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Myriam Correa Osorio con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C2576-19

Consejo para la Transparencia, 27/02/2020

Se tiene por atendida la solicitud formulada a la Superintendencia de Educación, tras hacer efectivo el apercibimiento consistente en que transcurrido el plazo señalado, sin que se haya recibido comunicación alguna de parte de la reclamante, se entenderá que se encuentra conforme con los antecedentes entregados por el organismo, relativos a una denuncia efectuada a la Superintendencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2576-19

Entidad pública: Superintendencia de Educación

Requirente: Myriam Correa Osorio

Ingreso Consejo: 08.04.2019

RESUMEN

Se tiene por atendida la solicitud formulada a la Superintendencia de Educación, tras hacer efectivo el apercibimiento consistente en que transcurrido el plazo señalado, sin que se haya recibido comunicación alguna de parte de la reclamante, se entenderá que se encuentra conforme con los antecedentes entregados por el organismo, relativos a una denuncia efectuada a la Superintendencia.

En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2576-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de marzo de 2019, doña Myriam Correa Osorio solicitó a la Superintendencia de Educación la siguiente información: "documentos de denuncia dirigida a la Superintendencia de Educación con fecha agosto 2018. Número caso 97563".

2) RESPUESTA: El 26 de marzo de 2019, a través de Ord. 10DJ N° 0227, la Superintendencia de Educación respondió a dicho requerimiento de información señalando que se accede a la entrega de lo solicitado, por medio del link que indica.

3) AMPARO: El 8 de abril de 2019, doña Myriam Correa Osorio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial, ya que, al solicitar toda la documentación, faltó agregar la Resolución Exenta Administrativa final del caso.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de la Superintendencia de Educación, mediante Oficio E8233 de 20 de junio de 2019, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, considerando que fue remitida la Resolución Exenta final del Caso N° 97563; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. 10DJ N° 1213, de fecha 5 de julio de 2019, el órgano presentó descargos, en los que, en síntesis, señala que el artículo 57 de la Ley N° 20.529, prescribe que: "La Superintendencia recibirá las denuncias y los reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes" agregando el artículo 58 que "Para los efectos de esta ley la denuncia es el acto escrito u oral por medio del cual una persona o grupo de personas directamente interesadas y previamente individualizadas ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan".

Añade que, atendido al mérito de los antecedentes, es relevante asentar que la denuncia se origina desde su presentación, pasando por la investigación, recopilación, análisis de antecedentes, y la posterior derivación de los antecedentes desde el Encargado de la Unidad Regional de Comunicaciones y Denuncias a la Encargada Regional de Fiscalización, siendo las actuaciones posteriores del equipo de fiscalización y del eventual proceso administrativo sancionatorio de los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, actuaciones relacionadas pero no propias de la denuncia en comento, siendo ello suficiente para no haber sido entendidas como parte integrante de la solicitud de acceso a la información en estudio, entre ellos la resolución exenta objeto del amparo.

Finalmente, afirma que, de igual manera, se debe precisar, que si bien la resolución exenta que resuelve el proceso administrativo sancionatorio no fue otorgada a la solicitante por no haber sido requerida expresamente en su solicitud, sino únicamente en su amparo, en este acto y por razones de buen servicio, se decide adjuntar el documento ahora requerido a los presentes descargos, accediéndose a su entrega.

6) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E1094, de 27 de enero de 2020, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información remitida por el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. A la fecha, no consta que la reclamante haya evacuado pronunciamiento en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de respuesta a la solicitud descrita en el primer párrafo de lo expositivo, procediendo la entidad recurrida, con ocasión de sus descargos en esta sede, a acompañar los antecedentes que darían respuesta a la solicitud de la reclamante, manifestada en su amparo.

2) Que, ante la circunstancia descrita en el considerando anterior, este Consejo consultó a la parte reclamante, mediante oficio individualizado en el N° 6 de lo expositivo, su conformidad con la información proporcionada por el órgano reclamado, bajo apercibimiento que de no pronunciarse al respecto en el plazo señalado, se entenderá que se encuentra conforme con los antecedentes entregados.

3) Que, a la fecha y encontrándose vencido el plazo otorgado, la reclamante no ha realizado presentación alguna ante este Consejo a fin de pronunciarse conforme fue pedido, por lo que cabe hacer efectivo el apercibimiento señalado y concluir que se encuentra conforme con la información entregada por órgano recurrido, teniéndose por atendida, por tanto, la solicitud que motivó la presente acción.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Tener por atendida la solicitud realizada por doña Myriam Correa Osorio a la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Myriam Correa Osorio y al Sr. Superintendente de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.