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Gonzalo Gómez Soto con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C2909-19

Consejo para la Transparencia, 12/02/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ordenando la entrega del acta consultada. Lo anterior, por cuanto la alegación de inexistencia del servicio ha sido parcialmente desvirtuada, toda vez que existe un acta que se refiere en términos generales a la situación del solicitante, no ajustándose la respuesta del servicio a los principios de máxima divulgación y facilitación de la Ley de Transparencia. En efecto, si bien no existe un acta que contenga estrictamente el detalle solicitado, el órgano precisó que en el referido documento se consigna respecto del funcionario "si es que se encuentra apto para continuar en el Servicio y de serlo de qué manera lo hará". De ahí que, lo que obra en poder de la PDI es un acta que establece de qué manera podrá continuar prestando servicios el solicitante, lo que en forma amplia, responde en términos generales a lo consultado. Además, el reclamante no tiene la obligación de conocer cuál es el contenido exacto del antecedente requerido para tener acceso a aquel. Se rechaza el amparo en lo que atañe al pronunciamiento solicitado, toda vez que la pretensión del reclamante se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República, lo cual excede el ámbito de competencia de este Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2909-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Gonzalo Gómez Soto.

Ingreso Consejo: 22.04.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ordenando la entrega del acta consultada.

Lo anterior, por cuanto la alegación de inexistencia del servicio ha sido parcialmente desvirtuada, toda vez que existe un acta que se refiere en términos generales a la situación del solicitante, no ajustándose la respuesta del servicio a los principios de máxima divulgación y facilitación de la Ley de Transparencia.

En efecto, si bien no existe un acta que contenga estrictamente el detalle solicitado, el órgano precisó que en el referido documento se consigna respecto del funcionario "si es que se encuentra apto para continuar en el Servicio y de serlo de qué manera lo hará". De ahí que, lo que obra en poder de la PDI es un acta que establece de qué manera podrá continuar prestando servicios el solicitante, lo que en forma amplia, responde en términos generales a lo consultado. Además, el reclamante no tiene la obligación de conocer cuál es el contenido exacto del antecedente requerido para tener acceso a aquel.

Se aplica en este caso, el criterio sostenido por el Tribunal Constitucional en causa rol 2505-13-INA.

Se rechaza el amparo en lo que atañe al pronunciamiento solicitado, toda vez que la pretensión del reclamante se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República, lo cual excede el ámbito de competencia de este Consejo.

En sesión ordinaria N° 1073 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2909-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de marzo de 2019, don Gonzalo Gómez Soto solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -PDI-, la siguiente información: "copia del acta de la comisión médica institucional (PDI), en la cual se indican y detallan cuales son las labores administrativas que debo desempeñar. Del mismo modo, pronunciamiento si estoy obligado o no a actuar en caso de delito flagrante (presenciar) y si estoy apto para portar armas de fuego".

2) RESPUESTA: Por medio de carta de 3 de abril de 2019, la PDI indicó en síntesis, lo siguiente:

a) En las actas de la comisión médica como en el informe técnico que de ella emana, se establecen las conclusiones a las que se arriba de acuerdo a su diagnóstico médico. Sin embargo, el tipo de labor administrativa que debería ejecutar es aquella a la que su jefatura estime necesaria para el servicio.

b) Sobre la segunda parte de lo pedido, no es posible contestar por esta vía el requerimiento, ya que no corresponde a una solicitud de acceso a información pública.

3) AMPARO: El 22 de abril de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E8353, de fecha 21 de junio de 2019, requiriendo que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información reclamada, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Luego, por medio de ordinario N° 696, de 11 de julio de 2019, el órgano refirió en resumen, lo siguiente:

a) El reclamante requiere un acta de la comisión médica donde se indiquen y detallen cuáles son las labores administrativas que debe desempeñar. Sin embargo, dichas actas, así como el informe técnico que emana de ella -documentos que ya constan en su poder- sólo exponen las conclusiones relativas a su estado de salud, si es que aquella acarrea algún tipo de invalidez y si es que se encuentra apto para continuar en el servicio y de serlo de qué manera lo hará; sin embargo, no señala un decálogo de labores que el funcionario deberá desarrollar.

En suma, no existe un acta de la comisión médica ni un informe técnico que indique lo que el requirente solicita

b) Adicionalmente, en la misma solicitud se requiere un pronunciamiento del servicio, hecho que no se encuentra protegido por la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la siguiente información, consignada en el numeral 1°, de lo expositivo:

a) "Copia del acta de la comisión médica institucional (PDI), en la cual se indican y detallan cuales son las labores administrativas que debo desempeñar";

b) "Pronunciamiento si estoy obligado o no a actuar en caso de delito flagrante (presenciar) y si estoy apto para portar armas de fuego".

2) Que, en lo que atañe a lo pedido en la letra a), precedente, el órgano indicó que no existe un acta donde se detalle las labores administrativas que puede desempeñar. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, establece el Principio de Máxima Divulgación, conforme al cual: "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles". En dicho contexto, si bien no existe un acta que contenga estrictamente el detalle solicitado por el reclamante, el órgano precisó en sus descargos que en el acta en cuestión se consigna respecto del funcionario, entre otras cosas: "si es que se encuentra apto para continuar en el Servicio y de serlo de qué manera lo hará". Desde este punto de vista, lo que existe es un acta que establece de qué manera podrá continuar prestando servicios el funcionario reclamante, lo que en forma amplia, y de acuerdo al precitado principio, responde en términos generales a lo solicitado.

3) Que, asimismo, se debe considerar que el solicitante requiere al órgano "copia del acta de la comisión médica institucional", la que a su juicio contendría la información que indica. Este punto es relevante, bajo la premisa de que el tipo de documento pedido, esto es, "acta de comisión médica" -que analiza la situación del funcionario- sí obra en poder de la PDI, no teniendo la obligación el ciudadano de conocer cuál es el contenido exacto del antecedente requerido. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 10 de junio de 2014, causa rol 2505-13-INA, precisó en su considerando vigesimosegundo, que el solicitante: "(...) no tendrá elementos de juicio finos, precisos y detallados que le permitan pedir exactamente lo que la Administración del Estado tiene. Resulta lógico admitir el desconocimiento, vaguedad y apertura en lo solicitado porque justamente ignora el fundamento, el documento o la estadística que justifica su petición". Este razonamiento se condice con el deber de los órganos de la Administración del Estado de cumplir con el Principio de Facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, según el cual: "los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo". En efecto, no se le puede exigir al solicitante que conozca con exactitud el contenido del antecedente requerido, y a partir de eso, no entregar el acta en cuestión, por cuanto no cumpliría con el detalle solicitado. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando al servicio entregar el acta de la comisión médica institucional referente al solicitante. Se hace presente que la información deberá ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

4) Que, en otro orden de ideas, respecto de la segunda parte de lo solicitado, que se lee en la letra b), del considerando 1°, precedente, el amparo en este punto se debe rechazar por improcedente, toda vez que la pretensión del reclamante se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que por medio de su amparo pretende obtener un pronunciamiento de parte del servicio, lo cual excede el ámbito de competencia de esta Corporación.

5) Que, finalmente, de obrar en poder del requirente el acta solicitada, aquello no obsta para hacerle nueva entrega de la información reclamada, en tanto de dicha situación, en este caso concreto, no se advierte la procedencia de alguna de las causales de reserva consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Gonzalo Gómez Soto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, que:

a) Entregue al solicitante copia del acta de la comisión médica institucional (PDI), referente a su persona.

Se hace presente que la información deberá ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que atañe al pronunciamiento consignado en la segunda parte del numeral 1°, de lo expositivo, por los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Gómez Soto y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.