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Mario Cárdenas Bustamante con MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Rol: C121-12

Consejo para la Transparencia, 09/05/2012

Se deduce amparo en contra de la Municipalidad de San Pablo por su negativa a suministrar información relativa a actas de sesiones del concejo municipal y decretos exentos. Organismo se excusó aduciendo que la solicitud se enmarca dentro de la preceptiva de la ley 18.695 y que, en todo caso, ya fue extendida al requirente. El Consejo acoge el amparo interpuesto y requiere la entrega de la información solicitada o certificar su entrega si ya se cumplió con el trámite.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Administración y Logística
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C121-12

Entidad pública: Municipalidad de San Pablo.

Requirente: Mario Cárdenas Bustamante

Ingreso Consejo: 24.01.2012

En sesión ordinaria N° 336 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de mayo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C121-12.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L N° 1/2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de enero 2012 don Mario Cárdenas Bustamante, invocando el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, el artículo 98 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos y Ley de Transparencia, solicitó a la Municipalidad de San Pablo copia autorizada de la siguiente información:

a) Actas de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal N°s 23, de 10 de mayo de 2007; N° 33, de 16 de agosto de 2007 y sesión extraordinaria N° 9, de 24 de mayo de 2007, en las que se habría acordado el remate en subasta pública de los inmuebles escolares rurales Palena y Dollinco.

b) Decreto Exento N° 2.191, de 27 de julio de 2007 que ordena y fija el remate de las propiedades señaladas.

c) Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal N° 37, de 4 de octubre de 2007, que acuerda rebajar en un 50% el valor del remate inicial de ambas propiedades, dado que no existieron oferentes a la subasta pública realizada el 28 de septiembre de 2007

d) Decreto Exento N° 2.630, de 15 de noviembre de 2007, que ordena y fija dicho remate.

e) Acta de remate del 16 de noviembre de 2007, por el cual se procedió a la enajenación de los inmuebles indicados Palena y Dollinco.

f) Decreto Exento N° 2.642, de 19 de noviembre de 2007, que adjudica los citados establecimientos.

2) RESPUESTA: La Municipalidad de San Pablo respondió a la antedicha solicitud mediante Ord. Nº 16, de 13 de enero de 2012, señalando que no procede la entrega de lo solicitado al tenor de lo preceptuado por los artículos 21 y siguientes de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 19 de enero del año en curso don Mario Cárdenas Bustamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante la Gobernación Provincial de Osorno, fundado en que se le denegó la información solicitada, siendo ingresada la reclamación a este Consejo el 24 de enero de 2012, argumentando el reclamante que:

a) La respuesta entregada por el municipio constituye una grave transgresión a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pues dicho cuerpo legal establece de modo categórico que todas las reuniones del Concejo Municipal y las resoluciones que pronuncie el Alcalde son esencialmente públicas, salvo que por una situación especialísima se hubiere probado el carácter de secreta de dichas reuniones, lo que en la especie no procede.

b) La respuesta hace alusión a la reserva que contempla el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en circunstancias que ninguna de las causales que contemplan dicha norma resultan aplicable en la especie.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior el Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 391, de 7 de febrero de 2012, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Pablo, quien evacuó el traslado mediante el Ordinario N° 66, de 22 de febrero de 2012, formulando sus observaciones y descargos en los siguientes términos:

a) Señala que el solicitante formuló su solicitud fundado en lo que dispone el artículo 98 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece un plazo máximo de 30 días hábiles para entregar la información requerida, por lo tanto el plazo máximo para la entrega de la información vence el 22 de febrero de 2012, de lo que resulta que el reclamante dedujo la reclamación antes de que venciera el plazo de que disponía el municipio para efectuar la entrega.

b) Puntualiza que en la misma fecha señalada se procedió a remitir al solicitante la documentación requerida, dando cumplimiento con ello al artículo 98 de la Ley N° 18.695, razón por la cual solicita desestimar el amparo de la especie.

c) Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que la información solicitada data del año 2007, por lo tanto no era posible obtenerla de forma inmediata, ya que debía buscarse en los archivos existentes en la bodegas municipales, lo cual se hizo especialmente dificultoso luego del traslado de las dependencias del municipio a un nuevo edificio municipal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme dispone el artículo 98 de la Ley N° 18.696, Orgánica Constitucional de Municipalidades, ubicado en el Título II –De la Participación Ciudadana–, párrafo 2° –De las Audiencias y la Oficinas de Reclamos– «[…] cada municipalidad deberá habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones, reclamos y sugerencias abierta a la comunidad. La ordenanza de participación establecerá un procedimiento público para el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismo los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso, serán superiores a treinta días, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.880».

2) Que, el procedimiento cuya reglamentación posibilita la norma citada en el considerando anterior y el procedimiento de acceso a la información que reglamenta la Ley de Transparencia se refieren a supuestos distintos que impiden que la eventual aplicación de uno de ellos pueda constituir un obstáculo para la aplicación del otro o alterar su curso normal. En efecto, el primero se refiere, en general, al tratamiento de las presentaciones o reclamos efectuados ante el municipio a través de sus Oficinas de Informaciones Reclamos o Sugerencias (OIRS), mientras que el procedimiento de acceso a la información se refiere específicamente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por ende procedería la sustanciación de ambos por cuerda separada, tal como lo ha resuelto este Consejo en las decisiones de amparo Rol C5-11, de 11 de marzo de 2011 “Mariana Valenzuela Cruz contra Superintendencia de Valores y Seguros” y Rol C1052-11, de 28 de diciembre de 2011 “Mariana Moya contra Tesorería General de la República”, al referirse a la forma como se conjuga la aplicación del procedimiento administrativo de acceso a la información en relación con otros procedimientos administrativos.

3) Que, si bien en la solicitud que motiva el presente amparo el reclamante invocó tanto la norma citada en el considerando primero, como la Ley de Transparencia, cumpliendo además el requerimiento con los requisitos que establece el artículo 12 de este último cuerpo legal y 28 de su Reglamento; cabe concluir que el requerimiento que ha motivado el presente amparo constituye una solicitud efectuada precisamente en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, habiendo optado el reclamante por el procedimiento especialísimo de la Ley de Transparencia. A su vez, el municipio reclamado entendió la solicitud de ese mismo aplicando a su respecto el procedimiento administrativo de acceso, como lo evidencia el hecho de haber respondido a la solicitud dentro del término de 20 días hábiles que establece el artículo 14 de la misma Ley de Transparencia e invocando la norma de reserva del artículo 21 mismo cuerpo legal.

4) Que, en consecuencia, deberá desecharse la alegación efectuada por el municipio tocante al carácter anticipado que tendría la reclamación en razón del plazo que establece el artículo 98 de la Ley N° 18.695, máxime cuando dicha norma no establece un procedimiento con un plazo específico para responder, sino que tan sólo posibilita la regulación de un procedimiento determinado en la Ordenanza de Participación Ciudadana fijando un plazo máximo para responder a las solicitudes respectivas.

5) Que, aclarado lo anterior, debe precisarse que la información requerida en la especie reviste carácter público conforme a lo prescrito en los artículos 5° y 10 de la citada Ley de Transparencia, en cuanto se trata de resoluciones pronunciadas por un órgano de la Administración del Estado y de actas que obran en poder de dicho organismo; como asimismo lo señalado en el artículo 84, inciso 4°, de la Ley N° 18.695, que establece: «Las sesiones del concejo serán públicas. Los dos tercios de los concejales presentes podrán acordar que determinadas sesiones sean secretas». Mientras que su inciso 5° preceptúa: «Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas.» Norma esta última agregada por el artículo cuarto N°2 de la Ley N° 20.285.

6) Que, si bien el municipio ha señalado haber remitido la información solicitada –la cual adjuntó a sus descargos–, lo cierto es que no existe constancia que dicho acto administrativo haya sido efectivamente despachado o recibido por el solicitante, en especial considerando que el cumplimiento integro de la obligación de informar por parte del órgano requerido supone, además de la entrega de la información requerida, la certificación de dicha entrega en los términos previstos en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia.

7) Que, por último, atendido que el solicitante requirió «copia autorizada» de los documentos que señaló, deberá tenerse presente el criterio sentado por este Consejo en la decisión adoptada en la reposición del amparo Rol A146-09, en el sentido que: «(…) respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas de las contempladas por la Ley de Transparencia» (considerando 4°).

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mario Cárdenas Bustamante en contra de la Municipalidad de San Pablo, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Pablo que:

a) Entregue al solicitante copia autorizada de la información comprendida en la solicitud; o, en caso de haber ya procedido a la entrega, certificar la misma en la forma señalada en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia y numeral 4.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo sobre Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Mario Cárdenas Bustamante, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Pablo.

En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la presente sesión.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.