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Carlos Manuel Roa Oppliger con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2365-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Pensiones, teniendo por entregada la información referida al informe de fiscalización, la que consta en el Oficio Ordinario N° 4901, de 7 de marzo de 2018, y en la Nota Interna N° CON/OSO 19, de 8 de febrero de 2018, de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia, proporcionadas al reclamante. A su vez, se acoge el amparo, respecto de la entrega de la información referida a los funcionarios públicos que efectuaron la fiscalización, y de quienes proporcionaron la información, en calidad de fiscalizados, en el marco del proceso al que hace referencia la solicitud. Lo anterior, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, al versar en antecedentes que emanan del ejercicio de su función fiscalizadora conforme mandato legal.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2365-19

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Carlos Manuel Roa Oppliger

Ingreso Consejo: 26.03.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Pensiones, teniendo por entregada la información referida al informe de fiscalización, la que consta en el Oficio Ordinario N° 4901, de 7 de marzo de 2018, y en la Nota Interna N° CON/OSO 19, de 8 de febrero de 2018, de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia, proporcionadas al reclamante.

A su vez, se acoge el amparo, respecto de la entrega de la información referida a los funcionarios públicos que efectuaron la fiscalización, y de quienes proporcionaron la información, en calidad de fiscalizados, en el marco del proceso al que hace referencia la solicitud.

Lo anterior, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, al versar en antecedentes que emanan del ejercicio de su función fiscalizadora conforme mandato legal.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2365-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de marzo de 2019, don Carlos Manuel Roa Oppliger solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información:

"un informe detallado de la fiscalización efectuada por esa entidad al IPS en el mes de enero de 2018, y en la cual no encontraron información referida a mí persona, además de informarme que el Bono de Reconocimiento debe ser revisado, (para todo efecto legal el Bono está bien emitido), por lo que no procede modificación alguna sin que el afiliado haga el reclamo correspondiente de acuerdo a la ley.

Solicito me informe los fiscalizadores, las personas del IPS que entregaron la información, la persona que dijo que había cambiado el formato de los documentos, la fecha, página u otros de la microfilmación ECOM, enviada a esa Institución con la Carta de Información al Solicitante.

Solicito todas las personas que no encontraron la Solicitud del Bono, las Creación de las Cajas, el Bono emitido y muchos otros, numero correlativo, único y permanente del S.S.S., Folio N°537888 N° INSCRIPCION S.S.S. 66005717-0, N° Cliente 706177, Tipo de trabajador: DEPENDIENTE ANTIGUO, caja Desahucio 9 S.S.S., INP Módulo Imponentes, INGABPD Página 644 FECHA 18/06/1999.

Nada encontraron solicito informe detallado al respecto con los nombres de los fiscalizadores y los fiscalizados".

2) RESPUESTA: El 25 de marzo de 2019, por medio del Oficio N° 7375, la Superintendencia de Pensiones respondió al requerimiento de información indicando que entiende que el solicitante ha planteado una consulta de carácter general, por lo que no procede aplicar el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, debiendo ser tramitado en conformidad a los procesos generales que regulan la materia. Informa que, por lo tanto, ingresó la presentación al sistema general para su análisis y respuesta.

3) AMPARO: El 26 de marzo de 2019, don Carlos Manuel Roa Oppliger dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio E6783, de 17 de mayo de 2019, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada -Solicito me informe los fiscalizadores, las personas del IPS que entregaron la información, la persona que dijo que había cambiado el formato de los documentos, la fecha, página u otros de la microfilmación ECOM, enviada a esa Institución con la Carta de Información al Solicitante (...)- obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Oficio Ord. N° 12101, de fecha 29 de mayo de 2019, el órgano presentó descargos, en los que, en síntesis, argumentó que efectivamente dio respuesta señalando que se había planteado una consulta de carácter general, por lo que no correspondía aplicar el procedimiento de acceso a la información pública, procediendo a ingresar la presentación al sistema general de ingreso de la Superintendencia, dándole el N° 9958/19, siendo luego respondida a través del Oficio Ordinario N° 8826, de 12 de abril de 2019, en el que se indicó al reclamante que anteriormente, por medio del Oficio Ordinario N° 4901, de 7 de marzo de 2018, se le informó que sobre la base de la fiscalización realizada al IPS, se concluyó que no hay constancia que haya tenido la calidad de imponente del antiguo sistema previsional. Señala que al referido oficio, se acompañó copia de la nota Interna N° CON/OSO 19, de 8 de febrero de 2018, de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia, que da cuenta del resultado de la fiscalización, como también de los documentos de respaldo utilizados en la búsqueda, y que, asimismo, se le indicó que respecto a la información relativa a los funcionarios del IPS que no encontraron su solicitud de bono de reconocimiento, ni su adscripción al ex SSS, debía solicitarla directamente a dicha Institución.

Concluye que, por ello, no es efectivo que al Sr. Roa Oppliger se le haya denegado su solicitud de acceso a la información pública, sino que, dado que la información solicitada es de aquellas que no se enmarcan en la Ley de Transparencia, se tramitó como ingreso normal, respondiéndose en tiempo y forma.

Agrega que, el reclamante, desde el año 2017 ha realizado una gran cantidad de presentaciones, la mayoría de ellas, utilizando la Ley N° 20.285, con el único objetivo de lograr su desafiliación del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, en circunstancias que no procede, toda vez que no es imponente de ninguno de los regímenes del antiguo Sistema de Pensiones, de manera que la Superintendencia, en el marco de sus facultades y cumpliendo con el principio de legalidad, no puede acceder a su solicitud.

En relación con los puntos del traslado, responde que consideró la presentación del Sr. Roa Oppliger como una solicitud de carácter general, que como tal, bien la pudo haber efectuado por otras vías de acceso. Luego, informó oportunamente al recurrente que se iba a considerar como ingreso general dándole respuesta por medio del Oficio Ordinario N° 8826, de 12 de abril de 2019, vale decir, un día después del que hubiera correspondido por plazo a su solicitud por Ley de Transparencia, el cual vencía el 11 de abril de 2019, adjuntando, a su vez, copia del Oficio N° 4901, de 7 de marzo de 2018, y entregando la Nota Interna y la documentación correspondiente de la fiscalización que se hizo al Instituto de Previsión Social.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega de un informe referido a la fiscalización que realizó el órgano reclamado al Instituto de Previsión Social, y en específico, el nombre de los fiscalizadores y de los funcionarios fiscalizados. A juicio de la Superintendencia, el mencionado requerimiento no corresponde a una solicitud de acceso a la información, sino que más bien a una consulta de carácter general, por lo que le dio el tratamiento aplicable a este último tipo de ingresos, proporcionando, por dicha vía, la información exigida.

2) Que, al respecto, y del análisis de la presentación efectuada por el reclamante, se desprende que, en su primera parte no se formuló una solicitud de información propiamente tal, amparada por la Ley de Transparencia, ello por cuanto del tenor literal de la misma no es posible concluir que lo requerido corresponda a un acto, documento o antecedente determinado, que obre en poder de la Administración del Estado, en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra e), del Reglamento de la misma ley, sino que más bien se trata de una petición dirigida a que la institución reclamada emita o elabore un "informe detallado" en relación al proceso de fiscalización consultado, situación que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública. Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de lo argumentado y acreditado por el órgano, se tendrá por entregada la información referida al informe de fiscalización, al constar en el Oficio Ordinario N° 4901, de 7 de marzo de 2018, y en la Nota Interna N° CON/OSO 19, de 8 de febrero de 2018, de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia, proporcionadas al reclamante.

3) Que, por otra parte, en la solicitud se requiere se informe el nombre de los funcionarios de la Superintendencia que realizaron la fiscalización, así como el de aquellos del IPS que fueron fiscalizados proporcionando la información a los primeros. Dichos antecedentes, al contrario de lo sostenido en el caso de la solicitud de un informe, sí pueden encontrarse en poder del órgano, ya sea en el acta de fiscalización respetiva o en el documento análogo donde se consigne el proceso realizado, por lo que resulta procedente su solicitud en ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En este contexto, aparece infundada la alegación de la Superintendencia, referida a que la información de los funcionarios del IPS que atendieron el proceso de fiscalización, deba requerirse a ese órgano, por cuanto resulta esperable que en la respectiva acta o documento afín, el fiscalizador consigne dicho antecedente, como evidencia de la fuente desde donde se accedió a la información. Por ello, y al no haber invocado el órgano causal legal de reserva o secreto, se acogerá el amparo en este sentido, ordenando la entrega de los antecedentes requeridos.

4) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, se acogerá el presente amparo, teniendo por entregada la información en lo que dice relación con la solicitud de un informe detallado sobre el proceso de fiscalización, en mérito de los antecedentes que fueron puestos a disipación del reclamante, ordenándose, a su vez, a la entrega de los nombres de los fiscalizadores de la Superintendencia y los funcionarios del IPS fiscalizados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Manuel Roa Oppliger en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, teniendo por entregada la información referida al informe de fiscalización, la que consta en el Oficio Ordinario N° 4901, de 7 de marzo de 2018, y en la Nota Interna N° CON/OSO 19, de 8 de febrero de 2018, de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia, proporcionadas al reclamante.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones que:

a) Entregue al reclamante los nombres de los fiscalizadores y los fiscalizados, en la fiscalización efectuada por esa entidad al Instituto de Previsión Social en el mes de enero de 2018.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Manuel Roa Oppliger y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.