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Carlos Manuel Roa Oppliger con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) Rol: C2071-19

Consejo para la Transparencia, 26/12/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), ordenando la entrega de la cantidad de afiliados a las ex cajas de previsión, por cuanto se trata de información estadística respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida. Se rechaza el amparo respecto de la información atingente a los bonos de reconocimientos consultados y demás antecedentes requeridos desde el año 1981 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, toda vez que satisfacer la solicitud que motiva la reclamación los distraería del cumplimiento regular de sus labores, en la medida que para entregar lo solicitado implica analizar más de 400.000 expedientes, lo cual significa para el servicio emplear en dicha tarea un mínimo de 15.262 horas laborales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2071-19

Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS).

Requirente: Carlos Manuel Roa Oppliger.

Ingreso Consejo: 13.03.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), ordenando la entrega de la cantidad de afiliados a las ex cajas de previsión, por cuanto se trata de información estadística respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida.

Se rechaza el amparo respecto de la información atingente a los bonos de reconocimientos consultados y demás antecedentes requeridos desde el año 1981 a la fecha de la solicitud.

Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, toda vez que satisfacer la solicitud que motiva la reclamación los distraería del cumplimiento regular de sus labores, en la medida que para entregar lo solicitado implica analizar más de 400.000 expedientes, lo cual significa para el servicio emplear en dicha tarea un mínimo de 15.262 horas laborales.

En sesión ordinaria N° 1060 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2071-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de febrero de 2019, don Carlos Manuel Roa Oppliger solicitó al Instituto de Previsión Social -IPS-, la siguiente información: "Números de los 197339 Bonos de Reconocimiento emitidos en alternativa de cálculo 9, y los números de los 107910 Bonos de Reconocimiento emitidos en Alternativa de Cálculo 3, esta información la solicito desde el año 1981 a la fecha de hoy, 13/02/2019.

Además solicito cantidad de Bonos de Reconocimiento recalculados que estaban en alternativa de cálculo 9 y fueron recalculados a la alternativa de cálculo 3.

Solicito documentos de los afiliados que hicieron un reclamo de su Bono de reconocimiento, desde el año 1982 a la fecha de hoy 13/02/2019 (...).

Además solicito cantidad de afiliados a las Ex Cajas de Previsión hasta el 31 de Diciembre de 1982".

2) RESPUESTA: Por medio de correo electrónico de 12 de marzo de 2019, el servicio denegó la entrega de lo solicitado, alegando en síntesis la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

En tal sentido, existe una distracción indebida de las labores habituales de los analistas del departamento respectivo, área que ha debido gestionar todas las respuestas que se han elaborado respecto de las solicitudes del requirente, como también de los siete amparos interpuestos ante el Consejo para la Transparencia.

3) AMPARO: El 13 de marzo de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, mediante oficio N° E6289, de fecha 10 de mayo de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información requerida, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Posteriormente, por medio de ordinario N° AL005T-0006946, de 28 de mayo de 2019, el órgano reiteró lo referido en su respuesta, agregando en síntesis, lo siguiente:

La solicitud requiere el análisis de 197.339 bonos de reconocimiento en alternativa de cálculo 9, sumado al análisis de 107.910 bonos de reconocimiento emitidos en alternativa de cálculo 3, lo cual resulta imposible de realizar en el plazo establecido por la Ley de Transparencia.

Esta tarea sólo la pueden realizar analistas del Subdepartamento Bono de Reconocimiento y Desafiliaciones, quienes para dar respuesta deberían desatender las siguientes funciones: solicitudes de emisión de bono de reconocimiento (BR); solicitudes de visado de BR; solicitudes de liquidación de BR; solicitudes de reclamo de BR; solicitudes de garantía estatal; solicitudes de opción entre BR y pensión no contributiva; solicitudes de desafiliación ley 18.225; solicitudes de subrogación; solicitudes de retrospectiva; requerimientos de la ley 19.880 y 20.285; y requerimientos de organismos fiscalizadores.

Parte de la distracción indebida, se provocaría sólo con la solicitud de los expedientes previsionales de bono de reconocimiento al Subdepartamento Gestión de Archivos, lo cual se realiza por Sistema Control Expedientes Previsionales (SCEP), puesto que todo lo requerido consta en formato papel.

En tal sentido, la solicitud de un expediente tarda aproximadamente 3 minutos, los cual significa que, únicamente requerir 305.249 expedientes, demoraría más de 15.262 horas hombre.

Por otra parte, la información relativa al antiguo sistema de pensiones no se encuentra digitalizada, sino en expedientes formato papel. Los afiliados realizan reclamos por medios escritos, los cuales forman parte de expedientes previsionales de bono de reconocimiento que se hallan en dependencias distintas a las del subdepartamento competente para realizar el análisis del caso particular. Dichos reclamos ascienden a 116.278 entre el año 1982 a la fecha del requerimiento.

Finalmente, el requirente ha ejercido abusivamente el derecho de acceso por cuanto ha realizado a la fecha 68 solicitudes de información y 12 amparos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de diversa información referente a los bonos de reconocimiento y demás antecedentes consignados en el numeral 1°, de lo expositivo, respecto de los cuales el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en lo que respecta dicha causal, este Consejo estima como elementos para la ponderación de aquella, los siguientes: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como de desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos.

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. En dicho contexto, se advierte que para entregar los antecedentes en comento, el órgano debe analizar más de 300.000 expedientes, lo cual significaría emplear en dicha tarea como mínimo 15.262 horas laborales -calculado sobre la base de 3 minutos por expediente-. A lo anterior se deben sumar los más de 116.000 expedientes de los afiliados que hicieron un reclamo de su bono de reconocimiento, desde el año 1982 a la fecha del requerimiento.

6) Que, atendido lo expuesto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del servicio la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, no se advierte que la causal de reserva analizada precedentemente resulte aplicable respecto de la información consistente en la cantidad de afiliados a las ex cajas de previsión hasta el 31 de diciembre de 1982, en tanto los fundamentos del órgano para configurar la causal de distracción indebida, dicen relación más bien con antecedentes relativos a los bonos de reconocimiento. En tal sentido, no hubo de parte del órgano un tratamiento particular en sus descargos sobre lo requerido en esta parte, debiéndose anotar que se trata de información estadística y que como tal, no tiene el mérito tampoco de afectar derechos de las personas. Además, cabe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 numeral 6°, de la ley N° 20.255, que Establece la Reforma Previsional: "El Instituto de Previsión Social tendrá las siguientes funciones y atribuciones: Administrar los regímenes previsionales de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho Instituto otorga", norma similar a la contenida en el artículo 1°, numeral 2°, del decreto ley N° 3502, que creó el Instituto de Normalización Previsional, que le otorgó la función último de administrar los regímenes de prestaciones encomendadas a cada una de las cajas previsionales que se detallan en dicha disposición. De ahí se sigue que, teniendo como función el órgano reclamado -entre otras- la administración de los regímenes previsionales de las cajas de previsión, éste debiera contar con la información reclamada en este punto, sin necesidad de incurrir en una distracción indebida que afecte el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido, ordenando la entrega de la información estadística en comento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Manuel Roa Oppliger en contra del Instituto de Previsión Social, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, que:

a) Entregue al solicitante la cantidad de afiliados a las ex cajas de previsión hasta el 31 de diciembre de 1982.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que atañe a la información consistente en los números de los 197.339 bonos de reconocimiento emitidos en alternativa de cálculo 9; los números de los 107.910 bonos de reconocimiento emitidos en alternativa de cálculo 3; cantidad de bonos de reconocimiento recalculados que estaban en alternativa de cálculo 9 y fueron recalculados a la alternativa de cálculo 3; y los documentos de los afiliados que hicieron un reclamo de su Bono de reconocimiento, desde el año 1982 al 13 de febrero de 2019, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Manuel Roa Oppliger y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.