logo
 

Franklin Smart Guevara con MUNICIPALIDAD DE PIRQUE Rol: C1431-19

Consejo para la Transparencia, 26/12/2019

Se acoge el amparo parcialmente deducido en contra de Municipalidad de Pirque, requiriendo la entrega de los datos sobre extracción de áridos solicitados. Lo anterior, con excepción de la identidad de las personas naturales involucradas en labores de extracción ilegal de áridos, en atención a la consagración constitucional del derecho a la protección de datos personales y de la ley de protección de la vida privada. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien era partidario de entregar toda la información de relevancia, por cuanto, frente a hechos ilegales asociados claramente a determinadas personas, la protección de la vida privada debe ceder al interés público involucrado, salvo que concurra otra causal de reserva, como la establecida en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, situación que no es necesario indagar pues su voto será de todos modos minoritario. Sobre el particular, cabe señalar que el Municipio no proporcionó elementos de convicción suficientes, a afecto de acreditar la procedencia de la causal de reserva de distracción indebida alegada para denegar la divulgación de la referida información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1431-19

Entidad pública: Municipalidad de Pirque

Requirente: Franklin Smart Guevara

Ingreso Consejo: 18.02.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo parcialmente deducido en contra de Municipalidad de Pirque, requiriendo la entrega de los datos sobre extracción de áridos solicitados.

Lo anterior, con excepción de la identidad de las personas naturales involucradas en labores de extracción ilegal de áridos, en atención a la consagración constitucional del derecho a la protección de datos personales y de la ley de protección de la vida privada.

Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien era partidario de entregar toda la información de relevancia, por cuanto, frente a hechos ilegales asociados claramente a determinadas personas, la protección de la vida privada debe ceder al interés público involucrado, salvo que concurra otra causal de reserva, como la establecida en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, situación que no es necesario indagar pues su voto será de todos modos minoritario.

Sobre el particular, cabe señalar que el Municipio no proporcionó elementos de convicción suficientes, a afecto de acreditar la procedencia de la causal de reserva de distracción indebida alegada para denegar la divulgación de la referida información.

En sesión ordinaria N° 1060 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1431-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de enero de 2019, don Franklin Smart Guevara solicitó a la Municipalidad de Pirque -en adelante e indistintamente Municipalidad o Municipio-, «un detalle de los ingresos municipales por concepto de extracción de áridos desde el año 1992 al 31 de diciembre de 2018, detallar, monto, fecha y empresa que realizó el pago. Además, la cantidad de multas en relación a las extracciones ilegales que se han cursado desde 1992 al 31 de diciembre de 2018 indicando nombre de empresa o particular multado, fecha, fecha, motivo y monto...».

2) RESPUESTA: El 13 de febrero de 2019, la Municipalidad informó al requirente que no le era posible acceder a la divulgación de la información pedida, por cuanto luego de revisar sus registros no encontró información sobre el particular. Asimismo, invocó la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 18 de febrero de 2019, don Franklin Smart Guevara dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Municipalidad, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pirque, mediante oficio N° E4822, de 14 de abril de 2019, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida

El referido organismo, mediante presentación de 2 de mayo del año en curso, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Para satisfacer el requerimiento en el modo planteado debería destinar a dos funcionarios para efectuar las labores de búsqueda y recopilación de antecedentes.

b) Lo anterior, respecto de un período de 26 años, todo lo cual afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene objeto la entrega de información sobre extracción de áridos. Al efecto, la reclamada denegó la divulgación de la información pedida por estimar aplicable lo previsto en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, el cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que «se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, en el caso en análisis, la reclamada no ha proporcionado datos suficientes que permiten tener por configurada la causal de reserva invocada para justificar la denegación de los datos solicitados. En efecto, el fundamento que esgrime para justificar su procedencia es que debería destinar a dos funcionarios a las labores de búsqueda de la información, sin especificar ni el tiempo que ello implicaría ni el volumen aproximado de los antecedentes que deberían revisarse. En consecuencia, se desestimará la causal alegada.

7) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, se acogerá parcialmente el presente amparo y conjúntame con ello, se requerirá al Municipio que entregue al solicitante los datos requeridos, con excepción de la identidad de las personas naturales que hubieren sido sancionadas por dicha entidad, ello en aplicación de lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Franklin Smart Guevara en contra de la Municipalidad de Pirque, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pirque, que:

a) Entregue a la reclamante la información sobre extracción de áridos solicitada con excepción de la identidad de personas naturales sancionadas como todo otro dato que permita identificarlas. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Franklin Smart Guevara y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pirque.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo en el considerando 7), siendo partidario de entregar toda la información de relevancia, por cuanto, a su juicio, frente a hechos ilegales asociados claramente a determinadas personas, la protección de la vida privada debe ceder al interés público involucrado, salvo que concurra otra causal de reserva, como la del artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, situación que no es necesario indagar pues su voto será de todos modos minoritario.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.