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Sociedad Contractual Minera El Morro con CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (CMN) Rol: C660-10

Consejo para la Transparencia, 28/12/2010

Se dedujo amparo contra el Consejo de Monumentos Nacionales, basado en la denegación de acceso a copia del Informe “Línea de Base Arqueológica, Proyecto Mejoramiento del Ganado en los Humedales Altoandinos del Área Silvestre Protegida de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos”, elaborado por la profesional señalada. El Consejo acogió el amparo, determinando que la información requerida es pública y desestimando la oposición del tercero, fundada en la causal de reserva del art. 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Así, concluyó que no resulta posible observar de los fundamentos de la oposición la existencia de algún derecho concreto y específico de que sea titular la tercero y que pudiere verse afectado con la divulgación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C660-10

Entidad pública: Consejo de Monumentos Nacionales, CMN

Requirente: Sociedad Contractual Minera El Morro

Ingreso Consejo: 22.09.2010

En sesión ordinaria N° 211 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de diciembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C660-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.300, de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de septiembre de 2010 don Marcial Maturana Bascopé y don Alejandro Cecioni Raspi, en representación de la Sociedad Contractual Minera El Morro (en adelante también SCM El Morro), solicitaron al Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante también CMN), el Informe “Línea de Base Arqueológica, Proyecto Mejoramiento del Ganado en los Humedales Altoandinos del Área Silvestre Protegida de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos”, elaborado por la arqueóloga doña Gloria Cabello.

2) OPOCISIÓN DEL TERCERO: Mediante Oficio Ordinario N° 4437, de 7 de septiembre de 2010, el organismo reclamado comunicó a la Sra. Gloria Cabello Baettig la solicitud de acceso presentada, a fin de que pudiera ejercer su derecho de oposición conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Mediante presentación de 13 de septiembre de 2010, la Sra. Cabello se opuso a la entrega de información, por los siguientes fundamentos:

a) El informe solicitado contiene información que será utilizada a favor de la peticionaria, situación que no corresponde ya que el mismo ha sido entregado al CMN en el marco de una denuncia. La solicitante pretende obtener un informe que ha sido elaborado minuciosamente, en el cual se utilizaron grandes sumas de dinero para su confección, para ser utilizado sin pagar a la profesional que lo elaboró ningún tipo de remuneración, no obstante no tener interés en tener tal vínculo con la solicitante, por cuanto presta habitualmente servicios al CMN y a otros organismos, todos quienes tienen un afán de proteger y preservar los sitios arqueológicos de nuestro país.

b) Además, el informe fue elaborado por encargo de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos, en el marco de la elaboración de un proyecto del Fondo de Protección Ambiental (FPA) que aún no ha sido publicado y que al momento de su entrega al CMN no se encontraba finalizado. Por lo anterior, si bien el informe es de su autoría, éste es de propiedad de la Comunidad Diaguita mencionada de modo que no puede autorizar libremente la publicación de dicho informe sin previo consentimiento de la misma. Al efecto, en conjunto con dicha comunidad han decidido manifestar su oposición a la entrega del informe requerido.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N° 4.632, la Secretaria Ejecutiva (S) del Consejo de Monumentos Nacionales denegó la información requerida por cuanto, el 13 de septiembre de 2010 la arqueóloga Gloria Cabello Baettig, autora del informe requerido, dedujo en tiempo y forma, oposición a su entrega, de acuerdo al derecho que le franquea la ley, razón por la cual queda impedida de proporcionar dicho informe, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia.

4) AMPARO: Don Marcial Maturana Bascopé y don Waldo Cuadra Cárdenas, ambos en representación de la SCM El Morro, dedujeron amparo a su derecho de acceso a la información el 22 de septiembre de 2010 en contra del Consejo de Monumentos Nacionales, fundado en lo siguiente:

a) La solicitud de acceso de la especie se presentó en el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de uno de su proyectos denominado “Proyecto El Morro”, en el marco de cuyo procedimiento el Consejo de Monumentos Nacionales remitió sus observaciones a la Adenda N° 2, indicando en el punto 3 que se requiere realizar una reevaluación de la línea de base arqueológica para el sector de Quebrada Larga, por cuanto los sitios detectados discrepan por lo señalado en el informe de la arqueóloga doña Gloria Cabello, por lo que se solicita contrastar la información entregada en la línea de base, con la información entregada por otros investigadores en el área de estudio.

b) Tener acceso a la información requerida es de vital importancia para efectos de dar respuesta a las observaciones de la autoridad en el marco de la EIA del proyecto aludido, dado que actualmente se encuentra corriendo el plazo para la presentación de su adenda, y el estudio solicitado ha sido exigido por la misma autoridad que lo deniega, por cuanto se solicita a su representada contrastar los estudios. El tiempo transcurrido sin haber accedido al mismo afecta sus posibilidades de contestar las preguntas formuladas por el propio Consejo de Monumentos Nacionales y afecta el principio de transparencia y publicidad, como a los derechos que le asiste a su representada en cuanto interesada en el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.

c) Por otra parte, el informe requerido ha sido elaborado con fondos públicos. En efecto, forma parte del proyecto “Mejoramiento del manejo del ganado en los humedales altoandinos del área silvestre protegida de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos”, financiado por el FPA que administra la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Según información publicada en la web, se trata de un proyecto financiado el año 2009, que tuvo un costo total de $ 16.350.000.-, de los cuales $ 9.000.000.- fueron aportados por ese fondo. (ver: www.fpa.conama.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=734651).

d) No concurre causal de reserva alguna que permita restringir el acceso a esta información, por lo que se trata de información pública.

e) La oposición formulada no entrega fundamentos suficientes para denegar el acceso a la información solicitada, por cuanto, considerando lo ya señalado, particularmente el hecho que el informe fue financiado con fondos públicos, no resultan pertinentes los argumentos de la Sra. Cabello, que son los siguientes:

i. Que la peticionaria pretende utilizar en su favor la información.

ii. Que dicho informe quiere ser utilizado sin pagar a la profesional ningún tipo de remuneración.

iii. Que el informe es de propiedad de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. En este punto cabe agregar que el informe se refiere a eventuales sitios arqueológicos, los que por el sólo ministerio de la ley son de propiedad del Estado, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 27 de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

f) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 19.880; y artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, no parece que exista ningún fundamento para denegar la información. En efecto, el pronunciamiento del CMN constituye un acto administrativo público, carácter que comunica a todos los fundamentos que motivaron su dictación, toda vez que sin ello no es comprensible su contenido y en particular dar cumplimento a lo solicitado por la autoridad. Además, al referirse el informe a bienes del Estado existe un interés en su divulgación, más aún si existen sanciones penales y administrativas asociadas a la alteración o destrucción de monumentos nacionales.

g) La actitud del organismo contrasta con algunos derechos que la ley le otorga a todo interesado en un procedimiento administrativo, por ejemplo, el derecho de acceso contemplado en el artículo 17 de la Ley N° 19.880.

h) Por último, hace presente que el artículo 11 de la Ley de Transparencia consagra una serie de principios cuya función es orientar a los operadores jurídicos en el ejercicio y respecto del derecho de acceso, entre ellos el de oportunidad.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo mediante Oficio N° 1.964, de 28 de septiembre de 2010, al Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales quien, mediante Ordinario N° GS. N° 4747, de 16 de noviembre de 2010, de su Secretario Ejecutivo presentó sus descargos u observaciones, señalando que:

a) En el marco de la evaluación del EIA del Proyecto El Morro recibió una carta de la arqueóloga Sra. Gloria Cabello Baettig, de 9 de junio de 2010, adjuntando el informe de marras, con el objetivo de hacer presente a su representada que la Línea de Base Arqueológica presentada por la empresa era incompleta.

b) Su representada tuvo en cuenta la información entregada y al pronunciarse respecto del EIA (Ord. N° 3144, del 10.06.2010) hizo mención expresa de ella, solicitando “contrastar la información entregada en la línea de base, con la información entregada por otros investigadores en el área de estudio”. La empresa solicitó el informe pero, como contrapartida, la comunidad del área del proyecto, su abogada y la arqueóloga Sra. Cabello, expresaron al Consejo su oposición a que se hiciera entrega del mismo, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

c) Discrepa de lo sostenido por la reclamante en lo relativo a que la información denegada ha sido exigida por su representada, a que la información contenida en el informe en cuestión es imprescindible para dar respuesta a las observaciones del CMN y que se encuentra corriendo el plazo para la Adenda por lo que se encuentran afectadas sus probabilidades de contestar las preguntas formuladas por el CMN.

d) Al respecto informa que su representada, si bien no entregó a la empresa el informe arqueológico, le fue enviada la carta conductora de la arqueóloga Sra. Cabello, en la cual aparece el listado de los sitios arqueológicos por ella registrados, con sus coordenadas geográficas. Cabe explicar que la cuestión básica que quería exponer el CMN en su evaluación es que la Línea de Base Arqueológica presentada por la empresa no daba cuenta de la totalidad de los sitios de esta índole en el área, y que otras investigaciones consideraban muchos más; la empresa, pues, debe completar su línea de base. Y si bien no ha podido contar con el informe completo de la Sra. Cabello, donde se caracterizan estos sitios y se profundiza en su naturaleza, la empresa sí tiene el listado de los sitios considerados en el informe, con sus coordenadas, de modo que el informe no es imprescindible para dar respuesta a las observaciones, pues con sus arqueólogos la empresa puede completar la línea de base, teniendo como ayuda importante el listado con coordenadas de los sitios estudiados por la Sra. Cabello.

e) En relación a la alegación de la reclamante en cuanto a que la Sra. Cabello no entrega fundamentos suficientes para denegar el acceso a la información, importa destacar que, habiendo quien se opone expresado causas, no corresponde a su representada juzgar el mérito de ellas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, debe respetar las atribuciones del Consejo para la Transparencia sobre el particular.

f) Adjunta todos los antecedentes mencionados, incluido el informe requerido.

g) Finalmente, y relacionado con el tema que se presenta, resultaría de suma utilidad e importancia para el CMN, y para su proceder futuro, la opinión del Consejo para la Transparencia en relación al criterio jurídica a aplicar, de momento que es requerido en el marco de la Ley de Transparencia, respecto de informes arqueológicos que conforme al Reglamento de la Ley N° 17.288, tienen el carácter de confidenciales por un lapso de ocho años. Dicha consulta fue formulada al Consejo para la Transparencia mediante Ordinario N° 1719 del CMN, del 4 de abril de 2010, que se adjunta a la presentación.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio N° 1.959, de 28 de septiembre de 2010, este Consejo dio traslado del presente amparo a doña Gloria Cabello Baettig, como tercero interesado, para que en un plazo de 10 días hábiles presentara sus descargos u observaciones al mismo, lo que, a la fecha, no consta que se haya realizado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a entrar al fondo, resulta necesario precisar lo siguiente en relación al informe requerido, para una mejor inteligencia de lo que se ha sometido a la resolución de este Consejo:

a) El informe solicitado fue desarrollado en el marco del proyecto “Mejoramiento del manejo del ganado en los humedales altoandinos del área silvestre protegida de la Comunicad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos”, según consta el perfil del proyecto publicado en la página web institucional del Ministerio del Medio Ambiente (ver: http://www.fpa.conama.cl/documentos/documento.php?idDocumento=739387).

b) El proyecto aludido fue financiado parcialmente con fondos del FPA, específicamente con un monto de $ 9.000.000.-, de un total de $ 15.100.000.- que se planteó como costo total del proyecto. (ver: http://www.fpa.conama.cl/documentos/documento.php?idDocumento=739387).

c) Por su parte, el FPA está regulado en el Titulo V de la Ley N° 19.300, de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 66, se trata de un fondo administrado por el Ministerio del Medio Ambiente –y previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417, por la CONAMA-, cuyo objeto es financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.

d) El informe requerido en la especie, acompañado por el organismo reclamado, corresponde, según señala su introducción, «a los resultados obtenidos de la inspección visual realizada en el área de influencia del proyecto “Mejoramiento del Manejo del Ganado en los Humedales Altoandinos del Área Silvestre Protegida de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos”, desarrollada en la Provincia de Huasco, Región de Atacama». Agrega que “El trabajo fue encargado por la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos (CAHL) quien desarrolla un proyecto FPA CONAMA 2009-2010, cuyo principal objetivo es mejorar el manejo de los animales y la calidad de los productos obtenidos de ellos” y que “en ese marco, este componente de la investigación tiene por objetivos la detección, identificación y descripción de los recursos arqueológicos presentes en el área de cobertura de dicho proyecto de manera de permitir evaluar el impacto potencial de éste sobre los bienes patrimoniales protegidos por la legislación vigente, dando así cumplimiento a las exigencias estipuladas en la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288 y la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.

e) El informe requerido fue aportado por la Sr. Cabello al Secretario Ejecutivo del CMN con ocasión de la presentación de fecha 9 de junio de 2010, mediante la cual la citada arqueóloga manifestó a dicha autoridad su “preocupación por el riesgo en que se encuentra el patrimonio cultural presente en el área del Proyecto El Morro, ubicado en las nacientes del río Huasco, sector cordillerano de la comuna de Alto del Carmen, III región de Atacama”. Señala en la presentación que su preocupación se fundamenta en las discrepancias existentes entre la información proporcionada en la Línea de Base Arqueológica preparada para dicho proyecto y revelada en el marco del proyecto FPA CONAMA 2009-2010. Además, según afirmó el organismo reclamado en sus descargos y del tenor de su pronunciamiento acerca del proyecto en evaluación, contenido en el Ordinario N° 3144, particularmente su numeral 3, dicha observación fue recogida por este organismo al requerir la reevaluación de la línea de base arqueológica para el sector de Quebrada Larga, III Región.

2) Que, por todo lo antes indicado, cabe concluir que el informe requerido en la especie, conforme a lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia en relación con la definición contenida en el artículo 3°, letra g) del Reglamento del mismo cuerpo legal, constituye un documento que le sirvió al CMN como sustento o complemento directo para la dictación del Ordinario N° 3144, de 10 de junio de 2010, mediante el cual el Secretario Ejecutivo de dicho Consejo, en tanto autoridad con competencia ambiental , se pronunció sobre el “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”, por cuanto, particularmente en su punto 3, relativo a la reevaluación de la línea de base arqueológica para el sector Quebrada Larga, la instrucción dada a la peticionaria en orden a que contrastara “la información entregada en la línea de base, con la información entregada por otros investigadores en el área de estudio” fue dada precisa e inequívocamente sobre la base de lo indicado en el informe pedido, de cuyas conclusiones se hizo cargo el CMN.

3) Que, conforme a lo anterior, tratándose, además, de información elaborada con presupuesto público, específicamente proveniente del FPA, el informe requerido constituye, en principio, información pública a la luz de lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, siendo, por ende, objeto del derecho de acceso a la información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo legal.

4) Que, asimismo, este Consejo estima que, al tratarse de un informe elaborado en el marco de un proyecto cuya línea temática es la conservación de la biodiversidad, según costa en el perfil del mismo, relacionado con el suelo y el patrimonio arqueológico, contiene éste información medioambiental, cuyo acceso está regulado en el Párrafo 3°, Título I, de la Ley N° 19.300, ya mencionada, cuyo artículo 31 bis, inciso 1° dispone que: “Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública”. Por su parte, el inciso 2° del artículo en comento señala que se entiende por información ambiental toda aquella de característica escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentra en poder de la administración y que verse sobre las cuestiones que explicita en sus literales, entre los que se destacan los siguientes, en lo relativo a lo requerido en el presente amparo: “a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos”; “c) Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que les sirvan de fundamento” y “e) Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados en la toma de decisiones relativas a los actos administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra c)”.

5) Que, a mayor abundamiento, siendo el informe requerido un fundamento directo de las observaciones efectuadas por el CMN y dado el tenor general de éstas –referidas simplemente a una petición de comprobación de la línea de base del proyecto en relación “con la información entregada por otros investigadores en el área de estudio” –, cabe sostenerse que dicho ejercicio de comprobación y reevaluación por parte de la sociedad solicitante exige el conocimiento de los antecedentes en base a los cuales se formularon tales objeciones, entre ellos el informe arqueológico pedido, ejercicio que se dificultaría de no contar con éste. Por tal razón, este Consejo debe desechar el argumento referido a que la peticionaria ya contaba con el listado de los sitios arqueológicos registrados por la informante, con sus coordenadas geográficas, pues fuera de no ser ello lo estrictamente solicitado, la comprobación exigida a la Sociedad Contractual Minera El Morro, en los términos generales indicados por el CMN en su Ordinario N° 3144, de 10 de junio de 2010, demanda el cabal conocimiento de sus fundamentos, entre ellos el informe solicitado, para dar una respuesta satisfactoria a dichas observaciones.

6) Que, establecido lo anterior, resulta procedente analizar si dicha información se encuentra protegida por alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente la contenida en su numeral 2, esto es, si la divulgación del informe afecta los derechos de las personas, en la especie, los de la Sra. Gloria Cabello Baettig, quien elaboró el informe requerido y se opuso a su entrega.

7) Que, al respecto, la arqueóloga Sra. Gloria Cabello Baettig ha señalado como fundamentos de su oposición ante el CMN –pues no evacuó sus descargos u observaciones ante este Consejo– el hecho de que el citado informe sería utilizado por el reclamante sin previo pago de una remuneración a quien lo elaboró; que ha sido realizado por encargo de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos en el marco de la elaboración de un proyecto FDA y que aún no ha sido publicado y, por último, que si bien es la autora, el informe sería de propiedad de la comunidad aludida, por lo que la publicación del informe debe contar con su consentimiento, el que habría concurrido conjuntamente a su oposición, sin que esta última circunstancia conste en su presentación.

8) Que, de dichas alegaciones, y más allá que de los antecedentes vinculados a este amparo se ha reconocido la autoría de la Sra. Cabello del informe solicitado, no resulta posible observar la existencia de algún derecho concreto y específico de que sea titular la Sra. Cabello y que pudiere verse afectado con la divulgación del citado informe, en los términos de lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, cabe tener presente que fue la propia Sra. Cabello la que el 9 de junio de 2010 puso voluntariamente el informe requerido en conocimiento del CMN, manifestándole su “preocupación por el riesgo en que se encuentra el patrimonio cultural presente en el área del Proyecto El Morro”, a efectos de que los antecedentes que aportaba en él fueran precisamente considerados para su pronunciamiento sobre el EIA del Proyecto El Morro, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 9°, incisos 4° y 5° de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y párrafo 3° de su Reglamento, lo que efectivamente ocurrió al haber el CMN hecho suyas las observaciones efectuadas por la informante respecto de la línea de base arqueológica en el área del Proyecto El Morro.

9) Que, a mayor abundamiento, según lo establecido en la decisión del amparo Rol A7-09 de este mismo Consejo, de 26 de junio de 2009, cuando se invoca una circunstancia que extinguiría la obligación de entregar la información corresponde que sea probada por quien la alega y que las puras afirmaciones realizadas por el tercero potencialmente afectado, al igual que en dicho caso, resultan insuficientes para acreditar que exista un riesgo serio de afectación de sus derechos y dar por acreditada la configuración de la citada causal de secreto o reserva.

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la alegación relacionada a que el informe objeto del presente amparo no estaría concluido, cabe señalar que, tras revisar en la página web institucional del Ministerio del Medio Ambiente la información sobre el proyecto en el marco del cual se ha desarrollado el informe requerido, este Consejo pudo verificar que tal proyecto se encuentra finalizado, situación de la que da cuenta el informe final del mismo publicado en el enlace http://www.fpa.conama.cl/documentos/documento.php?idDocumento=1072851, concluyéndose también que el informe sobre la línea de base también estaría afinado, por cuanto el objetivo de “Realizar una línea base arqueológica y cultural (usos tradicionales) de las vegas donde se aplicará este proyecto” aparece como logrado, sin que figure la publicación del informe correspondiente al mismo.

11) Que, asimismo, respecto del argumento expresado por la oponente en cuanto a que dicho informe sería de propiedad de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, debe establecerse que tal cuestión no ha sido acreditada ante este Consejo ni se infiere de los antecedentes que obran en el presente amparo, por lo que este Consejo no considerará tal alegación.

12) Que, por lo precedentemente razonado y desestimada la afectación de derechos de terceros como consecuencia de la divulgación de la información requerida en la especie, este Consejo no puede sino acoger el presente amparo y requerir el Sr. Secretario Ejecutivo del CMN la entrega del mismo al reclamante, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo presentado por la Sociedad Contractual El Morro en contra del Consejo de Monumentos Nacionales, por las consideraciones antes expuestas.

II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales para que:

a) Entregue a la reclamante de copia del informe “Línea de Base Arqueológica. Proyecto Mejoramiento del Manejo del Ganado en los Humedales Altoandinos del Área Silvestre Protegida de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos”, elaborado por la arqueóloga Gloria Cabello Baettig.

b) De cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Marcial Maturana Bascopé y a don Waldo Cuadra Cárdenas, en su calidad de representantes de la Sociedad Contractual Minera El Morro, a la Sra. Gloria Cabello Baettig y al Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.