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Consuelo Garcés Gagliano con HOSPITAL CESAR CARAVAGNO BUROTTO DE TALCA Rol: C2173-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca, ordenando la entrega del informe psicolaboral íntegro de la solicitante en el concurso público que consulta. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, no logrando configurarse alguna causal de reserva o secreto que justifique su denegación. Aplica criterio establecido en la decisión de amparo rol C1594-15, ratificado posteriormente en los amparos roles C3218-15, C105-16, C2646-17, C2554-18 y C4336-18. A su vez, no es plausible la denegación de dicha información a su titular con base a la existencia de un "consentimiento informado", firmado previamente por la solicitante; ello por cuanto, la renuncia plasmada en dicho documento no puede estimarse como una restricción al derecho de autodeterminación informativa consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que aquella manifestación de voluntad se encontraba condicionada al interés legítimo de la postulante de no ver obstaculizada su participación en el aludido concurso, siendo por tanto improcedente. Previo a su entrega debe ser tarjado todo dato personal correspondiente a personas distintas a la reclamante, en virtud de lo ordenado en la Ley de Transparencia y Ley Sobre Protección de la Vida Privada. Atendida la naturaleza de la información, su entrega debe ser presencial a la peticionaria, previa acreditación de su identidad, o a su apoderado debidamente facultado, en los términos instruidos por este Consejo. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a su juicio, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agrega, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo que medie consentimiento de la persona evaluada en otorgar una publicidad total o parcial a su evaluación, lo que ocurre en la especie. Por su parte, hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que el amparo debió rechazarse, toda vez que la ley no permite entregar las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas. Además, el acceso a dichos informes (incluso del propio solicitante) conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y por tratarse de un instrumento que contiene la apreciación de un experto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2173-19

Entidad pública: Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca.

Requirente: Consuelo Garcés Gagliano.

Ingreso Consejo: 18.03.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca, ordenando la entrega del informe psicolaboral íntegro de la solicitante en el concurso público que consulta.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, no logrando configurarse alguna causal de reserva o secreto que justifique su denegación. Aplica criterio establecido en la decisión de amparo rol C1594-15, ratificado posteriormente en los amparos roles C3218-15, C105-16, C2646-17, C2554-18 y C4336-18.

A su vez, no es plausible la denegación de dicha información a su titular con base a la existencia de un "consentimiento informado", firmado previamente por la solicitante; ello por cuanto, la renuncia plasmada en dicho documento no puede estimarse como una restricción al derecho de autodeterminación informativa consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que aquella manifestación de voluntad se encontraba condicionada al interés legítimo de la postulante de no ver obstaculizada su participación en el aludido concurso, siendo por tanto improcedente.

Previo a su entrega debe ser tarjado todo dato personal correspondiente a personas distintas a la reclamante, en virtud de lo ordenado en la Ley de Transparencia y Ley Sobre Protección de la Vida Privada.

Atendida la naturaleza de la información, su entrega debe ser presencial a la peticionaria, previa acreditación de su identidad, o a su apoderado debidamente facultado, en los términos instruidos por este Consejo.

Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a su juicio, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agrega, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo que medie consentimiento de la persona evaluada en otorgar una publicidad total o parcial a su evaluación, lo que ocurre en la especie.

Por su parte, hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que el amparo debió rechazarse, toda vez que la ley no permite entregar las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas. Además, el acceso a dichos informes (incluso del propio solicitante) conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y por tratarse de un instrumento que contiene la apreciación de un experto.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2173-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de febrero de 2019, doña Consuelo Garcés Gagliano solicitó al Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca, lo siguiente:

"(...) informe detallado que me califica en el Concurso de Jefe de Depto. de Capacitación como no recomendada en la etapa psicolaboral. Solicito me indiquen las competencias específicas a las cuales no se ajustó mi perfil con las requeridas por el cargo y puntajes obtenidos por todos los participantes en la etapa psicolaboral, dividida esta información en etapa grupal e individual".

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 1774 de 14 de marzo de 2019, el organismo otorgó respuesta a la solicitud, proporcionando copia del perfil para el cargo de Jefe del Departamento de Capacitación y Formación. No obstante, de acuerdo al consentimiento informado firmado por la solicitante, el detalle de los informes psicolaborales no serán entregados a los postulantes de manera personalizada. Finalmente, respecto a los puntajes obtenidos por los participantes en el proceso de selección, se anexa tabal con el resultado final de la etapa psicolaboral (anonimizada).

3) AMPARO: El 18 de marzo de 2019, doña Consuelo Garcés Gagliano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta, en virtud a la falta de entrega de su informe psicolaboral. En tal sentido, expresa: "(...) debido a la existencia de un consentimiento informado obligatorio, el cual si no firmaba no podría participar del proceso de selección".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director del Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca, mediante Oficio N° E6466 de 14 de mayo de 2019.

El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Ord. N° 3862 de 30 de mayo de 2019, reiterando la negativa a proporcionar el antecedente reclamado, en virtud a la firma de la solicitante al documento "Consentimiento Informado Entrevista Psicolaboral", en el cual la postulante acepta haber leído las bases del proceso al que se encontraba postulando, aceptando que los resultados de las pruebas no serán entregados de manera personalizada.

Agregan, que sin la asistencia de un profesional del área de la psicología, las opiniones pueden ser mal interpretadas. Posteriormente, y en virtud al complemento de descargos solicitado por este Consejo, acompañan copia del aludido consentimiento, junto con indicar que no corresponde a los psicólogos laborales de la entidad retroalimentar el proceso psicolaboral; caso contrario, se configuraría la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, atendida la cantidad de personas que participan en estos procesos de selección.

Finalmente, anexan antecedentes de anterior requerimiento efectuado por la reclamante, correspondiente a la misma materia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de la evaluación psicolaboral de la reclamante, en su calidad de postulante al cargo que indica; antecedente que fue denegado por el organismo, con base a que previo a la evaluación pedida, la recurrente renunció a su conocimiento, firmando lo que denominan "Consentimiento Informado Entrevista Psicolaboral". A su vez, indican que la entrega de lo requerido debe ser con la debida orientación del profesional evaluador, lo que podría configurar la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto a la entrega de evaluaciones o informes psicolaborales que se hubiesen generado en el marco de concursos públicos, este Consejo, por mayoría de sus miembros, a partir de la decisión de amparo C1594-15, ratificado posteriormente en las decisiones de amparo roles C3218-15, C105-16, C2646-17, y C2554-18, entre otras, ha razonado que "las pericias psicolaborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Luego, los datos contenidos en dicho informe son datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. (...) En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), del citado cuerpo legal, la información contenida en el informe psicológico queda comprendida dentro de la expresión "datos sensibles" toda vez que se refiere a "características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (...) los estados de salud físicos o psíquicos (...)" según dispone el precepto aludido. Igualmente, debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa de la persona evaluada, quien al develar aspectos de la vida íntima permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta a favor de la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar la idoneidad del postulante en relación al cargo concursado" (énfasis agregado). A mayor abundamiento, se debe hacer presente que esta Corporación ha ordenado la entrega de este tipo de informes a su titular en las decisiones de amparos roles C2808-17 y C2809-17.

3) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal orden de ideas, la divulgación de informes psicolaborales procede sólo en aquellos casos en que el peticionario sea el titular de los mismos, pues en dicho caso la solicitud de acceso constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, o, en aquéllos casos en que el tercero titular de los datos haya consentido expresamente en su entrega. Se debe dejar establecido que, en este caso concreto, la reclamante es titular de dichos datos, atendido que el informe de idoneidad psicológica fue practicado respecto de su propia persona.

4) Que, de la revisión del documento "Consentimiento Informado Entrevista Psicolaboral", firmado por la recurrente previo a la realización de la evaluación consultada, se consigna "He leído las bases del proceso al que me encuentro postulando en el Hospital Regional de Talca (...) se me ha explicado que las preguntas y test aplicados en esta entrevista intentan medir el grado de ajuste con el perfil al cual postulo y no con el fin de realizar un diagnóstico clínico de mi persona (...) los resultados de las pruebas no me serán entregados a mí de manera personalizada, comprendiendo que si no soy seleccionado para la entrevista de comisión se debe a que no cumplí el grado de ajuste al perfil requerido para este proceso". En nuestra legislación, el término "Consentimiento informado", se encuentra establecido en el artículo 14 de la Ley N° 20.584 que "regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud", en virtud del cual toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, derecho que debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada. En tal sentido, homologando el consentimiento regulado en la normativa precitada, con aquel que invoca la recurrida para denegar la información solicitada, se verifica que en este último se informan los objetivos y destino de la entrevista en cuestión, sin embargo, además, va contenido de la renuncia a que el evaluado pueda acceder posteriormente a sus resultados, advirtiendo -en atención a lo expuesto por la reclamante en su amparo, lo cual no fue controvertido por la recurrida- que en caso de no firmar este documento el postulante en cuestión se vería impedido de continuar participando en el aludido certamen. Lo anterior, a juicio de este Consejo, no puede estimarse como una renuncia al derecho de autodeterminación informativa consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que aquella manifestación de voluntad se encuentra condicionada al interés legítimo del postulante de no ver obstaculizada su participación en el aludido concurso, siendo por tanto improcedente.

5) Que, frente a lo anterior, es oportuno destacar, en lo pertinente, que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 9644-2017, de fecha 19 de abril de 2018, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra de la decisión Amparo C862-17 de este Consejo, señaló: "el reconocimiento que hace la ley de que los postulantes a los concursos tienen derecho a acceder a su propia información, desde que los datos que se contienen en ellos son datos personales sensibles según lo dispone el artículo 2°, letra g), la ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, respecto de los cuales surge la titularidad a que se refiere el artículo 12 de aquel texto legal. De esta forma, la expresión "resultado de su evaluación" no puede sino referirse al contenido mismo de los datos personales vertidos en dicho informe. (...). Por lo que el informe, en su integridad, es un dato personal sensible del requirente. Adicionalmente, la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, se ha manifestado en este mismo sentido, estableciendo que el titular de los aludidos "informes psicolaborales" tiene derecho a acceder a su contenido. Por lo que, estando en presencia de una solicitud de datos propios del requirente, contenidos en un informe elaborado en el marco de los concursos a los que se presentó, el peticionario tiene derecho a conocer el contenido de los mismos, sin que ello ponga en riesgo ningún valor o principio" (considerando noveno). Acto seguido, agrega "al ser el titular de aquellos datos sensibles, quien solicita su entrega, no puede entenderse que respecto de él, rija la reserva o secreto, precisamente porque los datos son de su propiedad. Al titular de datos sensibles, le asiste el derecho de solicitarlos, y su entrega no puede ser rechazada, tal como lo ha expresado el Consejo para la Transparencia en la Decisión Amparo recurrida. Dicho derecho le asiste por cuánto es el solicitante el único titular de aquellos datos y el ente público, solo tiene el derecho al uso de aquella información para los efectos del proceso de selección, más no ha generado para sí derecho alguno sobre ellos, que importen una causal para excusar su entrega al requirente, por cuanto son datos única y exclusivamente de dominio del solicitante, sensibles para éste y privativos de su persona" (considerando undécimo).

6) Que, la anterior conclusión es compartida por el Tribunal Constitucional, quien precisamente conociendo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol 4785-18, presentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil respecto de los artículos 5° inciso 2°, 21 N° 1° letra b) de la ley N° 20.285 y 2° letra g) de la ley N° 19.628, en el citado reclamo de ilegalidad Rol N° 9644-2017, rechazó dicho requerimiento y señaló en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2019, que: "en el caso de marras es el propio postulante el que solicita conocer de sus antecedentes personales recabados en el proceso de selección antes mencionado, los cuales se encuentran protegidos especialmente por lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución. Así, esta Magistratura en reiterada jurisprudencia -con anterioridad incluso a la elevación expresa a nivel constitucional, en el recién mencionado precepto de la Carta Fundamental, del derecho a la protección de los datos personales y de la remisión efectuada al legislador, en relación a la forma y condiciones de su tratamiento y protección, efectuada por la ley de reforma N° 21.096, de 16 de junio de 2018- ha señalado que "El legislador ha definido la información relativa a la vida privada como datos sensibles y que, por ello, merecen especial protección. Así aparece en la Ley de Protección de la Vida Privado. Por el otro lado, se encuentran fuera del área protegida aquellos datos o aspectos que puedan generar repercusiones para la ordenación de la vida social y puedan afectar derechos de terceros o intereses legítimos de la comunidad. (STC 1.732 c. 27 y 28, y en el mismo sentido, STC 1.990 c. 36". En consecuencia, "Las evaluaciones personales se encuentran comprendidas en la vida privada de las personas, pues contienen datos denominados sensibles. Así lo señala la Ley de Protección a la Vida Privada, la Ley que regula la Política Personal de los Funcionarios Públicos y así lo ha establecido el Consejo para la Transparencia. (STC 1.990 c. 39 y 40).". En definitiva, podemos concluir que los antecedentes solicitados son públicos para su titular, quien tiene derecho, por lo tanto, a solicitar el informe psicolaboral elaborado en virtud de lo dispuesto en el artículo 55° incisos primero, tercero y cuarto letra d) de la Ley N° 19.882, manteniéndose la reserva únicamente respecto de terceros" (considerando vigésimo sexto).

7) Que, a su turno, en cuanto a la alegación del organismo relativa a la configuración del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, con base a que la entrega de lo pedido torna necesaria una retroalimentación de los profesionales a cargo de dichas evaluaciones respecto de los evaluados, será desestimada, toda vez que aquello no constituye lo requerido ni se traduce en la entrega de información en los términos descritos en el artículo 10 de la Ley precitada.

8) Que, conforme con todo lo expuesto precedentemente, procede acoger el presente amparo, ordenando la entrega del informe psicolaboral de la solicitante. Se hace presente que, en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros, de terceros distintos a la solicitante- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628, éstos deben ser tachados previo a la entrega de la información. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Finalmente, atendido que la información contiene datos personales sensibles de la requirente, al momento de la entrega el órgano deberá dar estricto cumplimiento a lo prescrito en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Consuelo Garcés Gagliano en contra del Hospital Regional de Talca, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca:

a) Entregue a la reclamante de copia de su informe psicolaboral generado con ocasión a su participación en el concurso público para proveer al cargo de Jefe de Capacitación y Formación, en los términos señalados en el considerando 8°

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a doña Consuelo Garcés Gagliano y al Sr. Director del Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca.

VOTO CONCURRENTE

La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quien respecto de la naturaleza de los informes psicolaborales elaborados en el marco de un concurso para proveer un cargo público, es menester hacer presente lo siguiente:

1) Que, cualquier análisis psicológico es un acto interpretativo, que depende significativamente de quien lo realiza, y que pese a sus posibles y conocidos errores descriptivos, puede ser útil para disminuir el margen de error a nivel agregado en la contratación.

2) Que, sin embargo, esta evaluación se da en el marco de una relación profesional cubierta legalmente por el secreto profesional, y es realizada en base a cierta información proporcionada por el propio "evaluado" bajo el encuadre de la confidencialidad. El evaluado consiente en que dicha opinión sea conocida por el evaluador y el equipo de selección de personal, y en ningún caso por terceros.

3) Que, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, además de opiniones profesionales más o menos acertadas, pero con pretensión de exactitud, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Asimismo, podría llegar a ser un acto constitutivo de delito (246 Código Penal, entre otros), por parte de quien divulgue la información, situación que este Consejo no puede amparar, en ausencia de consentimiento del evaluado.

4) Que, esta situación debe ser considerada de un valor tal, que su protección incluso se impondrá sobre el bien jurídico de la publicidad de los antecedentes generados en el marco de un procedimiento administrativo que tiene por objeto dotar al organismo de personal idóneo para el ejercicio de un cargo público, y que bajo circunstancias ordinarias, correspondería a información pública, escrutable y sujeta a control social de la ciudadanía.

5) Que, ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, a su juicio, debe ser protegida la reserva, salvo que medie consentimiento de la persona evaluada en otorgar una publicidad total o parcial a su evaluación, situación que ocurre en la especie.

VOTO DISIDENTE:

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, estimando que el amparo debe rechazarse, por las siguientes razones:

1) Que, un informe psicolaboral es la evaluación que un psicólogo realiza respecto de las características y habilidades de una persona que le permiten proyectar su idoneidad para desempeñar un determinado trabajo o cargo. Si bien esta evaluación se basa en información que la propia persona entrevistada revela y que puede versar sobre aspectos de su vida íntima, las valoraciones que realiza el psicólogo y la conclusión a la que arriba no son datos personales del entrevistado sino una opinión subjetiva de aquél, sobre la habilidad o competencia que éste tendría para desenvolverse con éxito en ciertas tareas y circunstancias. En efecto, más allá de los parámetros objetivos que pueden haber arrojado los test aplicados, las entrevistas personales y la evaluación final tienen un componente subjetivo en correlato con la experiencia del entrevistador. En consecuencia, la información contenida en el informe psicológico no es de aquellas "que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como ( ... ) los estados de salud físicos o psíquicos (...)", que según el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configuran los datos personales sensibles, pues en ellos no se trata de evaluar el estado de salud psíquico de una persona, sino su idoneidad laboral a través de un juicio de un profesional experto.

2) Que, dicho lo anterior, respecto de los informes psicolaborales cuyo acceso se solicita, es aplicable el criterio desarrollado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1556-12, C419-14 y C1977-14, conforme a los cuales se ha resuelto reservar tal información tanto para la persona a la que se refiere como para terceros que la han solicitado. En efecto, todo aquello que el profesional informante predica en su informe psicolaboral respecto de la persona entrevistada, particularmente la evaluación psicológica y de atributos, y la conclusión, corresponden a opiniones emitidas sobre la base de atributos previamente definidos por un mandante que desea reclutar personal que posea ciertas habilidades. Estas opiniones constituyen un juicio de expertos, esencialmente subjetivos y, por ende, difícilmente objetivables, cuya difusión podrá generar cuestionamientos al sistema de selección que expresen la insatisfacción de quienes no han sido seleccionados y que serían difíciles de zanjar. Por otra parte, ante la eventual difusión de su informe, el profesional podría inhibirse de expresar opiniones claras y asertivas, que redundaría en un deterioro de la utilidad esperada de esta herramienta como mecanismo eficaz para reclutar personal.

3) Que, en consecuencia, el acceso a los informes psicolaborales de los participantes en un concurso público, conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y, en consecuencia, procedía rechazar el presente amparo por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.