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Carmen Gloria López Soto con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C2246-19

Consejo para la Transparencia, 30/01/2020

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, relativo a la entrega de copia de la resolución que se pronunció la renuncia voluntaria presentada por la solicitante, en su calidad de funcionaria a contrata. Lo anterior, por cuanto no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que la información pedida no obra en su poder. Además, que la reclamante al fundar su amparo, más que alegar la falta de entrega de la información, pretende provocar un pronunciamiento que el órgano recurrido reconoce no haber emitido, lo cual excede el ámbito de competencia de esta Corporación, constituyendo una manifestación del derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República. Finalmente, se representa al órgano reclamado no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2246-19

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Carmen Gloria López Soto

Ingreso Consejo: 21.03.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, relativo a la entrega de copia de la resolución que se pronunció la renuncia voluntaria presentada por la solicitante, en su calidad de funcionaria a contrata.

Lo anterior, por cuanto no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que la información pedida no obra en su poder.

Además, que la reclamante al fundar su amparo, más que alegar la falta de entrega de la información, pretende provocar un pronunciamiento que el órgano recurrido reconoce no haber emitido, lo cual excede el ámbito de competencia de esta Corporación, constituyendo una manifestación del derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República.

Finalmente, se representa al órgano reclamado no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.

En sesión ordinaria N° 1070 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2246-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de febrero de 2019, doña Carmen Gloria López Soto solicitó a la Subsecretaría del Interior, la siguiente información: "copia de la Resolución que acoge mí renuncia voluntaria, presentada el 29 de octubre de 2018".

2) RESPUESTA: El 12 de marzo de 2019, la Subsecretaría del Interior respondió a dicho requerimiento de información, mediante Ord. N° 5796, de fecha de 27 de febrero de 2019, señalando que: "de conformidad con el artículo 9° del Estatuto Administrativo (Ley 18.834), el cual prescribe que "Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos" y dado que la solicitante en su carta de renuncia plantea que ella sea aceptada con fecha 01 de enero de 2019, y que por lo mismo, fue funcionaria hasta el 31 de diciembre de 2018, doña Carmen Gloria López Soto, solo ha renunciado a su expectativa de ser renovada, sin que exista al efecto obligatoriedad alguna de la parte de esta Administración, de emitir un acto administrativo adicional". Concluye, señalando que la Ley de Transparencia "solo obliga a entregar la información actualmente disponible".

3) AMPARO: El 21 de marzo de 2019, doña Carmen Gloria López Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta denegatoria emitida a su requerimiento. La reclamante manifiesta que lo solicitado es la entrega de información sobre la tramitación que se dio a la renuncia que presentó, la que debe constar en un acto administrativo emitido, ya sea a través de una resolución o acto decisorio en general, por el cual, tras tomar conocimiento de su intención de no continuar prestando servicios, el órgano debió haberse pronunciado formalmente en el sentido de "Aceptar la Renuncia" en los términos establecidos en el artículo 147 del Estatuto Administrativo, trámite que necesariamente debe emitirse. Indica que la respuesta del organismo le fue entregada en forma extemporánea, el día 12 de marzo de 2019.

Hace presente, que la renuncia se encuentra contemplada como causal de cese de funciones de un empleado público, en el artículo [1]47 del Estatuto Administrativo, el que en sus incisos 1°y 2° señala: "La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo. La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad". De lo anterior, concluye que la causal de cesación en el cargo, en este caso, es la de aceptación de la renuncia y no la sola renuncia, ya que se trataría de un acto administrativo complejo, donde existen dos elementos que deben verificarse: la manifestación de voluntad del empleado de abandonar su actual trabajo, libremente expresada; y el acto en que queda formalizada la aceptación de dicha renuncia por parte de la autoridad competente. Lo que a su juicio es lógico, porque la autoridad debe contar con un plazo para poder pronunciarse sobre la necesidad y conveniencia del alejamiento del funcionario en una época determinada.

En este contexto, señala que la respuesta recibida no daría cuenta de que se haya entregado la información solicitada, sin que tampoco se haga referencia a alguna causal legal que hubiese fundamentado la imposibilidad jurídica de acceder al requerimiento.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio E6705 de 17 de mayo de 2019, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) señale si los antecedentes presentados por la recurrente, fueron ingresados a la Contraloría General de la República; (4°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

Mediante Oficio Ord. N° 14.931, de fecha 24 de mayo de 2019, el órgano reclamado formuló descargos, en los que argumentó, en síntesis, que no existe obligatoriedad alguna de emitir un acto administrativo respecto a la presentación de renuncia de la reclamante, ello, según lo establecido por el artículo 9 del Estatuto Administrativo, el que prescribe que: "Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley", y por el artículo, 3° letra c), del mismo precepto legal, que define empleo a contrata como "aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución". De lo anterior, concluye que el cargo de todos aquellos funcionarios que se desempeñan en calidad de contrata en cualquier órgano de la Administración del Estado está supeditado al vencimiento del plazo establecido por el artículo 10 de dicha ley, esto es, hasta el 31 de diciembre de cada año y, excepcionalmente, se reconoce la facultad para la autoridad correspondiente de prorrogar dicha contrata, la que deberá ser propuesta con a lo menos treinta días de anticipación. Señala que, en este contexto, y sin perjuicio del principio de confianza legítima que reciente jurisprudencia ha hecho aplicable a la situación de funcionarios que se encuentran bajo el régimen de contrata, lo cierto es que, expirando estas designaciones por el solo ministerio de la ley, el único efecto atribuible a la carta de renuncia presentada por la reclamante no puede ser otro que el de hacer perecer de manera manifiesta su legítima expectativa de ser renovada. Finaliza afirmando que, de lo expuesto, queda fehacientemente acreditado que no existe obligatoriedad de emitir un acto administrativo alguno al respecto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo se circunscribe a la entrega del acto administrativo que, a juicio de la solicitante, debió dictarse por el órgano reclamado, en respuesta a su presentación efectuada el 29 de octubre de 2018, por medio de la cual manifestó a la Subsecretaría del Interior, su voluntad de renunciar al cargo a contrata que hasta esa fecha desempeñaba en dicha repartición. Por su parte, el órgano ha reconocido no tener en su poder la información solicitada, por cuanto no dictó el acto administrativo aludido por la solicitante, al entender que no se encuentra obligado a hacerlo.

2) Que, en este contexto, y según se observa de lo descrito en los numerales 3 y 4 de la parte expositiva, los fundamentos del amparo deducido dicen relación con la disconformidad planteada por la reclamante, respecto de la interpretación que la Subsecretaría del Interior efectúa de las normas del Estatuto Administrativo, y en particular, de lo que dispone su artículo 9, del cual concluye que no existe obligatoriedad de emitir un acto administrativo que se pronuncie respecto de la carta de renuncia voluntaria que presentó la solicitante. Dicha lectura de la norma se contrapone con la efectuada por la reclamante, la que en virtud de lo que dispone el artículo 147 del citado cuerpo legal, entiende que el órgano se encuentra en la obligación legal de emitir un acto que se pronuncie sobre la renuncia.

3) Que, lo explicado, deja en evidencia que la pretensión de la reclamante apunta más bien a cuestionar la interpretación y aplicación de la normativa administrativa efectuada por la Subsecretaría, la que no comparte, y no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, escapando por ello los fundamentos del amparo, del ámbito de competencias de esta Corporación. Por lo anterior, y habiendo reconocido expresamente el órgano reclamado que no dictó la resolución requerida, se debe seguir el criterio adoptado por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no resultando procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo reconocido, no obra en su poder, no disponiendo este Consejo de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido.

4) Que, en consecuencia, la pretensión de la reclamante se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que, por medio de su amparo, pretende más bien provocar un pronunciamiento del órgano recurrido, lo cual excede el ámbito de competencia de esta Corporación. Por lo tanto, no cabe pronunciarse a su respecto en esta sede, por lo que este Consejo procederá a rechazar el amparo por improcedente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Carmen Gloria López Soto en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Subsecretario del Interior, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carmen Gloria López Soto y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.