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Patricio Sánchez González con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C2980-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones, ordenando la entrega de la cantidad de funcionarios declarados inválidos de primera y segunda clase desde el año 2010 al 2013, indicando por cada año la cantidad y el tipo de enfermedad o lesión. Lo anterior, por tratarse de información pública, sin que el órgano haya acreditado fehacientemente la inexistencia de estos antecedentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2980-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Patricio Sánchez González

Ingreso Consejo: 23.04.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones, ordenando la entrega de la cantidad de funcionarios declarados inválidos de primera y segunda clase desde el año 2010 al 2013, indicando por cada año la cantidad y el tipo de enfermedad o lesión.

Lo anterior, por tratarse de información pública, sin que el órgano haya acreditado fehacientemente la inexistencia de estos antecedentes.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2980-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de marzo de 2019, don Patricio Sánchez González solicitó a la Policía de Investigaciones, en adelante también denominada PDI, la siguiente información:

"(...) Cantidad de funcionarios declarados inválidos de primera y segunda clase a partir del año 2010, indicando por cada año, la cantidad y tipo de enfermedad o lesión."

2) RESPUESTA: El 23 de abril de 2019, la Policía de Investigaciones respondió a dicho requerimiento de información indicando que se accede a la entrega de la información requerida, haciendo presente que se registran antecedentes a contar del año 2014.

3) AMPARO: El 23 de abril de 2019, don Patricio Sánchez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada es parcial.

Además, el reclamante hizo presente, que la PDI se niega a entregar la misma información concedida a través de una solicitud de información anterior, de fecha 24 de julio del 2018, que adjunta, la que al ser comparada con su respuesta, se aprecia que se omitió en su requerimiento el periodo comprendidos entre los años 2010 al 2013, que es la que necesita, pues allí aparece el informe técnico que requiere, pues él padece esa misma enfermedad.

Agrega que las cifras de jubilados por invalidez informadas tampoco coinciden con la solicitud anterior, con lo cual se estaría incurriendo en los delitos que indica, por lo que requiere se incaute el aludido informe a objeto que no sea destruido.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E8510, de 25 de junio de 2019, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones solicitante que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) señale por qué no se habría proporcionado la información del periodo 2010-2013, considerando que en otra solicitud cuyo tenor literal es el mismo, sí se otorgaron dichos antecedentes; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

Mediante ORD. N° 659, 04 de julio de 2019, el órgano evacuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

Con ocasión de la respuesta se acompañó un archivo en formato Excel con los antecedentes pedidos, los que en su oportunidad se recopilaron hasta la fecha en que se evacuó la citada respuesta, - años 2014 al 2017 - siendo estos datos esencialmente modificables y sujetos a actualización permanente, dado que, el procedimiento de otorgamiento del beneficio de invalidez de primera o segunda clase es un proceso complejo, que consta de diversas etapas, procedimiento en que además, intervienen para su resolución otros órganos de la Administración del Estado.

En consecuencia, la información requerida por el peticionario no ha sido denegada u ocultada, sino que fue cabalmente entregada dentro de plazo, con los antecedentes que se contaban en su oportunidad. En este sentido, expresa que la Institución no se hará cargo de los documentos entregados a otro solicitante, puesto que, los datos relativos a las invalideces que se otorgan a funcionarios de esta Institución pueden ser eventualmente modificados y actualizados, del mismo modo, que el formato o archivo en que estos datos se contienen.

De acuerdo con lo señalado, en la especie, no se ha configurado alguna causal de reserva o secreto, puesto que la respuesta fue entregada oportunamente con los antecedentes que la unidad competente mantenía al momento de evacuar el requerimiento en estudio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor del presente amparo, este Consejo entiende que se circunscribe a la entrega de la cantidad de funcionarios declarados inválidos de primera y segunda clase desde el año 2010 al 2013, desglosada en la forma que se señala en el N°1 de lo expositivo. Al efecto, la reclamada señaló en sus descargos, que remitió toda la información que obraba en su poder a la fecha de la respuesta, esto es, desde el año 2014 al 2017; por tanto, la información de los años reclamados sería inexistente.

2) Que, conforme ha resuelto reiteradamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.

3) Que, en tal sentido, a juicio de esta Corporación, no se ha logrado satisfacer el estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N° 10 y que fuere fijado por este Consejo, estimándose que no se ha acreditado suficientemente la inexistencia de la información reclamada; pues, en la especie, la reclamada no ha dado cuenta de ninguna gestión de búsqueda de la información requerida en particular, ni de haberse agotado todos los medios a su disposición para encontrar la documentación pedida. En los hechos, se ha limitado a expresar que con ocasión de la respuesta recopiló toda la información que obraba en su poder a esa fecha.

4) Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que, analizados los antecedentes tenidos a la vista, se constata que la PDI, - tal como señala el reclamante -, entregó en julio del año 2018, con ocasión de una solicitud de idéntico tenor, información correspondiente a los años 2010 al 2013. En este sentido, a juicio de este Consejo, atendida la naturaleza estadística e histórica de la información que se consulta y la data de las solicitudes en comento, no resultan plausibles los argumentos invocados por la reclamada, en orden a que ya no obran en su poder los antecedentes entregados en la solicitud anterior, fundado en que se trata de información esencialmente variable; circunstancia, en todo caso, que tampoco la eximiría de realizar una búsqueda acuciosa de la información requerida.

5) Que, en virtud de lo señalado, y no habiéndose acreditado fehacientemente la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni obrando en poder de este Consejo antecedentes que den cuenta del agotamiento de todos los medios a su disposición e instancias para encontrar los antecedentes solicitados, se acogerá el presente amparo y se ordenará entregar la información reclamada.

6) Que, no obstante lo señalado, se hace presente a la reclamada, que atendida la naturaleza de la información pedida, con ocasión de la respuesta debió reservar los nombres de los funcionarios asociados a las declaraciones de invalidez consultadas, toda vez que dicha información no fue requerida.

7) Que, finalmente, respecto de los delitos en que según el recurrente habría incurrido la PDI y al requerimiento de incautar el documento que indica, se debe hacer presente que este Consejo no se pronunciará en tal sentido, por cuanto ello excede el ámbito de su competencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Patricio Sánchez González, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Director General de la Policía de Investigaciones, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante la siguiente información:

- Cantidad de funcionarios declarados inválidos de primera y segunda clase desde el año 2010 al 2013, indicando por cada año, cantidad y tipo de enfermedad o lesión. Se deberá tener presente lo señalado en el considerando 6° precedente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Sánchez González y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.