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Héctor Rival Oyarzún con UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Rol: C7674-19

Consejo para la Transparencia, 24/03/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, requiriendo la entrega de copia de los currículums vitae de los funcionarios públicos individualizados, el acto administrativo que crea el cargo indicado y el decreto de nombramiento respectivo; tarjando, previamente, los datos personales de contexto en estos contenidos, tales como cédula nacional de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros. Lo anterior, en atención a que se refiere a información de carácter público relativo a los actos administrativos por medio de los cuales se crearon cargos y se nombraron a funcionarios públicos, así como también, antecedentes que sirvieron de fundamento a dichos nombramientos, descartando que aquellos digan relación con datos personales y sensibles de las personas consultadas. Se rechaza el amparo respecto de los antecedentes pedidos que dicen relación con el concurso público para proveer el cargo de abogada de la Dirección Jurídica, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información solicitada, en atención a que no se realizó concurso alguno para proveer dicho cargo. Además, se representa al órgano reclamado el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7674-19

Entidad pública: Universidad de Los Lagos

Requirente: Héctor Rival Oyarzún

Ingreso Consejo: 13.11.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, requiriendo la entrega de copia de los currículums vitae de los funcionarios públicos individualizados, el acto administrativo que crea el cargo indicado y el decreto de nombramiento respectivo; tarjando, previamente, los datos personales de contexto en estos contenidos, tales como cédula nacional de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros.

Lo anterior, en atención a que se refiere a información de carácter público relativo a los actos administrativos por medio de los cuales se crearon cargos y se nombraron a funcionarios públicos, así como también, antecedentes que sirvieron de fundamento a dichos nombramientos, descartando que aquellos digan relación con datos personales y sensibles de las personas consultadas.

Se rechaza el amparo respecto de los antecedentes pedidos que dicen relación con el concurso público para proveer el cargo de abogada de la Dirección Jurídica, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información solicitada, en atención a que no se realizó concurso alguno para proveer dicho cargo.

Además, se representa al órgano reclamado el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.

El Consejero don Marcelo Drago Aguirre se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C7674-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 28 de septiembre de 2019, don Héctor Rival Oyarzún solicitó a la Universidad de Los Lagos, lo siguiente:

a) "Currículum Vítae completo, del (...) director jurídico de la Universidad de Los Lagos...".

b) "Copia del llamado a concurso público por el que la jurista (...) postuló a la plaza para ocupar cargo en la dirección jurídica de la universidad".

c) "Copia del decreto que crea el cargo que más tarde ocupa la letrada...".

d) "Copia del Decreto con la toma de razón de contraloría con el nombramiento de la Sra. (...) para asumir funciones en la universidad".

e) "Copia del Acta de la Comisión del Concurso, que resolvió el concurso en favor de la abogada (...) Indicando claramente el puntaje obtenido en las diferentes etapas del concurso".

f) "Acta que consigne el puntaje de los demás postulantes, tanto los eliminados, como quienes quedaron en terna".

g) "Copia del Currículum vítae de la Sra. (...) anexando, cada uno de los certificados que incluyó en la postulación".

h) "Copia del Currículum Vítae de los demás postulantes que del referido concurso, tanto los que no calificaron, como de aquellos que llegaron a conformar terna".

2) TRASLADO A LOS TERCEROS INTERESADOS: La Universidad de Los Lagos por medio de memo N° 112/2019, de fecha 1° de octubre de 2019, y, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a los terceros, la solicitud de acceso a la información del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

Los terceros interesados mediante presentación, de fecha 4 de octubre de 2019, manifestaron su oposición a la entrega de la información solicitada, en atención a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, pues consideran que lo pedido comprende datos personales y sensibles.

3) RESPUESTA: La Universidad de Los Lagos mediante memo N° 118/2019, de fecha 25 de octubre de 2019, informó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición manifestada por los terceros a quienes se refiere la información solicitada, quedan impedidos de entregar aquella.

4) AMPARO: Con fecha 13 de noviembre de 2019, don Héctor Rival Oyarzún dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Universidad de Los Lagos, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular, sostuvo que "si bien el Currículum Vitae, pudiere tener datos privados, tales como domicilios, teléfonos u otros, estos pudieron ser tachados". Además, hace presente que "la información fue entregada vía correo electrónico de fecha 30 de octubre, pese a que el requerimiento de información, se hiciera con fecha 28 de septiembre. Es decir, se entregó excediendo el plazo que la ley contempla para la entrega de información, lo que constituye una infracción a la ley".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, mediante oficio N° E18.470, de fecha 26 de diciembre de 2019, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a aquellos; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 05/2020, de fecha 10 de enero de 2020, señaló que lo solicitado se asocia directamente a antecedentes de su Director Jurídico y de una abogada de la Dirección Jurídica. De esta forma, tras la oposición manifestada por aquellos a proporcionar acceso a lo solicitado, sostienen que quedaron impedidos de hacerlo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, sostienen que concurre respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por otro lado, sostienen que "el reclamante solicita copia de antecedentes asociados a concurso público para proveer cargo de Abogado de la Dirección Jurídica. Sobre el particular, es dable consignar que el citado cargo, asignado actualmente a la Sra. (...) en calidad de Contrata, no fue provisto mediante Concurso público...".

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a los funcionarios por cuyos antecedentes se consultan, mediante oficio N° E1.354 y N° E1.355, ambos de fecha 31 de enero de 2020, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.

A la fecha de la presente decisión no se ha recibido comunicación alguna de parte de los terceros involucrados, tendientes a evacuar sus descargos y observaciones a este amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, en cuanto a lo alegado por el reclamante en su amparo, de los antecedentes tenidos a la vista, se constata que el requerimiento objeto del presente amparo no fue contestado dentro del término legal establecido para ello - 20 días hábiles-, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará al órgano reclamado, en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto, el órgano reclamado argumentó que atendida la oposición manifestada por los funcionarios por cuyos antecedentes se consultan, se encuentra impedido de proporcionar lo pedido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Agregando, con ocasión de sus descargos, la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley mencionada y la inexistencia de parte de la información requerida.

3) Que en cuanto a lo pedido en los literales b), e), f), g) y h) del requerimiento, relativos a antecedentes de concurso público realizado para proveer el cargo de abogado de la Dirección Jurídica consultada, el órgano reclamado alegó que aquellos no obran en su poder, pues el cargo por el cual se consulta no fue proveído por concurso alguno. De esta forma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazará el presente amparo en estos literales.

4) Que, en cuanto a la demás información solicitada, aquella dice relación con decretos que crean el cargo de abogada de la Dirección Jurídica y de nombramiento de funcionarios públicos, así como también, de los antecedentes que sirvieron de fundamento a éstos últimos. Al respecto, cabe hacer presente lo dispuesto en el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Así como también, lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, en virtud de los cuales, lo requerido tendría el carácter de información pública.

5) Que el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al respecto se debe hacer presente que aquella está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. De este modo, los argumentos esgrimidos por la Universidad de Los Lagos en tal sentido no serán considerados por carecer de la titularidad para esgrimirlos.

6) Que, por otra parte, los terceros involucrados se oponen a la entrega de la información solicitada, ante el órgano reclamado, en atención a que consideran que lo pedido comprende datos personales y sensibles, haciendo presente lo establecido en los artículos 9 y 10 de la ley N° 19.628.

7) Que lo pedido en los literales a), d) y g) de la solicitud, son los currículums vitae del Director Jurídico y de la abogada a contrata de la Dirección Jurídica de la Universidad de Los Lagos que se individualizada, además del decreto de nombramiento y certificados acompañados en la postulación al cargo, por ésta última. Por lo tanto, se debe considerar que al tratarse de funcionarios públicos y en atención al tipo de labores que deben desempeñar, están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha requerido la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, respecto de los servidores públicos.

8) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

9) Que, si bien en los antecedentes pedidos se contienen datos personales de los funcionarios públicos consultados, cabe hacer presente que el reclamante en su amparo solicitó el resguardo de aquellos. En consecuencia, se descartará lo alegado por los terceros, acogiendo el amparo en estos literales, requiriendo la entrega de lo requerido; tarjando, previamente, los datos personales de contexto, esto es, los números de cédula de identidad y domicilio particular contenidos en éstos, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628.

10) Que lo solicitado en el literal c) del requerimiento es el "decreto que crea el cargo que más tarde ocupa la letrada...", por lo tanto, se refiere a un acto administrativo mediante el cual se aprobó la creación de un cargo público, el que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información de carácter eminentemente pública. Razón por la cual, se acogerá el amparo en este literal, requiriendo su entrega.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Héctor Rival Oyarzún en contra de la Universidad de Los Lagos, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de la siguiente información:

i. Currículum Vítae del Director Jurídico y de la abogada de la Dirección Jurídica consultada, del decreto de nombramiento y de los certificados profesionales y/o laborales acompañados por ésta a la postulación a dicho cargo. Lo anterior, tarjando, previamente, los datos personales de contexto contenidos en éstos.

ii. "Copia del decreto que crea el cargo que más tarde ocupa la letrada...".

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de lo solicitado en los literales b), e), f), g) y h) del requerimiento, por su inexistencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Representar al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Héctor Rival Oyarzún, al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos y a los terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Se deja constancia que el Consejero don Marcelo Drago Aguirre, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.