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Daniel Vásquez Medina con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C127-12

Consejo para la Transparencia, 08/06/2012

Se deduce amparo en contra de la Tesorería General de la República por su negativa a suministrar copia de los formularios Nº 10 cuyo número de folio indica, por las multas aplicadas por resolución y a los contribuyentes que señala. Organismo se excusó aduciendo que requirente debe acreditar representación y vulneración de derechos de terceros. El Consejo acoge el amparo interpuesto sólo en cuanto a la extemporaneidad de la respuesta del organismo y lo rechaza en cuanto a la solicitud de fondo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C127-12

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Daniel Vásquez Medina

Ingreso Consejo: 25.01.2012

En sesión ordinaria N° 345 de su Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C127-12.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de diciembre de 2011 don Daniel Vásquez Medina requirió a la Tesorería General de la República –en adelante también Tesorería- copia de los formularios Nº 10 cuyo número de folio indica, por las multas aplicadas por resolución y a los contribuyentes que señala.

2) RESPUESTA: La Tesorería respondió a dicho requerimiento mediante Ordinario Nº 29, de 9 de enero de 2012, de la Jefa de la División de Operaciones del organismo reclamado, señalando lo siguiente:

a) En relación a la solicitud de información recepcionada el 11 de diciembre de 2011, indica que para requerir información y copia de los Formularios 44 de las empresas que se individualizan en la presentación, debe acreditar su identidad y representación legal de dichas empresas.

b) Adicionalmente, le indica, según lo instruye la Circular Nº 19, de 2009, la que se encuentra publicada en el sitio web de Tesorería, opción “Leyes y Reglamentos”, cuáles son los documentos que deberá presentar el interesado para la acreditación de una persona jurídica.

3) AMPARO: Don Daniel Vásquez Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 25 de enero de 2012 en contra de la Tesorería, fundado en que se le denegó el acceso a la información sin que exista causal legal que lo justifique.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante Oficio Nº 460, de 10 de febrero de 2012, se solicitó al requirente indicar en qué medida la respuesta de Tesorería se relacionaba con el requerimiento de información de 12 de diciembre de 2011 o, en su defecto, acompañar copia de la solicitud de información de 11 de diciembre de 2011, pues la respuesta acompañada también hacía referencia a esta última presentación. El solicitante, mediante presentación de 10 febrero de 2012, adjuntó los siguientes documentos:

a) Dos solicitudes de 13 de octubre de 2011, una carta complementaria de 28 de octubre de 2011 y otra de 12 de diciembre de 2011, todas presentadas por el mismo requirente a la Tesorería.

b) Ordinarios de respuesta Nº 709, de 20 de octubre de 2011, y Nº 746, de 15 de noviembre de 2011, de la Tesorería.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 671, de 2 de marzo de 2012, al Tesorero General de la República para que formulara sus descargos solicitándole acompañar copia de la solicitud de información del reclamante a la que da respuesta a través del Ordinario Nº 29, de 9 de enero de 2012. Mediante Oficio Nº 1.103, de 28 de marzo de 2012, el Tesorero General evacuó los siguientes descargos:

a) El 12 de diciembre de 2011 el requirente presentó ante Tesorería dos solicitudes de información. La primera consultaba si diversas multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a 12 empresas del sector habían sido pagadas por las infractoras. La segunda requería la entrega de copia de los formularios 10 (declaraciones de pago simultáneo mensual) que daban cuenta de pagos por concepto de multas aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante SVS) a las personas naturales que en dicho requerimiento se indican.

b) Mediante Oficio Nº 29, de 9 de enero de 2012, la Jefa de la División de Operaciones (S) dio respuesta a dichas solicitudes, señalando, los pasos a seguir para requerir información relacionada con los formularios 44.

c) Por un error involuntario, en dicha respuesta se omitió señalar que respecto de la solicitud de los formularios N° 10 también resultaba aplicable la Circular Normativa citada en la respuesta, con lo que el reclamante debía acreditar su representación, exigencia que se contiene al igual que en caso de las personas jurídicas en el numeral 3.2 de esa Circular.

d) Siguiendo los criterios jurisprudenciales de este Consejo, en especial, lo señalado en las decisiones Rol A225-09 y A312-09, la acreditación de la representación de un requirente ante el órgano reclamado hace aplicable, ante el silencio de la Ley de Transparencia, en subsidio, el artículo 22 de la Ley Nº 19.880, que regula los requisitos para comparecer en un acto administrativo como apoderado de una de las partes y que exige acreditar su personería mediante los instrumentos señalados en dicha disposición, evitando así la formulación de solicitudes de información que eventualmente podrían vulnerar los derechos de terceros.

e) Sin perjuicio de la falta de legitimación pasiva alegada, señala que los formularios 10 solicitados contienen datos personales obtenidos de los propios titulares para ser tratados al interior de un servicio público y no para ser cedidos a terceros, aplicándoseles los artículos 4º, 9º y 20 de la Ley Nº 19.628.

f) La eventual entrega de formularios de multas aplicadas pagadas en año 2005 también vulneraría el artículo 21 de la Ley Nº 19.628, puesto que se estarían entregando antecedentes respecto de sanciones ya cumplidas.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 19 de abril de 2012, la Jefa de la Sección de Transparencia y Normativa de la Tesorería, en respuesta a lo requerido por este Consejo el 17 de abril de 2012, remitió copia de los respectivos folios de los Formularios 10 solicitados indicando que éstos permiten “efectuar un pago directo y no requiere la intervención del servicio girador. El cargo y pago son efectuados simultáneamente y en él pueden ser cancelados los arriendos entre particulares, los arriendos de propiedades fiscales, pagos de letras no ubicadas en Bancos, ofertas y consignaciones de pago, derechos por patentes de invención y registros de marcas comerciales, multas y reintegros de pagos indebidos, entre otros”.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De acuerdo a lo acordado en sesión ordinaria de este Consejo Nº 334, celebrada el 27 de abril de 2012, para una mejor resolución de este amparo se notificó la solicitud a cada uno de los contribuyentes individualizados en los formularios requeridos, en su calidad de terceros involucrados, conforme al artículo 25 de la Ley de Transparencia, a fin que señalasen si se oponían a su entrega. Mediante presentación de 30 de mayo de 2012 todos se opusieron a ello en los mismos términos, señalando que:

a) El solicitante no ostenta representación respecto de ninguno de los terceros, por lo que carece de legitimación para solicitar los documentos requeridos. En virtud de lo anterior, resulta aplicable lo señalado por el artículo 22 de la Ley Nº 19.880, debiendo haberse, en la especie, acreditado el poder del tercero.

b) La misma Ley de Transparencia reconoce un límite al principio de la transparencia de la función pública estableciendo causales de secreto o reserva, en cuya virtud se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información, conforme lo establece el artículo 21 de la citada ley. Así, en virtud del artículo 21 Nº 2 el órgano reclamado se encontraría imposibilitado de entregar la información solicitada, toda vez que los datos que se contienen en los documentos requeridos afectan sus vidas privadas y sus derechos económicos, por tratarse de sanciones impuestas y cumplidas hace 7 años.

c) De acuerdo a la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la divulgación de información relativa a deudas de los contribuyentes afecta los derechos de las personas naturales, habiéndose acogido numerosos recursos de protección destinados a impedir la divulgación de las deudas de los contribuyentes, por vulnerarse lo dispuesto en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución. Si bien en la especie no se requiere información relacionada con deudas tributarias, la razón para negar la entrega de la documentación solicitada debe ser la misma, puesto que se produciría igualmente la vulneración del derecho constitucional citado. A mayor abundamiento, en este caso ya no existen deudas.

d) Los formularios contienen datos personales destinados a la utilización de Tesorería pero no de terceros, por lo que dichos documentos se encuentran amparados por las disposiciones de la Ley Nº 19.628.

e) El artículo 21 de la Ley Nº 19.628 dispone que “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”. Habiéndose pagado hace más de siete años las multas es improcedente la solicitud.

f) Los formularios solicitados contienen datos personales relativos a las sanciones impuestas por el fiscalizador –SVS- en ejercicio de su facultad administrativa y punitiva. Por lo tanto, la denegación de la información por parte de la Tesorería no es simplemente el ejercicio de una atribución, sino que el cumplimiento de un deber, establecido en el citado artículo 21.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a abordar el fondo del asunto, cabe señalar que, si bien de los antecedentes acompañados por el órgano reclamado a sus descargos se observa que el 12 de diciembre de 2011 el requirente ingresó dos solicitudes de información a la Tesorería, éste interpuso amparo sólo por aquélla en que requería los formularios Nº 10 que individualiza, fundado en su denegación. De la revisión de la respuesta entregada se observa que ésta se refirió sólo a la otra solicitud, circunstancia que es reconocida por el propio órgano reclamado en la presentación de sus descargos y que llevará a que deba acogerse el presente amparo por falta de respuesta dentro del plazo establecido por el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de ello también debe analizarse el fondo de lo solicitado en la especie, a efectos de evaluar si procede ordenar que se entregue lo solicitado.

2) Que Tesorería alega en sus descargos que, en conformidad con lo dispuesto por su Circular Normativa Nº 19/2009, el reclamante debía acreditar la representación de las personas a quienes se refieren los formularios requeridos, alegación que también fue efectuada por los terceros. Al respecto se estima que:

a) Si bien el artículo 22 de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, permite que el solicitante actúe por medio de un apoderado, agrega en el inciso 2º que «El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario», de los antecedentes que obran en el presente amparo se observa que la solicitud de acceso a la información no ha sido realizada en representación de un tercero sino a título personal.

b) En consecuencia, y habiendo cumplido la solicitud que dio origen al presente amparo con todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia para su interposición, se desestimará la alegación del organismo reclamado, y de los terceros interesados, en orden a que el solicitante debió acreditar la representación de las personas a que se refiere la solicitud, no resultando aplicable a las solicitudes de información amparadas por la Ley de Transparencia, el criterio expuesto en la Circular Normativa Nº 19, de 2009, de la Tesorería.

3) Que, el problema de la potencial afectación de derechos de terceros a quienes se refiera la información requerida ha sido abordado en la Ley de Transparencia de otra manera, a saber, exigiendo en su artículo 20 que cuando ello pudiere ocurrir el órgano requerido comunique dichas solicitudes a esos terceros y les informe que pueden oponerse a la entrega de lo solicitado, comunicación que no consta que fuera realizada por el órgano reclamado, lo que se le representará.

4) Que la información solicitada obra en poder de la Tesorería y fue elaborada por aquélla, de manera que en conformidad con los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia es potencialmente pública, a menos que concurra a su respecto alguna causal legal de reserva o secreto. Precisamente Tesorería alega en sus descargos que concurriría la causal de los artículos 4°, 9°, 20 y 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, alegación que fue igualmente invocada por los terceros al evacuar el traslado que les confirió este Consejo. Si bien las causales deben especificarse al responder las solicitudes (art. 16, inc. 3°, de la Ley de Transparencia) Tesorería entendió que había un problema de legitimación activa que hacía innecesario invocar una causal y por ello sólo la planteó en los descargos. Siendo así este ésta debe ser analizada, mucho más si los terceros afectados la han argumentado al responder la medida para mejor resolver decretada en este caso.

5) Que los formularios solicitados dan cuenta de pagos directos efectuados a la Tesorería por cada contribuyente, indicando su nombre, domicilio, el monto pagado y la Resolución de la SVS que impuso cada multa. Dado que esta información concierne a personas naturales identificadas constituyen datos personales [artículo 2º f) de la Ley Nº 19.628]. A su turno, el artículo 21 de la Ley Nº 19.628 dispone que «los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena». Dicha norma establece un manto de protección, también denominado como “derecho al olvido”, en relación con los datos personales en poder de la Administración referidos a sanciones cumplidas y que según el artículo 2º d) de la citada ley constituyen datos caducos.

6) Que, en consecuencia, atendido que los formularios Nº 10 requeridos dan cuenta de sanciones ya cumplidas (multas ya pagadas) procede aplicar la reserva del citado artículo 21, a lo que se suma que los interesados no han consentido en su entrega. Todo ello hace que deba rechazarse la petición del requirente.

7) Que la circunstancia de que el solicitante conozca la existencia de las resoluciones que impusieron estas multas y de su pago no altera lo prescrito por el citado artículo 21.

8) Que, habiéndose rechazado la entrega de la información solicitada, resulta innecesario pronunciarse respecto de las demás alegaciones efectuadas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo de don Daniel Vásquez Medina en contra de la Tesorería sólo en cuanto ésta infringió el artículo 14 de la Ley de Transparencia al no responder a lo solicitado dentro del plazo legal. No obstante, rechazar el amparo en lo referido a la entrega de los formularios solicitados.

II. Representar al Sr. Tesorero General de la República las siguientes infracciones y requerirle que adopte las medidas administrativas para evitar que se reiteren:

a) No haber dado respuesta a la solicitud de información dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, infringiendo dicha norma y los principios que establecen los literales f) y h) del artículo 11 de la misma Ley.

b) No haber comunicado a los terceros la presentación de esta solicitud, conforme exige el artículo 20 de la Ley y detalla el apartado 2.4 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Daniel Vásquez y al Sr. Tesorero General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia don Raúl Ferrada Carrasco.