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Marco Antonio Correa Pérez con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C1493-11

Consejo para la Transparencia, 30/05/2012

Se deduce amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones por su negativa a suministrar información relativa a auditorías efectuadas por dicho organismo. Éste se excusó aduciendo no realizar auditorías a los entes que fiscaliza e invocando causal de reserva por afectar derechos comerciales de terceros. El Consejo acoge parcialmente el amparo interpuesto y requiere la entrega de la información que detalla.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1493-11

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP)

Requirente: Marco Antonio Correa Pérez

Ingreso Consejo: 05.12.2011

En sesión ordinaria Nº 342 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de mayo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1493-11.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 22.255, Nº 19.913 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 23 de octubre de 2011, don Marco Antonio Correa Pérez solicitó a la Superintendencia de Pensiones –en adelante, indistintamente SP–, información sobre las auditorías efectuadas por dicho organismo, desglosadas del modo que se indican a continuación:

a) Revisiones jurídicas:

i. Cantidad de revisiones jurídicas programadas y no programadas para cada entidad fiscalizada correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.

ii. Resultado de dichas evaluaciones, detallando si contienen observaciones y si éstas son o no graves.

iii. Motivos que generaron las evaluaciones con observaciones graves y no graves.

iv. Sanciones establecidas en virtud de las mencionadas revisiones.

b) Revisiones o auditorías informáticas:

i. Cantidad de revisiones o auditorías informáticas efectuadas a las instituciones fiscalizadas en los años 2009, 2010 y 2011.

ii. Clasificación de las auditorías en informáticas programadas y no programadas, por mes e institución.

iii. Motivos que originaron auditorías no programadas.

c) Auditorías financieras:

i. Cantidad de auditorías financieras efectuadas a las instituciones fiscalizadas por los meses de los años 2009, 2010 y 2011.

ii. Clasificación de las mencionadas auditorías en programadas y no programadas.

iii. Resultado de las auditorías, señalando si contienen o no observaciones, y si éstas son severas o sin efectos de fondo.

d) Auditorías operativas:

i. Clasificación de las auditorías operativas realizadas en los años 2009 y 2010, según sean programadas o no programadas.

ii. Detalle de las mencionadas auditorías correspondiente a cada mes de los años señalados.

e) Auditorías operativas no programadas:

i. Motivos que generaron las auditorías operativas no programadas correspondientes a los meses de los años 2009, 2010 y 2011, por institución fiscalizada.

ii. Medidas e instrucciones impartidas a las instituciones fiscalizadas con el objeto de prevenir los hechos que originan las auditorías operativas no programadas.

iii. Modificaciones al plan anual de auditoría del año 2011, que prevengan la ocurrencia de hechos que originan auditorías operativas no programadas.

f) Métodos y evaluación auditorías operativas:

i. Plan anual de auditorías operativas, financieras e informáticas de las entidades fiscalizadas correspondientes a los años 2010 y 2011.

ii. Indicar si se utilizan los métodos COSO/ERM para auditorías financieras y operativas y COBIT para las auditorías informáticas.

iii. Evaluación de riesgos para cada una de las entidades fiscalizadas, indicando el riesgo inherente y residual de cada institución.

iv. Procesos críticos de cada una de las entidades fiscalizadas, con sus correspondientes evaluaciones.

v. Sugerencias de mejoras y gaps efectuados a cada una de las instituciones fiscalizadas, señalando el cumplimiento de cada una de dichas observaciones.

g) IFRS:

i. Programa de auditoría financiero y tópico IFRS evaluado para cada institución fiscalizada correspondientes a los años 2010 y 2011.

ii. Resultado de la medición de cada uno de los tópicos IFRS por cada institución fiscalizada.

iii. GAP y recomendaciones efectuadas por tópico IFRS a cada una de las instituciones fiscalizadas.

iv. Sanciones aplicadas a instituciones fiscalizadas y tópico que motivó la sanción.

h) Situaciones de fraude:

i. Cantidad de casos que implicaron situaciones de fraudes por cada una de las instituciones fiscalizadas durante los años 2009, 2010 y 2011, señalando la correspondiente acción fraudulenta.

ii. Medidas preventivas o instrucciones impartidas en relación a este tipo de situaciones respecto de dichas entidades.

i) Equipos de auditorías:

i. Identificación de las personas que conforman el equipo de auditoría para los años 2009, 2010 y 2011, señalando si prestan servicios a honorarios, a contrata, como funcionarios de planta u otro tipo.

ii. Cantidad de capacitaciones efectuadas para los años indicados a cada uno de los integrantes del referido equipo, indicando si son contratados a honorarios o de planta.

iii. Señalar cuántos profesionales cuentan con estudios formales en auditoría, ingeniería u otra profesión y cuántos no tienen formación profesional universitaria.

iv. Evaluación profesional de los mencionados funcionarios correspondientes a los años 2009 y 2010.

j) Matrices de riesgos:

i. Señalar matrices de riesgos preparadas para cada entidad fiscalizada correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011.

ii. Detalle de riesgos altos, medios y bajos detectados a cada entidad fiscalizada.

iii. Evaluación efectuada, objetivos de control medidos y los componentes de COSO ERM medidos.

k) Gobiernos Corporativos: En el marco de los Gobiernos Corporativos se solicita proporcionar respecto de cada entidad fiscalizada para los años 2009, 2010 y 2011, el grado de cumplimiento del Código de Ética; Oficial de cumplimiento; Programa de prevención de delitos; Sistema de información de denuncias por hechos que implican acciones fraudulentas.

2) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información mediante el Oficio Nº 27.016, de 22 de noviembre de 2011, a través del cual señaló lo siguiente:

a) En cuanto al literal a), referido a las revisiones jurídicas realizadas, señala que dicho organismo resuelve controversias jurídicas y emite pronunciamientos relativos a la interpretación de la normativa aplicable al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, en la medida que toma conocimientos de reclamos o solicitudes de los afiliados o de las propias Administradoras de Fondos de Pensiones –en adelante, indistintamente las AFP o las Administradoras–. Respecto a las sanciones que ha impuesto a las respectivas instituciones fiscalizadas, éstas se encuentran en la página web www.spensiones.cl, en el ícono "Sanciones".

b) Respecto de las consultas contenidas en los literales b), c), d), e), f), g) e i), indica que dicha entidad no realiza auditorías a las entidades que fiscaliza. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley Nº 20.255 y 93 y 94 del D.L. Nº 3.500, de 1980, le corresponde la supervigilancia y control de las AFP, las que, según lo dispone el artículo 23 del D.L. Nº 3.500, son sociedades anónimas que tienen como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones, otorgar y administrar prestaciones y beneficios que establece la ley. Atendido a ello, les resulta aplicable el artículo 52 de la Ley Nº 18.046, según el cual, a la junta ordinaria de accionistas debe designar empresas de auditorías externas a fin de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, encontrándose igualmente sometidas a la fiscalización de la SVS.

c) Tratándose del literal h) de la solicitud, señala que entendiendo por fraude una conducta tipificada penalmente, no ha detectado en las fiscalizaciones practicadas conductas constitutivas de delito.

d) En cuanto a las matrices de riesgos, requeridas en el literal j), señala que resulta aplicable la causal del artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación de lo previsto en el artículo 50 de la Ley Nº 20.255, que dispone que el Superintendente de Pensiones y todo el personal de este organismo, deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Señala que ello se encuentra en armonía con el artículo 8º de la Constitución Política, por cuanto la divulgación de dicha información afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en cuanto permitiría a las entidades fiscalizadas eludir la acción de esa Superintendencia. En este contexto, la reserva de la información solicitada sirve mejor al interés público al permitir que pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficiencia y eficacia. En efecto, la publicidad de las matrices de riesgo supone revelar el modo y criterios de evaluación utilizados que, de ser conocidos previamente por las entidades fiscalizadas, podría permitir la elusión de la acción de esa Superintendencia.

Agrega que la metodología de supervisión basada en riesgos desarrollada no necesariamente guarda estricta relación con la metodología ERM propuesta por COSO, ya que ésta es utilizada para gestionar los riesgos, mientras que la SP la diseñó para evaluar sistemas de gestión de riesgos, en particular de las AFP, la Administradora de Fondos de Cesantía y el Instituto de Previsión Social. Con todo, le indica que en el sitio web, http://www.safp.cl/573/articles-7398_res63_06102011.pdf, podrá encontrar la Resolución Exenta Nº 63, del 6 de octubre de 2011, de la SP, por la que se aprueba el “Sistema de Evaluación de Riesgo y Orientación de la Actitud de Supervisión”, en cuya Tabla Nº 4, se establece la Matriz General de Riesgos aplicadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

e) En lo que atañe a la información requerida en el marco del Gobierno Corporativo, de la letra k), señala que, de acuerdo a la Ley Nº 19.913 y la Circular Conjunta Nº 1480, de 2007, de la SP y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cada AFP tiene un funcionario, denominado Oficial de Cumplimiento, cuya función principal es la coordinación de las políticas y procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de dinero en su interior, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias sobre la materia.

Al respecto, si bien la SP se encuentra a cargo del proceso de supervisión, control y evaluación respecto de la eficacia y suficiencia de las políticas y procedimientos sobre la prevención de lavado de activos, el conocimiento de la información solicitada tendría por efecto hacer fracasar los controles establecidos por esa Superintendencia y por cada Administradora para detectar actividades sospechosas de lavado de dinero. En razón de ello resulta improcedente su entrega en aplicación de la causal del artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 50 de la Ley Nº 20.255. Además, señala que la determinación de la comisión de delitos relativos al lavado de dinero perpetrados en una Administradora es de competencia exclusiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no contando con dicha información.

Sobre la materia, hace presente que la Circular Nº 1480, de 2007 –la que se encuentra disponible en el link http://www.spensiones.cl/573/propertyvalue-4410.html–, dispone que los principales componentes del sistema de prevención del delito de lavado de dinero deben constar en un manual que desarrolle cada Administradora, el cual deberá contener, como mínimo, los elementos que en ella se establece. Sin perjuicio de lo anterior, en la página web de la SP se publican en forma periódica las sanciones aplicadas a los entes fiscalizados, con el número, fecha, estado de la resolución que aplicó la sanción y la causal que la motiva; los procedimientos de fiscalización de especial relevancia y el Índice de calidad de Servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (ICSA), para el cual se ha desarrollado una metodología que contempla para su cálculo, entre otros, las amonestaciones, multas y sanciones aplicadas.

3) AMPARO: Don Marco Antonio Correa Pérez, el 5 de diciembre de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada y que las razones dadas por la SP para denegar la información no dicen relación con lo requerido. Agrega, respecto de las auditorías operativas requeridas en el literal d), que no existe una situación concreta y plausible por la que le nieguen los documentos, considerando que previamente le habían señalado la información por el Oficio Nº 20.815, de 6 de septiembre de 2010.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio Nº 3.290, de 16 de diciembre de 2011, a la Sra. Superintendenta de Pensiones, quien, a través Oficio Nº 274, de 5 de enero de 2012, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) En primer término, indica que el reclamo presentado por el Sr. Correa Pérez no cumple, a juicio de esa Superintendencia, con los requisitos señalados en el artículo 24, inciso segundo, de la Ley Nº 20.285, según el cual «…la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso». Lo anterior por cuanto la presentación del reclamante es imprecisa, no señala cual es la infracción cometida por ese servicio, ni los hechos en que se fundamenta; señalando, en términos generales, que de sus 11 requerimientos de información “...sólo se proporcionan referencias escuetas que desvían la respuesta a proporcionar”.

b) Sin perjuicio de lo anterior, igualmente procederá a evacuar el traslado que se le ha conferido, reiterando al efecto lo manifestado en la respuesta entregada al solicitante y agregando lo siguiente:

i. Tratándose del requerimiento de la letra a) de la solicitud, señala que la expresión "revisiones jurídicas" es demasiado genérica, por lo que sería necesario revisar cada una de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia, lo que resulta imposible, dado que la información que no se encuentra sistematizada, y no resulta posible efectuar una somera revisión de registros y archivos para su obtención. De esta forma la entrega de lo requerido implica distraer a distintos funcionarios de sus labores habituales, y revisar prácticamente todo el trabajo del Servicio. En este sentido, el requerimiento de la especie no cumple con los estándares de precisión y especificación suficientes para una adecuada comprensión de la información solicitada, por lo que no se verifican los requisitos que establece el artículo 7°, Nº 1, literal c), del Reglamento de la Ley de Transparencia.

Al efecto señala que sólo durante el año 2011 se presentaron 10.767 reclamos de los afiliados tanto al sistema de pensiones como al seguro de cesantía, por lo que en la especie se torna aplicable la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley Nº 20.285, a saber «…tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales».

ii. Sobre la letra j), agrega que las matrices de riesgos contienen una evaluación del actuar de cada entidad en relación con la materia o área objeto de la fiscalización, basada en los requerimientos que la función de supervigilancia y control que la Ley confiere a ese organismo. Por ello, esta documentación da a conocer información de la empresa que desde luego no es de acceso público y que sólo se ha entregado a la SP en virtud de las referidas facultades. En este punto, hace presente que los criterios, parámetros y elementos de evaluación contenidos en las matrices de riesgo no son especificaciones o aplicaciones de criterios generales contenidos en otros documentos disponibles al público. Por el contrario, los métodos de supervisión contenidos en los documentos solicitados constituyen las únicas pautas y métodos esenciales para que esta Superintendencia fiscalice eficiente y eficazmente a las AFP. Por lo tanto, la información solicitada contiene criterios sustantivos respecto de la forma específica en que esta Superintendencia realiza su labor fiscalizadora respecto de las entidades sometidas a su control, cuya divulgación conlleva un daño probable y específico a sus facultades, toda vez que podría permitir la elusión de la acción de esa Superintendencia.

c) De lo expuesto precedentemente solicita se rechace el reclamo interpuesto toda vez que las peticiones del reclamante fueron debidamente atendidas y cuando ha correspondido aplicar una causal de reserva, se ha explicitado su fundamento. Además, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación se indicaron al recurrente los documentos a los que podía recurrir para atender sus inquietudes en relación con las materias consultadas, los que se encuentran publicados en la página web de ese organismo.

5) COMPLEMENTACIÓN DE LOS DESCARGOS U OBSERVACIONES: Mediante presentación ingresada a este Consejo el 13 de enero de 2012, la Superintendencia de Pensiones complementa sus descargos, manifestando que, tratándose del requerimiento contenido en la letra j) referido a las matrices de riesgos, resulta aplicable en la especie el literal b) del artículo 21 (si bien del contexto de la presentación debe entenderse que se quiso referir al N° 2 del mismo artículo) de la Ley de Transparencia, por cuanto la divulgación de dicha información afectaría los derechos de carácter comercial o económico de las AFP, particularmente los derechos de propiedad y a desarrollar cualquier actividad económica lícita, los que están expresamente reconocidos como derechos fundamentales en el artículo 19 de la Constitución Política.

En la especie, la información obtenida mediante la aplicación de las matrices de riesgo es de carácter privado e incluye directrices y estrategias de gestión de las respectivas AFP, para cuya creación intelectual esas entidades han invertido recursos técnicos, humanos y económicos los que podrían ser aprovechados de manera gratuita por la competencia en el evento de divulgarse la información solicitada, causando perjuicios económicos y comerciales a las Administradoras.

En efecto, las matrices de la fiscalización basada en riesgo aplicadas a las Administradoras, tienen por objeto determinar si sus procesos han de ser calificados de adecuados o vulnerables para la finalidad para la cual han sido establecidos, por lo que esa Superintendencia, accede a información reservada de las AFP y evalúa una serie de riesgos, determinando las fortalezas y debilidades que cada una posee y la corrección y mejoramiento de estas últimas.

Al respecto, señala que este Consejo mediante su invariable jurisprudencia ha reconocido los siguientes criterios orientadores para determinar la afectación de los derechos económicos y comerciales, los que concurrirían en el caso que se analiza, cuales son, que se trate de información secreta, esto es, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas que normalmente utiliza el tipo de información en cuestión; que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en reserva y que tenga un valor comercial por tener tal calidad, toda vez que proporciona a su titular una ventaja competitiva o su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo.

De esta forma, el conocimiento de las matrices de riesgo entregaría al solicitante un mayor nivel de información acerca de las características de gestión y desarrollo de la estructura del negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

6) GESTIONES OFICIOSAS: Con el objeto de resolver adecuadamente el presente amparo, por correo electrónico de 13 de febrero de 2012, se requirió al organismo reclamado que se pronunciara concretamente acerca de los siguientes puntos:

a) Tratándose de aquellos requerimientos contenidos en los literales b) al g) y el k), se solicitó aclaración respecto de si realiza fiscalizaciones en las áreas indicadas por el peticionario, señalando, en tal caso, los antecedentes de que disponía y las razones en virtud de las cuales se denegaría su entrega. Asimismo, se solicitó indicar si efectúa fiscalizaciones distintas a las que se haya hecho referencia y que se relacionen de alguna forma con el contenido de la solicitud de información.

b) En lo que respecta al literal f), este Consejo requirió se informara si existe un plan de fiscalización operativa, financiera e informática de las entidades fiscalizadas, así como las razones para denegar su entrega.

c) En cuanto al literal g), se solicitó que informara directamente sobre la aplicación de una normativa especial referida a la información financiera. En este mismo sentido, se solicitó se pronunciara acerca del requerimiento contenido en la letra i) referido a los equipos de auditorías, entendidos como al personal que se desempeña en el área de la fiscalización.

d) En cuanto al literal k), se solicitó que se pronunciara acerca de las distintas consultas que el reclamante efectúa, particularmente si obra en su poder la información pedida o indique el organismo o entidad que dispondría de ella, así como las razones que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

7) REMISIÓN DE ANTECEDENTES ADICIONALES: El organismo reclamado, mediante el Ordinario Nº 4.600, de 27 de febrero de 2012, informó a este Consejo lo siguiente respecto de los requerimientos de información que se indican:

a) Respecto del literal b), referido a las revisiones o auditorías informáticas, señala que no realiza auditorías de carácter informático sino que como parte de los riesgos operacionales generales de las entidades, se incluye la gestión informática que realizan, considerando aspectos como la existencia y calidad de las políticas, planes estratégicos y operacionales que soportan la gestión tecnológica. Estas evaluaciones se realizan según la periodicidad y calendario que se haya fijado para cada entidad.

b) En cuanto al literal c), referido a las auditorías financieras, informa la cantidad de fiscalizaciones realizadas desde mayo de 2009 a julio de 2011, distinguiendo entre aquellas programadas y no programadas. Asimismo, agrega que no se realizaron fiscalizaciones financieras por no estar implementada la norma respectiva, efectuando un piloto de prueba el año 2010 y 28 fiscalizaciones a los subprocesos del ámbito financiero en el 2011, las que fueron programadas de acuerdo con el calendario interno. En cuanto a los resultados de dichas auditorías, la SP estima que resultan aplicables las causales de reserva previstas en el artículo 21 Nos 1 y 2 de la Ley de Transparencia, en tanto el conocimiento de dicha información resulta ser perjudicial para la labor de fiscalización. Además, con ocasión de las mismas, las Administradoras entregan información sensible y privada referida a la estrategia, controles, composición de carteras, entre otros, respecto de la cual se han invertido recursos tanto humanos como económicos cuya divulgación afectaría su desenvolvimiento competitivo.

c) En relación con los literales d) y e), sobre auditorías operativas, indica que su División de Control de Instituciones, emitió 9.160 Oficios que se pronuncian sobre las diversas fiscalizaciones efectuadas, entre las que se encuentran aquellas de carácter operativo. Además, para acceder al requerimiento del solicitante, significaría revisar 20.755 oficios de la División Prestaciones y Seguros, emitidos desde el año 2009 al 2011, y otros 28.718 documentos externos ingresados a ésta. Asimismo, hace presente que dichos oficios contienen gran cantidad de datos personales y/o sensibles de los afiliados a quienes están referidos, por lo que con el objeto de dar respuesta al requerimiento del solicitante, importaría revisar cada uno de ellos para tarjar los datos personales, disponiendo de personal idóneo para la ejecución de dicha labor, lo que significaría una distracción indebida a sus funcionarios y les impediría desarrollar sus funciones habituales, ya que no cuentan con un sistema informático que les permitiera realizar dicho trabajo de manera automatizada resultando aplicable la causal del art. 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.

d) En cuanto al literal f), respecto de la evaluación de riesgos y procesos críticos de las administradoras, así como las sugerencias propuestas, estima que proceden a su respecto las causales de secreto o reserva previstas en el artículo 21 Nos 1 y 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto el conocimiento de dicha información permitiría que las Administradoras pudieran compararse entre sí, ejerciendo un permanente cuestionamiento a dicho organismo, impugnando la fiscalización, los criterios evaluados, entre otros. Además, en ellos se incluyen las estrategias de gestión, que es información privada y sensible de las respectivas Administradoras para cuya creación han invertido recursos técnicos, humanos y económicos, por lo que su revelación supone un grave peligro que terceros y las propias entidades obtengan dicha información pudiendo ser aprovechada de manera gratuita por la competencia, con los consecuentes perjuicios económicos y comerciales y, por cierto, afectando el desenvolvimiento competitivo, al tener acceso a las características de gestión y el desarrollo de la estructura del negocio.

e) Respecto del literal g), indica que en materia de normas internacionales de contabilidad, no se efectuaron fiscalizaciones especiales durante los años 2010 (año en que empezaron a utilizarse estas normas) y 2011, salvo la revisión habitual de los estados financieros de las Administradoras, puesto que las normas IFRS solamente se aplican a la contabilidad de dichas entidades ya que los Fondos de Pensiones utilizan las normas emitidas por esa Superintendencia. Así, las auditorías a los estados financieros y la aplicación de las normas IFRS las realizan los auditores independientes de las Administradoras, por lo que tal materia es de responsabilidad de aquéllos. Conforme a ello, la SP no efectúa GAP ni recomendaciones por tópico IFRS a las instituciones fiscalizadas. Respecto del programa de auditoría financiera, reitera al efecto la argumentación planteada referida a los planes de fiscalización. Finalmente, señala que no se han aplicado sanciones por este concepto; sin perjuicio que las sanciones aplicadas por la SP y sus motivos, se encuentran disponibles en la página web del servicio.

f) En lo relativo al literal i), referido a los equipos de auditorías, entendiendo que con ello se refiere al personal que se desempeña en el área de fiscalización de la SP, al efecto adjunta un listado indicando el nombre, cargo, grado, formación profesional y capacitaciones, del personal que se desempeña en tales unidades e indica que su condición laboral se encuentra disponible en la página web de la SP en el ícono “Gobierno Transparente”, en el cuadro “Dotación de Personal”, sin que dispongan de la evaluación ya que no se encuentran sujetos a calificación personal.

g) En cuanto al literal k), manifiesta que todas las administradoras tienen un sistema de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, no siendo procedente la divulgación de dicho sistema, ya que implicaría revelar las vulnerabilidades que ellos padecen, lo que fomentaría la comisión de conductas que se pretenden evitar, por lo que resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia. Las conductas sospechosas de fraude son denunciadas directamente por las AFP a la UAF, según lo previene la Ley Nº 19.913, sin que la SP tome conocimiento de las mismas. Asimismo, el Oficial de Cumplimiento, existente en cada Administradora, se relaciona directamente con dicha unidad. Finalmente, señala que todas las AFP cuentan con un Código de Ética cuya existencia es evaluada por la SP en los procesos de evaluación de supervisión basada en riesgo; sin embargo, no se pronuncia sobre su aplicación.

8) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver adecuadamente el presente amparo, el Consejo Directivo, en sesión Ordinaria Nº 335, de 4 de mayo de 2012, acordó requerir a la Superintendencia de Pensiones, que remitiera, dentro del plazo de 5 días, copia del plan anual de auditorías operativas, financieras e informáticas del año 2010 e indicara si parte del mismo se encuentra contenido en el plan correspondiente en el plan del año 2011, bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia.

Mediante el Ordinario Nº 12.161, de 23 de mayo de 2012, la Sra. Superintendenta de Pensiones manifestó que hasta el año 2010 la fiscalización básicamente verificaba el cumplimiento normativo. Por ello, los resultados de las fiscalizaciones en un año no necesariamente tenían incidencia en lo que ocurría en el año siguiente, a menos que producto de tales revisiones las entidades fiscalizadas comprometieran programas de regularización específicos, pues en tal caso éstos debían monitorearse al año siguiente. A partir del 2010 comenzó a implementarse la Supervisión Basada en Riesgo que focaliza dinámicamente los recursos de fiscalización hacia las áreas de mayor riesgo. Por esta razón la planificación de cada año está determinada por los resultados del año anterior. Como ejemplo se remite copia de un Resumen de Evaluación de Riesgo (RER) con su correspondiente planificación del año 2011, en el que puede apreciarse cómo a partir de los resultados obtenidos en la evaluación se califica la entidad y, con posterioridad, se planifica la actividad del año siguiente.

Finalmente, manifiesta que aún cuando se trate de fiscalizaciones terminadas los planes de fiscalización contienen información privada y sensible de las respectivas Administradoras por lo que su conocimiento les causaría un grave perjuicio y perjudicaría las labores de fiscalización de dicha Superintendencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a entrar al fondo de lo discutido en este caso, es preciso referirse a la alegación efectuada por el organismo reclamado, relacionada con la supuesta falta de fundamentación del amparo, en cuanto a que el recurrente no habría señalado claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, siendo imprecisa su reclamación. Que, revisado el amparo presentado por el solicitante, sobre la base del formulario proporcionado por este Consejo, se advierte que el peticionario completó los recuadros o campos relativos a la infracción que habría cometido la SP y a los hechos que la configurarían –además de complementar dicho formulario a través de una presentación de 5 de diciembre de 2011, en la que proporciona otros fundamentos adicionales–, razón por la cual debe concluirse que el amparo que se analiza satisface los requisitos de admisibilidad que se estiman incumplidos.

2) Que, establecido lo anterior, atendido que la Superintendencia de Pensiones respondió el requerimiento del peticionario a través del Oficio Nº 27.016, de 22 de noviembre de 2011, como asimismo, mediante los descargos efectuados ante este Consejo y del Ordinario Nº 4.600, de 27 de febrero de 2012, corresponde analizar si con la información allí proporcionada se satisface la solicitud del Sr. Correa Pérez, a la luz de la Ley de Transparencia, para lo cual se procederá a verificar la suficiencia de los antecedentes que han sido remitidos tanto al solicitante como a este Consejo, realizando un examen de conformidad objetiva entre lo pedido y la respuesta entregada por la reclamada, además de pronunciarse sobre las causales de reserva invocadas.

3) Que en lo que respecta al literal a), por el cual se requieren diversos antecedentes relacionados con las “revisiones jurídicas”, cabe señalar que la reclamada manifestó que atender dicho requerimiento significaría una distracción indebida a sus funcionarios toda vez que aquélla constituye una solicitud genérica en los términos dispuesto en el artículo 7º Nº 1, letra c) del Reglamento la Ley de Transparencia. En efecto, si bien se identifica el período y las partes involucradas, se estima que no se da cumplimiento a los estándares de precisión y especificación suficientes para una adecuada delimitación de la información requerida, considerando que dicha Superintendencia resuelve diversas controversias jurídicas y emite pronunciamientos relativos a la normativa aplicable al sistema de pensiones de capitalización individual, los que, en el año 2011, ascendieron a un total de 10.767 reclamos. En razón de ello, no cabe sino acoger la causal de secreto o reserva invocada prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c) de la Ley de Transparencia, respecto de la letra a), números i y ii, de la solicitud de acceso, en tanto el requerimiento que se analiza no reúne la especificidad requerida en el citado artículo 7º, por cuanto no indica la materia específica y concreta a la que se refiere, lo que significaría en la práctica que el organismo reclamado destinara funcionarios exclusivamente a la revisión de los resoluciones y pronunciamientos emanados de la SP respecto de reclamos interpuestos, a efectos de procesar sus resultados y, así, determinar si contendrían o no observaciones de índole jurídica formuladas a entes fiscalizados, considerando que no existe un levantamiento de la información o un sistema que las filtre por la gravedad de las mismas.

Además, en cuanto a los motivos que generaron las evaluaciones, en tanto no consta que los mismos se encuentren contenidos en un soporte documental, será igualmente rechazado el amparo en esta parte, por cuanto este Consejo estima que el interesado no solicita información que se encuentre contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, según lo previene el artículo 10, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, sino que exige la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad. Así, aplicando el criterio adoptado en la decisión de amparo Rol C533-09, tal solicitud no está cubierta por dicha Ley, sino que pasa a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición, establecido en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental.

Respecto a la indicación de las sanciones, habiéndose señalado por la SP la fuente por la cual se puede acceder a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se dará por satisfecho tal requerimiento de información, entendiendo, conforme con lo expuesto, que no se disponen de antecedentes que puedan servir para identificar la información que específicamente se requiere, toda vez que el recurrente no la ha individualizado en su solicitud.

4) Que, en cuanto a las letras b), c), d), e) y f), referidos, respectivamente, a las revisiones o auditorías informáticas, financieras, auditorías operativas, operativas no programadas y métodos y evaluación de las auditorías operativas, y considerando lo manifestado por el organismo reclamado en las diversas presentaciones efectuada ante este Consejo, cabe hacer presente lo siguiente:

a) La SP manifestó que, en estricto rigor, no efectúa auditorías a las Administradoras de Fondos de Pensiones toda vez que siendo éstas últimas, sociedades anónimas, les resulta aplicable el artículo 52 de la Ley Nº 18.046, según el cual, la junta ordinaria de accionistas debe designar empresas de auditorías externas a fin de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros. Sin embargo, en el marco del modelo de Supervisión Basada en Riesgos, implementada por dicho organismo, efectúa diversas fiscalizaciones en las materias consultadas por el peticionario.

b) No obstante lo señalado, habiéndose requerido expresamente un pronunciamiento sobre la materia, la SP mediante el Ordinario Nº 4.600 de 27 de febrero de 2012, atendió directamente algunos de los requerimientos planteados, según se indicó en el número 7º de lo expositivo, de modo que se darán por entregados en forma extemporánea, con la notificación del presente acuerdo, la información enunciada en la letra c), números i y ii de la solicitud de acceso, referidos a la cantidad de auditorías financieras efectuadas y su clasificación en programadas y no programadas.

c) Por otra parte, se tendrán por rechazados aquellos requerimientos referidos a los motivos que generaron las auditorías informáticas y operativas no programadas, contenidas en la letra b), número iii, y e) número i., por los mismos argumentos expuestos por este Consejo en el considerando precedente.

d) Respecto de los restantes requerimientos, el organismo reclamado procedió a denegar la información solicitada en razón de las causales de secreto o reserva previstas en el artículo 21 Nos 1 y 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto las Administradoras se concentrarían exclusivamente en el cumplimiento de los aspectos consignados en ellos. Además, con ocasión de las mismas, las Administradoras entregarían información sensible y privada referida a la estrategia, controles, composición de carteras, entre otros, respecto de la cual se han invertido recursos tanto humanos como económicos cuya divulgación afectaría su desenvolvimiento competitivo.

e) En cuanto a la causal prevista en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, cabe señalar que el Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, aprobado por la Resolución Nº 63, de 6 de octubre de 2011, de la SP, establece procesos estructurados para la identificación, monitoreo, control y mitigación de los riesgos más críticos que enfrentan los fondos, las administradoras y el IPS, por la vía de la evaluación de la gestión de los procesos involucrados. Así, incorpora la revisión de todos los riesgos relevantes y dado que procura predecir situaciones de debilidad respecto a cómo las entidades gestionan sus riesgos y controles internos asociados a sus principales procesos operativos, a su vez promueve la corrección de las desviaciones detectadas e insta por su mejoramiento, contemplando una matriz de riesgos, el resumen de evaluación de riesgos el que contiene los principales hallazgos y recomendaciones y las pautas de evaluación. El resultado de ello deriva en una calificación global de la entidad, la que entrega al supervisor un orden de magnitud del riesgo neto al que se expone la institución evaluada.

f) Por otra parte, la SP manifestó que la revelación de dicha información supone un grave peligro: que terceros y las propias Administradoras utilicen las directrices y estrategias de gestión allí contenidas, información privada y sensible dado que las Administradoras han invertido para generarlas recursos técnicos, humanos y financieros y contendrían las características de gestión de dichas empresas y al desarrollo de la estructura del negocio. Por ello, revelarla les causaría perjuicios económicos y comerciales, lo que configuraría la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, no consta en esta sede que la reclamada haya conferido traslado a las Administradoras involucradas, que son las personas que, supuestamente, se verían afectadas con la publicidad de la información.

g) Sin embargo, a juicio de este Consejo el conocimiento del resultado de las auditorías efectuadas por la SP, el detalle de las mismas, la evaluación de riesgos, la indicación de los procesos críticos y las sugerencias o mejoras propuestas por dicha entidad a cada una de las administradoras significaría dar cuenta de la forma específica en que la SP ejecuta su política de fiscalización, de forma tal que ello implicaría una afectación al debido funcionamiento del servicio, en los términos previstos en la causal de reserva prevista en el art. 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, razón por la que se rechazará el amparo interpuesto en lo que corresponde a los literales b), c), d), e) y f) de la petición.

5) Que, sin perjuicio de lo señalado, tratándose del plan anual de auditorías operativas, financieras e informáticas del año 2010 y 2011, así como de las modificaciones a este último que prevengan la ocurrencia de hechos que originan las auditorías operativas no programadas (solicitudes indicadas en las letras f), punto i, y e), punto iii, respectivamente), debe hacerse una distinción:

a) Tratándose del plan de fiscalización del año 2011 este Consejo no ha tenido acceso a los documentos respectivos. Sin embargo, habiéndose formulado la solicitud de información el 23 de octubre ese mismo año, de admitirse el acceso a dicho documento y sus modificaciones se revelarían el modo y los criterios de evaluación utilizados por la SP para efectuar sus labores fiscalizadoras en el curso de su aplicación (esto es, durante 2011), dañando en forma probable y específica su función fiscalizadora y afectando, en consecuencia, su debido funcionamiento. Esto llevará a rechazar el amparo en este punto pues, como manifestó este Consejo en la decisión en el considerando 7º de la decisión Rol A96-09, “…aunque en algunos casos la publicidad favorece el debido funcionamiento del servicio en casos como éste ocurre más bien lo contrario, pues la reserva puede servir mejor al interés público al permitir que el servicio pueda ejercer su función fiscalizadora (…) con mayor eficacia y eficacia. En efecto, la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados facilitarían eludir la acción del fiscalizador” (criterio reiterado en la decisión Rol C1320-11).

b) El plan de fiscalización del año 2010 la SP fue, en cambio, acompañado a este expediente con ocasión de la medida para mejor resolver. La SP afirma que a partir de ese año comenzó a implementar de manera gradual el modelo de fiscalización basada en riesgo, por lo que el programa anual de fiscalización contempló un aspecto normativo e incorporó, de manera pormenorizada, los diversos campos a evaluar de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgo elaborada por la SP. Sobre esta base cada Administradora fue evaluada, obteniéndose una calificación final y un Resumen de Evaluación de Riesgo que sirvió de antecedente para generar el plan de fiscalización del año siguiente, esto es, de 2011. Si bien este plan contiene los diversos aspectos y criterios que fundamentan la fiscalización, su amplitud y generalidad no dan indicios precisos que permitan predecir aspectos específicos a fiscalizar. Por el contrario, este documento contiene la enumeración de un amplio número de actividades que parecen describir buena parte de la tarea fiscalizadora y que ya deberían estar ejecutadas, y si bien se afirma que sus resultados se emplean posteriormente para generar el plan de fiscalización del año inmediatamente siguiente ello dependerá para cada AFP de los resultados que haya obtenido, sin que esa información se contenga en el Plan 2010, con lo que este último no permite predeterminarlos. En cambio, si podría ocurrir esto de entregarse el Resumen de Evaluación de Riesgos de AFP concretas como el acompañado junto al Plan, razón por el que este último no será entregado entendiendo que no es parte del Plan de Fiscalización. Siendo así, no habría tampoco afectación alguna a los eventuales derechos que pudieran tener las AFP. En consecuencia, no se divisa afectación de las funciones fiscalizadoras de la SP ni, por lo mismo, que sea aplicable el criterio señalado en el literal anterior. Por ello, se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará entregar el Plan 2010 que se acompañó a través del Ordinario Nº 12.161, de 23 de mayo de 2012 (reservando el ya referido Resumen de Evaluación de Riesgos que, como se dijo, no es parte de dicho Plan).

6) Que, en lo que se refiere al literal g), referido a las IFRS, este Consejo estima que con lo manifestado por la SP en el Ordinario Nº 4.600, de 27 de febrero de 2012, se da respuesta a lo consultado. Por ello, se dará por satisfecho tal requerimiento de forma extemporánea entregando dicho oficio junto con la notificación del presente acuerdo, Sin perjuicio de ello, se acogerá la alegación de la reclamada en torno a la no entrega de los programas de auditorías financieras aplicando la causal de secreto del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, por los argumentos expuestos en el considerando precedente. Con todo, habiendo informado la reclamada –según se indicó en el punto 7°, letra e) de la parte expositiva– que durante el año 2010 no se efectuaron fiscalizaciones especiales no resulta posible requerir a la SP la entrega de esta información durante ese año, toda vez que ni consta que obren en su poder ni se han aportado antecedentes que hagan presumir razonablemente su existencia. Sin perjuicio de ello, atendido lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 16 de la Ley de Transparencia -de los cuales se desprende que, cuando la información solicitada no obra en poder del órgano requerido o ella es inexistente, éste debe informar expresamente tal circunstancia al requirente-, se representará a la Sra. Superintendencia de Pensiones no haber informado al requirente acerca de la inexistencia de los documentos requeridos, incurriendo con ello en una transgresión de las normas citadas.

7) Que, en cuanto a las situaciones de fraude consultadas por el recurrente, contenida en la letra h) de su requerimiento, cabe señalar que el organismo reclamado manifestó en su respuesta no haber detectado tal conducta en las fiscalizaciones efectuadas, con lo que no cabe ordenar la entrega referida a la cantidad de casos sobre tales situaciones, durante los años 2009 al 2011, toda vez que éstos no han sido detectados. Sin embargo, la reclamada no indicó al respecto las medidas preventivas e instrucciones impartidas al efecto, con lo que se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará se de respuesta directa a lo consultado o bien, proporcione copia de los documentos en que conste la referida información.

8) Que, en lo que atañe a la letra i) por la que consulta diversos aspectos de los equipos de auditorías, entendiendo por ello al personal que se desempeña en el área de fiscalización de la SP, a juicio de este Consejo, con la documentación remitida por el el Ordinario Nº 4.600 de 27 de febrero de 2012, se da respuesta a dicho requerimiento, según se detalló en la letra f) del numeral 7) de lo expositivo de este acuerdo, por lo que se acogerá el amparo en esta parte y se dará por respondido en forma extemporánea.

9) Que, tratándose de las matrices de riesgo, requeridas en la letra j) de la solicitud de acceso, la Superintendencia de Pensiones procedió a denegarlas, en tanto estimó procedente la causal de reserva comprendida en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo previsto en el artículo 50 de la ley Nº 20.255, que Establece Reforma Previsional, que previene que “El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores”; alegación que fuera desechada anteriormente por este Consejo en la decisión del amparo Rol A147-09, seguido en contra del mismo organismo, en tanto concluyó –en su considerando 8°–, que la citada disposición legal “no se condice con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el art. 8° de la Constitución”, toda vez que se trata de la explicitación de un deber funcionario que debe ser observado por el personal de la referida Superintendencia.

10) Que, en efecto, siguiendo el razonamiento efectuado por este Consejo en decisiones anteriores –tales como las decisiones Roles C486-09, de 22 de enero de 2010, y C203-10, de 10 de agosto de 2010–, una interpretación como la pretendida por la reclamada «…representaría invertir (…), la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º». De esta forma, se rechazará por este Consejo la aplicación de la causal de secreto alegada en tanto no ha acreditado o fundamentado de qué forma el artículo 50 de la de la Ley N° 20.255, se condice con alguna de las hipótesis de secreto o reserva establecidas en el artículo 8º de la norma constitucional.

11) Que, no obstante lo anterior, por el Ordinario Nº 4.600 de 27 de febrero de 2012, la SP manifestó que al respecto procede aplicar la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, en tanto la divulgación de dicha información afectaría los derechos de carácter comercial o económico de las AFP, particularmente los derechos de propiedad y a desarrollar cualquier actividad económica lícita, los que están expresamente reconocidos como derechos fundamentales en el artículo 19 de la Constitución Política. En efecto, las matrices de la fiscalización basadas en riesgo aplicadas al funcionamiento y los distintos procesos que llevan a cabo las Administradoras, tienen por objeto determinar si aquéllos han de ser calificados de adecuados o vulnerables para la finalidad para la cual han sido establecidos, para lo cual esa Superintendencia, en su calidad de organismo fiscalizador, accede a información reservada de las Administradoras y evalúa una serie de riesgos, determinando las fortalezas y debilidades que cada una posee y la corrección y mejoramiento de estas últimas. Sin perjuicio de ello, y tal como se ha señalado anteriormente, no consta que en la especie se haya conferido traslado a las AFP involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a efectos que manifiesten su oposición a la entrega de la información, lo que hace que este alegato pierda consistencia y deba rechazarse por no haberse acreditado suficientemente. Cabe señalar que si bien podría haberse notificado a las AFP aplicando el art. 25 de la Ley de Transparencia, dándoles ocasión de justificar dicha afectación en esta sede, se ha preferido omitir este trámite por razones de economía procesal, atendido lo que se señalara en el considerando siguiente.

12) Que, sin perjuicio de lo anterior, atendido lo expuesto en el considerando 4º e) de esta decisión, sobre el modelo de supervisión basado en riesgos a juicio de este Consejo ponderando todos los antecedentes allegados se configura suficientemente una causal de secreto distinta, a saber, la prevista en el art. 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, y no obstante que la SP no la haya invocado. Ello, porque proporcionar la matriz de riesgo específica aplicada a cada Administradora, el detalle de los riesgos detectados y el resultado de la evaluación efectuada afectaría el debido funcionamiento de la SP pues facilitaría eludir sus facultades fiscalizadoras en la forma señalada en el encabezado del considerando 5° de esta decisión. Esto, pues si bien el Consejo ha sostenido reiteradamente que las causales de secreto deben justificarse por quien las alega, o prevalecerá el derecho de acceso a la información en tanto derecho fundamental, excepcionalmente ha determinado de oficio, al realizar la ponderación de bienes jurídicos en conflicto, que concurre una causal no alegada, lo que por lo demás ordena el artículo 33 j) de la Ley de Transparencia (puede verse como ejemplo la decisión del caso C193-09),

13) Que, en lo que se refiere a la información relativa al grado de cumplimiento del Código de Ética por parte de las AFP desde el 2009 a 2011 (letra k) de la solicitud de acceso), la SP informó a este Consejo que si bien en la supervisión basada en riesgo se evalúa la existencia de dicho documento no se pronuncia sobre su aplicación, entendiéndose que con ello se da respuesta al reclamante.

14) Que en lo que respecta al Oficial de Cumplimiento, este Consejo entiende que con ello se requiere el nombre de la persona que realiza esta función en cada Administradora, esto es, el de la responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero conforme el artículo 3º de la Ley Nº 19.913. No advirtiéndose la concurrencia de causal de secreto alguna se acogerá en este punto el amparo interpuesto y se ordenará a la SP dar respuesta directa al reclamante sobre esta consulta.

15) Que, en cuanto al programa de prevención de delitos y al sistema de información de denuncias cabe señalar que, según la Circular conjunta Nº 36 de la Unidad de Análisis Financiero, y Nº 1480 de la Superintendencia de AFP, ambas de 28 de diciembre de 2007, «…para evitar que las AFP sean vehículo para el lavado de activos, éstas deberán contar con un sistema de prevención de lavado o blanqueo de activos, cuyos principales componentes deberán constar en un manual el que deberá dar cuenta de las políticas y procedimientos a aplicar». Luego agrega que «la implementación de dicho sistema es de responsabilidad de cada Administradora y debe ser evaluado periódicamente por la auditoría interna sobre la base de procedimientos definidos por la entidad». Al respecto, a la SP le compete supervisar la suficiencia y eficacia de las políticas y procedimientos implementados, por lo que solamente podrá tener acceso a los mismos con ocasión de su gestión fiscalizadora. En razón de ello es la SP denegó el acceso a los mismos fundado en lo dispuesto en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, ya que implicaría revelar las vulnerabilidades que aquéllos padecen, lo que fomentaría la comisión de las conductas constitutivas de delitos que se pretenden evitar.

16) Que el programa requerido debe contener, según lo indicado en la Circular conjunta a que se ha hecho referencia, los lineamientos generales y los mecanismos específicos por los cuales las AFP diseñarán la identificación del afiliado y la recolección de datos financieros del mismo, la implementación de mecanismos necesarios para detectar operaciones sospechosas y la confidencialidad de la información. Conforme a ello, a juicio de este Consejo su revelación iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, razón por la que, no obstante que el organismo reclamado no la ha invocado expresamente, resulta procedente la reserva del programa solicitado, en función de lo dispuesto en el artículo 21 Nº 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

17) Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos que anteceden, habiéndose proporcionado parte de la información solicitada sólo con ocasión del presente amparo, cabe señalar que dicha respuesta fue entregada en forma extemporánea, actitud que infringe lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, y contraviene asimismo el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo normativo, lo que será representado al reclamado en lo resolutivo de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Marco Antonio Correa Pérez, en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, dando por entregada en forma extemporánea, con la notificación del presente acuerdo, la información indicada en la letra c), número i y ii; letra g), sin perjuicio de tenerse por acogida la causal de reserva invocada; y literal i) de la solicitud de acceso.

II. Requerir a la Sra. Superintendenta de Pensiones que:

a) Dé respuesta directa al reclamante respecto de las medidas preventivas e instrucciones impartidas respecto de las situaciones de fraude enunciada en la letra h), número ii., entregue el Plan de Fiscalización 2010 conforme lo señalado en el considerando 5° b) e indique los nombres de los Oficiales de Cumplimiento de cada AFP según se indicó en el considerando 14° de la presente decisión.

b) Cumpla dichos requerimientos en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar a la Sra. Superintendenta de Pensiones que en lo sucesivo, frente a requerimientos de información, respecto de los cuales no disponga de la información, por cuanto la misma es inexistente, informe a los solicitantes expresamente dicha circunstancia, a efectos de dar debido cumplimiento a lo previsto en los artículos 13, 14 y 16 de la Ley de Transparencia, según corresponda.

IV. Representar a la Sra. Superintendenta de Pensiones que al no dar respuesta de manera íntegra a la solicitud del requirente dentro del plazo establecido en la Ley, se ha infringido lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h del artículo 11 del mismo cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas y técnicas necesarias a fin de evitar que en el futuro se reitere un hecho como el que ha dado origen al presente amparo.

V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a la Sra. Superintendenta de Pensiones y a don Marco Antonio Correa Pérez, adjuntando a éste último copia del Ordinario Nº 4.600 de la SP, de 27 de febrero de 2012, con sus documentos anexos, y enviar copia de la decisión a los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente, don Alejandro Ferreiro Yazigi, no asiste a esta sesión.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia don Raúl Ferrada Carrasco.