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Joaquín Ignacio Rodríguez Soza con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Rol: C4719-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, respecto de las actas consultadas, por existir pendiente un privilegio deliberativo, cuya publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, lo pedido se trata de información de naturaleza preliminar, consistente en las deliberaciones sobre la revisión del listado de enfermedades profesionales, cuya divulgación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la autoridad en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia. Asimismo, acceder a la divulgación de dichos antecedentes supondría afectar el normal desarrollo de las funciones de la Superintendencia, por cuanto ello podría restar margen de discrecionalidad a la toma de una decisión sobre el particular. En este mismo sentido, con la entrega anticipada de lo pedido, se alterarían las funciones de la SUSESO, en especial la referida a asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en materias de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que la técnica y experiencia aconsejen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4719-19

Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Requirente: Joaquín Ignacio Rodríguez Soza.

Ingreso Consejo: 27.06.2019.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, respecto de las actas consultadas, por existir pendiente un privilegio deliberativo, cuya publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

En efecto, lo pedido se trata de información de naturaleza preliminar, consistente en las deliberaciones sobre la revisión del listado de enfermedades profesionales, cuya divulgación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la autoridad en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia. Asimismo, acceder a la divulgación de dichos antecedentes supondría afectar el normal desarrollo de las funciones de la Superintendencia, por cuanto ello podría restar margen de discrecionalidad a la toma de una decisión sobre el particular. En este mismo sentido, con la entrega anticipada de lo pedido, se alterarían las funciones de la SUSESO, en especial la referida a asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en materias de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que la técnica y experiencia aconsejen.

Aplica criterio adoptado por este Consejo en las decisiones de amparo Rol C828-17, C6343-18 y C1064-19; y la Corte de Apelaciones de Santiago en reclamo de ilegalidad Rol Ingreso N° 4716-2015.

Finalmente, se recomienda al órgano que luego de adoptarse la medida o política respectiva, entregue copia al solicitante de la información requerida.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4719-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de mayo de 2019, don Joaquín Ignacio Rodríguez Soza solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social -SUSESO-, la siguiente información: "las actas de la mesa técnica formada entre la SUSESO y el Ministerio de Salud, la cual desde el año 2018 revisa la actualización de los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 109 de 1968. Todo lo anterior, se inició por Oficio Ord. 17.522, del 13 de Abril del 2017, de SUSESO al Ministerio de Salud. En definitiva, solo solicito las actas de la mesa técnica formada entre la SUSESO y el Ministerio de Salud desde el año 2018, quienes revisan los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 109 de 1968".

2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 4279, de 6 de junio de 2019, el órgano denegó la entrega de lo requerido, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que el trabajo que está realizando en conjunto con el Ministerio de Salud a objeto de actualizar las disposiciones del decreto supremo N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo, se encuentra pendiente de conclusión, incidiendo en dicho proceso directamente los antecedentes solicitados.

3) AMPARO: El 27 de junio de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, sostuvo en síntesis, que es cierto que lo solicitado por esta parte se trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política de la SUSESO. Sin embargo, no es efectivo que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano. Cita decisiones de este Consejo,

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante oficio N° E11490, de fecha 23 de agosto de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; y, (4°) remita copia íntegra de lo solicitado. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Luego, por medio de ordinario N° 5989, de 10 de septiembre de 2019, el servicio reiteró lo señalando en su respuesta, agregando en resumen, lo siguiente:

a) El artículo 20 del decreto supremo N° 109, de 1968, del Ministerio de Trabajo, establece que la SUSESO revisará, por lo menos cada 3 años, la nómina de enfermedades profesionales y de sus agentes, y propondrá al Ministerio del Trabajo las modificaciones que sean necesarias introducirle. Para tal efecto, la Superintendencia solicitará informe al Ministerio de Salud.

b) En cumplimiento de lo anterior, la Superintendencia inició el proceso de revisión de los artículos 18 y 19 del ya citado decreto supremo N° 109, para lo cual, mediante el oficio N° 17.522, del 13 de abril de 2017, solicitó informe técnico al Ministerio de Salud. A su vez, dicho Ministerio propuso a la SUSESO iniciar una mesa técnica para analizar la materia en forma conjunta, la cual inició su trabajo en el año 2018.

c) Entregar lo pedido, podría alterar dichas tareas de análisis técnico al incluir a actores no considerados hasta la fecha en el mismo, requiriendo que se modifique el listado referido, de acuerdo a las particularidades de las labores que efectúan, e incluso conforme a sus situaciones particulares en lo que se refiere a la calificación de sus propias patologías profesionales, lo que indudablemente alteraría las funciones de la SUSESO, en especial la contenida en la letra d) del artículo 2° de su normativa orgánica, contenida en la ley N° 16.395, referida a asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en materias de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que la técnica y experiencia aconsejen.

En efecto, poner en conocimiento del público los avances de reforma del listado de enfermedades profesionales, en el estado actual del mismo, podría alterar sustancialmente la función del servicio antes indicada.

d) Se adjuntan los antecedentes del trabajo realizado hasta la fecha, con conjunto con el Ministerio de Salud.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a modo de contexto, se debe tener presente lo siguiente:

a) El artículo 19 del decreto supremo N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo, que aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establece un listado de enfermedades profesionales.

b) Luego, el artículo 20 del citado decreto, dispone que: "La Superintendencia de Seguridad Social revisará, por lo menos cada 3 años, la nómina de enfermedades profesionales y de sus agentes, a que se refiere el artículo anterior, y propondrá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social las modificaciones que sea necesario introducirle. Para tal efecto, la citada Superintendencia solicitará informe al Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 C del DL N° 2.763, de 1979".

c) En cumplimiento de lo anterior, mediante el oficio N° 17.522, del 13 de abril de 2017, la Superintendencia solicitó informe técnico al Ministerio de Salud, quien propuso al primero iniciar una mesa técnica para analizar la materia en forma conjunta, comenzando su trabajo en el año 2018, el cual a la fecha del requerimiento, aun se encontraba en desarrollo.

2) Que, teniendo presente lo expuesto, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las actas de la mesa de trabajo sostenida entre la SUSESO y el Ministerio de Salud, en los términos anotados en el numeral 1°, de lo expositivo.

3) Que, el órgano envió a este Consejo los antecedentes del trabajo realizado hasta la fecha, en conjunto con el Ministerio de Salud, para efectos de tenerlos a la vista. Al respecto, cabe precisar que del análisis de dicha documentación si bien no se advierten "actas", sí se observan antecedentes donde se consignan deliberaciones, acuerdos o propuestas. En este sentido, aun cuando el requerimiento se refiere a un tipo de documento, se debe entender que al pedir actas, el solicitante lo que busca es conocer los acuerdos internos o propuestas que han ido adoptando los órganos involucrados en su mesa de trabajo -teniendo para ello presente la definición de "acta" que establece la RAE, esto es: "Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta"-. Desde esta perspectiva, dichas deliberaciones, de acuerdo a lo enviado por el órgano, se encuentran presentes en diversos documentos, tales como minutas, informes, tablas, etc., antecedentes cuya entrega es la que analizará, situación que resulta consistente con el Principio de Máxima Divulgación, consagrado en el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, conforme al cual: "(...) los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles (...)", interpretación que ha seguido la SUSESO en este caso al denegar la entrega de lo solicitado, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

4) Que, la causal alegada por el órgano permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del servicio requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

5) Que, según la jurisprudencia de este Consejo, para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

6) Que, en lo que atañe al requisito anotado en la letra a), precedente, éste indudablemente se configura en la medida que a la fecha del requerimiento de información, el órgano aún se encontraba deliberando sobre la modificación de los mencionados artículos 18 y 19, del citado decreto 109 del año 1968.

7) Que, por otra parte, en cuanto al segundo requisito anotado en la letra b), del considerando 4°, precedente, este Consejo advierte que la entrega de lo solicitado tiene el mérito de afectar el debido cumplimiento de las funciones del servicio. En efecto, lo consultado consiste en antecedentes que servirán de base a una medida o política de la autoridad administrativa requerida, vale decir, se trata de información de naturaleza preliminar, cuya divulgación a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la autoridad en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el literal b) del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. Asimismo, acceder a la divulgación de dichos antecedentes supondría afectar el normal desarrollo de las funciones de la Superintendencia sobre la materia, por cuanto ello eventualmente podría restar margen de discrecionalidad a la toma de una decisión sobre el particular. En este mismo sentido, el órgano entre otras cosas, sostuvo que con la entrega anticipada de lo pedido, se alterarían las funciones de la SUSESO, en especial la contenida en la letra d) del artículo 2° de su normativa orgánica, contenida en la ley N° 16.395, referida a asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en materias de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que la técnica y experiencia aconsejen.

8) Que, en este mismo orden de ideas, y relacionado con una situación similar, se pronunció la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 28 de julio de 2015, causa Rol 4716-2015, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de este Consejo -amparo rol C197-15-, razonando entre otras cosas, que: "(...) irradiar su conocimiento afectaba también el denominado privilegio deliberativo consagrado en el artículo 21 letra b) de la ley de Transparencia, perturbando el normal desarrollo de la agenda legislativa del Gobierno, ya que de publicitarse las diferentes alternativas que analizaba la administración en materia de despenalización del aborto, se afectaba el ámbito de discrecionalidad en la toma de decisiones de políticas públicas, constituyendo por ello, a la fecha en que fue solicitada y resuelta negativamente, en un antecedente exclusivo de uso interno, que se valoró al momento de definir la decisión final, la que culminó en la presentación del proyecto (...)".

9) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos anteriores, y en sintonía con lo resuelto en casos anteriores, entre otros, en las decisiones de amparo rol C828-17, C6343-18 y C1064-19, este Consejo rechazará el presente amparo, por configurarse en la especie, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, se recomendará a la SUSESO que luego de adoptarse la medida o política respectiva, entregue copia al solicitante de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Joaquín Ignacio Rodríguez Soza en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar a la Superintendencia, que luego de adoptarse la medida o política respectiva, entregue copia al solicitante de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Joaquín Ignacio Rodríguez Soza y al Sr. Superintendente de Seguridad Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.