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Daniel Quinteros Rojas con INTENDENCIA REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C2260-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, referido a la entrega de las copias de los actos administrativos que establecen la expulsión por infracción a la Ley de Extranjería dictados durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2009. Lo anterior, en atención a que poner a disposición del reclamante la información solicitada, significaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En el mismo sentido se resolvió amparo Rol C6613-18, respecto de la misma información referida a un periodo distinto de tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Intendencia de la Región de Tarapacá que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2260-19

Entidad pública: Intendencia de la Región de Tarapacá

Requirente: Daniel Quinteros Rojas

Ingreso Consejo: 21.03.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, referido a la entrega de las copias de los actos administrativos que establecen la expulsión por infracción a la Ley de Extranjería dictados durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2009.

Lo anterior, en atención a que poner a disposición del reclamante la información solicitada, significaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

En el mismo sentido se resolvió amparo Rol C6613-18, respecto de la misma información referida a un periodo distinto de tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Intendencia de la Región de Tarapacá que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2260-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 14 de febrero de 2019, don Daniel Quinteros Rojas solicitó a la Intendencia de la Región de Tarapacá, "copias de los actos administrativos que establecen la expulsión de los extranjeros por infracción al DL 1.094..." para los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

2) RESPUESTA: La Intendencia de la Región de Tarapacá mediante resolución exenta N° 565/19, N° 566/19, N° 567/19, N° 568/19, N° 569/19, N° 570/19, N° 571/19, N° 572/19, N° 573/19, N° 574/19 y N° 575/19, todas de fecha 25 de febrero de 2019, informó que es un hecho público que la Región de Tarapacá, por sus características geográficas, constituye el principal lugar de ingreso clandestino al país. Por lo que, consideran que el requerimiento está referido a un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, implicando la utilización de un tiempo excesivo en ello, en atención a su jornada de trabajo. De esta manera, deniegan el acceso a la información solicitada por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: Con fecha 21 de marzo de 2019, don Daniel Quinteros Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, fundado en las respuestas negativas a las solicitudes de acceso. En particular, sostuvo que "los documentos solicitados se encuentran ya digitalizados, por lo cual difícilmente podría distraer indebidamente a los funcionarios. - Orden de Compra 951-224-SE18, correspondiente a la licitación ID 951-22-L117 - Orden de Compra 951-89-SE16, correspondiente a la licitación ID 951-10-L115".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente de la Región de Tarapacá mediante oficio N° E6.698, de fecha 17 de mayo de 2019, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado, por medio de correo electrónico, de fecha 5 de junio de 2019, acompañó escrito mediante el cual presentan sus descargos y observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que se configura respecto de lo pedido se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Agregando que se solicita copia de los actos administrativos dictados durante un lapso de tiempo que abarca un total de once años, asociados al tópico o materia "expulsiones por infracción a la Ley de Extranjería", cuya obtención exige el despliegue de una serie de recursos humanos y logísticos que exceden sus posibilidades y se traducen en que la información requerida no obre en su poder, y que su elaboración afectará el debido cumplimiento de sus funciones. Así, la entrega de lo pedido supone llevar a cabo una labor de tratamiento de ciertos flujos de información que no se encuentran sistematizados en la base de datos correspondiente. Además, precisan que, tratándose de resoluciones que imponen la sanción de expulsión, pueden ser estas afectas - respecto de situaciones que involucren ingreso clandestino o por pasos no habilitados, eventualmente asociadas a la comisión de algún otro ilícito-, y exentas - respecto de situaciones que involucren a personas que se encuentren en el país en calidad de turistas, e incurran en ilícitos propios de la normativa de extranjería o de otros contemplados en el Código Penal o en leyes especiales-.

En tal contexto, informan que el registro electrónico que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene para la información asociada a los ciudadanos extranjeros está constituido por el Sistema B-3000, el cual consiste en un sistema computacional en el que se consignan los principales antecedentes referidos a las diversas solicitudes y trámites diligenciados por intermedio del Departamento de Extranjería y Migración, el cual incorpora sólo uno de los tópicos mencionados por el reclamante para cada registro individual: causal de expulsión. Así, la aplicación de los filtros que posibilitan la obtención de datos estadísticos, no permiten acceder a lo requerido desde dicho sistema, puesto que arrojan un listado de registros diferenciados por la naturaleza de la resolución (afecta o exenta), o los que mencionan antecedentes vinculados al sexo y a la causal de expulsión respecto de cada extranjero que en ellos figura. En el listado referido a la descripción de la sanción aplicada y su causal se expresa de manera resumida, utilizando diversas redacciones tales como "Ingreso Clandestino", "Ingreso Clandestino-Tráfico", "Ingreso Clandestino - Robo", "Tráfico de drogas", "Robo", "Procesado o condenado por delitos comunes", etc.

De esta forma, como el sistema no permite obtener directamente la información en los términos solicitados, sus funcionarios del Departamento de Extranjería, debería para tal fin realizar una operación física de procesamiento y análisis de los listados, operación que consideran altamente compleja. Así, según se puede apreciar del examen de su página web de Transparencia, acápite "Actos con efectos sobre terceros", link "sanciones", han tramitado durante el periodo 2010 a 2018 un promedio anual de más de 4.900 resoluciones de sanción en materias de extranjería. Además, sostienen que cerca de un treinta y cinco por ciento de ese total corresponden a resoluciones que aplican expulsiones, y el restante porcentaje, corresponde a la aplicación de otras sanciones como multas, y a la resolución de recursos administrativos, de suerte que deberían analizar más de cuatro mil resoluciones por cada año, esto es, aproximadamente 44.000 documentos para el periodo de 11 años consultado.

En tal sentido, informan que el Departamento de Extranjería se encuentra integrado por su Jefatura y dos funcionarias, las cuales se encargan de la atención de público en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, desarrollando durante la tarde y hasta las 17:30 horas labores administrativas, fundamentalmente enfocadas a la confección de resoluciones y oficios vinculados a la materia, habiendo adquirido desde el año 2012 una relevancia cuantitativa la intervención judicial del Departamento vía recursos de amparo y protección ante las Cortes de Apelaciones y vía expulsión judicial establecida en la ley N° 20.603, como una manera alternativa de cumplimiento de condena, destacando que durante el año 2018 se ejecutaron cerca de mil órdenes judiciales de expulsión. Además de otras tareas que son detalladas.

Así, teniendo en consideración que el reclamante solicitó el mismo día y de manera fraccionada información relativa a once años, tendrían que destinar un funcionario a tiempo completo para que revisara la totalidad de los documentos generados por la Intendencia Regional de Tarapacá, lo que implicaría, evidentemente, la utilización de un tiempo excesivo en funciones no habituales, configurándose la causal de excepción alegada. En conclusión, sostienen que proporcionar acceso a lo pedido implicaría el despliegue de un conjunto de trabajos significativos, que entre otros aspectos se traducirían en la necesidad de reasignar o destinar especialmente a más de un funcionario que se encargase de las tareas de búsqueda de la información y su posterior procesamiento, lo que estiman inconveniente atendido la estructuración e integrantes de su Departamento de Extranjería.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto el órgano reclamado alegó la configuración de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que en cuanto a la causal excepción alegada por el órgano reclamado, este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que conllevan tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado y costo de oportunidad, entre otros.

3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que, en la especie, se solicita acceder a la copia de los actos administrativos que decreten la expulsión por infracción a la Ley de Extranjería, durante el periodo que va del año 1999 al 2009. Así, según lo informado por el órgano reclamado aquello correspondería a un estimado de 44.000 documentos, los que no encuentran sistematizados en los términos requeridos, por lo que, para ponerlos a disposición del reclamante, sus funcionarios del Departamento de Extranjería, debería realizar una operación física de procesamiento de los listados que se pueden extraer del Sistema B-3000 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para luego proceder a la búsqueda, análisis y procesamiento; para lo cual dicho Departamento cuenta con una dotación de un Jefe y de 2 funcionarias, detallando la cantidad de labores que deben desempeñar éstas últimas durante su jornada laboral.

5) Que, en primer lugar, se debe considerar que el órgano reclamado sostiene que los actos administrativos pedidos corresponderían a un aproximado de 44.000 documentos, los deben obtenerse de un universo mayor de actos administrativos. Así, al no contar con la información pedida sistematizada bajo el tópico de expulsiones por infracciones a la Ley de Extranjería, deberán efectuar una búsqueda y análisis respecto de todos los actos dictados para el periodo consultado, para identificar lo específicamente solicitado. Por otra parte, si bien la Intendencia no lo señala, deben tarjar los datos personales de contexto contenidos en todos aquellos, como por ejemplo la nacionalidad de los expulsados, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior, se deberá realizar de manera manual o digital, según sea el formato en cual se encuentre la información.

6) Que si bien el reclamante sostiene que los documentos pedidos se encontrarían digitalizados, adjuntando órdenes de compra que darían cuenta de aquello, de la lectura de estas no se logra acreditar que se refieran, específicamente, a los actos administrativos correspondientes al periodo consultado. Además, lo que se alegó para configurar la causal es que la información solicitada no se encuentra sistematizada en los términos requeridos, más que el formato en que aquella obre en poder del órgano reclamado.

7) Que, por lo expuesto, este Consejo considera atendibles las alegaciones formuladas por el órgano reclamado, en el sentido, de que otorgar acceso al reclamante a lo pedido conllevaría la distracción de sus funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Intendencia de la Región de Tarapacá. Razón por la cual, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido, se resolvió amparo Rol C6613-18 entre las mismas partes, respecto de información similar para periodo 1983 a 2009.

8) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Intendencia de la Región de Tarapacá que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual modo, por aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11 literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33 letra e) de este mismo cuerpo legal, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes en su sistema de registro, archivo y sistematización, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de dichos antecedentes. Lo anterior, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información de naturaleza pública que obre en su poder.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Daniel Quinteros Rojas en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá por configurarse respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva establecido en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en atención de lo fundamentado precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Intendente de la Región de Tarapacá adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de la información requerida. Lo anterior, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información de naturaleza pública que obre en su poder.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Daniel Quinteros Rojas y al Sr. Intendente de la Región de Tarapacá.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.