logo
 

Eduardo Reveco Soto con SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (SERNAC) Rol: C3778-19

Consejo para la Transparencia, 12/02/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional del Consumidor, respecto del plan de fiscalización consultado. Lo anterior, toda vez que su entrega afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, la publicidad de lo solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio, que de ser conocidos previamente por los fiscalizados, les facilitarían eludir la acción del fiscalizador, afectando de ese modo el propósito del mencionado plan, cual es desincentivar las conductas de riesgo que afectan a los derechos de los consumidores.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3778-19

Entidad pública: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

Requirente: Eduardo Reveco Soto.

Ingreso Consejo: 28.05.2019.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional del Consumidor, respecto del plan de fiscalización consultado.

Lo anterior, toda vez que su entrega afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, la publicidad de lo solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio, que de ser conocidos previamente por los fiscalizados, les facilitarían eludir la acción del fiscalizador, afectando de ese modo el propósito del mencionado plan, cual es desincentivar las conductas de riesgo que afectan a los derechos de los consumidores.

Aplica criterio adoptado por este Consejo en las decisiones de amparo A96-09 y C2512-16.

El Consejero don Marcelo Drago Aguirre se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1073 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3778-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2019, don Eduardo Reveco Soto solicitó al Servicio Nacional del Consumidor -SERNAC-, la siguiente información: "copia del plan anual de fiscalización para el año 2019 desarrollado por el Servicio con identificación de aquellas áreas, mercados o industrias que involucrarían mayor nivel de riesgo para los derechos de los consumidores".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Con fecha 16 de mayo de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Luego, por medio de resolución exenta N° 0349, de 27 de mayo del mismo año, el servicio denegó la entrega de lo requerido en virtud de la causal genérica de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia.

Al respecto, precisó que el citado plan constituye la base sobre la cual SERNAC organiza las acciones de fiscalización en cuanto al cumplimiento normativo, de acuerdo aquellas áreas que involucran un mayor nivel de riesgo para los derechos de los consumidores, categorizados por mercados y submercados más críticos y con ello las áreas más sensibles que pueden generar perjuicio a los consumidores, vinculando a todos los proveedores que desarrollen los giros respectivos en cada categoría de riesgo.

Proporcionar lo solicitado permitiría que terceros ajenos puedan acceder a aspectos estratégicos de la fiscalización, lo que obstaculizaría el adecuado y oportuno cumplimiento de la función encomendada por ley al SERNAC. En tal sentido, los sujetos sometidos a fiscalización al contar con un conocimiento acabado de las acciones inspectivas programadas, adoptarían su comportamiento a conveniencia para eludir el control, lo que indudablemente incide en la eficiencia de las actividades contenidas en el plan de fiscalización institucional, perdiéndose con ello el objetivo de velar por el cumplimiento normativo.

Por otra parte, se permitiría eludir el cumplimiento de los deberes que la ley impone en aquellos sectores o materias menos riesgosas, al tener certeza que no serán objeto de fiscalización, produciéndose en consecuencia un aumento del riesgo no previsto en dichas áreas.

También, se afectan las funciones de SERNAC, en tanto los recursos con que se cuenta para desplegar la función fiscalizadora son limitados, por lo cual deben enfocarse y distribuirse con eficiencia hacia áreas de mayor riesgo para los consumidores, ponderación subsumida en la disposición legal que mandata la elaboración del plan.

Finalmente, por resolución exenta N° 176 de 2019, el servicio aprobó el plan anual de fiscalización 2019 y sus directrices, haciendo pública en su página web, en conformidad al artículo 58 letra a), de la ley 19.496, las directrices generales y otorgando el carácter reservado al plan anual de fiscalización 2019, en virtud de la protección del interés de los consumidores.

3) AMPARO: El 28 de mayo de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, mediante oficio N° E9898, de fecha 26 de julio de 2019, requiriendo que se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que representa.

Luego, por medio de ordinario N° 13482, de 14 de agosto de 2019, el órgano reiteró lo señalado en su respuesta, en tanto el conocimiento de lo solicitado expone sus metodologías, temáticas, programas de fiscalización, etc., afectando con ello al servicio en los términos antes indicados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del plan anual de fiscalización de SERNAC para el año 2019, de acuerdo a lo consignado en el numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, a modo de contexto, se debe señalar que el artículo 58 de la ley 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, dispone en su literal a), que corresponderá especialmente al Servicio Nacional del Consumidor: "Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores". Luego, en el mismo literal se indica que: "El Servicio desarrollará sus actividades de fiscalización en conformidad a un plan que elaborará anualmente, en el que priorizará aquellas áreas que involucren un mayor nivel de riesgo para los derechos de los consumidores. Las directrices generales de dicho plan serán públicas". En este contexto, las referidas directrices se encuentran publicadas en el siguiente link: https://www.sernac.cl/portal/618/articles-55703_archivo_01.pdf.

3) Que, de lo anterior se extrae que el plan solicitado en la especie constituye información pública, al tratarse de un acto de la Administración del Estado destinado al cumplimiento de sus funciones de fiscalización. En efecto, el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales causales de reserva que puedan concurrir en la especie, tal como lo establece la citada disposición constitucional: "Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

4) Que, al respecto, el órgano denegó la entrega de lo requerido, en base a la causal genérica de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, por afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Luego, en virtud de la materia y la referida causal, cabe tener presente el criterio desarrollado por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol A96-09 respecto de la divulgación del programa de fiscalización "Síndicos I" del SII, en orden a que ello afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, y que la reserva de dicho programa de fiscalización puede servir mejor al interés público al permitir que el órgano pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficacia y eficiencia, ya que "la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados les facilitarían eludir la acción del fiscalizador", generando, en definitiva, un daño probable y con suficiente especificidad a la tarea de fiscalización que debe realizar el órgano fiscalizador en cumplimiento de un mandato legal.

5) Que, atendido el criterio expuesto precedentemente es menester consignar que la divulgación del plan anual de fiscalización de SERNAC puede igualmente afectar el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de esa entidad del modo señalado en la antedicha decisión. Ello, por cuanto la información solicitada permitiría eludir el control que sobre los agentes fiscalizados puede ejercer el órgano reclamado, afectando de ese modo el propósito del mencionado plan, cual es desincentivar las conductas de riesgo que afectan a los derechos de los consumidores. Por lo tanto, en base a lo expuesto precedentemente, y en consonancia con lo resuelto por este Consejo en la decisión de amparo rol C2512-16, sobre una materia similar, se rechazará el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Eduardo Reveco Soto en contra del Servicio Nacional del Consumidor -SERNAC-, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Reveco Soto y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Se deja constancia que el Consejero don Marcelo Drago Aguirre, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.