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Soledad Luttino Rojas con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1697-19

Consejo para la Transparencia, 12/02/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Se tiene por entregada, de manera extemporánea, la información relativa a los funcionarios que participaron en la tramitación de su denuncia, procedimiento respecto de dicha denuncia y calidad de la reclamante en aquel, procedimiento respecto del ingreso de ciudadanos al Cuartel de Calama y si aquellos son registrados; y nómina de procedimiento disciplinarios respecto de un funcionario. Todo lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual la PDI no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. También, se requiere que derive la solicitud en la parte relativa a "Copia de las instrucciones de primeras diligencias ordenadas por el fiscal de acuerdo al procedimiento de fecha 15-11-2018..."; "Nómina y Medios de entrevistas a testigos del delito denunciado" y "Copia declaración de la suscrita, de fecha 15-11-2018 en el cuartel de la PDI, por denuncia procedimiento irregular del procedimiento, como funcionario que estaba al mando del cuartel el día 15-11-2018"; de ser pertinente, al Ministerio Público, en virtud de ser el órgano competente para conocer de aquella. Se rechaza el amparo respecto de los criterios utilizados por un funcionario para la elección de testigos del hurto denunciado, por tratarse del ejercicio del Derecho de Petición establecido en la Carta Fundamental y no una solicitud conforme a la Ley de Transparencia. Así como también, respecto de la individualización de los funcionarios que habrían participado en un "procedimiento irregular" con fecha 15 de noviembre de 2013, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1697-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Requirente: Soledad Luttino Rojas

Ingreso Consejo: 25.02.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Se tiene por entregada, de manera extemporánea, la información relativa a los funcionarios que participaron en la tramitación de su denuncia, procedimiento respecto de dicha denuncia y calidad de la reclamante en aquel, procedimiento respecto del ingreso de ciudadanos al Cuartel de Calama y si aquellos son registrados; y nómina de procedimiento disciplinarios respecto de un funcionario.

Se requiere la entrega de la siguiente información:

a) Las denuncias presentadas por la reclamante que ante el órgano reclamado, las que deberán ser otorgadas de manera presencial a aquella o a su apoderado con poder suficiente.

b) Los viáticos percibidos u otros beneficios otorgados a los funcionarios informados, en cumplimiento de sus obligaciones. En el evento de que alguno o todos ellos no hayan recibido aquellos, deberá informar dicha situación expresamente a la reclamante y a este Consejo.

c) Copia del libro de novedades de fecha 15 de noviembre de 2013, tarjando, previamente, los datos personales de contexto que puedan contener.

d) "Copia de los procedimientos disciplinarios aplicados al funcionario consultado, con anterioridad al 15 de noviembre de 2013. En el evento de que no se haya realizado investigación alguna a su respecto, deberá informar dicha situación tanto a la reclamante como a este Consejo.

Todo lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual la PDI no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación.

También, se requiere que derive la solicitud en la parte relativa a "Copia de las instrucciones de primeras diligencias ordenadas por el fiscal de acuerdo al procedimiento de fecha 15-11-2018..."; "Nómina y Medios de entrevistas a testigos del delito denunciado" y "Copia declaración de la suscrita, de fecha 15-11-2018 en el cuartel de la PDI, por denuncia procedimiento irregular del procedimiento, como funcionario que estaba al mando del cuartel el día 15-11-2018"; de ser pertinente, al Ministerio Público, en virtud de ser el órgano competente para conocer de aquella.

Se rechaza el amparo respecto de los criterios utilizados por un funcionario para la elección de testigos del hurto denunciado, por tratarse del ejercicio del Derecho de Petición establecido en la Carta Fundamental y no una solicitud conforme a la Ley de Transparencia. Así como también, respecto de la individualización de los funcionarios que habrían participado en un "procedimiento irregular" con fecha 15 de noviembre de 2013, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información solicitada.

Finalmente, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.

En sesión ordinaria N° 1073 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1697-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de enero de 2019, doña Soledad Luttino Rojas solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, lo siguiente:

a) "Copia íntegra del expediente de denuncia que incluyan todos los documentos ingresados por la suscrita (Calama, Antofagasta y Santiago, Sr. Director Nacional de la PDI como a la Sra. (...), por procedimiento irregular del Sr. (...) de fecha 15-11-2013. Inclúyase la investigación sumaria realizada. Entréguese por orden cronológico y foliado (de acuerdo a Reglamento De Sumarios e investigaciones sumarias como la ley 19880)".

b) "Nómina de los funcionarios que actuaron en cada una de las denuncias de la suscrita. Nominas separadas por denuncia. Agregue copia de viáticos percibidos u otros beneficios otorgados en cumplimiento de sus obligaciones".

c) "Copia de las instrucciones de primeras diligencias ordenadas por el fiscal de acuerdo al procedimiento de fecha 15-11-2018, por haberse señalado las primeras diligencias en la investigación. Al mismo tenor identifique el funcionario que dio curso a las primeras diligencias".

d) "Copia del libro de novedades de fecha 15-11-2013 como procedimiento que se instruyó a la denuncia de la suscrita".

e) "En relación a respuesta otorgada por esta Policía, que la suscrita fue contactada en calidad de compañera de trabajo que no existe desde el punto de vista penal. Indique calidad de la suscrita en dicho procedimiento de fecha 15-11-2013, es decir imputada o testigo".

f) "Criterios utilizados por el Sr. (...) para la elección de testigos del hurto denunciado con fecha 15-11-2013".

g) "Nómina y Medios de entrevistas a testigos del delito denunciado".

h) "Circular u otro en el cual señale el procedimiento que debe efectuar la PDI, de ciudadanos que ingresan al cuartel de Calama".

i) "Son registrados todos los ciudadanos al ingreso del cuartel o existen excepciones. Informe fundamento legal (circular, reglamento, ley u otro)".

j) "Copia de los procedimiento disciplinarios aplicados a (...) antes del 15.11.2013. como funcionarios que lo acompañaron en el irregular procedimiento de fecha 15-11-2013".

k) "Copia declaración de la suscrita, de fecha 15-11-2018 en el cuartel de la PDI, por denuncia procedimiento irregular del procedimiento, como funcionario que estaba al mando del cuartel el día 15-11-2018".

l) "Nóminas de procedimientos disciplinarios que ha tenido el funcionario (...) periodo Noviembre 2013 a la fecha".

2) PRÓRROGA: La Policía de Investigaciones de Chile por medio de carta N° 6210, de fecha 11 de febrero de 2019, comunicó que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada. Por lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, amplían el plazo para otorgar respuesta a su solicitud en 10 días hábiles.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 25 de febrero de 2019, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Policía de Investigaciones de Chile fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Este Consejo efectuó el seguimiento de la solicitud en el Portal Transparencia, advirtiendo que el organismo reclamado otorgó respuesta al requerimiento con fecha 13 de marzo de 2019. De acuerdo a lo anterior, solicitó a la reclamante mediante oficio N° E5.057, de fecha 17 de abril de 2019, se pronuncie en los siguientes términos: (1°) señale si la respuesta proporcionada por el organismo reclamado, satisface o no su requerimiento de información, indicando si desea desistir o continuar con la tramitación del presente amparo; (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, señalando expresamente qué información de la solicitada, no le ha sido proporcionada; y, (3°) de no estar conforme con la respuesta a los literales d), e) y j), acompañe antecedentes que permitan aseverar la existencia de un procedimiento en la fecha que usted señala.

Doña Soledad Luttino Rojas mediante correo electrónico, de fecha 21 de abril de 2019, manifestó su disconformidad con la respuesta otorgada. En particular sostuvo, lo siguiente:

a) En cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, "La PDI, sólo pretende entregar la investigación sumaria, pero no las denuncias posterior a ella, en consecuencia no ha entregado la información de las denuncias efectuadas al Director Nacional y otros. Además se peticionó que los costos fueran disgregados por información ya que este organismo continuamente ha cobrado demás y así se pueda reclamar".

b) Respecto a lo requerido en el literal b) de la solicitud, "Se niegan a entregar la nómina de funcionarios como se pide en desmedro de señalar sólo aquellos que firmaron oficios de tramitación (...) Además no se adjunta copia de los viáticos percibidos u otros beneficios otorgados a funcionarios que intervinieron en la denuncias".

c) En lo referente a lo solicitado en los literales c) y g) de la presentación, "La PDI se niega a dar respuesta de documentos que son de su propiedad y no Fiscalía, ya que el of. De primeras diligencias como lo señaló es de la Institución, Mas extraño que en dicha procedimiento la Fiscalía niega que haya existido orden de primeras diligencias...".

d) En cuanto a lo pedido en los literales d) y e) del requerimiento, "Niega copia de libro de novedades de 15-11-2013".

e) Deniegan lo requerido en el literal f) de la solicitud.

f) Respecto de lo solicitado en los literales h) e i) de la presentación, sostiene que el órgano reclamado "debe identificar claramente el procedimiento que realiza cuando se ingresa al cuartel de Calama. Además no queda claro si se ingresa a todos los ciudadanos o sólo algunos, Esto porque hay ciudadanos que funcionarios de la PDI de Calama no dejaron constancia. El caso de la denunciante (...) que hizo denuncia falsa. Además no clarifica que ciudadanos están exentos de dejar constancia de ingreso".

g) No responden lo consultado en los literales j), k) y l) del requerimiento.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante oficio N° E6.288, de fecha 10 de mayo de 2019, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las alegaciones de la reclamante, en particular al pronunciamiento de 21 de abril de 2019; (2°) señale por qué no solicitó subsanar el literal k), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia; (3°) indique si los costos de reproducción se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y a la Instrucción General N° 6, de este Consejo, remitiendo los antecedentes que respalden los costos asociados a la entrega de la información reclamada; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de parte de la información requerida; y, (5°) se refiera a la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de parte de la información solicitada.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 538, de fecha 3 de junio de 2019, como cuestión previa señalan que la reclamante durante lo que va del año 2019 ha ingresado un total de 131 solicitudes, las cuales han sido respondidas dentro del plazo que la ley le otorga al órgano. Sin embargo es una constante en su comportamiento que cada vez que la respuesta otorgada no es respondida en los términos que ella espera, comienza una persecución en contra del funcionario que tramitó, respondió y del jefe a cargo que firmó dicha respuesta. Tal como se señaló anteriormente, este actuar de la requirente es una constante y evidencia un claro abuso del derecho, pues si bien el espíritu de la norma es básicamente la fiscalización de la función pública, el revanchismo hacía uno o más funcionarios, no se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, en cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que le informaron los costos de reproducción del único expediente administrativo con el que cuentan referente a los hechos consultados, esto es, la Investigación Interna N° 196-2013-02. Además, sostienen que aquella se encuentra cerrada, por lo tanto no hay denuncias, documentos, archivos ni similares adicionales a ella con posterioridad a la resolución que declara su término. Finalmente, ante la solicitud de la reclamante de supuestas denuncias interpuestas en diferentes regiones y lugares, documentos que no son emanados del Servicio, sino de su propia autoría, los que consideran no se encuentran dentro del marco de la Ley de Transparencia

Respecto de lo requerido en el literal b) de la solicitud, el órgano reclamado sostiene que en su respuesta informaron los nombres y grados de los funcionarios responsables de ciertos oficios de tramitación allí indicados, los cuales tenían relación con un reclamo que la solicitante interpuso ante la Inspectoría General, no existiendo más antecedentes que agregar al respecto. Finalmente tal como han señalado en indeterminadas oportunidades, los funcionarios policiales no reciben viáticos, beneficios ni dádivas por la redacción y firma de un oficio interno.

En lo referente a lo solicitado en los literales c) y g) de la presentación, señalan que de existir aquellas instrucciones de primeras diligencias y el informe que de ellas emanan, dicha información formaría parte de una investigación penal y según lo establece el Oficio 026/2011 del Fiscal Nacional del Ministerio Público, que imparte instrucciones a las policías respecto a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, aquella no puede ser dada a conocer al público por parte de las Policías. Ahora bien, del análisis de la solicitud los datos que la solicitante aporta son difíciles de determinar, se trata de un supuesto no comprobado, motivo por el cual resulta inoficiosa una derivación al órgano competente. Finalmente en relación a la nómina de testigos y medios de entrevistas del delito denunciado, es preciso señalar que esta Institución no tiene conocimiento de a qué delito se refiere la solicitante y de haber existido aquel tampoco es competencia de esta Institución Policial dar a conocer dicha información.

Respecto de lo pedido en los literales d) y e) del requerimiento, reiteran que en la fecha indicada no existió ningún procedimiento adoptado por parte de esa Policía en los cuales la reclamante figure como interviniente.

En cuanto a lo requerido en el literal f) de la presentación, señalan que la reclamante solicita los criterios que un funcionario policial habría utilizado para elegir uno u otro testigo en un procedimiento policial, lo que claramente no es posible plasmar en un documento, oficio o similar, pues se trata de la experiencia de aquel en el cumplimiento de su labor. Por lo tanto, consideran que no se trata de una solicitud de acceso, sino más bien del derecho de petición.

En relación a lo solicitado en los literales h) e i) de la solicitud, aclaran "que ningún ciudadano es registrado para el ingreso a ningún cuartel policial, solo deben identificarse y se deja la constancia de su ingreso en libro correspondiente".

Respecto a lo consultado en el literal j) del requerimiento, informan que no existió procedimiento alguno con fecha 15 de noviembre de 2013, además hacen presente que la calificación de "irregular" otorgada por la reclamante, estiman sin base ni argumentación legal, conlleva a que no puedan hacerse cargo de dicha aseveración.

Referente a lo preguntado en el literal k) de la presentación, solicitaron en su respuesta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, a la reclamante que subsane su requerimiento, en orden de informar a cuál cuartel de la Policía de Investigaciones se refiere, lo que no fue realizado por aquella, por lo que, no fue respondida.

En cuanto a lo consultado en el literal l) de la solicitud, informaron que el funcionario consultado, a partir de noviembre de 2013 a la fecha, ha sido interviniente en el Sumario Administrativo N° 688-2018/2-2019, que cuenta con Resolución de Término de fecha 3 de enero de 2019 de la Prefectura Provincial El Loa, en el cual fue sobreseído.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta por parte de la Policía de Investigaciones de Chile a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista, se constata que el requerimiento objeto de este amparo no fue contestado dentro del término legal. Lo anterior, constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que el órgano reclamado otorgó respuesta extemporánea a la solicitud que da origen al presente amparo, ante lo cual este Consejo consultó a la parte reclamante de la forma señalada en el N° 4 de la parte expositiva de esta decisión, su conformidad con aquella, quien se manifestó disconforme con los antecedentes proporcionados, razón por la cual, se procederá a analizar, literal por literal la suficiencia de la información entregada por la Policía de Investigaciones de Chile.

3) Que, previo a analizar la suficiencia de los antecedentes proporcionados, cabe hacer presente que con ocasión de sus descargos, el órgano reclamado alegó que la reclamante ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información. Sin embargo, no otorga mayores antecedentes en tal sentido, más que señalar que hasta el 3 de junio de 2019, ésta habría realizado un total de 131 requerimientos, sin identificarlos, señalar el periodo contabilizado o el contenido de cada uno de éstos, así como tampoco acredita, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría a la PDI a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En atención a lo razonado, este Consejo desestimará las alegaciones del órgano reclamado en tal sentido.

4) Que, en cuanto al fondo del asunto, la disconformidad de la reclamante respecto de lo pedido en el literal a) del requerimiento, dice relación, por una parte, con el hecho de que no le otorgaron acceso a diversas denuncias que aquella habría realizado ante el órgano reclamado. Al respecto, aquel sostuvo, con ocasión de sus descargos, que al tratarse de documentos que no emanan de la PDI, sino de la solicitante, no se encuentran dentro del marco de la Ley de Transparencia. En este punto, cabe hacer presente que el artículo 5 de la ley mencionada, dispone lo siguiente: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.// Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

5) Que las denuncias pedidas fueron presentadas ante el órgano reclamado, por lo tanto, obran en su poder y en virtud de la normativa señalada en el considerando anterior, se tratan de información pública, respecto de la cual la PDI no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. Razón por la cual, se acogerá el amparo en este literal requiriendo su entrega. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquellos antecedentes contienen la identificación de la denunciante, así como los datos personales de aquella, previo a ser otorgados, la Policía de Investigaciones de Chile deberá dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo, que dispone que "cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo se procederá a la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880". Lo anterior, en ejercicio de la atribución de esta Corporación conferida por el artículo 33, literal m) de la Ley de Transparencia.

6) Que, por otra parte, la reclamante manifestó su disconformidad con la forma en que la Policía de Investigaciones de Chile informó los costos directos de reproducción respecto del expediente pedido. De hecho, se constata que en su respuesta, el órgano reclamado sólo señala el total a que ascienden aquellos, sin indicar la cantidad de hojas a fotocopiar, el valor de cada una de ellas, ni el acto administrativo en el que aquellos se establecen. De esta forma, al tratarse de una excepción al principio de gratuidad dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, se le recomienda a la Policía de Investigaciones de Chile, informar con mayor claridad cuando proceda el cobro de dichos costos. Lo anterior, se realiza en virtud de la atribución contenida en el artículo 33 letra e) de la ley mencionada.

7) Que respecto de lo requerido en el literal b) de la solicitud, la disconformidad de la reclamante dice relación, por una parte, a que no se le proporciona la nómina de funcionarios que tramitaron su denuncia. Sin embargo, en su respuesta el órgano reclamado, informó los nombres de los responsables de suscribir los oficios de tramitación de dicha denuncia. En este punto, resulta suficiente lo proporcionado por la PDI, por lo que, se acogerá el amparo en esta parte, teniendo por entregado lo pedido de manera extemporánea.

8) Que en cuanto a lo pedido referido a "viáticos percibidos u otros beneficios otorgados en cumplimiento de sus obligaciones", el órgano reclamado señaló que los funcionarios policiales no reciben viáticos, beneficios ni dádivas por la redacción y firma de un oficio interno. Sin embargo, lo requerido dice relación con el cumplimiento de sus funciones en general y no con la elaboración de oficios, en particular. En este punto cabe hacer presente, que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

9) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública, respecto de la cual la PDI no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, se acogerá el amparo en este punto, requiriendo la entrega de lo pedido respecto de los funcionarios señalados en su respuesta por el órgano reclamado. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que todos o algunos de ellos no hayan percibido los emolumentos consultados, deberá informar tal situación tanto a la reclamante y a este Consejo.

10) Que respecto de lo requerido en los literales c), g) y k) de la solicitud, cabe hacer presente que el artículo 182 del Código Procesal Penal, prescribe que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Por su parte, el artículo 80 del Código citado dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que, en principio, el organismo reclamado se encontraría impedido de entregar información relacionada con la investigación de un crimen o simple delito, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. Al respecto, este Consejo ha considerado, a partir de la decisión del amparo C911-10, que el órgano ante el cual debe hacerse la petición de información en dichos casos es el Fiscal a cargo de la causa.

11) Que lo pedido expresamente dice relación, por una parte, con las primeras diligencias ordenadas por un fiscal y nóminas de testigos de un delito, por lo que, procedía la derivación de esta parte del requerimiento al Ministerio Público, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. De esta forma, si bien el órgano reclamado sostuvo que con los datos aportados por la solicitante era difícil determinar el hecho por el cual se consulta, motivo por el cual consideraron inoficiosa una derivación al órgano competente; aquel debe tener presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley mencionada, debió de haber procedido a la subsanación de la solicitud, lo que no realizó.

12) Que en cuanto a lo requerido en el literal k) de la presentación, esto es, "Copia declaración de la suscrita, de fecha 15-11-2018 en el cuartel de la PDI, por denuncia procedimiento irregular del procedimiento, como funcionario que estaba al mando del cuartel el día 15-11-2018"; si bien el órgano reclamado solicito la subsanación de aquello, en atención a que fue realizada de manera extemporánea, pues ya había transcurrido el plazo para responder e incluso ya se había interpuesto el presente amparo, no resulta aplicable, en este caso, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia.

13) Que, de esta forma, al estar en mejor posición el órgano reclamado de determinar los hechos por los cuales consulta la reclamante, se acogerá este amparo requiriendo que una vez dilucidados aquellos, derive la solicitud, en estos literales, al órgano competente, en el caso de ser pertinente, o en su defecto informe directamente a la reclamante al respecto.

14) Que en cuanto a lo pedido en los literales d) y e) del requerimiento, la disconformidad de la reclamante dice relación con que no se le entregó copia del libro de novedades de fecha 15 de noviembre de 2013, lo que fue solicitado en la primera parte del literal d). Razón por la cual, se acogerá el amparo respecto de los demás antecedentes pedidos en estos literales, teniéndolos por entregados de forma extemporánea.

15) Que respecto al libro de novedades requerido, el órgano reclamado se limitó a señalar que en la fecha señalada no existió ningún procedimiento adoptado en los cuales la reclamante figure como interviniente. Por lo que, al constatarse la infracción denunciada, y al tratarse de información pública, respecto de la cual la PDI no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, se acogerá el amparo en esta parte, requiriendo su entrega; tarjando, previamente, los datos personales de contexto que puedan contener, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

16) Que sobre lo consultado en el literal f) de la presentación, el órgano reclamado sostuvo que aquello no estaría amparado por la Ley de Transparencia. En efecto, lo solicitado son los criterios que habría utilizados un funcionario para la elección de los testigos de un hurto, lo que no dicen relación con el acceso a un acto o resolución de la Policía de Investigaciones de Chile, en los términos establecidos en la ley señalada, sino que más bien se solicita un pronunciamiento de aquella lo que corresponde al ejercicio del Derecho de Petición establecido en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental, según el cual toda persona tiene "El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". Razón por la cual, se rechazará el amparo en este literal por resultar improcedente.

17) Que en cuanto a lo solicitado en los literales h) e i) del requerimiento, la disconformidad de la reclamante dice relación más con el contenido de la respuesta otorgada por el órgano reclamado, que con la falta de aquella. Razón por la cual, se acogerá el amparo en estos literales, teniendo por entregada la información solicitada de manera extemporánea.

18) Que lo requerido en el literal j) de la solicitud es, por una parte, copia de los procedimientos disciplinarios aplicados a un funcionario antes del 15 de noviembre de 2013, y, por otra, "funcionarios que lo acompañaron en el irregular procedimiento" realizado en dicha fecha. Al respecto, el órgano reclamado sólo informó que no existió procedimiento alguno en la fecha consultada, sin otorgar acceso a lo pedido relativo a la copia de los procedimientos disciplinarios, en el evento que aquellos hayan tenido lugar. En consecuencia, al tratarse aquellos de información pública, respecto de la cual la PDI no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, se acogerá el amparo requiriendo su entrega. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que no se haya realizado investigación alguna a su respecto, deberá informar dicha situación tanto a la reclamante como a este Consejo.

19) Que, en cuanto a los funcionarios por los cuales se consulta, en atención a lo informado por el órgano reclamado, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, en orden a que sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la Policía de Investigaciones de Chile, se rechazará el presente amparo en esta parte.

20) Que, finalmente, en cuanto a lo consultado en el literal l) de la solicitud, en su respuesta el órgano reclamado informa el procedimiento disciplinario del que fue objeto el funcionario, en el periodo indicado. Razón por la cual, se acogerá el amparo en este literal, teniendo por entregado lo pedido de manera extemporánea.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Soledad Luttino Rojas en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, teniendo por entregada de manera extemporánea la información pedida en los literales b) - individualización de funcionarios-, d) - procedimiento tras denuncia-, e), h), i) y l) de la solicitud, en atención de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante la siguiente información:

i. Las denuncias presentadas por la reclamante requeridas en el literal a) de la solicitud, las que deberán ser entregadas de forma presencial, verificando que sea retirada por aquella o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por este Consejo.

ii. Los viáticos percibidos u otros beneficios otorgados en cumplimiento de sus obligaciones, respecto de los funcionarios informados en la respuesta otorgada al literal b) del requerimiento. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que alguno o todos ellos no hayan recibido aquellos, deberá informar dicha situación expresamente a la reclamante y a este Consejo.

iii. Derive al Ministerio Público, de ser pertinente, el requerimiento de "Copia de las instrucciones de primeras diligencias ordenadas por el fiscal de acuerdo al procedimiento de fecha 15-11-2018..."; de "Nómina y Medios de entrevistas a testigos del delito denunciado"; y "Copia declaración de la suscrita, de fecha 15-11-2018 en el cuartel de la PDI, por denuncia procedimiento irregular del procedimiento, como funcionario que estaba al mando del cuartel el día 15-11-2018"; o en su defecto informe directamente a la reclamante al respecto.

iv. Copia del libro de novedades de fecha 15 de noviembre de 2013, tarjando, previamente, los datos personales de contexto que puedan contener.

v. Copia de los procedimientos disciplinarios aplicados al funcionario consultado, con anterioridad al 15 de noviembre de 2013. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que no se haya realizado investigación alguna a su respecto, deberá informar dicha situación tanto a la reclamante como a este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Se rechaza el amparo respecto de lo pedido en los literales f) y j) - individualización de los funcionarios que habrían participado en un "procedimiento irregular" con fecha 15 de noviembre de 2013 - de la solicitud, por requerirse un pronunciamiento por parte del órgano reclamado y por tratarse de información inexistente, respectivamente, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta en el plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

V. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Soledad Luttino Rojas y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.