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Flavio Águila Quezada con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C1691-19

Consejo para la Transparencia, 12/02/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, teniendo por entregada, aunque en forma extemporánea, la información relativa a la autoridad militar de la que depende el Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía". Se rechaza el amparo respecto de copia del reglamento orgánico de funcionamiento, oficio o cualquier tipo de documento que indique la descripción del cargo, misiones, tareas y atribuciones tanto del Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía", como de la escolta del Comandante en Jefe del Ejército, debido a que se refieren a actividades de inteligencia resguardadas por la Ley N° 19.974, por una parte, y, por otra, porque su divulgación puede afectar la seguridad de la Nación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1691-19

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Flavio Águila Quezada

Ingreso Consejo: 25.02.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, teniendo por entregada, aunque en forma extemporánea, la información relativa a la autoridad militar de la que depende el Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía".

Se rechaza el amparo respecto de copia del reglamento orgánico de funcionamiento, oficio o cualquier tipo de documento que indique la descripción del cargo, misiones, tareas y atribuciones tanto del Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía", como de la escolta del Comandante en Jefe del Ejército, debido a que se refieren a actividades de inteligencia resguardadas por la Ley N° 19.974, por una parte, y, por otra, porque su divulgación puede afectar la seguridad de la Nación.

En sesión ordinaria N° 1073 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1691-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 28 de diciembre de 2018, don Flavio Águila Quezada solicitó al Ejército de Chile, lo siguiente:

a) "Copia simple del reglamento orgánico de funcionamiento (sólo en lo pertinente), oficio o cualquier tipo de documento que indique la Descripción del cargo, misiones, tareas, atribuciones del Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía", o en su defecto, que simplemente se me indiquen en términos generales".

b) "Copia simple de cualquier documento escrito o que simplemente se indique al suscrito de qué autoridad militar depende directamente el Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía".

c) "Copia simple del reglamento (sólo en lo pertinente), oficio o cualquier tipo de documento que indique la Descripción del cargo, misiones, tareas, atribuciones de la escolta del Comandante en jefe del Ejército".

2) RESPUESTA: El Ejército de Chile mediante carta JEMGE DETLE (P) N° 6800/1573, de fecha 4 de febrero de 2019, denegó el acceso a lo pedido por configurarse a su respecto las causales de secreto o reservas establecidas en el artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 3 de la Ley de Transparencia. En particular, sostuvo que la reserva de las materias relacionadas con la función de inteligencia no obedece a una disposición institucional, sino a una apreciación que el propio legislador ha querido dar, en el caso de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia -en adelante ley N° 19.974-, por medio de una norma de quórum calificado, que en concordancia con el artículo 8 de la Constitución Política de la República, no corresponde que sea difundido a terceros. En este sentido, el artículo 38 de la ley mencionada, eleva a la categoría de "Secreto" y de circulación restringida para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal, citando jurisprudencia en tal sentido.

3) AMPARO: Con fecha 25 de febrero de 2019, don Flavio Águila Quezada dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante oficio N° E5.353, de fecha 23 de abril de 2019, para que formule sus descargos y observaciones, solicitando, especialmente, se refiera a: (1°) las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de aquella afectaría derechos de terceros y la seguridad de la Nación.

El órgano reclamado por medio de oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/5175/CPLT, de fecha 8 de mayo de 2019, señaló que denegaron la información solicitada en razón a que aquella dice relación con su función de inteligencia y como consecuencia de ello reviste el carácter de secreto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 42 inciso 2 de la ley N° 19.974, reiterando la jurisprudencia citada al respecto en su respuesta.

Por otra parte, sostiene que el reclamante argumenta de manera escueta y discreta "Respuesta negativa a la solicitud de información", por lo que, consideran que el texto del amparo infringe de manera flagrante la disposición del artículo 24, inciso segundo de la Ley de Transparencia. En efecto, sostienen que en parte alguna contradice la respuesta del Ejército, sin manifestar la infracción cometida y los hechos que la configuran, así como tampoco acompaña medio de prueba alguno que acredite su particular punto de vista. De esta forma, sostienen que la reclamación arranca de su mera liberalidad e insatisfacción, lo cual constituye una flagrante infracción de ley, lo que amerita su rechazo.

En cuanto a lo requerido en el literal a) de la presentación, consideran que no se entiende cabalmente lo que se requiere, ya que expresiones como "pertinente" y "términos generales", relativo a la organización de una unidad militar y las jefaturas que la conforman, no se condice con la precisión que exige y establece el artículo 5 de la Ley de Transparencia. Además, sostienen que solicitar un Reglamento Orgánico de una Unidad de Inteligencia, atenta de manera directa contra la función de aquella que cautela la ley. En efecto, en dicho documento se consagra la distribución interna de los departamentos y sus respectivas tareas y misiones, dentro de las cuales se encuentran los requerimientos de inteligencia dispuestos por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), máximo órgano de inteligencia nacional que carece de funciones operativas y que para su ejecución recurre a los órganos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública del Estado. Así, dentro del Ejército, dichas funciones, como la recopilación de datos es realizada precisamente por los Regimientos de Inteligencia, por lo tanto, difundir los "cargos, misiones, tareas y atribuciones" de aquel, equivale no sólo a develar la función de inteligencia militar, sino que también la función de inteligencia del Estado que se realiza por intermedio de la ANI.

Respecto a lo pedido en el literal b) de la solicitud, consideran que no resulta factible acceder a aquello toda vez que hacerlo implica dar a conocer la autoridad de inteligencia que revisa y ordena las operaciones. Sin perjuicio de lo cual, informan que la única autoridad visible es el Director de Inteligencia del Ejército, cuyo cargo aparece en el organigrama institucional dado a conocer en la página electrónica de la red global de internet, única autoridad de inteligencia que posee figuración pública

En lo referente a lo solicitado en el literal c) del requerimiento, relativo a la descripción de cargo, del tenor de aquella, sostiene que salta a la vista la incongruencia en la pregunta que se formula, además, de nuevamente solicitar "sólo en lo pertinente". Además, consideran que entregar copia del reglamento, cargo, misiones, tareas y atribuciones de la Seguridad del Comandante en Jefe del Ejército equivale a proporcionar toda la información que cautela la persona de una autoridad del Estado, lo cual implica vulnerar no sólo la persona que ejerce el cargo, además supone vulnerar y poner en peligro la información de Estado que éste maneja. Al respecto, citan la decisión del amparo Rol A45-09.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, el Ejército de Chile alegó que este amparo era inadmisible por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que el fundamento del reclamo es la respuesta negativa otorgada por la Institución, según se consigna en el N° 3 de la parte expositiva de esta decisión, y que al momento de ingresar aquel, se acompañaron los antecedentes que requiere la citada disposición, resultando suficientes para declarar su admisibilidad. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación, por improcedente.

2) Que, en segundo lugar, procede pronunciarse respecto de la alegación planteada por el órgano requerido, referida a la poca claridad o incongruencia de lo pedido en los literales a) y c) del requerimiento. Sobre el punto, cabe tener presente que el artículo 12 de la Ley de Transparencia, señala que: "la solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: (...) b) Identificación clara de la información que se requiere". A su vez, agrega en su inciso 2 que: "si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". Al respecto, el Ejército de Chile no procedió a solicitar, en su oportunidad, subsanar un eventual incumplimiento del citado requisito, por lo que, se descartan las alegaciones que en este sentido ha formulado el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos.

3) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó la concurrencia de las causales de secreto o reservas establecidas en el artículo 21 N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 38 y 42 de la ley N° 19.974.

4) Que cabe hacer presente que la ley N° 19.974 se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional..." (artículo 4). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "Las direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas" (artículo 5, letra c). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). Respecto de los servicios de inteligencia militar, la ley N° 19.974 indica que la inteligencia militar "es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional" (artículo 20, inciso 1°). Asimismo, dicho cuerpo legal dispone que la inteligencia militar "comprende la inteligencia y la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional" (artículo 2°, inciso 2°).

5) Que la reclamada, en términos generales, denegó el acceso a la información solicitada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". Por su parte, el inciso segundo del artículo 42 dispone que "La información que recopilen, elaboren, o intercambien los organismos que conforman el Sistema deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos cometidos".

6) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

7) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

8) Que en cuanto a lo pedido en el literal a) de la solicitud, esto es, copia del reglamento orgánico de funcionamiento, oficio o cualquier tipo de documento que indique la descripción del cargo, misiones, tareas y atribuciones del Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía"; el órgano reclamado señaló que su divulgación atenta de manera directa contra la función de inteligencia que cautela la ley N° 19.974, pues consagra la distribución interna de los departamentos, sus respectivas tareas y misiones, dentro de las cuales se encuentran los requerimientos de inteligencia dispuestos por la Agencia Nacional de Inteligencia, máximo órgano de inteligencia nacional que carece de funciones operativas y que para su ejecución recurre a los órganos respectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública del Estado. Así, dentro del Ejército, la función de inteligencia y la recopilación de datos es realizada precisamente por los Regimientos de Inteligencia, por lo tanto, difundir los antecedentes pedidos equivale no sólo a develar la función de inteligencia militar, además equivale a develar la función de inteligencia del Estado que se realiza por intermedio de la ANI.

9) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, este Consejo concluye que resulta acreditada la concurrencia de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974 y del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, por lo que, se rechazará el amparo en este literal.

10) Que en cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, esto es, de qué autoridad militar depende directamente el Regimiento de Inteligencia N° 1 "Soberanía", el órgano reclamado con ocasión de sus descargos informó que, en definitiva, la autoridad de dicha área es el Director de Inteligencia del Ejército, cuyo cargo aparece en el organigrama institucional dado a conocer en la página electrónica de la red global de internet, única autoridad de inteligencia que posee figuración pública. En consecuencia, se acogerá el amparo en este literal, teniendo por entregado lo pedido al reclamante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión.

11) Que respecto a lo requerido en el literal c) de la solicitud, esto es, cualquier documento que indique la descripción del cargo, misiones, tareas y atribuciones de la escolta del Comandante en Jefe del Ejército, el órgano reclamado no logra acreditar la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.974, pues no da cuenta que aquella pertenezca a los organismos de inteligencia establecidos en dicha ley, por lo que, se descartará su concurrencia, para este caso.

12) Que en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado relativo a la configuración de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, debido a que lo requerido dice relación con la seguridad del Comandante en Jefe del Ejército, por lo que, su divulgación equivale a proporcionar toda la información que cautela la persona de una autoridad del Estado, lo cual implica vulnerar no sólo la persona que ejerce el cargo, además supone vulnerar y poner en peligro la información de Estado que éste maneja. Este Consejo considera, que atención a la naturaleza y características de las funciones que desempaña la escolta consultada, resulta procedente resguardar aquella, por configurarse la hipótesis de excepción alegada. Razón por la cual, se rechazará el amparo en este literal.

13) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre las demás causales de excepción alegadas por el órgano reclamado, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Flavio Águila Quezada en contra del Ejército de Chile, teniendo por entregada la información solicitada en el literal b) del requerimiento, de forma extemporánea, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Se rechaza el amparo en lo relativo a lo pedido en los literales a) y c) de la solicitud, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974 y en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, respectivamente, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a don Flavio Águila Quezada, remitiendo a éste último copia de los descargos presentados por el órgano reclamado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.