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Maty Zuanic Quintana con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Rol: C6689-19

Consejo para la Transparencia, 26/12/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de La Frontera, respecto de la entrega de la nómina de alumnos de la Escuela Técnica Industrial de Temuco entre los años 1954 y 1957. Lo anterior, por cuanto la nómina solicitada contiene datos de carácter personal de terceros, en los términos dispuestos en la ley sobre Protección de la Vida Privada, no estando autorizado el órgano para la divulgación de los mismos a terceros. Atendido lo anterior, no se analiza la configuración de la causal de reserva alegada por la Universidad, relativa a una afectación al debido cumplimiento de sus funciones.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6689-19

Entidad pública: Universidad de La Frontera.

Requirente: Maty Zuanic Quintana.

Ingreso Consejo: 27.09.2019.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de La Frontera, respecto de la entrega de la nómina de alumnos de la Escuela Técnica Industrial de Temuco entre los años 1954 y 1957.

Lo anterior, por cuanto la nómina solicitada contiene datos de carácter personal de terceros, en los términos dispuestos en la ley sobre Protección de la Vida Privada, no estando autorizado el órgano para la divulgación de los mismos a terceros.

Se sigue el criterio contenido en las decisiones de amparos roles C208-12 y C3306-17.

Atendido lo anterior, no se analiza la configuración de la causal de reserva alegada por la Universidad, relativa a una afectación al debido cumplimiento de sus funciones.

En sesión ordinaria N° 1060 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C6689-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de septiembre de 2019, don Maty Zuanic Quintana solicitó a la Universidad de La Frontera, la siguiente información: "nómina completa de los alumnos de la Escuela Técnica Industrial de Temuco entre los años 1954 y 1957 inclusive, indicando: nombre completo y año académico en curso".

2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 021, del mes de septiembre de 2019, el órgano en síntesis, denegó lo requerido por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto la información solicitada no se encuentra consolidada en los términos requeridos, debido a su antigüedad. En la práctica, atender el requerimiento provocaría un entorpecimiento de las funciones habituales del servicio, ya que sólo hay una persona haciendo el trabajo de registro curricular, cuya multiplicidad de funciones imposibilitan desviar su atención hacia otra labor.

3) AMPARO: El 27 de septiembre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de La Frontera, mediante oficio N° E16035, de fecha 7 de noviembre de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 127, de 27 de noviembre de 2019, el órgano reiteró lo señalado en su respuesta, agregando en resumen, que para cumplir con la solicitud, sería necesario generar una base de datos, debiendo definir los campos respectivos y digitalizar las fichas curriculares.

Existe un número de 20 cajas a revisar, teniendo cada una de ellas cerca de 210 fichas. Luego, si por ficha se invierten 15 minutos, se necesitarían 131 días para entregar la información. Además, existe un costo asociado en recursos humanos que asciende a $3.281.250 -un día de trabajo equivale a $25.000, calculado sobre un sueldo mínimo de 500.000-.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la nómina de alumnos de la escuela consignada en el numeral 1°, de lo expositivo, entre los años 1954 y 1957.

2) Que, sin perjuicio de la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, este Consejo seguirá lo resuelto en el amparo rol C3306-17, donde se requirió similar información.

3) Que, en dicha decisión se precisó que la nómina solicitada contiene datos de carácter personal de terceros, en los términos dispuestos por el literal f) del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que se trata de "información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables".

4) Que, atendida la antigua data de la información solicitada y el elevado número de terceros potencialmente afectados -que torna impracticable el procedimiento de traslado contemplado en el artículo 25 de la Ley de Transparencia- en virtud de la función que le confiere el artículo 33, letra m) y j), del citado cuerpo legal, este Consejo procederá a analizar si la entrega de la información denegada afecta o puede afectar los derechos de las personas a que ésta se refiere.

5) Que, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas".

6) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público".

7) Que, en la especie, el almacenamiento de datos personales realizado por la reclamada se encuentra autorizado por el citado artículo 20 dada las funciones que competen a dicho organismo, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría en el evento de hacer entrega de dicha información al solicitante.

8) Que, de igual forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada de una fuente accesible al público por el órgano reclamado, sino de sus propios titulares con ocasión de su calidad de estudiantes de un establecimiento de educación.

9) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo por cuanto versa sobre datos personales a la luz de lo prescrito en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, y en virtud de la atribución conferida por el artículo 33, letra m), de la Ley de Trasparencia, el cual dispone que a este Consejo le corresponderá "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado". A mayor abundamiento, este Consejo reservó información de la misma naturaleza a la requerida con ocasión de la decisión de amparo rol C208-12.

10) Que, atendido lo anterior, no se analizará la configuración de la causal de reserva alegada por el servicio.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Maty Zuanic Quintana en contra de la Universidad de La Frontera, por configurarse respecto de la información reclamada, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Rector de la Universidad de La Frontera y a don Maty Zuanic Quintana.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.