reclamado procesarla de la forma requerida. Por el contrario, dicha carga corresponde al reclamante, quien puede utilizarla de la forma que estime conveniente. Por tal motivo, se descartará la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto, y se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose informar los links del banner de transparencia activa, donde se encuentren copia de las resoluciones de desafiliaciones aprobadas, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud de información, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia.

9) Que, sobre el cumplimiento de lo anterior, se debe tener presente que el numeral 3.1., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, precisa el cumplimiento de dicha obligación en el siguiente sentido: "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva".

10) Que, finalmente, respecto de la solicitud de reunión formulada por el órgano reclamado en su respuesta a la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo, dicho requerimiento será rechazado, en atención a que en el presente procedimiento de acceso a la información pública existen antecedentes suficientes para resolver el amparo deducido. Sin perjuicio de lo anterior, nada obsta que más allá de la presente reclamación, el órgano requerido pueda solicitar reuniones institucionales con este Consejo a fin de tratar los temas que sean de su interés.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Carlos Roa Oppliger en contra de la Superintendencia de Pensiones, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones:

a) Entregar al solicitante, la información referente a los links del banner de transparencia activa, en donde se encuentren las resoluciones de desafiliaciones aprobadas, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud de información.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo, respecto de la información requerida, anterior al mes de abril de 2009, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Roa Oppliger y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.