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Claudia Villegas con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C1855-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, ordenando la entrega de los ocho expedientes pedidos por denuncias en contra de las escuelas y liceos de la comuna de Pinto en período indicado; referidos, específicamente, a materias de infraestructura; cobro transporte escolar; docente sin idoneidad profesional e incumplimiento de obligaciones laborales y maltratos de adultos a alumnos. Lo anterior, atendido que se desestimó la causal de reserva por distracción indebida invocada por el órgano; y luego de ponderarse, - atendida la naturaleza de la información que se consulta- que respecto de dichos expedientes resulta posible aplicar el principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Previo a su entrega deberán tarjarse la identidad de los menores que allí se contengan o cualquier dato que permita inferir su identificación; la identidad de los denunciantes, de los testigos y sus declaraciones; como asimismo, los datos personales de contexto y antecedentes sicológicos y de salud que allí se contengan. Lo anterior, en conformidad con la Ley sobre Protección a la vida privada, al principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia y a la atribución otorgada a este Consejo en el referido cuerpo legal. Aplica precedentes de los amparos roles C3571-17, C1790-18, C1894-18, C2577-18, C5112-18 y C5861-18, entre otros. Se rechaza el amparo respecto los cinco 5 expedientes pedidos que versan sobre maltrato físico y sicológico entre alumnos; cancelación de matrícula; discriminación de discapacidad física e intelectual y accidente escolar. Lo anterior, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628; por contenerse principalmente datos personales y sensibles de menores de edad, que deben ser tratados según las reglas y principios del tratamiento de datos sensibles, cuya revelación significa la afectación específica a la esfera de su vida privada, derecho también consagrado por la Constitución Política y la Convención de Derechos del Niño. Aplica criterio decisión de amparo rol C2730-19, entre otros


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1855-19

Entidad pública: Superintendencia de Educación

Requirente: Claudia Villegas

Ingreso Consejo: 05.03.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, ordenando la entrega de los ocho expedientes pedidos por denuncias en contra de las escuelas y liceos de la comuna de Pinto en período indicado; referidos, específicamente, a materias de infraestructura; cobro transporte escolar; docente sin idoneidad profesional e incumplimiento de obligaciones laborales y maltratos de adultos a alumnos.

Lo anterior, atendido que se desestimó la causal de reserva por distracción indebida invocada por el órgano; y luego de ponderarse, - atendida la naturaleza de la información que se consulta- que respecto de dichos expedientes resulta posible aplicar el principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

Previo a su entrega deberán tarjarse la identidad de los menores que allí se contengan o cualquier dato que permita inferir su identificación; la identidad de los denunciantes, de los testigos y sus declaraciones; como asimismo, los datos personales de contexto y antecedentes sicológicos y de salud que allí se contengan. Lo anterior, en conformidad con la Ley sobre Protección a la vida privada, al principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia y a la atribución otorgada a este Consejo en el referido cuerpo legal.

Aplica precedentes de los amparos roles C3571-17, C1790-18, C1894-18, C2577-18, C5112-18 y C5861-18, entre otros.

Se rechaza el amparo respecto los cinco 5 expedientes pedidos que versan sobre maltrato físico y sicológico entre alumnos; cancelación de matrícula; discriminación de discapacidad física e intelectual y accidente escolar.

Lo anterior, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628; por contenerse principalmente datos personales y sensibles de menores de edad, que deben ser tratados según las reglas y principios del tratamiento de datos sensibles, cuya revelación significa la afectación específica a la esfera de su vida privada, derecho también consagrado por la Constitución Política y la Convención de Derechos del Niño. Aplica criterio decisión de amparo rol C2730-19, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1855-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 03 de febrero de 2019 doña Claudia Villegas solicitó a la Superintendencia de Educación la siguiente información:

"Expedientes completos de todas las denuncias realizas en contra o respecto de todas las escuelas y liceos de la comuna de Pinto o de docentes dependientes del departamento de educación municipal, que hayan sido realizadas entre los años 2018 y 2019, con sus respectivos resultados, fecha de denuncia o fiscalización, denunciantes, resultados de dichas denuncias, y toda la información que permita su completa revisión."

2) RESPUESTA: El 28 de febrero de 2019, la Superintendencia de Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 0172, de 27 de febrero de 2019, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Tras efectuar una revisión de los antecedentes solicitados se logró determinar que existen 13 denuncias, y cada una de éstas contiene en cada expediente documentos presentados por los denunciantes, informes de análisis y derivación, ordinarios de comunicaciones, informes del establecimiento a modo de descargos, entre otros, y en el caso particular de esta solicitud existe una denuncia individualizada que derivó en procedimiento administrativo sancionatorio.

En razón de ello, se estableció que cada informe tendría al menos 100 páginas, lo que implicaría revisar y posteriormente tarjar cerca de 1300 páginas. En este sentido, se indicó que un funcionario puede revisar 200 páginas diarias y 1.000 en una semana y un día y medio, situación que implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del Servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, por lo que se denegó la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra c), de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 05 de marzo de 2019, doña Claudia Villegas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.

Además, la reclamante hizo presente, lo siguiente "Yo pedí información sobre denuncias contra escuelas o docentes del municipio de Pinto durante el año 2018 y 2019. Sin embargo el recurrido solo indica cantidad de denuncias (13), (...) es dudosa la efectividad de que el volumen de información sea tanto por cada caso, y considerando que podrían haber hecho uso de la prórroga, si se trataba de revisar la documentación solo hay que reservar -tarjar- la información correspondiente a los RUT, porque la individualización de los involucrados en ninguna ley es reservada."

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E5714, de fecha 27 de abril de 2019 confirió traslado al Sr. Superintendente de Educación, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel.

Por ordinario 10 DJ N° 0818, de fecha 13 de mayo de 2019, el órgano evacuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

Reitera que existen 13 denuncias en contra de las escuelas y docentes consultados y la relación tiempo - funcionario y volumen de la documentación que habría que revisar para tachar de datos personales que allí se contienen previo a su entrega. Asimismo, hace presente que estas denuncias contienen documentos mucho más complejos para realizar tratamiento de datos, ya que normalmente hablan de situaciones como maltrato a menores, entre otras, cuya tarea implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de este Servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, concurriendo la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 06 de febrero de 2020, para una debida resolución del presente caso, se requirió al órgano remitir copia de los expedientes pedidos.

Con fecha 24 de enero de 2020, el órgano remitió un cuadro explicativo indicando: N° de atención; materia; cantidad de páginas; etapa; resultado general de los expedientes reclamados e imposibilidad de aplicar o no divisibilidad. Luego con fecha 12 de febrero de 2020, remitió un link para acceder a dichos expedientes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor del presente amparo, este Consejo entiende que tiene por objeto la entrega de los 13 expedientes informados por el órgano con ocasión de la respuesta, con las denuncias realizas en contra de las escuelas y liceos de la comuna de Pinto y de docentes dependientes del departamento de educación municipal, realizadas entre los años 2018 y 2019. En tal sentido la Superintendencia de Educación denegó dicha información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada, cabe precisar que conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que «se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales».

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, en la especie, el órgano no cumple con el estándar exigido por este Consejo para probar fehacientemente de qué manera se configura la concurrencia de la causal alegada, toda vez que según los expedientes tenidos a la vista se constata que la Superintendencia ponderó la relación tiempo-funcionario con el volumen de la información, en base a una estimación aproximada de la cantidad de páginas a revisar, ya que en los hechos, según los expedientes tenidos a la vista, el volumen a revisar resulta ser significativamente menor. Además, no se acreditó suficientemente, de qué manera el tarjado de la información pedida, entorpecería el normal o debido funcionamiento del organismo, según el estándar señalado precedentemente; por lo que la causal invocada será desestimada.

6) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, se debe tener presente que dada la naturaleza de la información pedida, este Consejo examinó los expedientes solicitados y constató que se encuentran concluidos, y que ocho (8) de ellos versan sobre las siguientes materias: (2) infraestructura deficiente; (1) cobro a alumno prioritario - por transporte escolar -; (1) denuncia de docente sin idoneidad profesional; (1) incumplimiento de obligaciones laborales, y (3) maltratos de adultos a alumnos; y otros cinco (05), en los que se contienen principalmente datos personales y sensibles de menores de edad; versan sobre (2) maltrato físico y sicológico entre alumnos; (1) cancelación de matrícula; (1) discriminación de discapacidad física e intelectual, y (1) accidente escolar.

7) Que, respecto, de estos cinco últimos expedientes citados en que se contienen principalmente datos de menores, se debe tener en cuenta lo prescrito en el artículo 2, letras f) y g), de la ley N° 19.628, con relación a lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, que señala que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. // El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". De esta forma, la protección del interés superior del niño supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima.

8) Que, de esta forma, la información sobre datos personales de un menor de edad (incluido cualquier dato que permita la identificación de éstos) no podrá ser tratada si no es de conformidad con las reglas y principios del tratamiento de datos en su aplicación a los calificados como sensibles, los que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, "No pueden ser objeto de tratamiento (...) salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular [representante legal] o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares", situaciones que no se verifican para el presente caso; por lo que se estima que la revelación de la identidad, así como cualquier dato que permitiere la identificación de los menores de edad involucrados en los expedientes requeridos, produciría la afectación específica a la esfera de su vida privada, derecho que también es consagrado en la Constitución en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

9) Que, en virtud de lo precedentemente señalado y atendida la naturaleza de los antecedentes, y advirtiéndose la dificultad de aplicar el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, literal e), de la Ley de Transparencia; en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, se reservarán dichos antecedentes por constituir datos personales y sensibles en los términos establecidos en la Ley N° 19.628. Por lo anteriormente razonado, se rechazará el amparo respecto de estos cinco (5) expedientes, en razón de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Aplica criterio decisión de amparo rol C2730-19, entre otras.

10) Que, a su turno, respecto de los restantes ocho (8) expedientes, en los cuales, si bien en algunos de estos se constata que contienen datos de menores, de denunciantes y declaraciones de testigos, a juicio de este Consejo, resulta posible aplicar el citado principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. En este sentido cabe señalar lo razonado por este Consejo respecto de antecedentes sobre denuncias de acoso efectuada al interior de un servicio público. "Al efecto, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 razonó que: «la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias». (Énfasis agregado).

11) Que, del mismo modo, en la decisión de amparo Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.

12) Que, en dicho contexto, divulgar íntegramente los expedientes analizados supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.

13) Que, en consecuencia, atendido lo señalado y a la naturaleza de lo pedido, se acogerá parcialmente el amparo respecto de estas ocho (8) denuncias y se ordenará su entrega, tarjada la identidad de los menores que allí se contengan y cualquier dato o antecedente que permita inferir su identificación, como asimismo, la identidad de los denunciantes y de los testigos y cualquier dato o antecedente que permita inferir su identificación. Asimismo, en conformidad con lo dispuesto los artículos 2°, letras f) y g) y 4° de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la vida privada y en aplicación del referido principio de divisibilidad, previo a su entrega, se deberán anonimizar todo aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, por ejemplo; el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, como asimismo los antecedentes sicológicos y datos de salud. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Claudia Villegas en contra de la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante:

- Los ocho expedientes de denuncias realizas en contra de las escuelas y liceos de la comuna de Pinto y de docentes dependientes del departamento de educación municipal, realizadas entre los años 2018 y 2019, específicamente, los referidos a las siguientes materias: (2) infraestructura deficiente; (1) cobro a alumno prioritario (por transporte escolar); (1) denuncia de docente sin idoneidad profesional; (1) por incumplimiento de obligaciones laborales, y (3) por maltratos de adultos a alumnos.

Previo a su entrega deberán tarjarse los datos y antecedentes que se señalan en el Considerando 13° precedente. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto los artículos 2°, letras f) y g) y 4° de la ley N° 19.628, sobre Protección a la vida privada; en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, literal e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de los cinco expedientes que versan sobre maltrato físico y sicológico entre alumnos; cancelación de matrícula; discriminación de discapacidad física e intelectual y accidente escolar; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Claudia Villegas y al Sr. Superintendente de la Superintendencia de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.