logo
 

Jaime Mayol Ascarrunz con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Rol: C593-10

Consejo para la Transparencia, 29/10/2010

Se deduce amparo en contra de Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía por haber denegado información relativa a domicilio de quien individualiza, banco o bancos y números de las cuentas corrientes que acreditó tener al presentar su solicitud de registro en los Registros de Edificación y Urbanización, del Registro Nacional de Contratistas, entre otros datos. El Consejo acoge parcialmente el amparo considerando que concurre una causal de secreto o reserva respecto a parte de información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C593-10

Entidad pública: SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía

Requirente: Jaime Mayol Ascarrunz

Ingreso Consejo: 31.08.2010

En sesión ordinaria N° 194 de su Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C593-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de julio de 2010 don Jaime Mayol Ascarrunz solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía (en adelante indistintamente SEREMI) el domicilio de don Juan Carlos Ruiz Rodríguez; banco o bancos y números de las cuentas corrientes que acreditó tener al presentar su solicitud de registro en los Registros de Edificación y Urbanización, del Registro Nacional de Contratistas; fondos disponibles a favor del Sr. Ruiz Rodríguez que pudieren existir a esta fecha en la Secretaría Regional Ministerial y fondos que se encontrarán disponibles por las obras en actual ejecución que se le hayan asignado. Lo anterior por cuanto el 29 de marzo de 2010 la autoridad requerida dictó la Resolución N° 220, ordenando inscribir en el Registro Nacional de Contratistas al Sr. Ruiz, decisión que debió fundarse, de acuerdo a la normativa vigente, en los antecedentes que detalla en la presentación. Agrega que la información requerida le permitirá adelantar en el juicio que sigue en contra el Sr. Ruiz ante el 9° Juzgado del Trabajo de Santiago, causa Rol N° 5628-2001, en el que, entre otras prestaciones, mantiene impagas sus imposiciones previsionales correspondientes al periodo que corre desde el 1° de mayo de 1999 al 31 de mayo de 2001, las que no han podido obtenerse por haber cerrado el Sr. Ruiz sus oficinas en Santiago, así como sus cuentas bancarias, y desconocerse, por ende, su actual domicilio y bienes en los cuales hacer efectivas las deudas.

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N° 0845, de 20 de agosto de 2010, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía respondió a la solicitud de acceso, denegándola, por cuanto, al referirse lo requerido a un tercero –el Sr. Ruiz–, se procedió a comunicarle la solicitud de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, tras lo cual, dentro del plazo previsto en la norma mencionada, ejerció su derecho de oposición, razón por la cual quedó impedida de proporcionarla al requirente.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO: Mediante Oficio N° 0795, de 6 de agosto de 2010, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a don Juan Carlos Ruiz Rodríguez el hecho de haber recibido una solicitud de información relativa a su persona, quien mediante carta de 10 de agosto de 2010, ejerció su derecho de oposición a la entrega de la información requerida por el Sr. Mayol, por cuanto “la persona que solicita la información fue asesor de empresas para las que yo trabajé, y el motivo de su solicitud no debe ser otra que la utilización de información sensible, privilegiada y confidencial a favor de alguna empresa a la que actualmente asesora, o bien, para sus fines personales, no existiendo actualmente relación comercial o de servicio alguna entre el suscrito y este señor”.

4) AMPARO: El 31 de agosto de 2010 don Jaime Mayol Ascarrunz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, fundado en que la información le fue denegada por oposición del Sr. Ruiz, quien alegó que la información fue requerida “para fines personales” y que no tiene relación comercial ni de servicio con su persona. Señala que las causales más cercanas para fundar la oposición sólo pueden encontrarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sin embargo, los datos solicitados son sólo los necesarios para obtener a través de la vía judicial el pago de sus cotizaciones previsionales y otras prestaciones ordenadas a pagar mediante sentencia, cuya copia acompaña, gestiones que han fracasado a la fecha por haber sido inubicable el domicilio del deudor y encontrarse cerradas las cuentas corrientes que le eran conocidas para efectos del embargo, lo que acredita mediante copia de actuaciones judiciales en tal sentido.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 1674, de 7 de septiembre de 2010, a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, quien, evacuó sus descargos y observaciones, señalando lo siguiente:

a) Ingresada la solicitud de acceso a la oficina de partes de su representada, se procedió a analizar los antecedentes, tras lo cual se determinó que la información requerida afectaba los derechos del Sr. Ruiz, por lo que mediante Oficio N° 0795, de 6 de agosto de 2010, se le informó sobre la solicitud de información, así como de la facultad que le asistía a oponerse a la entrega de la misma. El 10 de agosto de 2010, dentro del plazo legal, se recibió carta de oposición del Sr. Ruiz, fundada en el hecho que el reclamante utilizaría dicha información a favor de alguna empresa asesorada por el mismo, señalando además la inexistencia de relación comercial o de servicio con el reclamante.

b) Ante la oposición deducida en tiempo y forma, dado lo previsto en el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia, se denegó la información requerida por encontrarse impedida de hacerlo.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Mediante Oficio N° 1694, de 9 de septiembre de 2010, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo notificó el presente amparo a don Juan Carlos Ruiz Rodríguez en su calidad de tercero, quien, mediante carta de 21 de septiembre de 2010, evacuó sus observaciones y descargos, reiterando su oposición a la entrega de la información basado en lo siguiente:

a) En cuanto al dato del domicilio, se trata de una información de fácil obtención, por cuanto vive por más de 40 años en la ciudad de Temuco, y que, en todo caso, es conocido del solicitante.

b) En relación a la información sobre bancos y números de cuentas corrientes, dicha información es tan sensible, que la propia ley la ha convertido en la base normativa mercantil en Chile, al consagrar el secreto bancario en el artículo 1° del D.F.L. N° 707, llamado Ley de Cheques, secreto que resulta fundamental para el sistema comercial chileno, al punto que el legislador sólo ha exceptuado la aplicación de dicho secreto mediante resolución judicial fundada, en investigación criminal sobre delito de drogas, lavado de dinero, delito terrorista y tributario. Por lo tanto, no es posible que por esta vía se burle el secreto bancario para obtener información sensible que le ha confiado de buena fe al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

c) Sobre la información de fondos disponibles a su favor que puedan existir en el organismo reclamado, reitera lo dicho acerca del secreto y confidencialidad en relación a las operaciones mercantiles, por cuanto por analogía deben aplicarse las normas que regulan el secreto bancario y el secreto de la contabilidad, además de constituir, derechos de carácter comercial y económico, sólo pretendiendo el reclamante embarazar las relaciones entre el organismo reclamado y él.

d) Agrega que el reclamante fue asesor externo de la empresa Asesorías e Inversiones Pellahuén S.A., quien puso término a dicha asesoría, razón por la cual, en una actitud revanchista, el reclamante logró que el 9° Juzgado Laboral de Santiago considerara su labor de asesoría externa como una relación laboral, con todas las cargas que le significó esto en su oportunidad.

e) El fallo laboral invocado y su posterior ejecución, datan del año 2002, siendo la última gestión útil la del día 26 de agosto del 2005, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil, que establece el plazo de 3 años para declarar el abandono del procedimiento desde la fecha de la última gestión útil hecha en el procedimiento de apremio, el procedimiento ejecutivo de cumplimiento invocado por el reclamante, se encuentra abandonado.

f) Por último, agrega que la acción de cobro se encuentra prescrita. En efecto, los créditos decretados en sentencia de 21 de agosto de 2002 que invoca el reclamante, se encuentran prescritos, toda vez que han transcurrido más de los cinco años previstos en el artículo 2525 del Código Civil.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se circunscribe a los siguientes requerimientos planteados por el reclamante don Jaime Mayol Ascarrunz, a saber:

a) Domicilio de don Juan Carlos Ruíz Rodríguez;

b) Institución Bancaria y N° de cuenta corriente correspondiente a la persona natural indicada;

c) Fondos disponibles a favor del Sr. Ruiz en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía y fondos que se encontrarán disponibles por las obras en actual ejecución que se le hayan asignado.

2) Que, en relación con la información solicitada cabe hacer presente que la SEREMI reclamada constituye el organismo, de acuerdo al artículo 4° del D.S. N° 127, de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Reglamenta el Registro Nacional de Contratistas de dicho Ministerio, creado por su artículo 1°, que debe encargarse –a nivel regional- de la administración del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y ante quién debe efectuarse la inscripción al mismo, el que está conformado, de acuerdo al artículo 6 del decreto supremo aludido, por diferentes rubros, entre los cuales se identifican el Rubro A: Edificaciones y B: Urbanizaciones.

3) Que, cabe agregar, que para efectos de la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, el interesado debe cumplir una serie de requisitos, según se trate de una persona natural o jurídica. En lo pertinente a la solicitud de la especie cabe señalar que:

a) El artículo 15 del D.S. N° 127 aludido regula los requisitos económicos que deben cumplirse, consistentes en indicar el capital mínimo en UF, monto máximo de cada obra en UF y experiencia. Por su parte, el artículo 16 precisa que el capital mínimo debe acreditarse con un certificado bancario a nombre del contratista en el cual se establezca que es titular de cuenta corriente y que la institución bancaria ha comprobado el capital de que dispone.

b) El artículo 19 del D.S. en comento regula los requisitos administrativos que deben cumplirse a efectos de la inscripción, señalando el artículo 21 que en el registro quedará constancia, entre otros, del nombre, nacionalidad, domicilio, RUT, profesión y experiencia del contratista.

4) Que, de lo anterior, es posible concluir que la información requerida obra en poder de de la SEREMI reclamada y, en consecuencia, se encuentra cubierta por la presunción de publicidad prevista en el artículo 5° de la Ley de Transparencia. Sin embargo, la SEREMI reclamada denegó el acceso a la misma, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 16 y 20 de la Ley de Transparencia, por la concurrencia de la oposición del tercero, fundada esta última, según desarrolla en sus descargos dicho tercero, en el secreto bancario, y comercial, entre otras alegaciones.

5) Que, en vista de tales alegaciones, corresponde a este Consejo analizar la pertinencia de las alegaciones formuladas por el tercero en su oposición, particularmente si procede la aplicación del secreto bancario alegado en sus descargos.

6) Que, primeramente, en cuanto al domicilio del tercero, cabe señalar que según el criterio adoptado por este Consejo en las decisiones recaídas sobre los amparos Roles A33-09, A140-09 y C415-09, se trata de un dato personal, de acuerdo a la definición del artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, por lo que debe ser resguardado por este Consejo, en ejercicio de su atribución contenida en el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia, que le encomienda “velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”. Además, respecto de dicho dato, al haber sido recolectado de fuentes no accesibles al público por parte del organismo reclamado, en el marco de la tramitación de la inscripción del tercero en el registro indicado, resulta aplicable a su respecto el deber de secreto previsto en el artículo 7° del cuerpo legal en comento, siendo procedente su comunicación, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 4°, sólo en caso que una ley lo autorice o su titular consienta expresamente en ello, hipótesis que no se dan en la especie, a pesar de haber afirmado el reclamante que se trataría de una información de fácil obtención, aseveración que, en todo caso, no permitiría concluir que ella suponga su aquiescencia expresa. Por último, al tratarse de un dato almacenado por un organismo público, rige a su respecto la norma del artículo 20 de la ley indicada, en orden a que su tratamiento sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia.

7) Que en cuanto a la solicitud de la(s) cuenta(s) corriente(s) bancaria y fondos disponibles del tercero, de los que debe dar cuenta el certificado bancario que debió presentar a efectos de su inscripción en el Registro de Contratistas, según se indicó, cabe precisar, en primer término, que la cuenta corriente bancaria está regulada en el D.F.L. N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, o “Ley de Cheques” que en su artículo 1° la define como “un contrato a virtud del cual un Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado”.

8) Que el tercero a quien se refiere la información requerida invoca el secreto bancario a efectos de fundamentar su oposición a la entrega de la misma, indicando que éste se encontraría consagrado en la norma del artículo 1° del D.F.L indicado precedentemente. En dicha alegación, este Consejo advierte una imprecisión en la cita normativa, pues si bien el artículo 1° alegado contiene una norma reserva bancaria, no es la correspondiente al secreto bancario invocado. Con todo, resulta procedente abordar ambas hipótesis de reserva:

a) El inciso 2° del artículo 1° de la Ley de Cheques dispone que “El Banco deberá mantener en estricta reserva, respecto de terceros, el movimiento de la cuenta corriente y sus saldos, y sólo podrá proporcionar estas informaciones al librador o a quien éste haya facultado expresamente”, a excepción de los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público en las hipótesis indicadas en dicho artículo 1°.

b) Por su parte, el inciso 1° del artículo 154 del D.F.L. N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales, establece el secreto bancario en los siguientes términos “Los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente…”.

c) A su vez, el inciso 2° del artículo 154 en comento, establece la reserva de respecto a las demás operaciones que realice el banco, la que no tiene el carácter absoluto que tiene el secreto bancario, pues en este caso, es posible dar a conocer información por parte del banco a quien demuestre un interés legítimo, cumpliéndose las condiciones determinadas en la misma norma.

9) Que en el caso del secreto bancario, previsto en el artículo 154 del D.F.L. N° 3, ya citado, cabe descartar su aplicación al amparo de la especie por las siguientes razones:

a) Los sujetos obligados a dicha norma no incluyen a los organismos públicos, pues según ha afirmado la doctrina “[L]a obligación al secreto bancario latu sensu vincula, por un lado a todas las instituciones que se dedican al negocio del dinero (no sólo a bancos); y, por otro, a todo el personal de éstas y no sólo a los que ostentan cargos directivos o de representación, sino también a los dependientes o empleados” (Vergara Blanco, Alejandro; en su libro “El Secreto Bancario. Fundamentos, Legislación y Jurisprudencia”, de la Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990, p.61). En consecuencia, es posible concluir que los organismos públicos, en la especie, la SEREMI reclamada, no constituye sujeto pasivo de la obligación de reserva prevista en dicha norma, por lo que no resulta procedente acoger su invocación en esta sede.

b) Por su parte, según lo indicado en la página 2, párrafo I, de la Circular N° 2.495-866, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 6 de noviembre de 1989, al abordar el secreto bancario “…el referido artículo declara sujetos a secreto los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos…”, señalando en el párrafo siguiente que “Las demás operaciones del Banco quedan sujetas a reserva, esto es, a un menor grado de confidencialidad…” (ver: http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.2&idCategoria=5), por lo que ha de concluirse que, en todo caso, el número de cuenta corriente no estaría incluido bajo el amparo del secreto bancario. Así lo ha estimado la Superintendencia aludida en su Carta Circular N° 110-92, de 3 de noviembre de 1987, en el siguiente tenor: “…Cabe recordar al efecto, que cualquier persona no tiene inconvenientes, ni legales ni prácticos, para acceder a esa información. A modo de ejemplo se pueden citar dos casos: a) con el objeto de depositar un documento en una cuenta corriente perteneciente a otra persona, basta solicitar el número de la cuenta para que éste sea proporcionado; b) en los formularios de cheques que entregan, diversos bancos hacen figurar el nombre del titular de la cuenta corriente, lo que no podrían hacer si tal antecedente estuviese amparado por el secreto, puesto que tales formularios, una vez llenos, circulan en el público.” (ver: http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/norma_1039_1.pdf).

10) Que en el caso de la reserva establecida en la Ley de Cheques, de la lectura de la norma ya citada es posible concluir que, al igual que en el caso de secreto bancario, está destinada a ser observada por las instituciones bancarias, por lo que igualmente se descarta su aplicación al presente amparo.

11) Que, no obstante descartar la aplicación del secreto y reserva bancarias, en virtud de su atribución prevista en el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia, a juicio de este Consejo, la información requerida -concernientes a la identificación de la institución bancaria y número de cuenta corriente- ciertamente se trata de datos personales de dicho tercero a quien se refiere la información, a la luz de su definición legal prevista en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.268, sobre Protección de Datos Personales, por cuanto constituye información concerniente a una persona natural identificada. Desde este punto de vista, al no haber sido recolectada por el organismo reclamado de fuentes accesibles al público, dado que fue proporcionada por el propio tercero al organismo reclamado para efecto de su inscripción en el Registro de Contratistas, resulta plenamente aplicable el deber de reserva previsto en el artículo 7° del cuerpo legal en comento, procediendo su comunicación sólo por disposición legal o consentimiento del titular, según dispone su artículo 4°, supuestos que no se dan en la especie. Además, de acuerdo al artículo 20 de la ley en comento su tratamiento sólo puede efectuarse por el organismo reclamado respecto de las materias de su competencia. Por tal motivo, el presente amparo se rechazará respecto de esta parte de la solicitud de información.

12) Que, en todo caso, resulta pertinente precisar que no cabe aplicar en la especie el Título III de la Ley N° 19.628, que regula la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, particularmente su artículo 17, que señala la información que los responsables de los registros o bancos de datos personales están autorizados para comunicar, por cuanto éste está referido al incumplimiento de obligaciones de dinero sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, según consta en el Informe de la Comisión Mixta al tratar la extensión del Título III indicado en el marco de la tramitación legislativa del cuerpo legal en comento, lo que en ningún caso incluye la información requerida en la especie.

13) Que, a mayor abundamiento, cabe tener a la vista los argumentos desarrollados por el Instituto de Federal de Acceso a la Información de México, IFAI, en la resolución del Expediente 2824/09, que declara reservado en número de cuenta corriente, aunque de una persona jurídica, por tratarse de prevención del delito, con fundamento en los artículos 13, fracción V, de la LFTAIPG, 27 de su Reglamento y 8 de los Lineamientos Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y basado en las siguientes razones, que resultan aplicables igualmente, a juicio de este Consejo, a las personas naturales:

a) “…El daño que se causaría al otorgar su acceso sería presente, en razón de que se trata de cuentas que actualmente se encuentran vigentes y día con día se realizan transacciones por lo que sería probable el daño, toda vez que se trata de información que facilitaría a personas o grupos transgresores de la ley cometer delitos en contra del patrimonio de las personas morales y sería específico, en virtud de que la información permitiría a delincuentes elaborar cheques apócrifos o acceder a los sistemas de banca en línea.”

b) “En ese sentido, este Instituto considera procedente confirmar la reserva de los números de cuentas bancarias de personas morales, en virtud de que actualizan la hipótesis de reserva prevista en el artículo 13, fracción V de la LFTAIPG, en relación con el Vigésimo Cuarto, fracción II de los Lineamientos Generales, considerando aquella información que pueda clasificarse porque su difusión pueda causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, la prevención o persecución de delitos, entre otros.”

14) Que, en lo relativo a fondos disponibles a favor del Sr. Ruiz Rodríguez que pudieren existir a esta fecha en poder de la SEREMI y aquellos fondos que se encontrarían disponibles por las obras en actual ejecución que se le hayan asignado a dicho tercero, debe entenderse dicha petición referida a los recursos fiscales en poder de la SEREMI que correspondan a pagos pendientes por obras que haya ejecutado o esté ejecutando el Sr. Ruiz, en su calidad de contratista inscrito en el Registro correspondiente, información que este Consejo estima pública, atendido especialmente el compromiso de presupuesto público en dichos pagos y la ejecución de obras encargadas por el Estado, debiendo desecharse las argumentaciones vertidas por la SEREMI y por el propio tercero sobre esta materia. Por tal motivo, se requerirá a la institución reclamada que proporcione al reclamante la información relativa al estado de pagos relativo a obras que haya ejecutado o esté ejecutando el Sr. Ruiz, en su calidad de contratista, detallando entre los fondos disponibles por obras ejecutadas y en actual ejecución.

15) Que, no correspondiéndole a este Consejo, en virtud de su atribuciones previstas en el artículo 33 de la Ley de Transparencia pronunciarse sobre las demás alegaciones efectuadas relacionadas con el juicio laboral que existiría entre el reclamante y el tercero, por no incidir, además, en la resolución del presente amparo, y por lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo ha de acoger parcialmente el presente amparo, según se señalará en la parte resolutiva del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jaime Mayol Ascarrunz en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, por los fundamentos indicados en la parte considerativa del presente acuerdo.

II. Requerir al Sra. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía a que:

a) Entregue al reclamante información relativa a los fondos disponibles a favor del Sr. Ruiz Rodríguez que pudieren existir en poder de la SEREMI y aquellos fondos que se encontrarían disponibles por las obras en actual ejecución que se le hayan asignado a dicho tercero, especialmente el estado de pagos relativo a obras que haya ejecutado o esté ejecutando, en los términos del considerando 15) precedente, en el plazo de 10 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo.

b) De cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documento en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Jaime Mayol Ascarrunz, a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía y a don Juan Carlos Ruiz Rodríguez.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre a la presente decisión, por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.