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Álvaro Bahamondes Pardo con CARABINEROS DE CHILE Rol: C3894-19 / C3907-19 / C3999-19

Consejo para la Transparencia, 10/12/2019

Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de la hoja de vida del funcionario consultado. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Se aplica criterio contenido en las decisiones de amparos roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17 y C1241-18, entre otras. Se rechazan los amparos respecto de la instrucción particular que habría emitido la Fiscalía Centro Norte o de la Fiscalía Militar, por inexistencia de, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. Asimismo, se rechazan respecto del sumario administrativo pedido, fundado en la regla general de secreto de los sumarios administrativos, la cual, según la normativa que regula la materia, señala que son públicos una vez que se encuentran afinados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3894-19; C3907-19 y C3999-19

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Álvaro Bahamondes Pardo

Ingreso Consejo: 31.05.19; 03 y 05. 06.19.

RESUMEN

Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de la hoja de vida del funcionario consultado.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

Se aplica criterio contenido en las decisiones de amparos roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17 y C1241-18, entre otras.

Se rechazan los amparos respecto de la instrucción particular que habría emitido la Fiscalía Centro Norte o de la Fiscalía Militar, por inexistencia de, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

Asimismo, se rechazan respecto del sumario administrativo pedido, fundado en la regla general de secreto de los sumarios administrativos, la cual, según la normativa que regula la materia, señala que son públicos una vez que se encuentran afinados.

Se aplica criterios contenido en las decisiones de amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras.

En virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, se recomienda la entrega del expediente consultado una vez que se encuentre totalmente tramitado, tarjando previamente los datos sensibles de salud y personales de contexto, que en aquel se contengan, ello en virtud de lo dispuesto en la Ley sobre Protección a la vida privada.

En sesión ordinaria N° 1057 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información roles C3894-19; C3907-19 y C3999-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de abril de 2019, don Álvaro Bahamondes Pardo solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información:

a) Hoja de vida del Coronel de la prefectura Santiago occidente Oscar Figueroa Ulloa;

b) Copia de la instrucción particular de la Fiscalía Centro Norte o de la Fiscalía Militar, por el que presuntivamente el Sargento 2° Ricardo Cristián Iturra Flores, se encontraría bajo investigación criminal; ya que se desconoce el número rol de la investigación; y

c) Copia del sumario administrativo que se encuentra en poder del Coronel de la Prefectura Santiago Occidente Oscar Figueroa Ulloa, en contra del Sargento 2° Ricardo Cristián Iturra Flores, de la 44° Comisaria de lo Prado, en la que se cuenta con fotografías de su núcleo familiar y transcripción de llamados telefónicos.

Señala a modo de contexto, que el día 16 de abril el citado Coronel confesó al referido Sargento que solicitaría al Tribunal que oficiara a la PDI, para que informe sobre sus movimientos migratorios, por lo que entiende que existiría una investigación en su contra.

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 16 de mayo de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Con fecha 31 de mayo de 2019, Carabineros de Chile, mediante Resolución Exenta N° 200, de esa fecha, otorgó respuesta al reclamante, señalando, en síntesis, que:

a) Se deniega la hoja de vida pedida, por oposición del funcionario consultado, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, según acta de notificación y oposición que se adjunta.

b) No existe la instrucción particular de la Fiscalía Centro Norte o Fiscalía Militar consultada.

c) Se deniega el sumario consultado por encontrase con trámites pendientes.

4) AMPAROS: Con fechas 31 de mayo, 03 y 05 de junio de 2019, don Álvaro Bahamondes Pardo deduce los amparos roles C3894-19, C3907-19 y C3999-19, a su derecho de acceso en contra de Carabineros de Chile, fundados en la respuesta negativa a la solicitud que se señala en el numeral 1) precedente.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación los amparos y mediante el oficio número E10070, de fecha 29 de julio de 2019, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (5°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (6°) señale el estado procesal en que se encuentra el sumario solicitado; y, (7°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia íntegra de su expediente. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante Ordinario N° 202, de 12 de agosto de 2019, el órgano presentó sus descargos, señalando, en síntesis, que se reitera la denegación de la hoja de vida pedida por oposición del tercero involucrado; y del sumario administrativo requerido, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por encontrase en tramitación, específicamente en etapa indagatoria. Cita jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Mediante Oficio N° E12883, de 09 de septiembre de 2019, esta Corporación confirió traslado al tercero involucrado, de conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, requiriendo, especialmente, hacer mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieren verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Con fecha 28 de noviembre de 2019, don Oscar Figueroa Ulloa remitió mediante correo electrónico y al día siguiente por oficina de partes, carta en la que reitera su oposición a la entrega de su hoja de vida por desconocer el destino que se le pueda dar y por contener datos que se encuentran protegidos por la Ley sobre protección a la vida privada.

7) GESTIÓN OFICIOSA I.: Para una debida resolución del presente caso por correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2019 se requirió a Carabineros remitir la hoja de vida del tercero involucrado.

Con esta misma fecha, el órgano remitió la hoja de vida institucional del funcionario consultado, el cual se encuentra activo.

8) GESTIÓN OFICIOSA II.: Por correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019, se requirió al órgano informar, respecto de la solicitud que se señala en la letra b) del requerimiento, si se dictó la instrucción particular de la Fiscalía Centro Norte o Fiscalía Militar consultada, y en su caso, remitir copia de la misma.

Por correo electrónico de misma fecha Carabineros señaló, "Tal como se informó al requirente en la resolución exenta N° 200, de 31 de mayo de 2019, no existe tal instrucción particular."

Con fecha 03 de diciembre de 2019, el órgano complementó su respuesta señalando que "Consultada la Prefectura Occidente ratifica que no existe investigación penal en el caso del Sargento Iturra Flores; solamente hay una investigación administrativa por haber salido del país encontrándose con licencia médica y sin autorización de su mando".

Y CONSIDERANDO

1) Que, en primer término, atendido que entre los amparos roles C3894-19, C3907-19 y C3999-19, existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, además de versar sobre la misma solicitud de acceso a la información, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que consagra el principio de economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que, los presentes amparos tienen por objeto la entrega de la información que se señala en el numeral 1) de lo expositivo, la que fue denegada por el órgano tanto en la respuesta como en los descargos evacuados en esta sede.

3) Que, en cuanto a la hoja de vida pedida en la letra a) del requerimiento, que fuere denegada por el órgano por oposición del funcionario consultado en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, se debe señalar que en relación con las hojas de vidas de los funcionarios públicos, este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17 y C1241-18, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 -Estatuto Administrativo- "constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de vida y la hoja de calificación", y de acuerdo al artículo 39 del referido texto legal, "la unidad encargada del personal deberá dejar constancia en la hoja de vida de todas las anotaciones de mérito o de demérito que disponga el Jefe Directo de un funcionario.".

4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

5) Que, en concordancia con lo precedentemente señalado y que el tercero consultado, en su oposición, sólo se limitó a señalar que desconoce el destino que se le pueda dar a su hoja de vida y a enunciar una normativa legal, sin señalar en detalle, y específicamente, por qué se opone a la entrega de la misma, se acogerán los amparos en este punto y se ordenará la entrega de la hoja de vida del funcionario consultado. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

6) Que, en lo tocante a la instrucción particular de la Fiscalía Centro Norte o de la Fiscalía Militar pedida en la letra b) del requerimiento, el órgano tanto en la respuesta como en la gestión oficiosa que se señala en el numeral 8) de lo expositivo, señala que no existe tal instrucción. Al efecto, cabe señalar que, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no existe la información pedida, según consta en el numeral 8) de lo expositivo, se rechazarán los amparos en este punto, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

7) Que, por último en relación al sumario administrativo requerido en la letra c) del requerimiento, denegado por Carabineros en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por encontrase en tramitación, específicamente en etapa indagatoria; resulta plenamente aplicable en la especie, el criterio establecido por este Consejo en relación al secreto de los sumarios administrativos consagrado por el artículo 137 del Estatuto Administrativo. En este sentido, esta Corporación, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

8) Que, en este orden de ideas, el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C858-10 afirma que "(...) dicha reserva tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, lo que se subsume en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia", citando el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C7-10. En este último se afirma que "(...) el carácter secreto del sumario consagrado en el artículo 137 de la Ley N° 18.834, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Por otro lado, y según las circunstancias del caso concreto, su divulgación puede ir en desmedro de la prevención de un crimen o simple delito, conforme lo establece la letra a), del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia".

9) Que, en consecuencia, atendido por una parte, el estado procesal en que se encuentra el procedimiento disciplinario y, por otra, la afectación que podría generarse con la entrega de la información que se desarrolla, este Consejo estima que resulta aplicable a su respecto la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el mencionado artículo 137 del Estatuto Administrativo, razón por la cual se rechazarán los amparos en este punto.

10) Que, no obstante lo anterior, y de conformidad a los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f) de la Ley de Transparencia, se recomendará al órgano reclamado, entregar al solicitante una copia del sumario administrativo requerido, una vez que éste se encuentre afinado, tarjando previamente los datos sensibles de salud y personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, que en aquel se contengan, según lo disponen los artículos 2°, letras f) y g), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente los amparos roles C3894-19, C3907-19 y C3999-19, interpuesto por don Álvaro Bahamondes Pardo en contra de Carabineros de Chile; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al General Director de Carabineros que:

a) Entregue al reclamante la siguiente información:

- Copia hoja de vida del funcionario consultado.

Previo a su entrega, deberán tarjarse aquellos datos que digan relación con el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, entre otros, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario; y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, especificando tales circunstancia; ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g); 4 y 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar los amparos roles C3894-19, C3907-19 y C3999-19, en lo tocante a la instrucción particular pedida en la letra b) del requerimiento, atendida la inexistencia de la mima; y al sumario requerido en la letra c) de la solicitud, por configurase la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Recomendar al Sr. General Director de Carabineros, entregar a la parte reclamante una copia del sumario administrativo requerido, una vez que éste se encuentre afinado, tarjando previamente los datos sensibles de salud y personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, que en aquel se contengan, ello en virtud de lo dispuesto en la Ley sobre Protección a la vida privada.

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Álvaro Bahamondes Pardo, al Sr. General Director de Carabineros y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.