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Mariela Vásquez Arroyo con MUNICIPALIDAD DE GORBEA Rol: C556-10

Consejo para la Transparencia, 26/11/2010

Se interpuso amparo contra la Municipalidad de Gorbea, basado en la denegación de acceso a copia de todos los antecedentes médicos, ficha clínica y documentación perteneciente a la Posta Lastarria y Atención de Salud Rural de Gorbea, correspondientes al tío de la requirente, quien falleció en el Hospital de Gorbea el 19 de julio de 2010. El Consejo rechazó el amparo, ya que estimó que la reclamada no está habilitada para acceder a la ficha clínica, pues contiene datos personales reservados y no tiene la calidad necesaria de heredera del fallecido para la divulgación. El Consejo reiteró su criterio en cuanto, no obstante, se trata de simples datos los contenidos en las fichas clínicas de personas fallecidas, su tratamiento podría afectar los derechos de sus familiares, como un derecho propio de éstos, por lo que se trata de información reservada cuya comunicación puede realizarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, en este caso, no bastando la relación de parentesco acreditada (sobrina) para acceder a la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación médica.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C556-10

Entidad pública: Municipalidad de Gorbea

Requirente: Mariela Vásquez Arroyo

Ingreso Consejo: 19.08.2010

En sesión ordinaria N° 202 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C556-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal; el artículo 61 de la Ley N° 18.834, de 2004, sobre Estatuto Administrativo; los artículos 246 y 247 del Código Penal; el D.S. N° 161/1982, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Hospitales y Clínicas; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2010 doña Mariela Vásquez Arroyo, solicitó al Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Gorbea copia de todos los antecedentes médicos, ficha clínica y documentación perteneciente a la Posta Lastarria y Atención de Salud Rural de Gorbea, de su tío don René Arroyo Toncozo, quien falleció en el Hospital de Gorbea el 19 de julio de 2010 a consecuencia de una sepsis de foco urinario.

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N°101, de 2 de agosto de 2010, el Director del Departamento de Salud de Gorbea respondió a la solicitud de acceso señalando que no es factible entregar copia de la ficha clínica de don René Arroyo Troncozo, por cuanto, de acuerdo a la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada y a los artículos 246 y 247 del Código Penal, que regulan el secreto estadístico, y demás disposiciones vigentes al momento de la fecha del fallecimiento, en el caso de pacientes fallecidos, será el cónyuge sobreviviente y los descendientes o ascendientes del fallecido, que acrediten este parentesco mediante certificado de nacimiento y/o matrimonio respectivo, los que tendrán acceso a la lectura de la ficha. Asimismo, tendrán acceso a copia de la misma cuando conste en la ficha o en otro documento la voluntad del fallecido en ese sentido, o bien acrediten su calidad de herederos a través de copia del Certificado de Posesión Efectiva respectivo.

3) AMPARO: El 19 de agosto de 2010 doña Mariela Vásquez Arroyo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública, mediante presentación ante la Gobernación Provincial de Cautín, en contra del Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Gorbea, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa a su requerimiento de información. Adjunta a su presentación fotocopia de su Carnet de Identidad y certificado de nacimiento; fotocopia del Carnet de Identidad, certificado de nacimiento y de defunción de don René Arroyo Troncozo; y, del certificado de nacimiento de doña Nibia Arroyo Troncozo.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 1628, de 2 de septiembre de 2010, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Gorbea, quien, el 14 de septiembre de 2010, evacuó sus descargos y observaciones indicando que:

a) En respuesta a la solicitud de acceso planteada por la reclamante, se le señaló que no era factible entregar los antecedentes solicitados, por cuanto las fichas clínicas de los pacientes no son información pública, por lo que a su respecto no se aplican las normas de la Ley de Transparencia, invocadas por la reclamante.

b) La ficha clínica es un documento reservado, confidencial, sujeto al secreto profesional, en la cual un equipo de salud registra la historia médica del paciente y de su proceso de atención médica.

c) La confidencialidad de la ficha clínica se encuentra tratada en los siguientes cuerpos legales:

i. Artículos 246 y 247 del Código Penal, que establecen sanciones al empleado público que revela la información confidencial de que tiene conocimiento en virtud de su cargo o que incurre en infracción al “secreto estadístico” contenido en la Ley N° 17.374.

ii. Artículo 61 letra h) de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que en relación a las obligaciones funcionarias dispone que todo funcionario público debe “guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservado en virtud de la Ley, del Reglamento, de su naturaleza por instrucciones especiales”.

iii. Artículo 7° de la Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, que dispone que “las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismo públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo, sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”. A su vez, el artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que “no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”.

iv. En cuanto a quienes pueden solicitar o recabar información contenida en una ficha clínica, debe tenerse presente la norma citada precedentemente, así como el Decreto Supremo N° 161, de 1982, del Ministerio de Salud, que en sus artículos 17 y 22 establece que “Todo paciente tiene derecho a recabar la entrega de informes de resultado de exámenes de laboratorio, anatomía patológica, radiografías, procedimientos diagnósticos y terapéuticos (cirugías, endoscopía y otros) en el momento que lo estime necesario y dentro del plazo mínimo establecido” y que “toda información bioestadística o clínica que afecte a personas internadas o atendidas en el establecimiento tendrá carácter reservado y estará sujeta a las disposiciones relativas al secreto profesional”. Sólo el Director Técnico del establecimiento podrá proporcionar o autorizar la entrega de dicha información a los Tribunales de Justicia y demás instituciones legalmente autorizadas para requerirla. Respecto de otras instituciones sólo podrá proporcionarse información con la conformidad del paciente o entregarse datos estadísticos globales en los que no se identifique a personas determinadas.

v. En conclusión, la información requerida sólo puede ser entregada al propio paciente o a quienes éste autorice por escrito, sin perjuicio de la facultad de los Tribunales de Justicia u otros organismos autorizados por leyes especiales para requerirla.

vi. Dado que el paciente ha fallecido, será el cónyuge sobreviviente y los descendientes o ascendientes del fallecido que acrediten este parentesco mediante certificado de nacimiento y/o de matrimonio, los que tendrán acceso a la lectura de la ficha, al mismo tiempo, tendrán acceso a copia de la misma cuando la voluntad del fallecido conste en la ficha clínica o en otro documento, o bien acrediten su calidad de herederos a través de copia del Certificado de Posesión Efectiva.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, y a modo de contexto, debe establecerse que toda información que obra en poder de los órganos de la Administración el Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, se presume pública, salvo que concurra a su respecto las excepciones que prevé la Ley de Transparencia, todo ello conforme lo dispone el artículo 5° del mismo cuerpo legal.

2) Que en cuanto al análisis de la solicitud vinculada a la ficha clínica, cabe señalar que éste se centrará básicamente en las particularidades del presente caso, esto es, la solicitud de la ficha clínica de un paciente fallecido, formulada por la sobrina por línea materna de éste, calidad que fue acreditada debidamente por la reclamante en la presentación del amparo de la especie.

3) Que, como se expondrá en los considerandos que siguen, dada la definición y contenido de ficha clínica, se concluye que los antecedentes médicos y documentos requeridos, de existir, deben estar contenidos en ella, de ahí que el análisis del requerimiento se centrará en dicho documento.

4) Que en relación a la ficha clínica, para un acertada resolución del presente amparo, resulta pertinente, a juicio de este Consejo, considerar lo siguiente:

a) La ficha clínica es un documento en que consta la historia clínica de un paciente y toda la información concerniente a su salud, su evolución y las atenciones médicas recibidas. Para el Fondo Nacional de Salud (FONASA) es el “documento reservado y secreto, de utilidad para el enfermo, el establecimiento, la investigación, la docencia y la justicia, en el cual se registra información del paciente y de su proceso de atención médica”. Según lo indicado en la letra F N° 2 del Manual de Procedimientos de la SOME y la página web del FONASA (http://www.fonasa.cl/prontus_fonasa/antialone.html?page=http://www.fonasa.cl/prontus_fonasa/site/artic/20041125/pags/20041125125608.html) la ficha clínica consta de una serie de formularios, cuyo contenido es el siguiente:

i) Carátula.

ii) Anamnesis: Parte del examen clínico que reúne todos los datos personales, hereditarios y familiares del enfermo, anteriores a la enfermedad y los antecedentes relevantes de la enfermedad actual.

iii) Examen físico.

iv) Evolución clínica.

v) Tratamiento farmacológico e indicaciones.

vi) Indicaciones no farmacológicas.

vii) Exámenes y procedimientos.

viii) Protocolo operatorio: descripción del acto quirúrgico.

ix) Hoja de enfermería.

x) Comprobantes de parto, si procede.

xi) Gráfica de signos vitales.

xii) Epicrisis: informe elaborado al alta del paciente y por el médico tratante, que resume la condición de ingreso del paciente, exámenes, procedimientos y tratamientos indicados, evolución clínica, condición al alta del paciente y las indicaciones post - alta.

b) El marco normativo de la ficha clínica en Chile está conformado por las siguientes normas de rango infralegal:

i) Manual de procedimientos de la Sección de Orientación Médica y Estadística, SOME, aprobado por Resolución Exenta N° 926, de 14 de junio de 1989, del Ministerio de Salud, que regula la extensión, archivo, despacho, eliminación y confidencialidad de la Ficha Clínica: En el N° 10, regula la confidencialidad de la historia clínica, señalando que “Las historias clínicas son documentos reservados, de utilidad para el enfermo, el establecimiento, la investigación, la docencia y la justicia, debiendo guardar el debido secreto profesional toda persona que intervienen en su elaboración o que tenga acceso a su contenido”. En su párrafo 3°, se establece que las historias clínicas pueden ser solicitadas por escrito, por consulta médica, hospitalización, investigación o estudio, tramitación de beneficios económicos y otros casos que deben ser autorizados por escrito por el médico.

ii) Directiva Permanente Interna Administrativa N° 4, del Ministerio de Salud que establece las normas para el manejo de las historias clínicas en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que establece en su N° 1 que “Las historias clínicas deberán considerarse reservadas y secretas, de utilidad para el enfermo, el establecimiento, la investigación, la docencia y la justicia, por lo que se podrá autorizar su uso para otros fines, guardando en todos los casos el secreto profesional”. A su vez, su N° 6 señala que el paciente, su representante legal o el médico cirujano tratante podrán requerir una copia de los exámenes de laboratorio que se le hayan practicado al enfermo, un informe con el diagnóstico de su enfermedad y tratamiento practicado.

iii) Decreto Supremo N° 161, de 1982, del Ministerio de Salud, Reglamento de Hospitales y Clínicas, que en su artículo 22 dispone que “Toda la información bioestadística o clínica que afecte a personas internadas o atendidas en el establecimiento tendrá carácter reservado y estará sujeta a las disposiciones relativas al secreto profesional. / Sólo el Director Técnico del establecimiento podrá proporcionar o autorizar la entrega de dicha información a los Tribunales de Justicia y demás instituciones legalmente autorizadas para requerirla. / Respecto de otra clase de instituciones, sólo podrá proporcionarse información con la conformidad del paciente o entregarse datos estadísticos globales en los que no se identifique a personas determinadas”.

c) Por otra parte, existe un proyecto de ley que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, iniciado en 2006 por Mensaje de la ex Presidenta M. Bachelet (Boletín N° 4398-11, actualmente en 2º trámite constitucional en el Senado), que regula la reserva de la información contenida en la ficha clínica en su párrafo 4°, señalando lo siguiente:

? Artículo 12: La ficha clínica es el instrumento en que se registra la historia médica de una persona. Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628.

? Artículo 13, inciso 2°: Ningún tercero que no esté directamente relacionado con la atención de salud de la persona tendrá acceso a la información que emane de la ficha clínica. Con todo, la información contenida en la ficha clínica podrá ser entregada a ciertas personas y organismos, a saber: a) Al titular de la ficha clínica, a menos que el médico o profesional tratante, atendido su estado emocional, psiquiátrico o psicológico, lo considere inconveniente y resuelva retener parte de la información; b) A los representantes legales del titular de la ficha clínica, su apoderado, un tercero debidamente autorizado y los herederos en caso de fallecimiento, los cuales podrán requerir copia de los datos que sean de su interés; a menos que el médico o profesional tratante, en protección y beneficio del propio titular de la ficha, considere que de ello se seguirá un perjuicio para él (Lo destacado es nuestro).

d) Que la experiencia comparada revisada también admite en ciertos casos el acceso a las fichas clínicas de personas fallecidas, así:

i) La Agencia Española de Protección de Datos ha acogido reclamaciones planteadas por familiares de personas fallecidas ante la denegación de acceso a las fichas clínicas de aquéllas (Resoluciones N° R/00629/2009 y N° R/01226/2009) aplicando el artículo 18 N° 4 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica , según el cual “Los centros Sanitarios y los Facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. / No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros”. Para ello ha considerado que, de acuerdo al artículo 14 del cuerpo legal mencionado, “…la historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro”, añadiéndose que “Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información”. Por otra parte, cabe mencionar especialmente lo señalado por la Agencia Española de Protección de Datos Personales en el Informe Jurídico 171/2008, quien ante la consulta sobre el acceso por parte del solicitante a la historia clínica de su tía fallecida, basada en la Ley N° 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y en la Ley Orgánica 1/1982, reguladora de la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, concluyó que “En lo que respecta al acceso a los datos de la tía fallecida del solicitante, sólo podrá ser posible el acceso en caso que el solicitante hubiera sido designado por la misma para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley Orgánica 1/1982 o tuviera la condición de heredero de la difunta. En caso contrario, también habría el acceso si el solicitante actuase en nombre y representación de la hermana de la fallecida y ésta ostentase tal condición”.

ii) El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, IFAI, ante una solicitud del resumen del expediente clínico de una persona fallecida planteada por alguno de sus parientes le dio el tratamiento de solicitud de acceso a datos personales, por aplicación del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece lo que se entiende por datos personales, entre los que se encuentran los estados de salud físicos o mentales; del artículo 18, fracción II del mismo cuerpo legal, que define información confidencial; y del 32º de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que establece en detalle qué información tendrá esta calificación. Además valida como peticionarios a los parientes del fallecido por aplicación del 34º de los lineamientos aludidos, que considera “…como confidenciales los datos personales referidos a una persona que ha fallecido, a los cuales únicamente podrán tener acceso y derecho a pedir su corrección, el cónyuge sobreviviente y/o los parientes en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado, y línea transversal hasta el segundo grado”, por lo que ante solicitudes de esta naturaleza ha instruido la entrega de dicha información (Expediente 1929/09).

5) Que, por otra parte, y según ha venido señalando este Consejo en sus decisiones Roles C64-10, C322-10 y C398-10, la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, no resulta aplicable al caso de la especie, por cuanto una persona fallecida no es titular de datos personales, a la luz de su definición contenida en el artículo 2°, letra ñ) de dicho cuerpo legal, en razón de que, como consecuencia del hecho jurídico de la muerte ha dejado de ser persona, según se colige de los artículos 55, 74 y 78 de nuestro Código Civil.

6) Que, por otra parte, tal como se señaló en el considerando 9) de la decisión del amparo Rol C322-10 «la Agencia Española de Protección de Datos “…ha venido tradicionalmente poniendo de manifiesto que el derecho fundamental a la protección de datos es un derecho personalísimo que, en consecuencia, se extingue por la muerte de las personas… En este sentido, si el derecho fundamental a la protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia, lo que se traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de ser informado y en el ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las personas, por lo que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999” (Informe Nº 365/2006). Consecuencia lógica de lo anterior sería que dicho derecho no se transmite a los herederos del fallecido, por lo que no es posible aceptar que el requirente de información esté actuando en este caso ejerciendo un derecho que le haya sido transmitido».

7) Que, para una acertada resolución del presente amparo, resulta pertinente tener a la vista el razonamiento de este Consejo expresado en los considerandos 10) a 13) de la decisión del amparo Rol C322-10, que se transcribe a continuación:

«10) Que, sin embargo, también debe analizarse esta petición desde el prisma del derecho que puedan tener las personas cercanas a la persona fallecida para acceder a los datos personales de aquélla. A este respecto se ha señalado que “Como regla general en los países cuyo derecho civil es heredero del Código de Napoleón…el derecho a la protección de datos, como derecho de la personalidad, se extingue con la muerte de las personas. / Sin embargo, hay que tener en cuenta que el que una persona fallecida no sea titular del derecho no implica que puedan seguir tratándose sus datos, dado que ese tratamiento puede causar un perjuicio a su honor, cuyo resarcimiento puede reclamarse por sus herederos. Además, mantener el tratamiento de los datos de una persona que ha fallecido puede dar lugar a otros perjuicios de sus familiares, difíciles de evaluar” (El Derecho a la Protección de Datos Personales, 1ª ed., material curso Fundación CEDDET, p 45). En el mismo orden de ideas la Agencia Española de Protección de Datos, en el informe 365/2006 recién citado, sostuvo: “No obstante, debe recordarse que si bien el derecho a la protección de datos desaparecería como consecuencia de la muerte de las personas, no sucede así con el derecho de determinadas personas para ejercitar acciones en nombre de las personas fallecidas, con el fin de garantizar otros derechos constitucionalmente reconocidos. Así, por ejemplo, cabe destacar que la Ley Orgánica 1/1885, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pone de manifiesto en sus artículos 4 a 6 que el fallecimiento no impide que por las personas que enumera el primero de los preceptos citados puedan ejercitarse las acciones correspondientes, siendo éstas la persona que el difunto haya designado a tal efecto en testamento, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos que viviesen al tiempo de su fallecimiento o, a falta de las personas anteriormente citadas, el Ministerio Fiscal”.

11) Que, por otro lado, la honra de las personas fallecidas puede considerarse que también se proyecta como un derecho propio de sus familiares, toda vez que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia (Nogueira A., Humberto. El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites. Santiago: Lexis Nexis, 2002, p. 131-133). Por ello se ha entendido que el derecho a la honra prohíbe la "violación del buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su reputación" (ídem., p.132).

12) Que, de acuerdo a lo anteriormente expresado, los llamados a cautelar dicha honra, y por ende, a determinar qué información desean sustraer del conocimiento de terceros no vinculados al fallecido, son los familiares del fallecido, derecho al que subyace el supuesto lógico de conocer tal información.

13) Que, por otro lado, aceptar la confidencialidad absoluta de la ficha clínica de un fallecido impediría el acceso a los antecedentes que pudieran revelar la existencia de eventuales negligencias médicas y ejercer el derecho a perseguir las responsabilidades civiles y penales correspondientes, si fuera el caso, como también el ejercicio de otros derechos (p. ej, los relativos a un seguro de vida), conclusión que por ello debe descartarse.».

8) Que, por esto, si bien la información contenida en documentos tales como las fichas clínicas ya no sean “datos personales”, sino simples “datos”, por referirse a una persona ya fallecida, este Consejo estima que su tratamiento podría afectar los derechos de sus familiares, como un derecho propio de éstos, tal como se señala en el considerando 11) precitado de la decisión del amparo Rol C322-10. En efecto, tanto el derecho comparado analizado como el proyecto de ley en tramitación que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, entienden que su revelación podría causarles perjuicios difíciles de evaluar, por lo que se trata de información reservada cuya comunicación puede realizarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias.

9) Que, de los antecedentes analizados, este Consejo desprende que para acceder a la ficha clínica de una persona fallecida no basta con la relación de parentesco acreditada (sobrina), sino que debe constar alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ser heredera del fallecido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 983 del Código Civil, o que actúa en representación de uno o más herederos.

b) Tener una legitimación activa para ejercer otros derechos que supongan el acceso previo a la ficha clínica del difunto.

10) Que en la especie, la reclamante sólo acredita su parentesco en relación con el fallecido, sin que ello suponga necesariamente su calidad de heredera del mismo, todo lo cual no resulta suficiente para hacer concurrir de manera fehaciente uno de los supuestos indicados en el considerando precedente, razón por la cual ha de rechazarse el presente amparo, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Mariela Vásquez Arroyo en contra de la Municipalidad de Gorbea, por los fundamentos indicados en la parte considerativa del presente acuerdo.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Mariela Vásquez Arroyo y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Gorbea.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.