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Rodrigo Cáceres Moena con DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C974-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ordenando la entrega de los documentos que forman la parte de la metodología presentada por la empresa adjudicataria del proyecto consultado. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a los derechos económicos y comerciales de la empresa. En efecto, teniendo a la vista la información solicitada, no se advirtió la presencia de antecedentes de carácter comercial o económico, cuyo conocimiento pueda afectar los derechos del tercero interesado. Además, este último no explicó detalladamente cuál es la ventaja competitiva que se busca amparar y cómo ésta se dañaría, pues no basta que la información sea desconocida en el mercado para hacer operar la causal de reserva, sino cuando esa información, por su naturaleza, otorga una singular ventaja que es decisiva por su innovación o carácter inédito en la industria de que se trata, lo que no se ha demostrado en este caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C974-19

Entidad pública: Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Requirente: Rodrigo Cáceres Moena.

Ingreso Consejo: 30.01.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ordenando la entrega de los documentos que forman la parte de la metodología presentada por la empresa adjudicataria del proyecto consultado.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a los derechos económicos y comerciales de la empresa.

En efecto, teniendo a la vista la información solicitada, no se advirtió la presencia de antecedentes de carácter comercial o económico, cuyo conocimiento pueda afectar los derechos del tercero interesado. Además, este último no explicó detalladamente cuál es la ventaja competitiva que se busca amparar y cómo ésta se dañaría, pues no basta que la información sea desconocida en el mercado para hacer operar la causal de reserva, sino cuando esa información, por su naturaleza, otorga una singular ventaja que es decisiva por su innovación o carácter inédito en la industria de que se trata, lo que no se ha demostrado en este caso.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C974-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de diciembre de 2018, don Rodrigo Cáceres Moena solicitó a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la siguiente información: "Licitación Pública ID 821-11-O118 Restauración Casa Piñera, La Serena. Solicitamos la información completa del oferente Prado y Boui - Tandem Ltda. (...)".

2) OPOSICIÓN PARCIAL DEL TERCERO INTERESADO: Siendo debidamente notificado, la Empresa Tándem Limitada, mediante correo electrónico de 15 de enero de 2019, accedió a la entrega de lo requerido, con excepción de la metodología entregada en licitación. Lo anterior, debido a que se atentaría contra su interés profesional, en la medida que dicha metodología es producto de una construcción teórica y práctica de su equipo que refleja su conocimiento y experiencia en la materia.

3) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 105, de 25 de enero de 2019, el servicio entregó parcialmente la información solicitada, denegando los demás antecedentes debido a la oposición del tercero interesado en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 30 de enero de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial.

Al efecto, sostuvo en síntesis, que: "se omitió lo más importante de la licitación, que corresponde a la propuesta metodológica y las láminas de arquitectura, con las plantas, cortes, elevaciones, esquemas, memorias e imágenes 3D (...)".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Arquitectura, mediante oficio N° E4134, de fecha 31 de agosto de 2019, requiriendo que: (1°) informe la fecha en que comunicó prórroga y acompañe el comprobante de notificación de la misma; (2°) refiérase a las alegaciones señaladas por el requirente en su amparo, respecto a que la información entregada se encuentra incompleta; (3°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (6°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (8°) remita copia íntegra de la información denegada.

Luego, por medio de ordinario N° 475, de 17 de abril de 2019, el servicio reiteró lo señalado en su respuesta, haciendo referencia en síntesis, a los artículos 6°, 17 y 19 de la ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual.

Finalmente indicó que las bases de la licitación respectiva señalan que la metodología corresponde a información privada, lo cual a pesar de no constituir una causal de reserva, sí permite inferir al servicio la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, y por lo tanto requerir el consentimiento del tercero interesado.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero involucrado, esto es, a la Empresa Tándem Limitada, mediante oficio N° E6483, de fecha 14 de mayo de 2019.

Luego, mediante carta de 28 de mayo de 2019, el tercero en síntesis, indicó lo siguiente:

a) Respecto de la metodología, refirió que constituye un documento que refleja su aprendizaje, el que da cuenta de una forma de abordar y resolver propia.

b) Las láminas desarrolladas en el contexto de la licitación representan una propuesta de resolución conceptual, técnica y espacial de los requerimientos entregados por el mandante en la licitación. De esta manera se articulan láminas que abordan el desafío desde un estudio del contexto inicial, análisis técnico asociado y propuesta arquitectónica.

Sin perjuicio de lo anterior, se estima que las láminas son documentos que podrían eventualmente ser compartidos a los otros oferentes, en el entendido de la solicitud realizada. Lo anterior dado que son un desarrollo que si bien es propio, sirve de muestra del trabajo realizado, sus alcances y resolución.

c) La memoria es un documento sensible, dado que desarrolla un trabajo de análisis, los contenidos específicos para este proceso. La empresa podría verse vulnerada si el documento es copiado y no se realizaren las citas correspondientes. Adicionalmente, si se asumiera la información contenida en esta memoria como una verdad absoluta y no se desarrollaran los análisis y reflexiones que la respaldan, podrían ponerse en riesgo los valores y atributos de otros inmuebles patrimoniales.

7) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico de 4 de febrero de 2020, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano enviar copia de la información solicitada en este amparo, que corresponde a aquella que se indica en el punto 17.1.1 de las bases administrativas de la licitación, bajo el título de "Metodología". Lo anterior fue remitido por el servicio mediante diversos correos electrónicos de fecha 14 de enero de 2020.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a modo de contexto, se debe tener presente lo siguiente:

a) Por medio de resolución exenta N° 0409, de 1 de junio de 2018, se aprobaron las bases administrativas para la contratación de los trabajos de consultoría de la Dirección Regional de Arquitectura de la Región de Coquimbo, denominado "Restauración Monumento Histórico Casa Piñera, La Serena". En dichas bases, se precisa en el punto 17.1.1 que la oferta técnica deberá contener, entre otras cosas, la "metodología", respecto de la cual se indica que la empresa consultora deberá describir la forma en que se abordará cada uno de los alcances de la consultoría, debiendo además, considerar en su propuesta los criterios de intervención preliminares. Seguidamente, se establece que se deberá acompañar en este ítem, lo siguiente: a) Bosquejo arquitectónico de la propuesta, considerando el programa arquitectónico contenidos en los términos de referencia; b) la memoria conceptual de la propuesta, la cual incorporará en rasgos generales los criterios de intervención a realizar en el monumento; c) conceptos generales de especificaciones técnicas del proyecto, en donde se deberá referir a los procedimientos generales de restauración del inmueble existente y la obra nueva; y, d) el programa arquitectónico comparativo entre lo solicitado y lo proyectado.

b) Por otra parte, el decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el nuevo Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, establece en su artículo 41 y siguientes que en la evaluación de las ofertas técnicas, ponderará entre otras cosas, la metodología presentada por cada uno de los oferentes.

c) Luego, por medio de resolución exenta N° 866, de 11 de diciembre de 2018, se aprobaron los antecedentes y se aceptó la propuesta pública presentada por la empresa interesada en este amparo, para el diseño: "Restauración Monumento Histórico Casa Piñera, La Serena".

2) Que, expuesto lo anterior, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la metodología presentada por la empresa adjudicataria antes señalada, la cual fue denegada por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

3) Que, en un primer orden de ideas, de lo anotado en el considerando 1°, precedente, se extrae que la información reclamada en este amparo, constituye información pública en tanto en virtud de ella -más otros factores- la administración, por medio de la resolución exenta N° 866, de 11 de diciembre de 2018, aceptó la oferta presentada por la empresa interesada en este amparo. En este sentido, cabe tener presente que el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, establece que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan aplicarse en la especie.

4) Que, como se dijo previamente, se denegó la entrega de la información reclamada, en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Al respecto, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo).

5) Que, para ponderar la afectación alegada por la empresa, este Consejo tuvo a la vista la información reclamada, no advirtiendo antecedentes de carácter comercial o económico, cuyo conocimiento pueda afectar los derechos de la empresa. En tal sentido, analizando los documentos enumerados en la letra a), del considerando 1°, precedente, se apreció que más bien contienen información general sobre el diseño y plan de trabajo, sin poder observar ningún dato o antecedente relativo al know how en el desarrollo y generación de los secretos industriales o intelectuales de la empresa. Al respecto, cabe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie, no ha ocurrido. En efecto, el tercero interesado, no se ha explicado cuál es la ventaja competitiva que se busca amparar y cómo ésta se dañaría, pues no basta que la información sea desconocida en el mercado en una época dada para hacer operar la causal de reserva, sino cuando esa información, por su naturaleza, otorga una singular ventaja que es decisiva por su innovación o carácter inédito en la industria de que se trata, lo que no se ha demostrado en este caso.

6) Que, en este orden de ideas, el tercero interesado indicó que, respecto de las láminas reclamadas -parte de la metodología-, podrían eventualmente ser compartidas con los otros oferentes, dado que sirve de muestra del trabajo realizado, sus alcances y resolución. Al efecto, se debe señalar que esta declaración no viene sino a ratificar que la información solicitada no contiene información cuya entrega pueda afectar derechos económicos y comerciales de la empresa interesada, en la medida que aquella ha manifestado la posibilidad de entregar incluso a su propia competencia parte de la información reclamada en este amparo.

7) Que, sobre la alegación de un eventual perjuicio de los derechos de propiedad intelectual de la empresa, este Consejo ha sostenido en decisiones anteriores, que el criterio aplicable en relación a la afectación a los derechos de propiedad intelectual, es aquél contenido en el considerando 17° de la decisión recaída en el amparo Rol C694-12, en cuanto a que la divulgación de material reconocido por el derecho de autor no constituiría impedimento para que, con posterioridad, el autor de la obra ejerza los derechos morales y patrimoniales que le reconoce la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, ni para el ejercicio de las acciones que consagra dicho cuerpo legal, en caso de utilización de su obra. En dicho razonamiento se precisó que "(...) conviene señalar que si bien en una decisión anterior, Rol C339-10, este Consejo entendió que Ley de Propiedad Intelectual establecía que solamente el autor o la persona que éste autorice puede utilizar una obra, como también que sólo corresponde al titular de éste decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra" (considerando 23°), reclamada esta decisión de ilegalidad la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 6804-2010, de 24 de junio de 2011, resolvió en su considerando 8° que los propósitos de la Ley sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son radicalmente diferentes. La autorización prevista en la Ley de Propiedad Intelectual corresponde al permiso que otorga el titular del derecho de autor para que un tercero pueda "utilizar públicamente" una obra de su dominio privado, esto es, para que pueda publicarla por cualquier medio de comunicación al público, reproducirla a través de cualquier procedimiento, adaptarla o modificarla, ejecutarla públicamente, distribuirla o transferirla, sea en original o en ejemplares de la obra. En cambio, la autorización idónea para los efectos de la ley N° 20.285 tiene por única finalidad la de posibilitar el mero acceso a la información y, desde luego, en caso alguno importa un permiso para su aprovechamiento, ni menos comporta acto de disposición o de enajenación de la obra. Este Consejo, en lo sucesivo, estima que este último criterio es el que debe observarse en esta materia, rechazando en consecuencia la alegación planteada, lo cual se encuentra en línea además, con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 13 de marzo de 2019, causal Rol N° 137-2018, quien señaló en su considerando undécimo, que: "Al efecto cabe destacar, tal como lo hace el Consejo en su informe que los propósitos de la Ley Sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son diferentes, desde que en la primera la autorización es para su utilización y en la segunda sólo se posibilita el acceso a la información, lo que no importa un permiso para su aprovechamiento, quedando a salvo las acciones que contempla la ley para su protección".

8) Que, a mayor abundamiento, en la decisión de amparo Rol N° C217-13, este Consejo sostuvo que: "tratándose de un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social, incluidas las propuestas económicas y técnicas presentadas por la empresa adjudicataria". Misma idea se estableció en la decisión del amparo rol C509-09, en orden a que: "todos los antecedentes vinculados a las licitaciones públicas están sujetas a un escrutinio público mayor para que la ciudadanía pueda constatar que la adjudicación fue hecha al mejor oferente".

9) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, habiéndose desestimado la causal de reserva alegada, y siguiendo lo resuelto por este Consejo, en las decisiones de amparo roles C217-13, C2743-16 y C356-17, entre otros, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Cáceres Moena en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Arquitectura, que:

a) Entregue al solicitante copia de los siguientes documentos relacionados con el proyecto indicado en el numeral 1°, de lo expositivo, presentados por la empresa adjudicataria:

i. Metodología

ii. Bosquejo arquitectónico de la propuesta

iii. Memoria conceptual de la propuesta

iv. Conceptos generales de especificaciones técnicas del proyecto

v. Programa arquitectónico comparativo entre lo solicitado y lo proyectado.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Cáceres Moena, al Sr. Director Nacional de Arquitectura y a la Empresa Tándem Limitada, en su calidad de tercero interesado en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.