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Cristóbal Muñoz con MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Rol: C4360-19

Consejo para la Transparencia, 12/02/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Las Condes, relativo a la entrega de todos los documentos que regulen los procedimientos adoptados por el personal de seguridad ciudadana municipal. Lo anterior, por tratarse de información pública que se encuentra en poder del órgano, respecto de la cual se desestima la concurrencia de las causales de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y de afectación de los derechos de terceros, en ambos casos, por no haber sido debidamente argumentadas ni acreditadas por el municipio. Además, se estima que existe un interés público involucrado en el conocimiento de la información requerida, por cuanto su publicidad permite un control social respecto de la actuación dentro del marco legal aplicable a la actividad desarrollada por los municipios.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4360-19

Entidad pública: Municipalidad de Las Condes

Requirente: Cristóbal Muñoz

Ingreso Consejo: 18.06.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Las Condes, relativo a la entrega de todos los documentos que regulen los procedimientos adoptados por el personal de seguridad ciudadana municipal.

Lo anterior, por tratarse de información pública que se encuentra en poder del órgano, respecto de la cual se desestima la concurrencia de las causales de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y de afectación de los derechos de terceros, en ambos casos, por no haber sido debidamente argumentadas ni acreditadas por el municipio.

Además, se estima que existe un interés público involucrado en el conocimiento de la información requerida, por cuanto su publicidad permite un control social respecto de la actuación dentro del marco legal aplicable a la actividad desarrollada por los municipios.

En sesión ordinaria N° 1073 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4360-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de mayo de 2019, don Cristóbal Muñoz solicitó a la Municipalidad de Las Condes, la siguiente información: "copia digital de todos los manuales, protocolos, documentos y/o actos administrativos que regulen, normen o describan los procedimientos adoptados por el personal de seguridad ciudadana (o cualquiera sea su denominación) en materia de delitos flagrantes (incluida la detención de delincuentes), accidentes de tránsito, persecuciones, incendios, y en general, cualquier procedimiento en que dicho personal se vea involucrado".

2) RESPUESTA: El 13 de junio de 2019, a través de Oficio N° 706, la Municipalidad de Las Condes respondió al requerimiento de información, denegando el acceso en virtud de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, indicando que "se deniega totalmente la información solicitada, invocando la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N.° 2, de la Ley de Transparencia, ya que son estratégicos para la dirección y no es conveniente su publicación".

3) AMPARO: El 18 de junio de 2019, don Cristóbal Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, mediante Oficio E11220 de 13 de agosto de 2019, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ordinario Municipal N° 138, de fecha 30 de agosto de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, aclara que cuenta con un documento denominado "Protocolos de Procedimientos y Patrullaje e Inspección", elaborado por el Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia, de la Dirección de Seguridad Pública, el que regula los siguientes protocolos de procedimientos:

1. Patrullaje preventivo de seguridad.

2. Fono vacaciones.

3. Labor inspectiva y fiscalización.

4. Alarma PAT.

5. Alarma particular en domicilio fonovacaciones.

6. Activación de alarma particular.

7. Ruidos molestos - domicilios particulares y espacios públicos.

8. Ruidos molestos - provocados por la construcción.

9. Procedimiento de suicidio.

10. Robo en casa de fonovacaciones.

11. Robo en domicilio sin moradores.

12. Robo en domicilio con moradores - intimidación y/o violencia.

13. Robo de vehículo en vía pública.

14. Detenidos por funcionarios municipales.

15. Accidente de tránsito.

16. Emergencias climáticas - calles anegadas.

17. Emergencias climáticas - cortes de energía eléctrica.

18. Emergencias climáticas - desganche o árbol derribado.

19. Emergencias climáticas - domicilio anegado.

20. Emergencias climáticas - entrega de manga plástica.

21. Emergencias climáticas - paso bajo nivel anegado.

22. Emergencias climáticas - instalación de sacos de arena.

23. Emergencias climáticas - sumideros tapados o embancados.

24. Emergencias climáticas - tapas cámaras sueltas o fuera de su base.

Señala que, además, el municipio posee un documento denominado "Plan de Emergencia", elaborado por la Dirección de Seguridad Pública, para situaciones de catástrofe o emergencia.

De lo que concluye que no existen protocolos de procedimientos ante delitos flagrantes o persecuciones policiales.

Indica que, los inspectores municipales tienen un período de instrucción al momento de ingresar, durante el cual se les realizan múltiples capacitaciones y se les instruye que, en el caso de delitos flagrantes, deben ajustar sus actuaciones a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal. Asimismo, se les señala que el personal municipal no debe realizar persecuciones policiales.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, frente a delitos flagrantes y/o delitos graves en que uno o más delincuentes huyen del sitio del suceso, los inspectores municipales están autorizados para realizar labores de seguimiento a distancia, a fin de informar a la Central de Comunicaciones datos como las coordenadas de posicionamiento de los hechores o las placas patentes de los vehículos involucrados, los cuales, a su vez, son comunicados a Carabineros de Chile.

Asimismo, indica que, tampoco existe un procedimiento establecido para el caso específico de incendios, ya que los inspectores municipales sólo realizan labores de aislamiento del sitio del suceso. No obstante, la Dirección de Seguridad Pública se encuentra confeccionando un protocolo de actuación, que contemple eventualmente algunas intervenciones de salvamento, atendido a que son los primeros en concurrir al lugar.

Recuerda que, respecto de los documentos mencionados, el Municipio invocó la causal de secreto o reserva de la información del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia "ya que son estratégicos para la Dirección y no es conveniente su publicación".

Adicionalmente, sostiene que concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia, por cuanto se afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguridad Pública de la municipalidad, en materia de prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, y seguridad pública a nivel comunal, conforme a lo dispuesto en los artículos 4°, letras i) y j) y 16 bis de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ello, por cuanto los textos denominados "Protocolos de Procedimientos y Patrullaje e Inspección" y "Plan de Emergencia", contienen el detalle de las labores que los inspectores municipales de la Dirección de Seguridad Pública deben realizar, de forma secuencial, ante determinadas situaciones, las cuales, en caso de publicidad, comunicación o conocimiento de terceros, puede llegar a entorpecer o perjudicar sus funciones ante eventuales cuestionamientos, ya sea por antecedentes recopilados, parcialmente recolectados o no obtenidos. Además, los protocolos regulan la función interna de la Dirección de Seguridad Pública, sin la intervención o injerencia de terceros. Por esta razón, son considerados estratégicos para dicha Dirección no siendo conveniente su publicación.

Añade que, eventualmente, la divulgación de estos protocolos repercutiría negativamente en la seguridad de las personas, motivo por el cual se invocó en su oportunidad el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia de todos los documentos que regulen los procedimientos adoptados por el personal de seguridad ciudadana municipal, en materia de delitos flagrantes, accidentes de tránsito, persecuciones, incendios, y en general, cualquier procedimiento en que dicho personal se vea involucrado, reconociendo el órgano reclamado que algunos de los antecedentes solicitados se encuentran en su poder, denegado, sin embargo, el acceso a los mismos, invocando las causales de secreto o reserva de los números 1 y 2, del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en el caso de la causal de afectación del debido cumplimiento de las funciones del municipio, en particular de la Dirección de Seguridad Pública, en materia de prevención de riesgos, prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, y seguridad pública a nivel comunal, a juicio del órgano, se verificaría por contener los documentos solicitados el detalle de las labores que los inspectores municipales deben realizar, de forma secuencial ante determinadas situaciones, cuya publicidad podría llegar a entorpecer sus funciones ante "cuestionamientos, ya sea por antecedentes recopilados, parcialmente recolectados o no obtenidos".

3) Que, en este contexto, se debe considerar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo, es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En el presente caso, no se observa en la argumentación del órgano la debida explicación de la manera en la que la entrega de la información obstaculizaría el cumplimiento de sus deberes en materia de seguridad, y mucho menos, se cuenta con antecedentes que, a través de su ponderación, permitan a este Consejo tener por acreditada dicha alteración en el desenvolvimiento regular del órgano reclamado.

4) Que, resulta ilustrativo mencionar que la Contraloría General de la República, ha resuelto que: "en lo que se refiere a las atribuciones de las municipalidades en materia de seguridad (...) debe considerarse que el artículo 4°, letra j), de la ley N° 18.695, dispone que esas entidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Así, se advierte del propio tenor literal de la precedente disposición, que la normativa ha permitido a las entidades edilicias ejercer funciones relacionadas con la seguridad pública de la comuna respectiva, de manera que aquellas se encuentren habilitadas para adoptar medidas referidas a dicho ámbito, siempre que ello no implique invadir las atribuciones de los organismos competentes en la materia, como sucede en la especie. Lo anterior, teniendo en especial consideración que los organismos públicos se encuentran sometidos al anotado principio de juridicidad, por lo que no pueden atribuirse el ejercicio de funciones que la preceptiva ha reservado a otras entidades del Estado" (Dictamen N° 15.919-2017). Bajo dicho marco regulatorio, cobra relevancia la posibilidad de efectuar control ciudadano sobre las facultades y atribuciones que se conceden a los inspectores municipales, que luego se manifiestan en su accionar, con la finalidad de determinar si se encuentran dentro del ámbito de competencia que el legislador les ha entregado a los municipios, o si, por el contrario, se está actuando en la órbita de atribuciones de otros órganos del Estado, en materias que la ley ha entregado de forma exclusiva a las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

5) Que, bajo estos argumentos, y no habiéndose fundado ni acreditado debidamente la causal de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, será rechazada, estimándose, además, que existe un interés público involucrado en el conocimiento de la información requerida, por cuanto su publicidad permite un control social respecto de la actuación del municipio dentro del marco legal aplicable a la actividad.

6) Que, tratándose de la causal de afectación de los derechos de las personas, que el órgano funda someramente en el hecho de que, eventualmente, la divulgación de los protocolos repercutiría negativamente en la seguridad de los vecinos de la comuna, se debe considerar igualmente el estándar que para la procedencia de estas figuras de excepción ha establecido el legislador y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, que fue explicado en el considerando 3 precedente, y que en el caso de esta causal, tampoco se encuentra satisfecho, ya que el municipio no ha explicado cómo la entrega de la información afectaría los derechos de las personas, lo que le fue expresamente solicitado en el segundo punto del oficio de traslado, según se detalló en el número 4 de la parte expositiva. Lo anterior, lleva al rechazo de esta segunda causal de reserva o secreto alegada.

7) Que, por expuesto, se acogerá el presente amparo, ordenando al municipio reclamado la entrega de los documentos denominados "Protocolos de Procedimientos y Patrullaje e Inspección" y "Plan de Emergencia", solicitados por el reclamante y que el órgano ha reconocido tener en su poder.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Cristóbal Muñoz en contra de la Municipalidad de Las Condes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia digital de los documentos denominados "Protocolos de Procedimientos y Patrullaje e Inspección" y "Plan de Emergencia".

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristóbal Muñoz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.